Tim Draper valora la propuesta de ley cripto en Uruguay: “Sería una gran oportunidad, todo el mundo hablaría de ello”
“Si se aprueba una ley cripto, el mundo entero hablará de Uruguay”, dijo el inversionista de capital de riesgo, Tim Draper, en su visita al país sudamericano. Participó de una conferencia en la que consideró que la luz verde de la propuesta, que hoy cuenta con media sanción en el congreso, “sería un enorme diferencial y una gran oportunidad, todo el mundo hablaría de ello”.
El ejecutivo repasó su pronóstico de que la cotización del Bitcoin alcanzará los 250 mil dólares para 2024, y agregó que las criptomonedas “son una alternativa para millones de personas excluidas de la banca tradicional” en América Latina. Draper también se reunió con referentes del ecosistema en Uruguay y participó de una ronda de presentaciones de empresas emergentes en la materia.
El proyecto de ley cripto, oficialmente denominada de activos virtuales, modifica los artículos 37 y 38 de la Carta Orgánica del Banco Central y el 14 de la ley 18,627 (Regulación del mercado de valores) de la normativa uruguaya para incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales que se definan como financieros al conjunto de entidades supervisadas por el Banco Central.
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En concreto, se incorpora el apartado H al artículo 37 de la ley del Banco Central para sumar entre los alcanzados a “los proveedores de servicios sobre activos virtuales entre los que se encuentran aquellos que se definan como financieros por la regulación bancocentralista”. Esto expone el texto aprobado por 70 votos de 72 en la Cámara de Representantes en diciembre pasado.
El Banco Central define el término activo virtual como “una representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido o tecnologías similares”. Así lo marca en el Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales en Uruguay (disponible aquí), que surge de un grupo de trabajo interno de la entidad creada para analizar la realidad de este mercado y su evolución.
Entre las propuestas discutidas en primer trámite, se señaló como necesidad promover la inversión y proteger a los inversionistas a través de reglas claras, seguridad jurídica, financiera y fiscal en los negocios derivados de la producción y comercialización de activos digitales. Se agregó, además, que el desarrollo de políticas de inclusión de este tipo fomentarían la generación de inversión y trabajo en Uruguay.
