Forbes Elena Estavillo
Hace apenas unos días, el presidente López Obrador anunció su intención de desaparecer los órganos constitucionales autónomos para que sus funciones sean absorbidas por la administración pública federal.
Los órganos constitucionales autónomos son parte del Estado mexicano, fruto de la evolución del Estado social, donde se ha confiado la regulación y supervisión a entidades especializadas que garanticen el funcionamiento eficiente de los mercados, la satisfacción de necesidades colectivas y la protección de derechos. Se trata de figuras que surgieron para construir una sociedad sobre bases democráticas, con contrapesos y salvaguardas para asegurar el contenido técnico de sus decisiones y aislarlas de intereses políticos.
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