Un pago de las Big Tech por el tráfico que generan no violaría la neutralidad, afirma jurista

El pago de las Big Tech por el tráfico de datos (tema que agita discusiones regulatorias en Brasil y en el mundo) no violaría la neutralidad de la red. Esta es la evaluación del profesor Ricardo Campos, doctor en derecho e investigador de la Universidad Goethe de Frankfurt y autor del libro La Nueva Relación entre Infraestructura y Servicios Digitales.

Según el especialista, el principio de neutralidad, que garantiza un trato igualitario para los datos en Internet, no debe ser invocado como una barrera absoluta a nuevas formas de organización del ecosistema.

“Todo en el derecho debe ser visto a partir de la situación, de la estructura del mercado de forma concreta y no de forma abstracta, como un principio casi sacrosanto”, afirma Campos. El especialista defiende que es necesario evaluar si una medida específica de retribución viola o no la neutralidad, y no descartar el debate basándose sólo en principios abstractos.

Para el jurista, el centro de la discusión está menos en el “si” puede haber un pago, y más en el “cómo” debe estructurarse para garantizar legitimidad, transparencia y proporcionalidad.

Advierte que el modelo debe ser cuidadosamente diseñado para evitar abusos y preservar la libertad en la red. “Hay que saber si esa medida concreta diferencia velocidades a partir del contenido”, explicó, al señalar lo que realmente caracterizaría una violación de la neutralidad de la red.

La propuesta de que las plataformas digitales deben hacerse cargo de parte de los costos que generan sobre la infraestructura de telecomunicaciones, ya está sobre la mesa de los reguladores de países como Alemania, Corea del Sur y miembros de la Unión Europea.

En Brasil, el tema gana fuerza ante los argumentos de los operadores, que alegan un desequilibrio entre las inversiones necesarias para el despliegue y actualización de la infraestructura de telecomunicaciones, el retorno de esta inversión para los operadores y el aporte de las grandes plataformas que obtienen la mayor parte del valor agregado en el ecosistema digital.

La demanda de datos sólo crece -y se concentra-, impulsada justamente por servicios como streaming y redes sociales, lo que requiere una expansión continua de la red por parte de los operadores, aseguran ellos.

En este sentido, Campos señala que el modelo de financiación actual de la infraestructura fue concebido en otra era y necesita ser repensado. “Nuestro modelo actual de financiación es un modelo cuyo costo recae sólo sobre las empresas de telecomunicaciones”, dijo, al defender la actualización de las responsabilidades financieras ante el actual ecosistema digital.

“Hoy tenemos un diagnóstico de qué empresas, de hecho, se benefician de la infraestructura, pero necesitamos que esas empresas contribuyan.” Según el autor, las plataformas digitales ya no pueden ser vistas sólo como simples usuarias de la red: “Tenemos que dejar de tratarlas como agentes económicos tradicionales. Hoy cumplen una función estructural dentro del ecosistema de comunicación”.

Para el jurista, la regulación debe reconocer el cambio en la propia definición de infraestructura y servicios digitales. “Lo que antes era típico de los operadores de telecomunicaciones hoy también lo ejercen las plataformas digitales, que centralizan la distribución de contenido, publicidad y atención”, afirmó. “Necesitamos una regulación proporcional, sensible a las diferencias de poder e impacto”.

Hablando sobre el “cómo”

Campos discrepa de la idea de establecer tarifas rígidas o tableadas. Él defiende un modelo basado en acuerdos privados entre operadores y plataformas, con mecanismos transparentes y proporcionales.

“Me alejaría del establecimiento de tarifas rígidas y claras. Mi posición es que debemos crear mecanismos para fomentar acuerdos entre las empresas que hoy cumplen la función de financiar la infraestructura física […] con las aplicaciones de Internet que tienen una expresión muy exuberante.”

En Europa, donde el debate regulatorio está más avanzado, la Comisión Europea estudia desde 2012 modelos de remuneración justa de la infraestructura digital. Aunque aún no ha adoptado una propuesta formal, el organismo reconoce la presión sobre el sector de telecomunicaciones y discute alternativas que no comprometan la neutralidad de la red o la innovación.

Para Campos, Brasil puede desarrollar una solución propia, sin desconectarse del debate internacional. “Brasil tiene una dimensión continental. Los costos de infraestructura física son diferentes de casi todos los países del mundo”, dijo. Además, cree que el país puede beneficiarse al adaptar modelos extranjeros a sus especificidades.

Finalmente, el investigador considera que el futuro de Internet como infraestructura democrática depende de la capacidad de actualizar la regulación, involucrando a todos los actores del ecosistema.

“Es importante siempre tener como horizonte regulatorio el fomento a la innovación, la entrada de nuevos jugadores, nuevas empresas. Regular no significa sólo restringir, limitar, obligar, sino mantener caminos abiertos para nuevas ideas y nuevos modelos de negocio.”