En opinión de Virginia Nakagawa, socia fundadora en Nakagawa Consultores Regulatorios de Perú, el derecho digital abarca de forma transversal cinco áreas y también múltiples disciplinas del conocimiento.

Se trata de la ciudadanía digital, la inclusión digital, la ciberseguridad, la transformación digital y la economía digital, expuso en su ponencia durante el 1er Congreso Iberoamericano de Derecho Digital.

La comprensión y el entrelazamiento de todas estas aristas no se dará en automático, puntualizó la especialista, sino que se tratará de un proceso lento que requerirá tiempo para que las autoridades involucradas comprendan la normativa que deberán aplicar.

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Nakagawa explicó que existen varios desafíos alrededor del entorno digital y las tecnologías, mientras, al mismo tiempo, se plantean nuevos modelos regulatorios y un paradigma de derecho digital en la región.

Por ejemplo, el despliegue de la tecnología 5G y su falta de aceptación en algunos países, donde incluso la población ha quemado torres de telecomunicaciones porque hay falsas creencias de que las nuevas redes propagan la enfermedad de Covid-19.

En Internet circula una enorme cantidad de información falsa o engañosa como esta que puede ser peligrosa. También ha servido para difundir mensajes y discursos de odio en medio de conflictos sociales, por lo que plantea un reto para la regulación.

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Además, la especialista dijo que hay otros temas que se están discutiendo alrededor del mundo e involucran a este nuevo derecho digital: uno de ellos es si es viable y válido que los proveedores de servicios bajo demanda, como las plataformas de streaming (Netflix, HBO o Disney), aporten económicamente al sostenimiento de las redes.

Y una más de las discusiones ronda en torno al reconocimiento del acceso a Internet como un servicio público, universal o esencial, como la luz o el agua. En todos los casos, más allá de los marcos normativos, Nakagawa señaló que se requiere coordinar la regulación con la política pública.

Nakagawa Consultores Regulatorios SAC ha advertido que la privacidad de las telecomunicaciones y de los datos de los usuarios está en riesgo con la norma del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para medir la velocidad de Internet móvil.

Un estudio elaborado por la consultora identificó que, dado que la normativa establece que la medición debe hacerse a través de la app comercial de cada empresa, el usuario se vería obligado a compartir sus datos y su localización, por lo que la ley condiciona el consentimiento libre y voluntario que el cliente debe dar en estos casos.

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“Nada garantiza que la información entregada vaya a ser usada correctamente o que no termine en manos de terceros”, declaró la fundadora Virginia Nakagawa.

Finalmente, la exviceministra de Comunicaciones de Perú concluyó que el Osiptel debería generar su propia app, como otros países que protegen mucho la privacidad de los datos personales, entre los que destacó el caso de Estados Unidos.

La República

Con el objetivo de reflexionar sobre el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones, este 13 de setiembre se desarrollará el primer foro virtual “Cusco Conectado: Propuestas de digitalización para el futuro” de Perú Conectado.

El evento contará con la presencia de Sebastián M. Cabello, experto en políticas públicas digitales y CEO de SMC+, así como de Virginia Nakagawa, socia senior en Nakagawa Consultores Regulatorios SAC.

Es importante mencionar que el conversatorio, además, está abierto a recibir la participación los candidatos a la alcaldía provincial del Cusco para analizar los grandes beneficios sobre el uso de las tecnologías en favor de la ciudad.

Si estás interesado en ser parte de este evento, no te pierdas este 13 de setiembre a las 11:30 a. m. la transmisión en vivo del primer foro a través de las plataformas digitales de Las República y LR+.

De último momento, el gobierno peruano canceló la convocatoria para contratar un operador provisional y anunció que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) operará de manera directa la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).

La noticia despertó malos augurios en el sector de las telecomunicaciones. Para los especialistas, no parece una buena idea que el Estado se encargue de la operación y mantenimiento de la red dorsal, pues no está preparado ni tiene la experiencia técnica para gestionar un proyecto de esta envergadura.

Manuel Cipriano, especialista en telecomunicaciones, dijo a DPL News que la decisión es “totalmente inadecuada”, pues ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ni Pronatel tienen la capacidad técnica para operar la red dorsal.

Tras la salida de Azteca Comunicaciones de la RDNFO en enero de este año, el Pronatel debía encontrar un operador temporal que se encargaría de mantener a flote el proyecto por hasta tres años, mientras un grupo de trabajo busca rediseñar el modelo de la red dorsal.

El gobierno lanzó, en total, tres convocatorias: a la primera se dio marcha atrás por problemas de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso; la segunda quedó desierta, pues ninguna empresa, de las pocas interesadas, cumplió con los requisitos establecidos, y esta última se detuvo de forma repentina.

La cancelación de la tercera convocatoria para contratar a un operador provisional refleja que el gobierno ya anticipaba otro proceso infructuoso, que resultaría desierto como sucedió en la segunda convocatoria, coincidieron Cipriano y Virginia Nakagawa, socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios.

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Ante este panorama de poco interés de la industria y las complicadas condiciones definidas en la convocatoria, el MTC optó por dejar en Pronatel la responsabilidad durante los siguientes años, apoyándose en que la resolución N° 689-2021-MTC/01 –mediante la cual se da por terminado el contrato de concesión con Azteca– le da facultades para ello.

Para Virginia Nakagawa, hay dos grandes problemas con que el Pronatel sea el operador directo de la red dorsal: por un lado, “es una mala señal para todo el sector peruano de las telecomunicaciones”, pues esto puede desincentivar las inversiones del sector privado en el mercado.

La otra vertiente es que puede haber un conflicto legal en la interpretación del marco jurídico. La también exviceministra de Comunicaciones del MTC explicó que el Ministerio considera que la resolución 689-2021-MTC/01 le da la facultad al Pronatel para prestar servicios, operar y mantener la infraestructura, y además facturar directamente.

Sin embargo, esta interpretación “podría colisionar con lo que establece la ley de telecomunicaciones” respecto a que se necesita una concesión de servicio público para prestar los servicios, algo con lo que no cuenta Pronatel.

“Más allá del conflicto legal que pudiera haber, está el tema de qué señal das al mercado. Esta red debió haberse entregado a un interventor por tres años, pero un interventor que también fuera concesionario, por lo cual se encuentra facultado para poder prestar servicios directamente, sin colisionar con la ley de telecomunicaciones. Eso hubiera sido lo correcto”, advirtió Nakagawa.

Los problemas a cuestas de la red dorsal

Hay varios factores que explican por qué las convocatorias para contratar a un operador provisional para la red dorsal de fibra han despertado poco interés. En primer lugar, los requisitos que se pedían eran limitativos.

Por ejemplo, se buscaba que los postores acreditaran experiencia en la prestación de servicios similares o iguales a los de la RDNFO en al menos nueve regiones del país. En lugar de eso, Virginia Nakagawa opinó que la convocatoria debió tener un carácter internacional, de manera que la experiencia se pudiera comprobar no sólo en determinadas regiones.

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Manuel Cipriano, expresidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), señaló que el diseño de las convocatorias tuvo varios problemas. Que no se haya encontrado un operador provisional hasta ahora refleja que existe una problemática de fondo que se debe resolver y que no se ha dialogado lo suficiente con la academia ni con el sector privado para buscar una solución para la red dorsal de fibra, reiteró.

Además, fuentes cercanas al asunto dijeron a DPL News que la mayoría de los operadores de telecomunicaciones en Perú ven inviable la propuesta presentada por Pronatel para la operación y mantenimiento de la RDNFO, lo cual muestra un desconocimiento por parte de las autoridades acerca de cómo funciona el mercado.

En general, la percepción que se tiene sobre la red dorsal de fibra óptica no es alentadora, ya que se trata de un proyecto cuya infraestructura se encuentra subutilizada. La red cuenta con más de 13 mil 500 kilómetros de fibra óptica tendidos a lo largo del país, pero sólo se aprovecha alrededor del 3.2 por ciento de su capacidad.

La compañía de origen mexicano Azteca abandonó el proyecto de Asociación Público-Privada porque no le resultaba un caso de negocios, y el Estado también reconoce que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos de la operación de la red.

Por ahora, hay un grupo de trabajo que está buscando una manera de rescatar e impulsar este proyecto de conectividad, cuyas metas iniciales son la de contribuir a la expansión del acceso a la banda ancha y el cierre de la brecha digital en Perú.

La República

Con el objetivo de promover un mayor desarrollo del acceso a Internet en el país, el Grupo La República, con el apoyo de American Tower, presenta la plataforma Perú Conectado, un espacio informativo para difundir los avances y desafíos que tiene el país en materia de inclusión digital para todos los peruanos.

Según información de DN Consultores, alrededor de 3 millones de peruanos en más de 58,000 centros poblados de las zonas rurales del país no cuentan con acceso a Internet, una realidad que pone el sentido de urgencia en acelerar el desarrollo de medidas para reducir las brechas de conectividad que aún persisten y acelerar también el despliegue de infraestructura en un contexto de constante digitalización, que se ha acelerado producto de la pandemia por Covid-19.

Un reciente estudio de la consultora internacional SmC+, “Nuevas Dinámicas de la Gestión de Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina”, reveló que en el Perú se necesitan por lo menos 59.000 nuevas antenas para el 2030 y una inversión de US$ 2.000 millones, solo en infraestructura pasiva de telecomunicaciones.

Estas inversiones son necesarias para dar cabida al 5G y atender la demanda exponencial de Internet que traen consigo los servicios digitales, la educación digital, el teletrabajo, el comercio electrónico y otras actividades productivas.

La construcción de los contenidos de Perú Conectado se soporta gracias al apoyo de un destacado Comité de Expertos integrado por: Virginia Nakagawa (exviceministra de Comunicaciones y socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios), Maite Vizcarra (experta en innovación tecnológica y digitalización), Gonzalo Ruiz (director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la PUCP y expresidente del Consejo Directivo de Osiptel) y Carlos Huamán (economista digital y CEO de DN consultores).

Esta iniciativa tiene el propósito de contribuir con un país más sostenible e inclusivo, y eso se logrará en buena parte conectando a toda la población con el mundo digital. Perú Conectado presentará este 2022, 3 temporadas con un total de 12 episodios en video y notas informativas vinculadas al desarrollo e impacto positivo que genera el acceso a Internet en el Perú.

“Nos enorgullece formar parte de una iniciativa que busca no solo informar sobre los beneficios de la conectividad para las comunidades y su economía, sino también ser una plataforma que une a diversos actores con un lenguaje simple y acompañado de propuestas que permitan acelerar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones necesaria en el país. Esperamos que más empresas y entidades puedan sumarse en este propósito”, señala Miguel Di Campo, gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad para American Tower Perú.

Perú conectado es un soporte informativo digital que invita a todos los protagonistas, especialistas nacionales e internacionales y visionarios del sector a formar parte de esta nueva apuesta para educar y establecer lineamientos que ayuden al país a acelerar la recuperación económica y estar a la vanguardia tecnológica.

La tentación y presión social que tienen autoridades en México y América Latina para regular los servicios digitales podría generar efectos negativos si se hace de manera prematura, coincidieron especialistas durante el foro Future of Digital Policy and Regulation 2022 organizado por DPL Live y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia.

Pablo Márquez, socio en ECIJA Colombia, advirtió durante el panel “Las fronteras regulatorias en el mundo digital” que crear regulaciones ex ante en países como los latinoamericanos, en donde los servicios digitales se encuentran apenas en una etapa inicial de desarrollo, traerá consecuencias negativas en la innovación y la economía.

“Los reguladores tienden a ser presionados por la opinión pública de fenómenos que no tienen fallas. Una vez el regulador haya examinado de manera precisa si requiere regulación el fenómeno nuevo, ahí debe intervenir. Sin embargo, de no identificarse fallas de mercado que requieran realmente la intervención del Estado, impedirían o generarían más errores y efectos negativos que positivos”, señaló Márquez.

Virginia Nakagawa, socia fundadora en Nakagawa Consultores Regulatorios y exviceministra de Telecomunicaciones de Perú, ejemplificó que en el país sudamericano aún no se definen atribuciones entre las autoridades, pues no saben qué corresponde a cada una y además hace falta capacitar a los funcionarios.

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A pesar de ello, Nakagawa aseguró que la Secretaría de Transformación Digital de Perú está cumpliendo con el rol fundamental que es no entrar a regular. Dijo que es importante no entrar cuando no se conoce la materia, ya que hay que ir paso a paso. “El principal pilar es no regular la tecnología y lo está cumpliendo”.

Miguel Flores Bernés, abogado en Competencia Económica en Greenberg Traurig, coincidió en que imponer regulaciones a los servicios digitales antes de que se realice un análisis exhaustivo tras la identificación de un problema puede ser contraproducente.

“El tema de regulación en competencia económica en el mundo digital está todavía en formación. Se tienen que identificar primero las fallas de mercado, hay que hacer análisis de costo-beneficio, no debemos de copiar simplemente sin analizar las reglas que se están haciendo en Europa. La regulación ex ante es ahorita prematura en el entorno digital, todavía no entendemos el fenómeno como para estar haciendo reglas. Se podría generar congelamiento de innovación.

“Es necesario que no caigamos en la tentación de regular ex ante. En México, el IFT (Instituto Federal de Comunicaciones) y la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) han sido prudentes, han iniciado investigaciones conforme a procesos que existen en la Ley Federal de Competencia Económica, pero investigando con seriedad el fenómeno antes de hacer una intervención. Estamos en una etapa muy temprana, creo que es prematuro intentar desarrollar una regulación que podría causar más daño que beneficio”, dijo el experto.

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Marina San Martín, comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), explicó que en Estados Unidos regulan de manera más libre y pensando en el consumidor, mientras que el modelo europeo es proteccionista y se debe velar más por el derecho humano.

Advirtió que cada país debe adoptar regulaciones adecuadas a su realidad, a pesar de que se trate de seguir un modelo estadounidense o europeo. Incluso sugirió que se intente ejercer primero una autorregulación antes de que en algún momento pudiera intervenir la autoridad.

“Deberíamos tener regulaciones adecuadas para el país sin perder de vista la regulación global. Tratar de que cumplas una serie de cosas, tener mecanismos de impacto respecto a privacidad, lanzar temas de autorregulación y temas de que si hay alteración de privacidad hay que intervenir, pero no pasarnos en regulaciones extensas”, afirmó San Martín.

Pablo Corona, vicepresidente de Ciberseguridad en la Asociación de Internet MX, comentó que el tema de ciberseguridad va más allá de proteger bits y bytes, porque a veces se cree que es proteger computadoras; sin embargo, se trata de proteger el tejido social.

“Necesitamos entender cómo estamos relacionándonos con la tecnología, y la regulación debería estar centrada en esos cambios; no puede ser regulación fija porque la tecnología todo el tiempo se mueve. Es difícil de conseguir, pero más difícil de mantener, debes seguir balanceando condiciones cambiantes. El primer reto es entender que ya no es un asunto tecnológico sino de derechos, independientemente de donde se den, cada vez las actividades serán más digitales”, afirmó el experto.

Al igual que la revolución industrial trajo una profunda transformación económica, social, cultural y tecnológica, la revolución digital que se avecina dará un vuelco a la vida como se conoce en la actualidad. México sólo será parte de ese cambio disruptivo si logra comprender el pulso del nuevo paradigma y actúa en consecuencia.

En el libro De la revolución industrial a la revolución digital, los autores Arturo Oropeza García y Julen Berasaluce Iza plantean la necesidad de contar con una agenda digital nacional que impulse el desarrollo de la tecnología 5G y la Industria 4.0, pues juntas serán el punto de partida de un nuevo episodio en la historia de la humanidad.

La obra propone la creación de una agenda digital nacional basada en siete ejes de acción: política pública digital, política educativa digital, política de ciencia y tecnología digital, e-Gobierno, conectividad e infraestructura, transformación digital y política industrial digital.

Si se impulsan en conjunto estas dimensiones dentro de una agenda integral, y además se promueven diferentes ejes de financiamiento, México podrá ser parte de la revolución digital. De lo contrario, quedará en el rezago como sucedió con la primera revolución industrial, pues su inserción en este movimiento transformador llegó hasta el segundo periodo, afirmó Oropeza García, quien es vicepresidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

Hasta ahora, en el país no ha habido una política digital ni mucho menos una agenda seria en la materia; los esfuerzos se han limitado a pequeñas acciones que no han logrado entender a cabalidad el efecto disruptivo de la digitalización con 5G y la Industria 4.0, puntualizó el también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El gran reto es hacer que una agenda digital tenga continuidad más allá de una administración gubernamental, destacó Javier Juárez Mojica, presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) durante una presentación del libro este jueves.

“Cuando vemos el ámbito internacional sobre políticas públicas que diversos Estados han implementado en materia de desarrollo tecnológico, vemos que no son planes o programas de corto plazo. Tenemos la Sociedad 5.0 de Japón, la Industria 4.0 de Alemania, el New Deal de Corea y el Hecho en China 2025”, ejemplificó.

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Juárez Mojica comentó que los Estados más conscientes del impacto de las tecnologías en los modelos económicos, productivos y sociales han adoptado visiones digitales a mediano y largo plazo, involucrando al gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil.

No obstante, la experiencia mexicana muestra la carencia de ese enfoque. Una política pública digital exitosa debe partir del liderazgo presidencial, contar con una secretaría especializada, tener una Coordinación de la Estrategia Digital Nacional y una Ley General para la Transformación Digital, expuso Julen Berasaluce, investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

Además, impulsar la inserción del país en la inminente revolución digital requerirá la participación de los diferentes sectores económicos y sociales y las dependencias de gobierno.

El Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Héctor Guerrero Herrera, destacó la importancia de que el desarrollo digital se promueva de manera transversal, considerando que la digitalización afectará de múltiples y diversas maneras a todos los sectores y regiones de la nación.

De esa manera, la revolución digital generará bienestar e inclusión social; se podrá alcanzar mayor competitividad, innovación y cambios en las cadenas de valor, y se mejorará las regulaciones que toquen el ámbito digital, dijo el subsecretario.

Los participantes en la presentación destacaron que el libro brinda una guía y herramientas útiles para asimilar el momento de transformación digital que se vive alrededor del mundo y tomar decisiones de política pública correctas; por ejemplo, de cara a la subasta de espectro radioeléctrico para 5G.

Estas recomendaciones y propuestas no sólo podrá aprovecharlas México sino también otros países de América Latina, resaltó Virginia Nakagawa, socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios y exviceministra de Conectividad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

Perú puede retomar las reflexiones del libro De la revolución industrial a la revolución digital en el momento de “orfandad” de líderes digitales visionarios en el que se encuentra –dijo la experta–, con el objetivo de apuntalarse en la implementación de 5G, fibra óptica y otras tecnologías trascendentes para el cambio de paradigma digital.

Los tres países que ya licitaron espectro radioeléctrico para el despliegue de redes 5G en América Latina ―Chile, República Dominicana y Brasil― tienen algo en común: han proyectado esta tecnología como un pilar de sus estrategias de desarrollo tecnológico y socioeconómico.

Durante el foro 5G Leaders Latam, directivos y exreguladores del sector de telecomunicaciones en la región coincidieron en que uno de los factores de éxito para los concursos públicos por bandas de frecuencias es comprender la relevancia de 5G en la productividad y el crecimiento económico.

Pamela Gidi, exsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, y quien estuvo a cargo de la licitación 5G realizada el año pasado, destacó que el gobierno comprendía que la tecnología de quinta generación era un componente clave en su plan para convertirse en un hub digital.

“El espectro en manos del Estado no sirve”, sentenció Gidi. Por el contrario, haberlo puesto a disposición de los operadores móviles permitirá desbloquear un impacto económico por casi 300 mil millones de dólares y beneficios sociales para los usuarios y las empresas.

Leonardo Euler, expresidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, explicó que la implementación de redes 5G dará un vuelco a los diferentes sectores productivos, pues sus efectos serán transversales, potencializará nuevos negocios y remodelará la sociedad.

Brasil fue el tercer país en lanzar una subasta de espectro para 5G, después de Chile y República Dominicana. Aunque no llegó primero, el diseño de la licitación se ha tomado como una referencia en el resto de la región, debido a que, según especialistas y la industria, ha sido la más equilibrada hasta ahora.

Euler comentó que la Anatel tomó en cuenta la eficiencia espectral, la cantidad de antenas móviles necesarias y la entrega de la mayor cantidad de espectro disponible, con el fin de incentivar las inversiones en 5G y fortalecer el ecosistema digital en su conjunto.

Además, uno de los principios de esta subasta fue maximizar el espacio de intereses en común, generando estabilidad y previsibilidad a los operadores para germinar la confianza y el atractivo de invertir en la modernización tecnológica.

Para República Dominicana, el elemento que motivó la licitación 5G fue la pandemia por la Covid-19, pues evidenció la necesidad de robustecer las redes de telecomunicaciones y aprovechar al máximo las oportunidades generadas por tecnologías de vanguardia, apuntó Luis Scheker, director de Regulación y Defensa de la Competencia en el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones.

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Sin subastas pero con despliegues

México y Perú son dos países que, aunque no han lanzado una subasta 5G, ya están en el camino de la implementación comercial gracias a medidas regulatorias y adecuaciones en las licencias de espectro radioeléctrico.

En los primeros meses de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú autorizó a Claro y Entel para usaran las frecuencias que ya tenían asignadas en la banda de 3.5 GHz para prestar servicios 5G. En un principio, el permiso sólo era para el acceso inalámbrico fijo, pero después se extendió también a los servicios móviles.

Virginia Nakagawa, exministra de Comunicaciones de Perú, resaltó que el desarrollo de la tecnología de quinta generación impulsará la transformación digital, aportará valor a las diversas industrias productivas y hará crecer el PIB nacional.

Sin embargo, la también socia fundadora en Nakagawa Consultores Regulatorios puntualizó que el concurso público de espectro no se ha llevado a cabo debido a la falta de voluntad política y de medidas que retrasan el despliegue comercial de las tecnologías, como la ley de velocidad mínima que obliga a los operadores a garantizar el 70 por ciento de la rapidez comprometida incluso en las zonas rurales donde es muy complejo lograrlo.

En el caso de México, este martes 22 de febrero se espera que el principal jugador del mercado, América Móvil (Telcel), encienda su servicio 5G luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobara una modificación a su título de concesión en la banda de 3.5 GHz, a fin de que pueda aprovechar este espectro en la nueva tecnología. Y en diciembre de 2021, AT&T anunció el encendido de su red 5G en algunas zonas del país.

Adolfo Cuevas, comisionado presidente del IFT, consideró que, como en México, el liderazgo tecnológico es posible gracias a la fortaleza institucional, y afirmó que la implementación de redes y servicios 5G mejorará el crecimiento económico en línea con la estrategia de desarrollo nacional.

Si bien los países ya están dando pasos importantes para el despliegue de 5G en América Latina, los especialistas y representantes de los órganos reguladores advierten que existen desafíos a superar para que 5G pueda promover un salto para las economías: entre ellos, la modernización del marco regulatorio, blindar la independencia de las propias agencias reguladoras, cerrar la brecha digital y reformular las prioridades de las agendas digitales.

El Comercio

La pandemia ha puesto en evidencia la relevancia de la conectividad para los peruanos. Trabajar, estudiar o compartir con seres queridos son actividades en los que se necesita la virtualidad para reducir la posibilidad de contagios. Pese a su importancia, se estima que hay cerca de 4 millones de peruanos, especialmente en las zonas rurales, que no cuentan con adecuado acceso a internet.

¿Cómo cambiar esta situación? Este fue el tema que abordó la mesa digital Conectividad digital y desarrollo rural en 2021 organizado por Movistar realizada el último 17 de diciembre y transmitida en el Facebook Live de El Comercio. El panel contó con la presencia de Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, una de las regiones que ha tenido una participación bastante activa en cuanto a la capacitación de docentes de primaria y secundaria haciendo uso de herramientas tecnológicas.

También asistió Pedro Cortez, CEO de Telefónica del Perú (desde enero del 2018) y economista de la Universidad de Lima, quien tiene una Maestría en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad del Pacífico y un posgrado en Finanzas en ESAN; así como la exviceministra de comunicaciones Virginia Nakagawa, quien cuenta con 20 años en el sector de las telecomunicaciones, habiendo ocupado cargos gerenciales, tanto en Perú como Ecuador. Actualmente, Nakagawa se encuentra brindando asesoría en proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales del Perú.

Para Cortez es importante acelerar la transformación digital con oportunidades para todos. Por ello, como parte de la empresa Internet para Todos, que cuenta con aliados como Facebook, BID Invest y la Corporación Andina de Fomento, han logrado que 13 mil comunidades y centros poblados en todo el Perú ya tengan acceso de internet 4G de alta velocidad. “La pandemia no detuvo este esfuerzo, la necesidad de tener internet es una urgencia y por eso redoblamos trabajo”, explicó.

Por su parte, Mesías Guevara señala que la disminución de la brecha digital requiere de la colaboración y acuerdos entre los entes rectores como Osiptel, MTC y las empresas tecnológicas y operadoras. “En Cajamarca, con la colaboración estrecha de las operadoras y Pronatel estamos buscando cerrar brechas. El avance ha sido bastante significativo y eso lo vemos a través de Aprendo en Casa. Al comienzo teníamos cerca de 30 mil niños que no estaban conectados, hoy son 5 mil, con quienes tenemos un programa especial. El gran reto es llegar a todos”, dice.

En tanto, Virginia Nakagawa considera la colaboración entre el sector público y privado requiere una nueva estrategia. Por ejemplo, mencionó que se necesita modificar algunas normas con criterio técnico y convocar empresas con vocación de permanencia.

“Se tiene que tener sensatez, racionalidad técnica en la emisión de normas. Una norma que me parece un despropósito y que debe ser reformada es la ley que emitió el Congreso anterior que estableció una velocidad mínima garantizada de Internet que es muy buena para zonas urbanas, pero hace casi imposible, por lo costoso, que las empresas ingresen a zonas rurales”, indica.

¡Excelente lunes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude a vacunarte el día que te corresponda de acuerdo con el plan de vacunación de  tu país. Mientras tanto, comienza la semana leyendo la información sobre la subasta 5G de Brasil y la cobertura del tercer día del evento México 5G:

1. Brasil | ¡Histórico! Aprueban versión final del aviso 5G y fijan fecha de la subasta

El aviso para la subasta de 5G en Brasil fue aprobado por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) el pasado viernes 24 de septiembre. La fecha de la subasta se fijó para el próximo 4 de noviembre de 2021. Consulta aquí la versión en portugués. 

2. Ven discrepancias en discursos y políticas públicas para inversiones

En México y América Latina existen discrepancias entre los discursos de las autoridades, así como las políticas públicas y acciones que llevan a cabo en temas de digitalización y fomento de inversiones en las telecomunicaciones, coincidieron expertos durante el panel “Propuestas para impulsar la inversión”, del evento México 5G.

3. Mayor cobertura no requiere de aventuras de empresas estatales: Virginia Nakagawa

Para alcanzar una mayor cobertura de redes en países de América Latina, se requiere de asociaciones entre gobiernos y privados, y no de “aventuras de empresas estatales”, aseveró Virginia Nakagawa, consultora Senior de Fora da Caixa Consultores Regulatorios.

4. INE lanzará credencial digital para votar en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) “está a nada” de lanzar, en los próximos meses, la credencial para votar en formato digital con validez oficial, reveló el Consejero Presidente del organismo, Lorenzo Córdova en un foro sobre democracia digital en el evento México 5G.

5. Economía digital, crucial para la competitividad de América del Norte

La jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Estados Unidos, Stephanie Syptak-Ramnath, señaló aún existe el reto de llevar las tecnologías de conectividad y soluciones digitales a millones de familias en América del Norte, no sólo para conectarlas, sino para impulsar la competitividad de la región, coincidieron funcionarias de Estados Unidos.

6. Una ciudad segura debe poner la inteligencia al servicio del ciudadano: Motorola Solutions

“Si queremos avanzar, debemos priorizar la seguridad. Una ciudad inteligente debe poner la inteligencia al servicio de sus ciudadanos”, aseguró durante su participación en México 5G, Gina Paola Acosta, gerente de Comunicaciones para América Latina y el Caribe de Motorola Solutions.

7. Estados Unidos busca cerrar la brecha digital mediante la asequibilidad: Jessica Rosenworcel

Jessica Rosenworcel, presidenta Comisionada Interina de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, destacó durante su participación en el evento México 5G, que en el país persiste el reto de ofrecer banda ancha asequible para toda la población, en especial, en áreas remotas o rurales.

8. “Necesitamos políticas públicas que permitan una verdadera explotación de identidad digital”

“La identidad digital es central en los modelos de transformación y en la idea de sociedades digitales”, inició su ponencia en México 5G Eduardo Muñoz de Alba, CEO y socio fundador de XRod Ti México y representante exclusivo para México y América Latina de Levercode.