La inminente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC, conocido en inglés como USMCA) deberá de ser una oportunidad, antes que un factor de conflicto comercial entre México y Estados Unidos.

Una revisión que profundice la integración de los mercados de telecomunicaciones y de sus cadenas de suministro asociadas, en una época donde la geoestrategia y las ventajas comerciales tendrán necesariamente que coexistir.

El TMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN y, a diferencia de su antecesor, incorporó una “cláusula de caducidad” o sunset clause que condiciona su permanencia a revisiones periódicas.

Conforme al artículo 34.7 del tratado, la primera revisión sexenal está programada para julio de 2026, debiendo concluir si los tres socios extienden su vigencia por otros dieciséis años —hasta 2042— o si abren un proceso de modificaciones de mayor alcance.

Aunque la fecha formal es julio de 2026, el proceso de hecho ha iniciado. En septiembre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía (SE) abrieron consultas públicas y Canadá inició las suyas poco después.

Conviene distinguir entre dos figuras que suelen confundirse: una revisión es un ejercicio acotado para evaluar la efectividad del tratado y ajustar puntos específicos, mientras que una renegociación implica reabrir capítulos completos y reescribir compromisos sustantivos.

El 5 de marzo de 2026, mediante un boletín conjunto, el embajador Jamieson Greer y el secretario Marcelo Ebrard anunciaron la primera ronda de pláticas bilaterales preparatorias del Joint Review e instruyeron a sus equipos técnicos a iniciar una discusión exploratoria sobre medidas para reducir la dependencia de insumos provenientes de fuera de la región, fortalecer las reglas de origen y reforzar la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

Si los tres gobiernos no logran consenso, el TMEC entrará en un esquema de revisiones anuales que puede prolongarse hasta 2036, e incluso queda abierta la posibilidad de que una de las partes se retire con un aviso previo de seis meses.

Dentro de la arquitectura del tratado, la materia de telecomunicaciones se ubica en el Capítulo 18, en el bloque dedicado al comercio de servicios, la inversión y la economía digital, en estrecha relación con los capítulos contiguos sobre Comercio Digital (19), Derechos de Propiedad Intelectual (20) y Política de Competencia (21).

Se trata de un capítulo notablemente más extenso que su antecedente: el capítulo XIII del TLCAN tenía sólo diez artículos, mientras que el Capítulo 18 del TMEC se compone de veintisiete y regula el acceso y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones, las obligaciones de los operadores considerados “preponderantes”, los sistemas de cableado submarino, la asignación transparente del espectro, la independencia del organismo regulador y los mecanismos para resolver controversias entre operadores.

Cabe señalar que erróneamente se incorporó el contenido de la “preponderancia” y la “regulación asimétrica” dado que entra en conflicto con lo establecido en el capítulo de Política de Competencia, dado que su objetivo es económicamente semejante y debiera ser uniforme su aplicación sin sectores con tratamientos particulares o excepcionales.

Pero la incorporación fue más de justificación política para asegurar su permanencia y continuidad más que el objetivo per se de procurar la competencia.

Tras la reforma constitucional de 2024 que ordenó la desaparición de los organismos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue formalmente disuelto en octubre de 2025 y sustituido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), creada como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Poder Ejecutivo.

Ese rediseño tensiona dos compromisos puntuales del Capítulo 18: el artículo 18.17, cuya nota al pie 14 establece específicamente para México que su organismo regulador de telecomunicaciones debe ser autónomo respecto del Poder Ejecutivo; y el artículo 18.18, sobre neutralidad competitiva, que prohíbe otorgar trato más favorable a un proveedor por el solo hecho de ser propiedad o estar bajo control del gobierno nacional.

Este último se ve presionado por la entrada directa de la Comisión Federal de Electricidad y la existencia de la ahora paraestatal Altán Redes en el mercado de telecomunicaciones.

En ese contexto, el embajador Greer ha planteado públicamente que México estaría en incumplimiento del TMEC en áreas que incluyen energía, telecomunicaciones y otras, lo cual coloca al Capítulo 18 entre los temas más previsibles dentro de la agenda específica de la revisión de este año.

Siendo propositivo, existen al menos tres aspectos que representan una oportunidad de una mayor integración de Norteamérica en telecomunicaciones, en particular entre México y Estados Unidos:

I. Barreras técnicas: homologación de equipos y reconocimiento mutuo de certificaciones

Una de las quejas más concretas que el USTR ha incorporado en sus reportes anuales se refiere al régimen de homologación de equipos de telecomunicaciones.

En el apartado de barreras técnicas al comercio del 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, (NTE) la USTR señala expresamente que México, a través del entonces extinto IFT y ahora de la CRT, exige pruebas locales para determinar la Tasa de Absorción Específica (SAR).

La SAR mide la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo humano absorbe de un dispositivo móvil, parámetro central de seguridad ya verificado por la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos antes de la exportación.

Tal duplicidad de pruebas genera retrasos dado que México exige repetir esa prueba —además de las contempladas en la NOM-208-SCFI-2016 (Wi-Fi, Bluetooth y otros equipos de corto alcance), la NOM-221-SCFI-2018 (terminales celulares 2G/3G/4G/5G), IFT-011-2017 (verificación del IMEI), entre otras que equivalen, en la práctica, a una barrera técnica al comercio en términos del artículo 11 del propio TMEC y del Acuerdo OTC de la Organización Mundial del Comercio.

El costo económico de esta duplicidad no es trivial. El procedimiento obliga al fabricante a contratar un representante legal residente en México, someter muestras a un laboratorio acreditado por el IFT (ahora CRT), obtener un Certificado de Conformidad emitido por un organismo local —NYCE u otros— y, finalmente, un Certificado de Homologación expedido por la autoridad.

Al proceso de aprobación provisional ante el extinto IFT le seguía esperar al menos un año para la aprobación permanente. A esos plazos se agrega el cuello de botella estructural: el reducido número de laboratorios acreditados en territorio mexicano para realizar pruebas que, en muchos casos, ya fueron ejecutadas conforme a los protocolos de la FCC con los cuales la propia normatividad mexicana se encuentra armonizada.

Para un fabricante que coloca múltiples modelos al año en la región, el costo agregado de muestras, ensayos repetidos, honorarios, traducciones obligatorias y derechos administrativos puede alcanzar varios cientos de miles de dólares por línea de producto, sin que ese gasto agregue valor de seguridad alguno respecto del que ya garantiza la certificación estadounidense.

La justificación económica para migrar hacia un esquema de reconocimiento automático —que es justamente lo que el USTR pide al instar a México a actualizar dichos estándares e incorporarlos al Mutual Recognition Agreement (MRA) en materia de evaluación de la conformidad— se apoya en cuatro órdenes de argumentos.

Primero, la eliminación de costos de transacción duplicados: si dos jurisdicciones aplican estándares técnicamente equivalentes, repetir el ensayo no produce información nueva, opera como un impuesto regulatorio que se traslada al precio final del consumidor mexicano.

Segundo, aceleración del time-to-market: en mercados con efectos de red como las telecomunicaciones, cada mes de retraso en la disponibilidad de una terminal o de un equipo de red 5G implica una pérdida de bienestar agregado superior al ahorro privado del régimen actual de pruebas.

Tercero, reducción de la captura regulatoria y de la búsqueda de rentas por parte de un número limitado de laboratorios y peritos acreditados, cuyos ingresos dependen precisamente de que la duplicidad subsista.

Cuarto, escala de inversión en Centros de Datos y nearshoring: la operación de un Centro de Datos de hiperescala requiere homologar cientos de modelos de switches, routers, puntos de acceso inalámbricos y equipos de IoT industrial.

Los costos de cumplimiento se multiplican rápidamente y se traducen, en el margen, en menos despliegue de infraestructura digital en territorio mexicano y en la pérdida de inversión hacia jurisdicciones con regímenes de reconocimiento automático.

En síntesis, lo que en el NTE aparece como un párrafo técnico sobre pruebas SAR y laboratorios acreditados constituye, en realidad, un caso típico de barrera no arancelaria con costos económicos cuantificables y con un remedio relativamente pronto: el reconocimiento automático, vía un MRA actualizado, de los certificados emitidos conforme a los estándares de la FCC y de los organismos de normalización de Canadá para todos los equipos terminales, de red y de Centros de Datos cuyas especificaciones técnicas ya estén armonizadas.

Dado que el Capítulo 18 del TMEC obliga a México, en su artículo 18.6, a procurar que sus procedimientos de evaluación de la conformidad sean transparentes y no imponer costos innecesarios, que el artículo 11 del propio tratado consagra el reconocimiento de equivalencia en materia de OTC, la revisión de 2026 ofrece una ventana institucional evidente para resolver una fricción que, en el estado actual, opera como un costo hundido para los exportadores estadounidenses, para los operadores que pretenden invertir en México y, en última instancia, para los propios consumidores mexicanos.

II. Diferencias en el uso y atribución del espectro entre México y Estados Unidos: observación para una agenda de armonización bilateral

La banda de 3.5 GHz ha sido la “banda pionera” de 5G a nivel global, con más de 60 países asignando porciones de ella para despliegues comerciales.^[1] Sin embargo, México y Estados Unidos han adoptado trayectorias regulatorias notablemente distintas dentro del mismo rango.^[2]

Estados Unidos: el segmento 3.45-3.98 GHz tiene tres regímenes diferenciados que limitan su rendimiento: (i) la sub banda de 3.45-3.55 GHz, subastada en 2021 sin restricciones de potencia pero con zonas de coordinación y protección alrededor de usos militares; (ii) la sub banda 3.55-3.70 GHz, regulada bajo el esquema CBRS (Citizens Broadband Radio Service), que opera con restricciones de potencia y derechos secundarios para usuarios comerciales^[3] y (iii) la sub banda 3.7-3.98 GHz, liberada del uso satelital mediante un proceso de “repacking” que culminó en 2025,^[4] actualmente en uso para 5G.

Críticamente, el segmento inferior de 3.3-3.45 GHz (150 MHz de capacidad potencial) no se encuentra disponible para uso móvil debido a la operación de sistemas de radar militar.

México: el extinto IFT optó por una estrategia distinta. Las licencias de Telcel para acceso fijo-inalámbrico en 3,450-3,550 MHz fueron reubicadas hacia 3,350-3,450 MHz y reconvertidas a uso móvil, permitiendo el despliegue comercial de 5G en 3.3 GHz.^[5]

Como la GSMA documenta sobre América Latina, establece que 100 MHz han sido despejados en el rango de 3.35-3.45 GHz, con un plan declarado de 300 MHz para el rango 3.3-3.8 GHz.^[6]

Crucialmente, no se han reportado interferencias con sistemas de radar transfronterizos. Este caso es citado explícitamente por la GSMA como ejemplo internacional de coexistencia exitosa que Estados Unidos podría considerar.^[7]

La asimetría es notable: México utiliza precisamente el segmento que Estados Unidos mantiene cerrado. Lo hace en la frontera norte sin que se hayan documentado externalidades negativas sobre los radares estadounidenses. Esta evidencia revelada constituye, desde la óptica del análisis económico, un experimento natural sobre la viabilidad de la coexistencia.

Para 5G, EE. UU. tiene hasta 430 MHz contiguos o casi contiguos entre 3.45 y 3.98 GHz, aunque con usos distintos.

México tiene una ventana más limitada alrededor de 3.4-3.6 GHz. Cualquier expansión hacia 3.7-3.98 GHz implicaría resolver coexistencia, migración o reordenamiento de servicios satelitales.

La banda de 6 GHz representa el mayor bloque continuo de espectro de mediabanda aún en disputa entre uso licenciado (móvil) y uso no licenciado (Wi-Fi).

Tras la WRC-23, países que representan aproximadamente 60% de la población mundial buscaron la identificación del segmento superior 6,425-7,125 GHz para servicios móviles (IMT).^[8] Aquí la divergencia entre los dos países es de mayor envergadura.

Estados Unidos ha asignado la totalidad de los 1,200 MHz (5,925-7,125 GHz) a uso no licenciado, descartando, por ahora, cualquier porción para 5G.^[9]

Esta decisión cierra una de las dos vías principales de expansión mid-band para los operadores estadounidenses, lo cual amplifica la presión sobre la banda de 3.5 GHz.

México, junto con Brasil, se sumó al grupo de países que solicitaron la identificación del segmento superior (6,425-7,125 GHz) para IMT.^[10]

La argumentación de la GSMA descansa sobre tres pilares empíricos relevantes para América Latina: (i) en las once ciudades latinoamericanas analizadas, prácticamente ninguna de las conexiones Wi-Fi 6E utilizan actualmente la banda de 6 GHz, lo cual indica que el segmento inferior de 5,925-6,425 GHz es suficiente para la evolución de Wi-Fi.^[11]

(ii) Entre 49% y 66% del uso de datos móviles ocurre en interiores y, de éste, hasta 95% se entrega vía espectro mid-band, no Wi-Fi.^[12]

(iii) En el escenario de uso licenciado de banda superior, el beneficio económico es en promedio siete veces superior al del uso no licenciado.^[13]

Esta divergencia tiene implicaciones particularmente delicadas para la frontera bilateral. La operación simultánea de redes 5G con potencia macro-celular del lado mexicano y de redes Wi-Fi de baja potencia del lado estadounidense en el mismo rango requeriría coordinación específica para evitar interferencias adyacentes, aun cuando los regímenes de licenciamiento sean diferentes.

Además, existen al menos tres asimetrías adicionales:

Primero, el modelo institucional de asignación. Estados Unidos opera con un sistema de coordinación entre la FCC (uso comercial) y la NTIA (uso federal), con portales como ASCS y DACAMP del Defense Information Systems Agency para coordinar coexistencia con radar.

México operó con el extinto IFT como autoridad técnica única y, ahora con la CRT, lo cual simplifica la negociación con incumbentes vía mecanismos de “rearrange” (reubicación) y “refarming” (reasignación), incluidos procesos ex-officio o entre licenciatarios bajo autorización del regulador actual.^[14]

Segundo, las restricciones aviónicas. Estados Unidos adoptó en la banda de 3.7-3.8 GHz restricciones voluntarias y temporales alrededor de aeropuertos por preocupaciones sobre altímetros de aviación, restricciones que la mayoría de los países que usan ese rango no han considerado necesarias.^[15]

Esta divergencia crea costos asimétricos para operadores con presencia binacional.

Tercero, la sincronización TDD transfronteriza. La operación TDD (Time Division Duplex) en 3.5 GHz requiere sincronización de estaciones base. En zonas fronterizas donde un país despliega IMT y el otro mantiene servicios fijos, móviles o radar, se requieren acuerdos formales de coordinación, por lo que existen oportunidades de armonización.

A partir de las asimetrías anteriores, surgen al menos cinco oportunidades de mayor integración bilateral, ordenadas por su grado de viabilidad inmediata.

(a) Liberación del segmento de 3.3-3.45 GHz en Estados Unidos sobre la base de la evidencia mexicana. El despliegue comercial sin interferencia reportada de Telcel constituye un caso evidente —no una analogía— sobre la coexistencia con sistemas radar estadounidenses. Esto reduce el costo de información real para que el Departamento de Defensa y la NTIA evalúen la reubicación o la coordinación geográfica del uso militar.

(b) Adopción de estructuras compatibles entre operadores estadounidenses y mexicanos en zonas fronterizas tendría como efecto reducir la necesidad de bandas de guarda, optimizando la capacidad espectral efectiva.

(c) Acuerdo bilateral sobre 6 GHz. Aun cuando es improbable que Estados Unidos revierta su asignación a uso no licenciado en el corto plazo, una coordinación técnica sobre los parámetros de potencia y máscaras de emisión en la franja fronteriza permitiría minimizar interferencias entre el uso licenciado mexicano (eventual) en 6,425-7,125 GHz y el uso de Wi-Fi estadounidense.

(d) Convergencia en estándares de protección a sistemas radar y aviónicas. Una revisión bilateral de las restricciones en 3.7-3.8 GHz cerca de aeropuertos, basada en evidencia internacional comparada, podría reducir costos asimétricos sin comprometer la seguridad aérea.

(e) Mecanismos institucionales permanentes. La creación o reactivación de un grupo técnico binacional FCC/NTIA/CRT con mandato específico sobre espectro 5G/6G —análogo en su lógica al modelo de cooperación que ha existido para coordinar interferencia en otras bandas— constituiría la infraestructura institucional para sostener la armonización.

Desde una perspectiva de economía de la regulación, la armonización bilateral genera ganancias por al menos tres canales: (i) economías de escala en equipamiento y dispositivos, que reducen costos para usuarios finales en ambos lados de la frontera; (ii) eficiencia en el uso de espectro fronterizo, evitando que zonas de guarda o coordinación operen como capacidad muerta; y (iii) reducción de costos de cumplimiento para operadores con presencia binacional o para usuarios en roaming.^[16]

Sin embargo, estas ganancias deben ponderarse contra los costos políticos de modificar asignaciones ya consolidadas —particularmente en Estados Unidos, donde las decisiones sobre 6 GHz y CBRS reflejan intereses que incluyen al ecosistema Wi-Fi, los operadores móviles y el sector de defensa.

III. La dimensión geoestratégica: infraestructura crítica, proveedores no alineados y el multiplicador de contenido

La revisión del TMEC en 2026 se ha desplazado conceptualmente de un ejercicio comercial convencional —orientado a tarifas, reglas de origen y solución de controversias— hacia lo que diversos analistas y la propia administración estadounidense han comenzado a describir como una negociación sobre la arquitectura de seguridad económica de América del Norte.

El proceso de revisión se asemeja cada vez más a una negociación de arquitectura geoestratégica y de seguridad y no a una actualización comercial, en la cual el TMEC operaría como columna vertebral de aplicación de una estrategia hemisférica más amplia que integra acceso a mercado, gobernanza tecnológica, minerales críticos, energía y cumplimiento en un mismo marco operativo.

En esa lectura, el bloque trilateral deja de ser únicamente un espacio de libre comercio para convertirse en una plataforma de coordinación tecnológica y estratégica frente a la rivalidad sistémica con la República Popular China. Los Capítulos 4 (Reglas de Origen) y 18 (Telecomunicaciones) son piezas centrales de este nuevo entramado.

La preocupación geoestratégica más concreta se origina en una asimetría regulatoria cuantificable.

Estados Unidos cuenta con el Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) para filtrar inversión extranjera por motivos de seguridad nacional y ha vetado en sus redes federales y en infraestructura crítica los equipos de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua.

México carece de un mecanismo equivalente; sin embargo, se ha alineado en materia de aranceles, dado que para 2026 amplió la cobertura a 1,463 fracciones arancelarias con sobretasas a productos procedentes de China, por lo cual la brecha trilateral en filtrado de inversión y en seguridad de infraestructura crítica es lo que muy probablemente buscaría incorporar el USTR en la revisión del TMEC.

El TMEC ya contiene un instrumento incipiente en esta materia: el Artículo 32.10, conocido como cláusula de “economía no de mercado”.

Esta disposición define una economía no de mercado como aquella que, a la fecha de firma del acuerdo, al menos una de las partes había determinado como tal para efectos de sus leyes de remedios comerciales y con la cual ninguna parte tiene un tratado de libre comercio.

Aunque cubre teóricamente más países, fue diseñada en 2018 con China como referente implícito.

Sin embargo, el Artículo 32.10 no atiende los temas de seguridad nacional asociados al aumento de la inversión china, brecha que un mecanismo de filtrado de inversión coordinado regionalmente podría cubrir.

Para llenar ese vacío han emergido dos vertientes complementarias: por un lado, los senadores Dave McCormick y Catherine Cortez Masto presentaron una legislación para instruir a la USTR a priorizar la protección del TMEC frente a la inversión de China durante la revisión conjunta de 2026.^[17]

Por otro lado, las señales explícitas del USTR sobre el endurecimiento de las reglas de origen en sectores estratégicos (automotriz, semiconductores, baterías, minerales críticos y, por extensión, equipos de telecomunicaciones e infraestructura digital).

El instrumento técnico más prometedor para articular esa coordinación es la introducción, en el Capítulo 4, de un coeficiente diferenciado para el contenido proveniente de proveedores no alineados estratégicamente al calcular el contenido no regional.

Bajo las reglas vigentes, por ejemplo, para que un vehículo de pasajeros reciba trato preferencial debe contener al menos 75% de valor regional, lo que deja sólo 25% del valor del automóvil disponible para insumos potencialmente originados en China. En ese 25%, sin embargo, todo contenido extranjero —chino, coreano, japonés o europeo— recibe el mismo tratamiento aritmético.

La propuesta consiste en aplicar al contenido chino un multiplicador mayor que uno —por ejemplo, 1.5 ó 2.0— al integrarlo a la cuenta no regional, de modo que cada dólar de insumo procedente de China, este consuma 1.50 ó 2.00 dólares del margen disponible.

Económicamente, el efecto es equivalente a un arancel implícito focalizado por origen: con un multiplicador de 2.0, sólo 12.50 dólares de contenido chino agotan el margen de 25%, lo cual desplaza la demanda de insumos hacia proveedores de jurisdicciones “aliadas” —Corea, Japón, Unión Europea, Reino Unido— sin transgredir el principio de no discriminación de la OMC, al ampararse en la excepción de seguridad esencial contemplada en el Artículo 32.2 del propio TMEC.

En términos formales, representa un “arancel equivalente” selectivo por país de origen, internalizado en la regla de origen y no en el arancel nominal.

Trasladada al Capítulo 18, esta lógica se materializaría en dos componentes complementarios.

Primero, la incorporación de un anexo —o de una decisión del Comité de Telecomunicaciones previsto en el propio capítulo— que defina una lista de proveedores de confianza (trusted vendors) para equipos de red y de Centros de Datos clasificados como infraestructura crítica, alineada con las decisiones que la FCC ya ha tomado y consistente con la arquitectura abierta promovida por la O-RAN Alliance, que permite a los operadores integrar componentes de fabricantes como Ericsson, Nokia, Samsung, Mavenir, NEC, Fujitsu, Qualcomm, Hewlett Packard Enterprise e Intel sin atarse a un único proveedor.

Segundo, la aplicación del multiplicador antes descrito al equipamiento físico —radios 5G, baseband units, ruteadores, switches, equipos de cifrado y servidores para hiperescaladores—, de modo que un operador mexicano que adquiera infraestructura de un proveedor no alineado no pueda imputar ese costo como insumo calificable bajo el régimen del TMEC ni trasladar a sus servicios derivados los beneficios arancelarios y regulatorios asociados al tratado.

La combinación de ambos componentes alinea, en la práctica, la política regulatoria mexicana con la de Estados Unidos y Canadá sin requerir prohibiciones explícitas, sustituyéndolas por un sistema de incentivos económicos compatible con la soberanía regulatoria de cada parte.

Visto desde la economía política internacional, lo que está en juego no es un ajuste técnico al texto del tratado, sino la definición de si América del Norte opera como un bloque tecnológico-estratégico coherente o si México conserva una posición intermedia que erosiona su compromiso con la credibilidad regional ante EE. UU.

La introducción de un multiplicador para el contenido no alineado, combinado con un régimen de proveedores de confianza en telecomunicaciones, produciría tres efectos económicos identificables:

desviación de comercio hacia proveedores aliados, con costos de transición acotados pero ganancias de seguridad y cohesión estratégica; reorientación de la inversión extranjera directa china en México hacia sectores menos sensibles —o, en su defecto, hacia jurisdicciones fuera de la región—; y consolidación del nearshoring como friend-shoring, fenómeno cualitativamente distinto a la simple relocalización geográfica.

Para México, alinearse con esta arquitectura supone asumir costos políticos y diplomáticos frente a Beijing, pero también obtener una posición negociadora más firme dentro del bloque, certidumbre regulatoria de largo plazo para sus exportaciones manufactureras y un régimen de seguridad de infraestructura crítica del que hoy carece.

La revisión de 2026 es, en ese sentido, menos una negociación arancelaria y más una decisión sobre el lugar geoestratégico que México ocupará en la economía mundial de la próxima década.

Fuentes consultadas

• Office of the United States Trade Representative (USTR), 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (31 de marzo de 2025) y 2026 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (31 de marzo de 2026).
• USTR, boletín de prensa “The United States and Mexico Launch Review Process of the USMCA” (5 de marzo de 2026) y “The United States and Mexico Announce Next Steps in Bilateral Discussions in Advance of the USMCA Joint Review” (marzo de 2026).
• Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA), texto oficial: Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 18 (Telecomunicaciones), Artículo 32.2 (excepciones de seguridad esencial), Artículo 32.10 (economías no de mercado) y Artículo 34.7 (revisión).
• Center for Strategic and International Studies (CSIS), USMCA Review 2026 (agosto de 2025), USMCA 2026 and Economic Security: The Convergence of Technology, Trade, and National Security (marzo de 2026), USMCA Review 2026: Six Scenarios for North America’s Future (2026).
• Baker Institute (Rice University), China’s Role in the USMCA Review (enero de 2026).
• Steptoe LLP, Preparing for a USMCA Review in the Autos & Auto Parts Sector.
• Alliance for American Manufacturing, USTR Says Rules of Origin are a Priority in the USMCA Update (2026) y The U.S. Must Insist on Stronger Rules of Origin in the USMCA (febrero de 2026).
• Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México, normatividad aplicable: NOM-208-SCFI-2016, NOM-221-SCFI-2018, IFT-008-2015, IFT-011-2017, IFT-012, IFT-016-2024 e IFT-017-2023.

^[1]GSMA, Lower 3.5 GHz in the US: Expanding spectrum for industry, jobs and growth, julio 2023, p. 4. (En adelante, GSMA US 2023.)

^[2]GSMA US 2023, op. cit., p. 5; GSMA, 5G and the 3.3-3.8 GHz Range in Latin America, BlueNote analysis, noviembre 2020 (en adelante, GSMA LATAM 2020), pp. 14-16.

^[3]GSMA US 2023, op. cit., p. 7 (sección “Restrictions on 3.5 GHz in the US”); FCC, Auction 110: 3.45 GHz Service (2021-2022); FCC, Citizens Broadband Radio Service Rules, 47 CFR Part 96.

^[4]GSMA US 2023, op. cit., p. 7. Los procesos de despeje de la banda 3.7-3.98 GHz se han realizado bajo la coordinación de la FCC desde finales de 2023.

^[5]Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Acuerdo del Pleno relativo al cambio de bandas de Telcel, P/IFT/090219/22. Disponible en: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/vp09022233.pdf. Citado en GSMA US 2023, op. cit., p. 18.

^[6]GSMA LATAM 2020, op. cit., Tabla 1, p. 5, y ficha país de México, p. 38; IFT, Overview of Radio Spectrum in Mexico for Fifth Generation Mobile Services, 2019.

^[7]GSMA US 2023, op. cit., p. 18, caso de estudio “Mexico”: “Telcel now has a 5G network deployed in 3.3 GHz spectrum and no interference has been reported.”

^[8]GSMA, 6 GHz in LATAM: Mobile evolution in 6.425-7.125 GHz, agosto 2025 (en adelante, GSMA LATAM 6 GHz 2025), p. 1; ITU, Actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (WRC-23), Dubái, EAU.

^[9]GSMA US 2023, op. cit., p. 5: “in the US, the entirety of the 6 GHz band will not be made available for licensed 5G”. Véase también la Orden de la FCC de abril de 2020 que abrió la totalidad de los 1200 MHz a uso no licenciado.

^[10]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., pp. 1, 7 y 10.

^[11]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figuras 6 y 7, pp. 7-8 (datos de Speedtest Intelligence proporcionados por Ookla).

^[12]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figuras 4 y 5, p. 6 (datos de Speedtest Intelligence/Ookla).

^[13]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figura 3 y discusión, p. 5 (estudio de nueve países, 2024).

^[14]Sobre coordinación FCC/NTIA, véase: NTIA/Department of Defense, 3.45 GHz Workshop Information, https://www.ntia.doc.gov/page/07122021-dod-workshop-information; y DISA, Advanced Wireless Services (AWS-3) Relocation Support / DACAMP Portal, https://disa.mil/~/media/Files/DISA/Services/DSO/StrategicPlanningDivision-AWS-3.pdf. Sobre el modelo mexicano, véase GSMA LATAM 2020, op. cit., p. 56.

^[15]GSMA US 2023, op. cit., p. 7: “US operators have made voluntary commitments to limit full power signals around airports in the band 3.7-3.8 GHz while aviation upgrades their altimeters with filters.” Véase también GSMA, 5G and Aviation Altimeters, https://www.gsma.com/spectrum/resources/5g-and-aviation-altimeters/

^[16]GSMA, 5G Mid-Band Spectrum Needs: Vision 2030, julio 2022. Disponible en: https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2022/07/5G-Mid-Band-Spectrum-Needs.pdf.

^[17] Ver: https://www.mccormick.senate.gov/news/press-releases/senators-mccormick-and-cortez-masto-introduce-legislation-to-protect-the-usmca-from-harmful-chinese-investment/

Excélsior

El principal tema en el que trabajará la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) este año es la renegociación del T-MEC, dijo Alfredo Pacheco, director de la organización.

El primer objetivo de la Cámara de cara al T-MEC es mantener la condición de país beneficiado por prácticamente ser aranceles cero, pues más de 85% de las exportaciones del país goza de arancel cero, mencionó Pacheco a Excélsior en la LXIX Asamblea General de la Canieti.

Leer más: https://www.dineroenimagen.com/hacker/la-canieti-alista-el-terreno-para-la-revision-del-t-mec/185537

Milenio

Tras la iniciativa que se discute en el Senado de la República sobre la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, especialistas y empresarios del sector privado, indicaron que la iniciativa atenta a la neutralidad competitiva en marco del Tratado México, EU y Canadá (T-MEC).

Leer más: https://www.milenio.com/negocios/nueva-ley-de-telecomunicaciones-atenta-contra-neutralidad-competitiva

Reforma Jorge F. Negrete P.

La iniciativa de ley de telecomunicaciones denominada #LeyCensura ha arrojado una de las mayores hemorragias de tinta digital y controversia en redes sociales, prensa, noticieros de radiodifusión, Internet e impacto internacional que se haya visto en los últimos 7 años. La dimensión es tan grande, que el debate sobre el Poder Judicial, su reforma constitucional y su aprobación palidecen frente al debate sobre la iniciativa de la ley de telecomunicaciones. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué llevó a este nivel de impopularidad de esta iniciativa? ¿Es realmente un tema de libertad de expresión? Respondo con claridad: no. Es algo peor, un desconocimiento profundo de la nueva arquitectura legislativa, frente a una sociedad digital, donde una mala técnica legislativa puede conculcar y suspender no uno, sino todos los derechos fundamentales.

¿Fue producto de una vocación autoritaria? No, pero si se ratifica después los conversatorios en el Senado, sí.

El artículo 6º de la Constitución señala que son un derecho fundamental 5 cosas: el acceso a la banda ancha, las TIC, la radiodifusión, los servicios de telecomunicaciones y la Internet. El ecosistema digital explotó al verse amenazado.

¿Esta ley se trata de censura y libertad de expresión? No. ¿Se trata del ejercicio de todos los derechos fundamentales en el mundo digital? Sí. ¿Es el marco legal para la inclusión digital, la transformación digital, la ciencia, la tecnología y las inversiones tecnológicas frente a una nueva sociedad digital? Sí. ¿Estamos hablando de las bases para la entrada a una sociedad digital? Sí.

¿Esta ley se debe llamar de telecomunicaciones? No. Debe ser una ley de comunicación e infraestructura digital.

¿Cuál es el objetivo de esta ley? Habilitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el mundo digital por medio del despliegue de la infraestructura digital.

¿Qué crea una sociedad digital? La infraestructura digital. ¿Qué hace viable la infraestructura digital? Masivas cantidades de inversión que le faltan a México.

¿Qué facilita las inversiones en infraestructura? La baja de los precios del espectro radioeléctrico y la eliminación de la figura de la preponderancia. Ambas decisiones destruyen el derecho de acceso a Internet, matan la inversión, dañan los derechos digitales, generan una brecha científica y tecnológica entre México y el mundo.

¿Se puede lograr con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)? Sí, si separa sus funciones internas y garantiza neutralidad regulatoria, neutralidad en política pública y neutralidad competitiva.

¿La ATDT cumple con el T-MEC? No, el artículo 18 del T-MEC expresamente solicita un regulador independiente y especializado y prohíbe beneficios regulatorios a algún operador de servicios de telecomunicaciones público o privado.

¿A México le falta una empresa pública como Altán? No, pero Altán ya es un bien público, hay que apoyarla, fortaleciendo sus capacidades para competir. Cualquier beneficio a Altán destruirá la transparencia competitiva, fomentará la competencia desleal y el dumping.

¿A qué partes del gobierno va a ayudar los efectos de la ley? A las secretarías de Economía, de Ciencia y Tecnología, ciudades y estados. ¿Por qué? Porque se van a incrementar los anchos de banda mejorando las cadenas de suministro, parques industriales, puertos y hubs tecnológicos como Querétaro y Jalisco. Las ciudades podrán transformarse en ciudades inteligentes y generar inclusión digital.

Gracias a la mala redacción de un artículo que establece la suspensión de una plataforma digital de forma temporal, distintos sectores de la sociedad se sintieron vulnerables en sus derechos. Hay que agradecer el efecto pedagógico de la mal denominada #LeyCensura, incluso para el gobierno, que tuvo la capacidad de recular y proponer la revisión de la ley en su conjunto.

Esta ley es vital para fortalecer nuestra economía, competitividad, nuestros derechos digitales y nuestra democracia ante la primera revolución digital de nuestra sociedad.

Presidente de DPL Group

X/ @fernegretep

El Economista

El sector empresarial del país expresó su disposición al Legislativo para participar en los ejercicios de consulta del nuevo marco legal en telecomunicaciones, ya que existe preocupación al generar un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

Leer más: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ip-ve-faltas-t-mec-iniciativa-telcos-20250428-756679.html

El Financiero

La principal preocupación de violación al T-MEC con esta iniciativa se centra en el capítulo 19 (que habla sobre el sobre comercio digital y trato equitativo a proveedores tecnológicos), dado que la ATDT podría estar facultada para bloquear plataformas como Amazon, Mercado Libre, Netflix, Spotify, Facebook, X (entes Twitter), entre otras, sin necesidad de una orden judicial y sin límite de tiempo.

Leer más; https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/04/28/incumple-reforma-en-telecomunicaciones-los-acuerdos-del-t-mec/

El Economista Jorge Bravo

La cancelación de la Licitación IFT-12 para 5G por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a petición de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, debe ser motivo de preocupación para diversos sectores del país, no sólo para los operadores móviles.

Esta decisión implica la suspensión de la asignación de espectro radioeléctrico destinado a servicios 5G, lo cual coloca a México en una posición rezagada respecto de otras naciones de América Latina que ya han avanzado en la implementación de esta tecnología, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Uruguay y hace unos días Venezuela.

La tecnología 5G representa una evolución en la conectividad móvil para los usuarios, pero sobre todo es fundamental para la transformación digital de industrias clave. El espectro 5G no está diseñado sólo para conectar personas, su verdadero potencial radica en conectar industrias y sectores productivos.

A diferencia de generaciones anteriores, 5G está pensado para conectar máquinas, dispositivos y sistemas en sectores como la manufactura, minería, puertos y agricultura (por mencionar algunos con potencial para México), e impulsa la automatización y eficiencia en procesos productivos.

La falta de espectro disponible para estos servicios retrasa la modernización de estas industrias y limita su competitividad en el mercado nacional y global.

La cancelación de la licitación IFT-12, que incluía bandas como la de 600 MHz, deja al país sin un plan claro para desplegar esta tecnología. Además, la asignación de espectro para 5G tiene un efecto cascada positivo en la expansión de la cobertura 4G. Al liberar y reorganizar bandas de frecuencia, se optimizan los recursos disponibles, permitiendo una mayor cobertura y mejor calidad en los servicios 4G que conectan a millones de mexicanos.

La cancelación de la licitación no sólo afecta la adopción de 5G, también limita las mejoras en la infraestructura actual de telecomunicaciones.

Esta situación se agrava porque México será uno de los países anfitriones del Mundial de Fútbol en 2026. La FIFA establece estándares rigurosos en cuanto a infraestructura digital en los estadios y zonas aledañas para garantizar una experiencia óptima a los asistentes y una transmisión audiovisual y por datos eficiente a nivel global.

La cancelación de la licitación se produce en un contexto de transición institucional. Con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), surgen interrogantes sobre las competencias y responsabilidades en la gestión del espectro radioeléctrico. El nuevo Reglamento Interior de la ATDT indica que la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital tiene la atribución de “desarrollar, en coordinación con la autoridad competente, el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico y sus actualizaciones”, pero no le otorga explícitamente la facultad de administrar el espectro.

Este vacío plantea la pregunta: ¿qué entidad será la responsable de elaborar una nueva licitación de espectro y cuándo se llevará a cabo? ¿Por qué la ATDT hizo la petición al IFT pero su reglamento no habla de administración de espectro radioeléctrico ni otorgamiento de concesiones? ¿La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) será la autoridad competente como lo fue antaño?

En 2025 nos encontramos a la mitad del ciclo de vida de la tecnología 5G. Mientras otros países ya están planificando la transición hacia 6G, México aún no ha consolidado la infraestructura necesaria para el despliegue completo de 5G. Esta demora es una desventaja tecnológica y económica, porque limita la capacidad del país para atraer inversiones y desarrollar sectores productivos estratégicos que dependen de una conectividad avanzada, en el marco del nearshoring y el T-MEC.

A pesar de este panorama, la situación ofrece una oportunidad para que la nueva autoridad revise las bases de la licitación y emita una nueva convocatoria con plazos más cortos para la manifestación de interés, el otorgamiento de concesiones y el uso de las frecuencias. Esta acción permitiría recuperar el tiempo perdido y avanzar en la implementación de redes 5G en el país. No sólo hay que licitar rápidamente, también hay que reducir el precio del espectro y colocarlo en los promedios de la región, porque México es el país de América Latina con los precios del espectro más oneroso.

Es fundamental que las autoridades definan claramente su ámbito de competencias y responsabilidades en la gestión del espectro radioeléctrico para evitar futuras incertidumbres y garantizar una transición ordenada hacia las nuevas tecnologías.

La cancelación de la licitación 5G representa una mancha para México en términos de desarrollo tecnológico e industrial. Hay que actuar con celeridad y claridad para retomar el camino hacia la automatización de las telecomunicaciones y asegurar que el país no se quede aún más rezagado en la revolución digital.

Twitter: @beltmondi

Estados Unidos solicitó iniciar el proceso de resolución de controversias comerciales con Canadá, luego de que este país estableciera un nuevo impuesto para los servicios digitales. Según el gobierno estadounidense, este nuevo gravamen es “discriminatorio” y sería incompatible con las obligaciones del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dijo en un comunicado que a través de las consultas trabajará con Canadá para resolver las preocupaciones sobre el nuevo impuesto promulgado en junio. Si no se puede llegar a un acuerdo después de 75 días, contados a partir del 30 de agosto, se podrá solicitar un panel de solución de controversias en virtud del TMEC.

“Estados Unidos se opone a los impuestos unilaterales sobre los servicios digitales que discriminan a las empresas estadounidenses. USTR está tomando medidas hoy para abordar las políticas discriminatorias de Canadá”, dijo la embajadora Katherine Tai.

El pasado 28 de junio, finalmente se estableció la Ley del Impuesto sobre los Servicios Digitales de Canadá, que impone un impuesto del 3 por ciento sobre los ingresos por servicios digitales locales. Aunque el impuesto recién entró en vigor, la ley tendrá efectos retroactivos, por lo que las empresas afectadas tendrán que pagar los impuestos correspondientes desde 2022.

El impuesto se aplica a las empresas o grupos con ingresos globales anuales iguales o superiores a 750 millones de euros e ingresos por servicios digitales canadienses superiores a 20 millones de dólares canadienses (14.8 millones de dólares estadounidenses). Canadá espera recaudar unos 875 millones de dólares al año.

Como es de esperar, la ley afecta particularmente a las grandes tecnológicas estadounidenses, a las que en repetidas ocasiones se ha acusado de no pagar los impuestos correspondientes por la venta de servicios ofrecidos en países donde se generan esos ingresos, pero no necesariamente tienen presencia física u oficinas.

Según el gobierno estadounidense, este nuevo impuesto “parece ser incompatible con los compromisos de Canadá en virtud de los capítulos de Comercio Transfronterizo de Servicios e Inversión del TMEC de no tratar a las empresas estadounidenses de manera menos favorable que a las empresas canadienses”.

El TMEC ofrece un proceso de resolución de disputas entre los países miembros, pero si no se llegase a un acuerdo, Estados Unidos podría imponer aranceles en represalia sobre las importaciones procedentes de Canadá.

A principios de este año, la USTR logró también resolver una disputa con Austria, Gran Bretaña, Francia, Italia y España para frenar los planes de imposición de tasas digitales.

El gobierno de los Estados Unidos espera detener estas iniciativas de impuestos sobre servicios digitales, a la espera de los acuerdos logrados para el establecimiento del Marco inclusivo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE y el G20. Esta iniciativa buscaría reasignar la base gravable de los ingresos a los países donde efectivamente se generan y establecer una tasa mínima global del 15 por ciento.

“Mientras llevamos a cabo estas consultas, continuaremos apoyando al Departamento del Tesoro en las negociaciones fiscales globales de la OCDE/G20 para aportar una solución integral al desafío de los impuestos sobre servicios digitales”, señala Tai.

Proceso Jorge Bravo

Desde el principio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo constitucional autónomo. Esta intención, respaldada actualmente por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha generado preocupación en el sector de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la industria digital y tecnológica y entre los defensores del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de las audiencias.

La primera vez que AMLO mencionó la posibilidad de eliminar el IFT fue en una conferencia de prensa el 7 de enero de 2021, argumentando que los organismos autónomos representan una carga para el erario público, son fruto del neoliberalismo y no han cumplido con sus objetivos de acabar con los monopolios.

Esta visión simplista e ideológica no toma en cuenta el rol fundamental que juega el IFT en la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, industrias estratégicas para el desarrollo económico y social de México.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de 2013, junto con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, fueron concebidas para ser implementadas por el IFT.

Este organismo se concibió dentro de la idea del nuevo Estado regulador, con un carácter autónomo, independiente, técnico y especializado para que las decisiones regulatorias se tomaran con base en criterios predominantemente técnicos y no políticos, aunque sería ingenuo suponer que la política ha estado excluida de la toma de decisiones.

La extinción del IFT tendría consecuencias para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, porque significa la politización automática de las decisiones regulatorias.

Dentro del paquete de iniciativas constitucionales y legales que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, así como el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, menciona que las funciones regulatorias del IFT serían asumidas por “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En esta dependencia del gobierno federal, que a partir de la nueva administración estará a cargo de Jesús Esteva Medina, “se continuarán atendiendo los asuntos sobre el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones”.

Con el IFT el otorgamiento y revocación de concesiones se había convertido en un procedimiento técnico, que cambiará a político cuando quede en manos de la SICT.

La falta de reguladores independientes (recuérdese que también está contemplada la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica) podría favorecer las prácticas anticompetitivas, afectando a los consumidores con precios más altos y menos opciones y calidad, incluidos en servicios digitales.

El diseño institucional de un organismo autónomo, independiente, técnico y especializado como el IFT es superior a un modelo subordinado o desconcentrado del gobierno federal. La independencia del IFT ha sido clave para su eficacia y credibilidad, permitiéndole tomar decisiones basadas en el interés público y no en agendas políticas.

Preservar el IFT y fortalecer la coordinación y la colaboración institucional con el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum en materia de políticas públicas de telecomunicaciones y digitales tiene más ventajas que la desaparición del IFT.

Dejar las decisiones regulatorias y políticas en manos del gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes conlleva desventajas porque ya conocemos ese modelo. Las decisiones podrían estar influenciadas por intereses políticos de los funcionarios y económicos de las empresas, afectando la imparcialidad y equidad del mercado.

La extinción y la falta de un regulador independiente vuelve a generar incertidumbre en la industria y los mercados, afectando la inversión en el sector.

En lugar de extinguir al IFT, es imperativo que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el IFT dialoguen para alcanzar de manera conjunta los objetivos de conectividad y prosperidad digital compartida para México. La colaboración entre el gobierno y el IFT puede fortalecer las políticas públicas digitales y garantizar un entorno regulatorio eficiente.

La desaparición del IFT también tendría implicaciones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC): es una violación a los compromisos asumidos por México en el tratado, lo cual generaría litigios internacionales y afectaría la relación comercial, principalmente con Estados Unidos.

Si el Congreso aprueba la extinción del IFT, surgirán consecuencias legales y judiciales, como que empresas afectadas podrían iniciar litigios internacionales bajo el TMEC y otros acuerdos comerciales. Así como dar lugar a controversias constitucionales, cuestionando la legalidad de la medida. En tanto que diversos actores podrían presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando revertir la decisión.

La extinción del IFT sería un retroceso a un diseño institucional que ya fue superado. La independencia y autonomía del IFT son principios esenciales para un sector de telecomunicaciones y radiodifusión más eficiente. Es políticamente superior que el gobierno y el IFT trabajen juntos para coordinarse y alinearse a las políticas públicas, fortalecer la regulación y promover la digitalización y la prosperidad digital compartida para todos los mexicanos.

Twitter: @beltmondi

México define su futuro económico con el nuevo TMEC y somos parte de una región que denominó Norteamérica digital.

Nada es permanente a excepción del cambio y si el cambio es tecnológico, es inevitable. El estándar de acceso inalámbrico 5G está llamado a ser la base transformadora de cadenas de valor y política pública de nuestra sociedad, al ser el motor de nuevas tecnologías como internet de las cosas (IoT), análisis de los grandes datos, inteligencia artificial (IA), blockchain, realidad virtual y aumentada (AR/VR) y nuevos modelos de negocios a través de múltiples verticales industriales: finanzas, salud, educación, transporte, etcétera.

Todo lo que pueda ser digital será transformado por este estándar, ya que permitirá que objetos y procesos, personas y computadores estén conectados, se incrementará la capacidad de transporte y velocidad de datos, habilitando la interacción constante entre todo aquello que se haya conectado a la red.

Al igual que los estándares de conectividad que le precedieron, las nuevas capacidades de la red serán el habilitador de nuevos modelos de negocio que aprovecharán sus principales características técnicas, tales como un uso nativo de la nube, una súper baja latencia y la ubicuidad del cómputo en el Edge, como componentes vitales para el desarrollo de vehículos autónomos, manufacturas, agricultura, puertos y ciudades inteligentes.

Estamos apenas aproximándonos a la punta del iceberg. Es una tecnología que tiene la virtud de construir eficiencias disruptivas y evidenciar ineficiencias catastróficas en casi todas las cadenas de valor y de la política pública. Al reconocer nuestras limitantes actuales, encontramos las soluciones para acelerar la eficiencia en todos los aspectos de la sociedad.

De manera similar al impacto que tuvieron sobre la sociedad tecnologías como la imprenta, el ferrocarril, la máquina de vapor o la electricidad, el 5G se encamina a ser la nueva Tecnología de Propósito General (TPG) con un impacto transversal a todos los aspectos de la sociedad, desde el modo en cómo nos comunicamos, hasta cómo producimos.

Un estudio de Ericsson indica que las diez industrias que recibirán el mayor impacto por 5G serán: el automotriz, transporte público, medios y entretenimiento, agricultura, manufactura, energía, seguridad pública, salud, servicios financieros y minoristas.

Pero en el mundo de la política pública también veremos un cambio. Todas las políticas públicas deberán apoyarse en estas tecnologías para generar servicios más cercanos, eficientes y útiles para los ciudadanos.

El mundo de las ciudades conectadas (smart cities) será una realidad con el control inteligente del tráfico, seguridad pública, servicios públicos, recaudación fiscal, previsión del clima y política ambiental, mantenimiento urbano, control de los residuos y políticas de transparencia a tiempo real, incluidos sistemas de IA para diseñar política pública en tiempo real y medir su impacto a través de la recopilación, procesamiento y análisis de datos.

El mundo en ocasiones odia el cambio y, sin embargo, es la única cosa que trae el progreso. Nuestra vida no mejora por casualidad, mejora por el cambio y 5G va a demostrar que no todo cambio es crecimiento, al igual que no todo movimiento es hacia delante, porque 5G se va a mover para todos lados, omnidireccionalmente, y va a demostrar que el cambio no sólo es probable, es inevitable.