Una espina encarnada en la industria de las telecomunicaciones móviles

Los operadores de comunicaciones móviles enfrentan una serie de tensiones y desafíos que rara vez aparecen en el debate público o en la televisión. La gente no repara en que el día a día de estas empresas está marcado por problemas operativos, regulatorios y económicos de variada índole. Entre ellos, quizás el más silencioso sea el creciente y desproporcionado costo del suelo donde se levantarán las torres que soportan las antenas de telecomunicaciones. ¿De qué va esto?

Del conjunto de problemas, este es una espina encarnada para la industria móvil que requiere una especial consideración, debido al potencial frenazo que podría ser para la expansión futura de las redes que deben sostener la transformación digital en todo su calado y magnitud.

Hablar de servicios móviles es, inevitablemente, hablar de antenas; y hablar de éstas es hacerlo de las famosas torres. Estas son infraestructuras verticales (torres auto-soportadas, contra-ventadas, monopostes, mástiles) que deben emplazarse en terrenos que la mayoría de las veces son inmuebles privados. Entonces aquí comienza el guion de la tragedia. 

Naturalmente, el pago de una renta por el uso y goce de un retazo de terreno privado es completamente legítimo, siendo un contrato civil que proviene del Derecho Romano. El conflicto surge cuando ese precio deja de reflejar el valor del suelo y pasa a responder a una lógica puramente oportunista o, como decimos en Chile, expresa la costumbre de algunos “Agarra-Aguirre”, que serían los dueños del terreno.

El oportunismo del propietario del terreno —cuando ello ocurre— puede estar alimentado por intermediarios inmobiliarios, conocidos en la industria como “buitres”, que convencen a los titulares de los inmuebles para exigir aumentos de 200%, 300% o más en las renovaciones de contrato con las telcos. No porque el terreno haya aumentado su avalúo fiscal o se hayan encontrado en él pepitas de oro, sino porque la torre “ya está ahí”. Entonces, desmontarla resulta costoso y lento para el operador. 

Así, es en la renovación del contrato de arriendo —no en la celebración del pacto inicial— cuando se gatilla esta espina encarnada para el operador, a quien el landlord pone entre la espada y la pared. 

La voz de las cifras 

Este fenómeno no es anecdótico ni tampoco una golondrina que no hace verano. En un reciente seminario organizado por la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), en la Universidad Diego Portales, el consultor Daniel Gurovich puso cifras concretas sobre la mesa: Chile se ubica entre los países con mayor costo promedio de suelo para torres en América Latina.

Según datos del gremio, el costo mensual promedio del suelo alcanza los 900 dólares en Brasil, 775 dólares en Chile, 750 dólares en México, 525 dólares en Perú y 475 dólares en Colombia. La diferencia no se explica por estándares técnicos superiores ni por la mayor escasez territorial, sino principalmente por el poder de negociación del propietario del predio, que actúa muchas veces como un monopolista de facto.

El resultado es una relación profundamente asimétrica. Si el operador de infraestructura no acepta la nueva renta, se inicia un verdadero vía crucis en dirección al Gólgota: término anticipado del contrato, desmonte de la torre, búsqueda de un nuevo terreno, tramitación de un nuevo permiso ante la Dirección de Obras Municipales, oposiciones vecinales, recepción final. Todo ello puede tardar fácilmente un año o más.

Un arriendo que se cobra por dormitorio ocupado 

Además del alza sostenida del valor del suelo en las renovaciones de contrato, los operadores móviles enfrentan un segundo problema bastante contraintuitivo.

De partida, la legislación urbanística obliga a la colocalización o ubicación compartida de las antenas en torres existentes antes de autorizar la instalación de una nueva infraestructura. Esto, con el objetivo de evitar la proliferación de torres, reducir el impacto urbano y ambiental, así como hacer más costo-eficiente el despliegue de redes. Esto evitaría los “bosques de antenas” que tanto afean el paisaje urbano y rural. 

Bajo este esquema de la colocalización, un operador de torres puede pagar al landlord unos 700 dólares mensuales por un pequeño retazo de terreno donde se instala una torre que inicialmente alberga a un solo operador móvil (i.e., Entel). El problema surge cuando un segundo concesionario (i.e., ClaroVTR) solicita colocalizarse en la torre, ya que muchos contratos permiten al propietario duplicar la renta por un nuevo inquilino de la estructura. 

Con una tercera empresa móvil (i.e., Movistar), el convenio permite triplicar el precio. Y con una cuarta compañía (i.e., WOM), los contratos facultan al landlord a cuadruplicar la renta. Todo este incremento monetario —2.800 dólares mensuales— ocurre pese a que la superficie arrendada siga siendo exactamente la misma y no exista mejora material del suelo.

Ahora bien, dicho encarecimiento no lo asume la empresa torrera, sino el operador móvil, debido al modelo pass-through, que permite traspasar íntegramente al concesionario el mayor costo del arriendo. Así, aunque el aumento se origine en la relación entre el propietario del terreno y la empresa de torres, el impacto económico real recae sobre los operadores móviles, encareciendo sus costos de despliegue y operación.

El sinsentido de este esquema de cobrar por cada nuevo colocalizado se hace particularmente evidente cuando se lo compara con el mercado inmobiliario residencial. Quien arrienda un departamento de cuatro dormitorios paga una renta determinada por los metros cuadrados y las características del inmueble, con independencia de si vive solo con su perro y su gato, o bien si comparte la vivienda con otras tres personas. El objeto del contrato es el espacio físico, no la intensidad de uso ni el número de ocupantes.

Qué hacer sin pasar por el Congreso

La buena noticia es que no se requiere una reforma legal para corregir buena parte de estos problemas. Bastaría una decisión administrativa del gobierno en ejercicio. Eso que llaman voluntad política del Ejecutivo. 

Primero, es posible modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para permitir que el traslado de una torre a un predio colindante o cercano —por ejemplo, dentro de un radio de 300 metros— se realice mediante simple aviso, y no mediante un nuevo permiso de instalación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM), donde puede demorar un año. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ya habilitó esta opción; falta que la OGUC la implemente. 

Segundo, es razonable que el Reglamento de Infraestructura Física (DS N° 99/2012 MTT) deba alinearse con esa lógica anterior, permitiendo que cambios menores de ubicación no requieran resolución exenta de la Subtel. Bastaría un aviso del operador para actualizar las coordenadas del título concesional, mecanismo ya previsto en la Ley General de Telecomunicaciones y que hoy se encuentra subutilizado.

Tercero, cabría aplicar efectivamente la “declaración de imprescindibilidad del servicio” del artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Cuando existe abuso del propietario del suelo, es procedente la constitución de una servidumbre legal donde la renta o compensación sea fijada por un juez en un procedimiento sumario. El precio no puede quedar entregado a la imposición unilateral del landlord.

Cuarto, es factible y necesario dictar un reglamento de ejecución de la Ley de Antenas que unifique criterios y procedimientos ante las DOM, entregando certeza jurídica y reduciendo la discrecionalidad administrativa. Este instrumento normativo debe determinar el paso a paso que ha de seguirse ante las DOM para tramitar un permiso de instalación de torres. 

Una calma aparente en otros negocios telcos

Cabe llamar la atención que estos problemas de la industria móvil no golpean la puerta todavía de los operadores de redes fijas, por dar un ejemplo. En particular, quienes despliegan fibra óptica no iluminada. Pero esa tranquilidad es sólo aparente y, probablemente, transitoria.

Porque la fibra de larga distancia requiere, cada ciertos kilómetros, estaciones de regeneración instaladas en shelters ubicados en predios privados. Cuando los propietarios de esos terrenos comprendan que trasladar esas infraestructuras tampoco es trivial, el guion será conocido: aumentos abruptos de renta, negociaciones forzadas y captura del operador. Lo que hoy enfrentan los torreros y operadores móviles, mañana lo enfrentarán los fibreros, pasado mañana los Data Centers, y así con toda la cadena de valor de las telcos.

Por eso la espina encarnada debe enfrentarse como ecosistema telco completo. Porque la cultura del oportunismo y del abuso no se detendrá por cortesía o escrúpulos morales; seguirá avanzando por etapas. De lo contrario, podría suceder como en aquella famosa reflexión histórica y moral de Martin Niemöller que, guardando las debidas proporciones respecto a tan dolorosos episodios, narra más o menos lo siguiente: 

“Primero vinieron por los comunistas, y no dije nada porque no era comunista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que pudiera protestar”.