Un plan de trabajo en conjunto entre gobiernos e industria será necesario para maximizar el potencial del ecosistema digital frente al Covid-19

Es imprescindible que los gobiernos, la industria, la academia y la sociedad civil latinoamericana conformen un acuerdo de colaboración y plan de trabajo conjunto que permita en el muy corto plazo identificar aquellas áreas para mejorar el desempeño y maximizar el potencial del ecosistema digital, de acuerdo con un informe realizado por Cepal, CAF, DPL Consulting y TAS.

El ecosistema digital de la región está preparado para afrontar el desafío de la pandemia, pero las brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales han mostrado la grave situación de fragilidad en la que se encuentran muchos segmentos de por sí vulnerables de la población, tales como los adultos mayores, los hogares de bajos ingresos y los habitantes de zonas rurales.

De acuerdo con el informe Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al Covid-19, realizado por la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CAF Banco de Desarrollo de América Latina, DPL Consulting y Telecom Advisory Services (TAS), es particularmente relevante analizar las oportunidades de la digitalización en América Latina frente a la contingencia del coronavirus, y plantear acciones de política pública para su mayor aprovechamiento.

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Y es que la infraestructura digital es estratégica, porque en situaciones críticas como la que se enfrenta con el Covid-19, preserva el ejercicio de estos derechos y es el mejor aliado de los gobiernos y la sociedad para mantener la economía. Por eso, según el informe, es imprescindible que los gobiernos, tanto a nivel nacional como subnacional, la industria, la academia y la sociedad civil latinoamericana conformen un acuerdo de colaboración y plan de trabajo conjunto que permita en el muy corto plazo identificar aquellas áreas para mejorar el desempeño y maximizar el potencial del ecosistema digital.

El estudio recomienda algunas iniciativas que podría tener este acuerdo entre gobierno y la industria: eliminar de manera temporaria cualquier restricción para el despliegue; actualización o mejora de infraestructuras de banda ancha, especialmente estaciones base de servicios móviles; maximizar la eficiencia y uso del espectro radioeléctrico, asignando recursos de manera temporaria tanto para operadores de red, como aquellos usos abiertos en bandas altas que permitan resolver cuellos de botella en enrutadores Wi-Fi; fomentar políticas de uso responsable por parte de los usuarios e impulsar que los proveedores de contenidos implementen medidas destinadas a reducir la saturación de capacidad de las redes; propiciar acuerdos de colaboración público-privada que garanticen la continuidad de los servicios críticos de telecomunicaciones, y el acceso gratuito a sitios de información y aplicaciones oficiales sobre el COVID-19.

También proponen procurar la integridad de la infraestructura de telecomunicaciones y la eficiencia en la prestación del servicio para seguir preservando la tutela de derechos fundamentales de los ciudadanos; impulsar medidas que desde la digitalización apalanquen la sostenibilidad del ecosistema productivo, las infraestructuras físicas (energía, transporte, logística y agua y saneamiento) y de cadenas de aprovisionamiento mediante la adecuada coordinación entre actores; estimular al sector productivo para que innove en la restructuración de procesos para permitir incrementar el porcentaje de la población que pueda trabajar remotamente.

Asimismo, el informe sostiene que es necesario impulsar el desarrollo de aplicaciones a nivel distrital / local que faciliten a la población el acceso a información oficial e igualmente, promover el desarrollo de soluciones digitales para controlar la pandemia actuando en diferentes niveles; avanzar decididamente hacia políticas estructurales que permitan la implementación de soluciones digitales avanzadas con el objetivo de tutelar la salud y la educación, y promover el desarrollo productivo; y universalizar el acceso y la cobertura de redes de telecomunicaciones, mediante políticas públicas y regulación actualizada, que fomenten la inversión en el sector, poniendo énfasis en redes de alta capacidad como 4G Advanced y 5G, sin olvidar el desarrollo de infraestructura de IXP que asegure una mejor latencia y menores costos de conexión a Internet.

El documento también reúne el estado de la digitalización y la resiliencia de la infraestructura de telecomunicaciones en la región, la cual ha permitido enfrentar la epidemia en cada uno de los países.

También agrega las iniciativas y acciones que han tomado las autoridades sectoriales y regulatorias en América Latina para que la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, la educación y el trabajo.

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