El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) autorizó la realización de una fiscalización nacional para definir y caracterizar las políticas públicas de inclusión digital en curso en Brasil.
El objetivo es mapear dimensiones, áreas de actuación, públicos destinatarios y localidades atendidas, además de evaluar la posibilidad de incorporar datos sobre iniciativas estatales y municipales, con apoyo de la Red Nacional de Control. La auditoría también podrá utilizar mecanismos de participación ciudadana para identificar acciones llevadas a cabo por organizaciones del tercer sector y por la iniciativa privada.
La medida responde a la creciente demanda por diagnósticos más precisos sobre la efectividad de los programas de conectividad, en un momento en que el gobierno federal busca ampliar la infraestructura digital del país. El levantamiento deberá subsidiar decisiones estratégicas y señalar posibles vacíos o superposiciones entre acciones ya existentes.
En paralelo, el Ministerio de Comunicaciones (MCom) recibirá un refuerzo de R$ 287.1 millones (US$ 53.6 millones) en el presupuesto, autorizado por ordenanza del Ministerio de Planificación y Presupuesto. Los recursos se aplicarán en programas de conectividad, incluida la manutención de contratos con Telebras y proyectos de implantación de infraestructura de red orientados justamente a la inclusión digital.