Empresas Públicas de Medellín (EPM) inició el pasado 10 de octubre el proceso de enajenación de su participación accionaria en UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo-UNE) por un valor total de $2.09 billones de pesos colombianos, unos 522 millones 500 mil dólares.

La enajenación se realizará conforme a lo anunciado en julio de este año, en el que EPM ofrecerá 5,015,032 acciones ordinarias clase A y 3 acciones clase B con dividendo preferencial y sin derecho a voto, a un precio fijo de 418.741 por acción, unos 104.9 dólares.

En su comunicado oficial, EPM explicó que la primera etapa del proceso está dirigida exclusivamente a “destinatarios de condiciones especiales”, que incluyen trabajadores activos y pensionados de EPM y UNE, sindicatos, asociaciones de empleados, fondos de cesantías, fondos de pensiones y cooperativas. Esta fase se desarrollará durante un periodo de dos meses, del 10 de octubre al 10 de diciembre de 2025.

La operación fue aprobada por la Junta Directiva de EPM y cuenta con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, que inscribió temporalmente las acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y autorizó la oferta pública de enajenación.

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La enajenación accionaria de EPM se realiza conforme a lo establecido en la Ley 226 de 1995, que regula la venta de la propiedad accionaria estatal en Colombia y obliga a la empresa a ofrecer primero los títulos a un grupo especial de destinatarios.

La segunda parte del proceso se dirigirá al público general, y en la tercera y última etapa, Millicom, como actual socio mayoritario, podrá ejercer su derecho preferente de compra. Cabe recordar que Millicom llegó a un acuerdo con EPM para facilitar proceso de fusión con Movistar en Colombia, en agosto de este año.

EPM también señaló que el proceso se realiza en cumplimiento del Acuerdo Municipal 12 de 2023 y en el marco de su estrategia de sostenibilidad financiera, con el propósito de fortalecer su estructura de capital y garantizar la ejecución de proyectos estratégicos en energía, agua y saneamiento.

La empresa enfatizó que, pese a esta venta, EPM continuará siendo una entidad “100% pública al servicio de la gente y continuará con su propósito superior de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, a través de la transformación de los territorios en los que tiene presencia, aportando a la calidad de vida de millones de personas y al desarrollo humano sostenible”.

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC) de Colombia anunció que organizará una mesa de negociación entre la empresa estatal EPM y el operador móvil Tigo, en la que se buscarán alternativas para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa conjunta Tigo-UNE.

Recientemente, Daniel Quintero, alcalde de Medellín y quien ha intentado en numerosas ocasiones vender la participación accionaria en EPM, reveló que la compañía solicitó al gobierno local una autorización para capitalización de 750 mil millones de pesos colombianos (170 millones de dólares). Según Quintero, la compañía ofreció la opción de aportar recursos o diluir la participación estatal en Tigo.

En un comunicado, el MinTIC adelantó que ya se tuvo una reunión con Tigo y EPM, convocada por el ministro Mauricio Lizcano y la Alta Consejería de Transformación Digital, en la que se expuso la situación financiera de Tigo y su necesidad de capitalización.

Durante la reunión se acordó establecer una mesa de negociación entre Millicom y EPM que busque alternativas para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa Tigo, además de proteger a los usuarios y el patrimonio de los accionistas, tanto públicos como privados.

La empresa reportó en 2022 pérdidas por 473 mil 813 millones de pesos (106 millones de dólares), a la vez que Quintero estimó que las pérdidas para el 2023 superarían el billón de pesos (225 millones de dólares).

En diciembre de 2021, se aprobó una capitalización de 305 mil millones de pesos para Colombia Móvil (matriz de Tigo-UNE), adicional a otros 280 mil millones que ya se habían aprobado en noviembre.

El proceso de venta de Millicom al empresario de telecomunicaciones Marcelo Claure o cualquier otro postor atractivo, sería una oportunidad relevante para el sector de telecomunicaciones de Colombia, que le permitiría atender algunos de los retos persistentes en la industria tales como: distorsiones provocadas por la participación estatal, la fragmentación del mercado, bajos incentivos a la inversión privada y bajos ingresos por usuario. 

Mientras Millicom confirmó que está en pláticas de venta al empresario Marcelo Claure y el fondo de inversión Apollo Global Management, hasta el momento sólo circulan versiones respecto de las posibles intenciones de los inversionistas por las operaciones de Colombia, ya sea su interés de vender o de comprar el resto de la unidad.

Después de Guatemala, Colombia es la segunda operación más importante para Millicom, que aporta cerca de una cuarta parte de sus ingresos (23%) y donde atiende a más de 11 millones de consumidores del servicio móvil.

Sin embargo, estas operaciones en Colombia son compartidas con Empresas Públicas de Medellín (EPM), que posee 50 por ciento del capital accionario más una.

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Al considerar la importancia de esta filial para el grupo Millicom, la transacción de venta podría convertirse en una oportunidad para el gobierno de Medellín para capitalizar su actual posición en UNE, utilizar esos recursos para financiar la necesaria infraestructura de servicios públicos, y colocar los incentivos necesarios para impulsar la inversión privada en el sector.

La participación de EPM en UNE se ha mantenido en el centro del debate público en Colombia por varios años.

Hay quienes consideran que tener una posición accionaria en esta empresa representa una importancia estratégica para el país, pero también hay críticos (incluidos organismos multilaterales como la OCDE) que consideran que ha impuesto nuevas dificultades para el correcto funcionamiento del mercado, además de representar una carga (más que beneficio) para las finanzas públicas.

Aunque EPM posee 50 por ciento de las acciones más una de Tigo-UNE, es Millicom quien ejerce el control operativo y administrativo del operador después de haber pagado una prima en 2014, cuando se fusionaron ambas operaciones.

Durante la fusión también se impuso una cláusula que permitiría al gobierno de Medellín vender su posición en UNE.

La cláusula establece que si EPM decide vender su posición, Millicom podría adquirirla de manera preferente; de lo contrario, UNE tendría que ser vendida en su totalidad a un tercero.

Derivado de este acuerdo, actualmente la empresa estatal tiene poca o nula influencia sobre la estructura y estrategia del operador, pero con participación en los requerimientos de inversión y capitalización de UNE.

Asimismo, la alcaldía de Medellín, bajo la administración de Daniel Quintero, había presionado al Concejo de Medellín para aprobar la venta de la participación de EPM, que estima daría al gobierno recursos adicionales por cerca de 3 billones de pesos colombianos (628 millones de dólares).

Sin embargo, después de que el Concejo rechazó la venta de su participación en UNE por cuarta ocasión, y tomando en cuenta el proceso burocrático que se tendría que realizar si la venta fuera aprobada, Quintero descarta que la transacción vaya a lograrse durante su gestión.

En ese sentido, es sumamente probable que de aprobarse la venta de Millicom, los nuevos dueños aún tendrían que lidiar con el gobierno como inversionista de la unidad colombiana.

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EPM esperaba que los recursos provenientes de esta venta pudieran utilizarse para financiar su plan de inversiones para el periodo de 2022 a 2025, que requeriría un monto total por 18.7 billones de pesos (3.9 mil millones de dólares), que se utilizarían en proyectos principalmente relacionados con la generación y distribución eléctrica, abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales.

Al respecto, se debe considerar que EPM debe atender otros servicios públicos como el abastecimiento de agua, de gas y electricidad, que también requieren importantes montos de inversión.

Basta mencionar el empantanado proyecto de Hidroituango que ha requerido un mayor nivel de recursos a los estimados originalmente.

Aún es incierto cómo esta situación afectará la capacidad de expansión de UNE en la mejora y modernización de los servicios de telecomunicaciones, al considerar la creciente demanda de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación mediante fibra óptica y 5G.

EPM no ha registrado dividendos derivados de su participación en UNE, por el contrario, se ha visto obligada a inyectar más capital al operador.

Recientemente, en diciembre de 2021 se aprobó una capitalización de 305 mil millones de pesos colombianos para Colombia Móvil (matriz de Tigo-UNE), adicional a otros 280 mil millones que ya se habían aprobado en noviembre.

De quedarse con la operación de UNE, EPM tendría que presentar un plan de inversión en el sector de telecomunicaciones que le permita al operador mantener su competitividad frente al avance de otros grupos mejor capitalizados, que cuentan con mayor escala y han presentado sus propias estrategias para expandir las redes de nueva generación.

Un informe publicado por la Contraloría de Medellín en 2017 había advertido de las constantes pérdidas económicas que representaba esta compañía para el gobierno, y el riesgo que existía de una posible capitalización en el corto plazo.

Según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Tigo invierte actualmente cerca de 24.3 por ciento de sus ingresos correspondientes al 2021.

Respecto al total de la inversión privada del sector en 2021, Tigo aporta poco más de 17 por ciento, por detrás del 49 por ciento de participación de Claro, de América Móvil.

Al considerar la alta demanda de recursos para ampliar la cobertura de las nuevas tecnologías de conectividad, autoridades y organismos multilaterales han recomendado que se avance en la consolidación del sector de telecomunicaciones, de modo que puedan generarse operadores de gran escala.

Precisamente, la consolidación de Millicom en Colombia, mediante la entrada de un nuevo grupo de telecomunicaciones con pleno control de la filial en el país y acceso a los mercados internacionales de capital, permitiría incentivar la inversión privada y la consecuente reducción de costos y de riesgo para las finanzas públicas.

Al respecto, la OCDE ha recomendado en más de una ocasión que el Estado se desprenda de sus participaciones en empresas del sector de telecomunicaciones, de modo que también se evite el conflicto a partir de tener al gobierno como regulador y entidad regulada.

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En el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones elaborado por la OCDE para Colombia, se recomendó expresamente que las autoridades colombianas no deben bloquear las tendencias de consolidación en las telecomunicaciones fijas.

El organismo internacional señala que “es necesario evitar los conflictos de intereses que surgen cuando los municipios poseen operadores locales y, al mismo tiempo, otorgan permisos para la instalación de las redes”.

Además de Tigo-UNE, el Estado colombiano también posee participaciones accionarias en Movistar y ETB.

Por otro lado, la OCDE y organismos industriales como la GSMA también han advertido en numerosas ocasiones que precios adecuados del espectro son un incentivo adicional para estimular la inversión en redes e infraestructura.

Un estudio elaborado por la GSMA en 2021 encontró que los costos anuales de asignación de espectro para algunas bandas en Colombia fueron hasta tres veces más altos que la mediana de América Latina, desde 2014 en adelante.

De haberse ofrecido mejores condiciones en pasadas licitaciones de espectro, la asociación afirma que la cobertura 4G se habría incrementado en cinco puntos porcentuales adicionales a 76 por ciento, con un aumento en la velocidad en 40 por ciento.

En ese sentido, atender la demanda de la industria por menores precios del espectro podría reforzar el interés del comprador de Millicom por la filial colombiana, y así obtener una mejor valoración por las acciones en poder de EPM, además de incentivar la posterior inversión en redes e infraestructura por parte de los nuevos dueños.

Cabe recordar que Millicom pagó a finales de 2021, hasta 2.2 mil millones de dólares para adquirir el 45 por ciento de las acciones que no poseía de su filial en Guatemala, para convertirse en el único dueño.

Aunque la compañía no se ha pronunciado respecto a la venta de UNE por EPM, se podría esperar el mismo interés por consolidar su posición en el país, a la vez que el actual proceso de venta de Millicom podría ser la oportunidad del gobierno de Medellín para llevar a cabo un proceso de venta favorable para las finanzas públicas.

En medio de una de las regiones con grandes desafíos económicos y de falta de infraestructura, pero con atractivas oportunidades de crecimiento a largo plazo, Millicom ha comenzado a atraer la atención de inversionistas como una compañía que puede convertir esta combinación de retos complejos en nuevas áreas de negocio.

Recientemente se dio a conocer que el empresario boliviano Marcelo Claure, quien más recientemente sirvió como CEO de Sprint y uno de los involucrados en la fusión de este operador con T-Mobile, estaría preparando una oferta de compra por Millicom, en conjunto con el fondo de inversión Apollo Global Management.

De acuerdo con los reportes del Financial Times y de Bloomberg, el potencial acuerdo de adquisición daría una valuación a Millicom de aproximadamente 10 mil millones de dólares, incluyendo deuda.

Sin embargo, este recién interés de Claure y el fondo Apollo no sería el único sobre la mesa de los directivos y actuales accionistas de Millicom, ya que anteriormente recibió el interés de otro grupo con amplia experiencia en el sector de telecomunicaciones.

En noviembre del año pasado, se dio a conocer que Xavier Niel, mediante su vehículo de inversión Atlas Investissement, adquirió cerca del 7 por ciento del total de acciones de Millicom.

Usualmente, las leyes del mercado en Estados Unidos y Europa establecen que al superar el 30 por ciento de participación en el capital de una compañía, el inversionista estaría obligado a realizar una oferta pública de adquisición por el resto de los títulos.

Tras este movimiento, Niel, quien también es dueño del operador francés Iliad, se habría convertido en el principal inversionista de la compañía, superando a otros como Société Générale con 6.34 por ciento, Dodge & Cox con 5.15 por ciento y Swedbank Robur Fonder que posee 4.27 por ciento de los títulos del grupo.

En su momento, Atlas no reveló mayores detalles sobre su objetivo con esta transacción, y se limitó a decir que veía a Millicom como una “oportunidad de inversión atractiva”, y que daba su respaldo a la estrategia actual de los directivos. No está claro si Niel tuvo o tiene la intención de adquirir la totalidad de la firma.

Sin embargo, aun cuando no se conoce el objetivo del inversionista francés en Millicom, se podría esperar que estará involucrado en las futuras negociaciones con Claure, ya sea que tenga objetivos a largo plazo en el operador, o simplemente como el principal accionista hasta el momento.

El atractivo de Millicom

El potencial que ofrece la compañía se centra principalmente en que tiene presencia en uno de los mercados con importantes áreas de crecimiento, ya que por un lado se tiene una baja penetración de servicios de telecomunicaciones, pero que al mismo tiempo ha registrado un constante crecimiento económico y una población de clase media en desarrollo.

Durante una entrevista con DPL News durante el Mobile World Congress (MWC) de 2022, Mauricio Ramos, actual CEO de Millicom, indicó que se trata de una región que suele ser subestimada por una mala percepción de seguridad o pobreza, pero que en los últimos años han logrado mantener una economía y moneda estable, y con un interesante potencial de crecimiento al considerar las bajas tasas de penetración de servicios de comunicación y financieros.

Pese a los temores persistentes de una recesión mundial, aún se espera que Centroamérica reporte tasas de crecimiento por arriba del promedio de la región. Según cifras recientes de la Cepal, Centroamérica habría cerrado el 2022 con un crecimiento económico de 4.2 por ciento y se esperaría una tasa de 3 por ciento para 2023, superior al promedio de América Latina y el Caribe de 3.7 y 1.3 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la penetración de los servicios de telecomunicaciones, con base en datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el promedio de usuarios de Internet hasta 2020 fue de alrededor del 56 por ciento de la población centroamericana (excluyendo Belice), siendo el más alto en Costa Rica (80.5%) y el más bajo en Honduras (42.05%).

Si bien esta tasa de penetración de Internet se ubica por debajo de países latinoamericanos como Brasil (81.3%) o Uruguay (86.1%), también significa que hay una relevante oportunidad de crecimiento para la oferta de servicios de Internet entre la población que aún no cuenta con acceso, que busca ser aprovechada por empresas como Tigo.

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Centroamérica, al centro de la estrategia de Millicom

En los últimos tres años, Millicom se ha convertido en uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Centroamérica, luego de haberse retirado del mercado africano y al aprovechar la salida de sus competidores –principalmente Telefónica– de algunos de estos países para consolidar su posición.

En 2019, Millicom completó la compra de las operaciones de Telefónica en Nicaragua por aproximadamente 430 millones de dólares; adquirió Cable Onda en Panamá por 1.46 mil millones de dólares, y posteriormente sumó las operaciones móviles de Telefónica en este último país por 594 millones de dólares.

En noviembre de 2022, cerró la compra del 45 por ciento de la participación accionaria que no poseía en Tigo Guatemala (Comcel), por un monto de aproximadamente 2.2 mil millones de dólares en efectivo.

Tras estos movimientos, Millicom afirma haber invertido cerca de 5 mil millones de dólares para convertirse en el principal operador de telecomunicaciones en la región centroamericana, pese a no haber logrado la adquisición de Telefónica en Costa Rica (que finalmente fue adquirida por Liberty Latin America).

Estos movimientos le sirvieron para convertirse en el principal operador móvil de algunos de estos países como Guatemala, Nicaragua y Panamá, cuyos mercados se caracterizan además por estar atendidos por entre dos o tres operadores móviles, dando aún más oportunidades para Millicom de capitalizar los procesos de digitalización de estas economías.

Durante el Día del Inversor de 2022, Ramos se comprometió a que Millicom lograría un crecimiento de 10 por ciento anual de sus ingresos y tener un flujo de efectivo de entre 800 millones y mil millones de dólares durante los próximos tres años.

Estos objetivos estarían sustentados sobre seis pilares: expandir la banda ancha, la monetización móvil, acelerar sus servicios empresariales (B2B), impulsar la convergencia, ir digital y centrarse en los clientes. A su vez, estos objetivos estarían respaldados por una inversión de 3 mil millones de dólares por los próximos tres años.

Los ingresos correspondientes al 2021 cumplieron la meta de crecimiento de 10 por ciento anual hasta un total de 4.61 mil millones de dólares. Hacia 2022, el consenso de analistas de Seeking Alpha espera ingresos por 5.67 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de cerca de 22 por ciento.

Este crecimiento estaría impulsado en parte por la consolidación de los resultados de Guatemala, de donde obtiene la mayoría de sus ingresos (26%) y que anteriormente no estaban integrados en el reporte de la compañía. Los resultados financieros de Millicom correspondientes al cuarto trimestre de 2022 serán anunciados el próximo 10 de febrero.

Hasta el más reciente reporte de resultados correspondientes al tercer trimestre de 2022, Millicom reportó una saludable diversificación de los resultados, al obtener el 57 por ciento de sus ventas provenientes de servicios móviles, y 41 por ciento por la venta de servicios fijos (cable y fibra).

Por otro lado, el operador ha buscado ingresar a nuevos mercados, como la oferta de servicios financieros móviles mediante Tigo Money, en una región caracterizada por la baja bancarización; a la vez que espera completar la consolidación de TowerCo para la administración de sus activos de infraestructura.

De acuerdo con la estrategia presentada por la directiva, Millicom buscaría ampliar su cobertura hasta 15 millones de hogares con cable, y ampliar su escala en Colombia respecto a usuarios e ingresos.

¿Qué pasará con UNE?

Precisamente, Colombia es otro de los mercados relevantes para las operaciones de Millicom, al ser el segundo mercado más relevante por ingresos para la compañía, pero también por encontrarse bajo un contexto particular de participación estatal.

Al menos desde 2018, el Concejo de Medellín ha evaluado la posible venta de participación que actualmente posee Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el operador móvil UNE (Tigo), la cual ha sido rechazada en cuatro ocasiones, pese a las advertencias hechas por posibles pérdidas económicas, necesidades de capitalización y conflictos regulatorios.

Millicom nunca ha hecho pública su posición respecto a la participación de EPM en UNE, sin negar o confirmar si le interesa o planea adquirir la participación accionaria del gobierno. Cabe recordar que Millicom posee el 50 por ciento menos una de las acciones de Colombia Móvil, subsidiaria de UNE-EPM. Sin embargo, tras el pago de una prima de 150 millones de dólares al momento de la fusión en 2013, Millicom logró mantener el control operativo y administrativo del operador Tigo.

Durante dicho proceso de fusión también se estableció una “Cláusula de la protección del patrimonio público“, que básicamente establece que Millicom tendría la preferencia de compra sobre la participación que no posee en UNE, si EPM decidiera vender su participación.

Pero si Millicom decidía no ejercer su derecho de compra, entonces UNE podría ser vendida al 100 por ciento a un tercero mediante subasta (la participación de Millicom y EPM). Esta cláusula vence el próximo agosto de 2024, razón por la cual el gobierno de Medellín, bajo la administración de Daniel Quintero, había urgido al Concejo a aprobar la venta del operador.

Actualmente, tras las negociaciones que se hicieron públicas entre Claure y Millicom, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, afirma que Millicom estaría buscando la venta de su participación en el operador colombiano al considerar los montos de inversión que demanda y las constantes pérdidas en las que incurre, según informó el canal local TeleMedellín.

Se estima que la participación accionaria de EPM en UNE tendría un valor de entre 2.8 y 3 billones de pesos colombianos o cerca de 660 millones de dólares. Sin embargo, se calcula que la deuda total de la compañía asciende a un valor similar.

Al considerar el contexto político y las dificultades que enfrenta el operador colombiano, no parece improbable que Claure y Apollo prefirieran la salida de este operador y utilizar esos recursos para financiar las operaciones de Millicom.

En conjunto a las dificultades macroeconómicas, el potencial de Centroamérica y los inconvenientes en algunas de sus subsidiarias, la compañía ha encontrado dificultades para convencer a los inversionistas del potencial de crecimiento. Si bien esto también da oportunidades de negociación al grupo interesado.

A lo largo de 2022, el valor de sus títulos en la bolsa Nasdaq de Estocolmo reportó un retroceso de 50 por ciento, con lo cerró el año con un valor de mercado de cerca de 22.69 mil millones de coronas suecas (2.17 mil millones de dólares).

Tras las noticias reveladas respecto a un potencial proceso de compra, los títulos de Millicom se habrían revalorizado en casi un 20 por ciento.

Finalmente, se debe considerar que hasta el tercer trimestre de 2022, la compañía reportó una deuda neta de 5.9 mil millones de dólares, que recientemente se elevó tras la compra del resto de operaciones en Guatemala. De acuerdo con los reportes de prensa, Claure y el fondo Apollo buscarían formar una oferta de compra que evite refinanciar cerca de los 6.9 mil millones de dólares de deuda total que enfrenta Millicom.

La República

UNE EPM informó que emitió en el mercado público de valores el primer lote de la tercera emisión de bonos de deuda pública interna con cargo al programa de emisión y colocación dirigida al mercado principal, por un
monto de $200.000 millones.

Adempas, tendrá posibilidad de sobre adjudicar hasta $30.000 millones adicionales.

Se dio a conocer que recibieron demandas por $253.764 millones y se adjudicaron $230.000 millones, lo que representa un bid-to-cover de 1.27 veces el monto ofrecido.

Los bonos podrán ser emitidos en dos subseries, entre las que se encuentran una con plazo de 36 meses, que tiene vencimiento el día 5 de enero de 2026. El monto demandado es $125.150 millones, de los cuales se adjudican $101.386 millones, que representan un bid-to-cover de 1.23 veces el monto ofrecido. Esta subserie manejará una tasa de corte de 8,10% E.A.

Por otro lado está la subserie con plazo de 57 meses y fecha de vencimiento del día 5 de octubre de 2027. Esta subserie tiene un monto demandado de $128.614 millones de los cuales la totalidad será adjudicada, lo que representa un bid- to cover de 1.0 veces el monto ofrecido. Manejará una tasa de corte de 8,25% E.A.

En ambas subseries la periodicidad de pago de intereses será trimestre vencido con amortización de capital al vencimiento.

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La República

Hoy se hundió por cuarta vez el proyecto de venta de acción de EPM en UNE en el Consejo de Medellín. Tras un nuevo debate, la propuesta liderada por Daniel Quintero que pretende reunir al menos $2,8 billones para la ciudad fue rechazada, con tres votos a favor y tres en contra.

Tras la reunión Quintero escribió en su cuenta de Twitter, “nuevamente el CD le hace conejo a la ciudad. Votarán No a la activación de cláusula que evitaba perder $3 billones en UNE. Dejamos que ellos redactaran el acuerdo incluso con la excéntrica condición de que la plata no podía ir a la ciudad. Medellín debe derrotarlos en las urnas”.

El concejal Sebastián López, por su parte, anunció nuevamente su negativa al negocio. “Medellín, debo decir que votaré no a la venta de UNE, después de enterarnos de una trampa del Alcalde de Medellín, la Junta Directiva y el gerente de EPM”, dijo por su red social.

Y añadió que, “nos pusimos a indagar internamente en EPM y nos dimos cuenta que tienen preparado realizar un aporte extraordinario de un billón de pesos para Quintero para que lo utilice en lo que él considere, lo cual sin duda será utilizado en la próxima elección del alcalde de Medellín e incidir en ese resultado. Nosotros no permitiremos bajo ninguna circunstancia que a Medellín le vean la cara y que sus recursos sean utilizados para manipular”, dijo López.

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El Colombiano

Por tercera vez en cuatro meses la Comisión Primera del Concejo de Medellín votará la suerte de la venta de acciones que EPM tiene en UNE. En un debate que tiene hace rato moción de suficiente ilustración, la única incógnita hoy es saber si esta vez el proyecto pasa a plenaria o si se vuelve a quedar en el alambrado, tal como ocurrió el 21 de junio y el 16 de agosto.

En la Comisión hay siete concejales pero solo seis votos disponibles porque al concejal Carlos Andrés Ríos le aprobaron un impedimento porque un hermano suyo trabaja en Tigo. Y de los seis votos hay cinco que parecen definidos: tres alineados al sí, Babinton Flórez, Aura Marleny Arcila y Carlos Mario Romero; y dos que repetirán su negativa, Daniel Duque y Simón Pérez.

El voto que está en duda y definirá todo será, paradójicamente, el de Sebastián López, el concejal del Centro Democrático, el partido opositor al alcalde Daniel Quintero. Si López vota sí, el proyecto va directo al segundo debate en plenaria, pero si vota no habrá empate a tres, lo que significa el hundimiento del proyecto.

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El pasado 16 de agosto, la Comisión Primera del Concejo de Medellín, Colombia, negó el proyecto de acuerdo 99 de 2022 por el que la alcaldía busca vender el 50.1 por ciento de las acciones de EPM (Empresas Públicas de Medellín) con las que se quedó la ciudad en UNE e inversiones Telco, a través de EPM y el Inder, tras la fusión con la multinacional Millicom en 2014. Sin embargo, con tres votos a favor y tres en contra el proyecto se negó.

Cabe aclarar que los miembros del Concejo son siete; sin embargo, uno de ellos, Carlos Andrés Ríos, tiene impedimento de voto porque su hermano trabaja en Tigo.

La transacción, que representaría entre 2.3 y 2.8 billones de pesos colombianos, inició hace un año (2021), pero sólo hasta el 2 de junio se citó el primer debate que luego fue aplazado hasta el día 21 del mismo mes, en donde se negó por primera vez con una votación que quedó cuatro a tres en contra de la ponencia en la Comisión Primera.

El mismo 16 de agosto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decidió apelar la decisión.

Dos días después, el jueves 18 de agosto, se llevó a cabo un tercer debate en el que otra vez el Concejo negó la apelación con la que la administración de Medellín quería revivir el debate sobre la venta de las acciones de EPM en Tigo-UNE. No contó con los votos en la plenaria para reactivar el proceso, por lo que ahora se encuentra archivado.

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Al respecto, Quintero anunció en su cuenta de Twitter que esto puede significar perder 3 billones de pesos en manos de una empresa privada y EPM debe insistir.

Sobre este tema, Marc Eichmann, expresidente de UNE (2011-2014) y profesor MBA de la Universidad de los Andes, comentó a DPL News que “ejercer la opción de protección de patrimonio para que EPM pudiese salir del negocio de las telecomunicaciones –si lo considera le permite–, es parte de la cláusula muy bien diseñada que protege dicho patrimonio. De hecho, si no se consigue comprador para el 50.1 por ciento de EPM, entonces ambos estarían obligados a vender, es decir, el 100 por ciento de las acciones”.

En este sentido, el Concejo de Medellín debería aprobar el proyecto, lo que convierte a este dilema en un conflicto político porque, según Eichmann, es debido a que el alcalde no genera la confianza suficiente para administrar ese dinero.

“Al final se trata de una pugna política y los partidos de oposición impiden que el dinero le llegue a Quintero, y al final todo dependerá de lo que pueda negociar el alcalde con el Consejo con el fin de que le pasen el proyecto”, explicó Eichmann.

El Colombiano

EPM y Millicom adelantaron durante mayo una mesa de negociaciones para analizar la posibilidad de ampliar el plazo de la cláusula de protección al patrimonio público que vence en 2024 pero no llegaron a un acuerdo, por lo que la suerte de la participación que la empresa antioqueña tiene en UNE, que valdría entre $2,3 y $2,8 billones, se definirá en el Concejo de Medellín.

En una carta enviada a los concejales de Medellín, EPM explicó que para continuar con la negociación sería necesario un periodo de no menos de seis meses de trabajo, lo que no aseguraba el éxito de las conversaciones. Además, explicó, para llegar al Acuerdo de Accionistas de UNE se requirió más de un año de trabajo entre personal y asesores de las dos compañías, por lo tanto, una negociación sobre los términos ya pactados puede reabrir temas que ya se habían cerrado en favor de EPM y de Millicom.

“EPM debe continuar con la ejecución de los procesos de enajenación de su participación accionaria en UNE e Invertelco y así, hacer uso integral y oportuno de su derecho de salida y de aprovechar los beneficios que le ofrece la cláusula de protección del patrimonio público”, se lee en la carta.

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Moody’s entregó su calificación de emisor para UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo) y destacó su fuerte posición competitiva en el país como el segundo operador de servicios de telecomunicaciones en términos de ingresos.

La calificadora destacó el fortalecimiento de la operación integrada de Tigo y asignó la calificación Baa3 que corresponde a grado de inversión, siendo una de las notas más altas en el país, según reveló la compañía en un comunicado.

Moody’s destacó la ventaja competitiva basada en la diversificación de los ingresos y la estabilidad en su flujo de caja pese a un complejo entorno macroeconómico y regulatorio que ha venido desacelerando el sector de las telecomunicaciones en Colombia.

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Esta calificación refleja las expectativas que tiene la firma sobre la generación de flujo de caja y de rentabilidad, manteniendo adecuados niveles de liquidez, inversión y endeudamiento.

“Estos resultados son fruto de un trabajo sostenido que se ha venido realizando desde la integración operativa entre Tigo y Une, lo que ha permitido mayores eficiencias, importante participación de mercado en términos de ingresos, mayor solidez y un perfil financiero estable”, señala Marcelo Cataldo, presidente de Tigo en Colombia.

El pasado febrero, Fitch Ratings también realizó la revisión de las calificaciones de la compañía al asignarle una nota de BBB como emisor de deuda en moneda local a largo plazo, con perspectiva estable.