La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Ćapeta, emitió una opinión en la que recomienda el establecimiento de límites a la capacidad de los Estados miembros para prohibir equipos de telecomunicaciones por motivos de seguridad nacional. Según la abogada, las restricciones deben basarse en riesgos concretos y específicos, más que en simples sospechas generales o sesgos geopolíticos.

Ćapeta emitió un análisis respecto a la disputa en Estonia, donde Elisa, uno de los tres principales proveedores de telecomunicaciones del país, impugnó ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tallin una resolución que le denegó autorización para utilizar equipos 2G/4G y 5G fabricados por el fabricante chino Huawei, al ser considerado por las autoridades estonias como proveedor “de alto riesgo”.

Elisa sostiene que las autoridades estonias —el Consejo de Ciberseguridad del Comité de Seguridad (KJN) y la Oficina de Protección de los Consumidores y Supervisión Técnica (TTJA)— no demostraron la existencia de un riesgo real para la seguridad nacional, ni la probabilidad de materialización de dicho riesgo, ni el alcance potencial del perjuicio.

Además, la empresa alega que el breve periodo de transición constituye una prohibición retroactiva que equivale a una expropiación de sus bienes, por la cual debería recibir una indemnización.

Por su parte, las autoridades estonias argumentan que las decisiones se basan en una evaluación de riesgos donde basta con la probabilidad y previsibilidad de una amenaza, y que tales decisiones son competencia exclusiva del Estado, sujeta únicamente a un control judicial limitado.

El gobierno también señala que basó su decisión en la Recomendación de la Comisión sobre ciberseguridad de 2019, la Evaluación de riesgos coordinada y el Conjunto de instrumentos 5G del Grupo de Cooperación SRI, así como la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del conjunto de instrumentos 5G, los cuales identificaron que los equipos de Huawei presentaban “riesgos sustancialmente más altos”.

La Comisión justificó las restricciones o exclusiones a Huawei por parte de los Estados miembros basándose en el “vínculo entre [dicho] proveedor y el gobierno de un tercer país determinado, la legislación del tercer país y las características de la propiedad corporativa del proveedor”.

Por un lado, la abogada reconoce la importancia de aplicar medidas que permitan garantizar la seguridad en el uso de redes de telecomunicaciones, pero aclara que una restricción sólo es legal “si el riesgo para ese interés es genuino, presente y suficientemente grave en el caso particular”. En ese sentido, los gobiernos deben señalar riesgos concretos vinculados a equipos específicos, no basarse en sospechas geopolíticas amplias.

En su opinión, Ćapeta consideró que “el mero hecho de que una medida nacional se haya adoptado con el propósito de proteger la seguridad nacional no puede hacer inaplicable el derecho de la UE ni eximir a los Estados miembros de cumplirlo”.

“A este respecto, un Estado miembro no puede justificar tal restricción invocando únicamente razones de seguridad nacional. Por el contrario, la legislación que permite tal restricción […] debe obligar a las autoridades competentes […] a evaluar si el equipo concreto en cuestión representa realmente tal riesgo para la seguridad de la red nacional de telecomunicaciones”, señala el documento.

“Si bien esta evaluación puede ser diferente en lo que respecta a los riesgos procedentes de terceros Estados o de sus proveedores, no puede basarse en una sospecha general; por el contrario, debe incluir una evaluación específica del uso al que se destina dicho equipo y de los riesgos asociados al mismo”, agrega.

Ćapeta reconoce que estas medidas constituyen restricciones al mercado interno, ya que pueden limitar cómo los operadores de telecomunicaciones construyen y gestionan sus redes, haciendo “el acceso y el ejercicio de ese servicio menos atractivo o más difícil”.

El documento entregado por la abogada se trata de una opinión no vinculante, pero se espera que el TJUE siga las recomendaciones y dé respuesta a los cuestionamientos presentados. El fallo definitivo podría llegar en los próximos meses, para después ser turnado nuevamente al tribunal estonio, el cual determinará si las restricciones impuestas a Elisa son acordes al derecho de la UE.

Con esta medida, Estonia se sumaría a otros países de la Unión Europea, como Alemania y el Reino Unido, que han impuesto restricciones al uso de equipo fabricado por Huawei, al ser considerado un riesgo para la seguridad nacional por sus posibles vínculos con el Partido Comunista de China (PCCh). El fabricante ha negado que esté sujeto al control del gobierno chino, a la vez que sus equipos se ajustan a la regulación local y cumplen con las medidas de seguridad establecidas en los estándares de las redes móviles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó la anulación de la sentencia por la que se había multado a Intel por mil 060 millones de euros. En mayo de 2009, el fabricante de microprocesadores había sido sancionado por supuesto abuso de posición dominante en un fallo histórico, que ahora quedó formalmente sin efecto.

La Comisión Europea impuso la multa ese año, al considerar que Intel abusó de su posición dominante en el mercado de los procesadores x86 por conceder descuentos por fidelidad a los clientes y a un distribuidor de ordenadores de mesa. 

La compañía recurrió, pero en 2014 el Tribunal General desestimó este recurso. Intel elevó el caso al Tribunal de Justicia, que anuló la sentencia (también parcialmente la decisión) y devolvió el caso. El Tribunal General tomó los argumentos y anuló la multa. En 2022, la Comisión Europea recurrió, pero ahora el TJUE confirmó la sentencia.

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La Comisión pedía la revisión por considerar que la anulación se generaba a partir de una investigación en la que había “vicios de procedencia, errores de derecho y una desnaturalización de las pruebas”, especialmente en el test de competidor igualmente eficiente. En su respuesta, el Tribunal de Justicia desestimó “todos los motivos de casación formulados”.

En septiembre del año pasado, la Comisión volvió a imponer una multa a Intel, en ese caso por 376 millones de euros. En este caso fue por considerar que incurrió en abuso de posición dominante entre 2002 y 2006 al pagar a tres fabricantes (Acer, HP y Lenovo) para detener o retrasar el lanzamiento de productos específicos que contenían procesadores x86 de la competencia y limitar los canales de venta  disponibles para estos productos.

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1. Chile da marcha atrás en designación de 6 GHz para WiFi 6

Chile dio marcha atrás en su decisión y limitó el uso no licenciado de 6 GHz a la parte baja de la banda. La decisión responde a que “se hace necesario ajustar la normativa con el propósito de esperar la decisión sobre la armonización internacional que se realizará en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones”, dice la resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). 

2. México requiere nuevos esquemas que ponderen el valor real del espectro

Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital, señaló que todas las industrias estratégicas deben participar en el diálogo para definir precios del espectro accesibles, pues no es tema que concierne sólo al sector de telecomunicaciones.

3. Telecomunicaciones y cadena de suministro, temas de la visita de EE. UU. a Panamá

Con el fin de fortalecer las cadenas de suministro y las telecomunicaciones, el subsecretario de Economía de Estados Unidos, José W. Fernández, visitó Panamá el 13 y 14 de septiembre. Su próxima parada será Costa Rica.

4. Brasil simplificará más de 100 normas de radiodifusión

Según Maximiliano Martinhão, el Ministerio de las Comunicaciones (MCom) de Brasil convertirá más de 100 normas en una sola ordenanza. También dijo que la migración de AM a FM debería completarse para fin de año. Consulta aquí la versión en portugués. 

5. Tribunal General de Justicia fija la mayor multa en Europa contra Google

El Tribunal General de Justicia de la UE confirmó la decisión de la Comisión Europea que declaró que Google impuso restricciones anticompetitivas a los fabricantes de dispositivos móviles Android y los operadores de redes móviles, y fijó la multa en 4 mil 125 mde.

6. Mensajes de emergencia en iPhone se enviarán vía satélite

Apple dio a conocer que alcanzó un acuerdo con Globalstar para que a través de su red satelital se envíen los mensajes de emergencia desde los dispositivos iPhone 14.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó la decisión mediante la cual la Comisión Europea (CE) declaró que Google había impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android y a los operadores de redes móviles con el propósito de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda.

El Tribunal General agregó que, para valorar mejor la gravedad y la duración de la infracción, considera adecuado imponer a Alphabet –la matriz de Google– una multa de 4 mil 125 millones de euros (4 mil 123 millones de dólares), siguiendo un razonamiento que difiere en algunos puntos del de la Comisión.

Antecedentes

El 15 de abril de 2015, la Comisión Europea inició un procedimiento contra Google en relación con Android, y el 18 de julio de 2018 lo sancionó por haber abusado de su posición dominante al haber impuesto restricciones contractuales anticompetitivas a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes móviles.

Según las pesquisas de la CE, estas restricciones fueron incorporadas en tres acuerdos: «de distribución», «contra la fragmentación» y «de reparto de los ingresos». Por ello, la Comisión le impuso una multa a Google de cerca de 4 mil 343 millones de euros (4 mil 341 millones de dólares), la mayor multa jamás impuesta en Europa por una autoridad de competencia.

El Tribunal General desestimó en lo esencial el recurso interpuesto por Google y señaló que únicamente los acuerdos de reparto de ingresos constituyen en sí mismos un abuso. Y fijó, en virtud de su competencia jurisdiccional plena, la multa a Google en 4 mil 125 millones de euros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló la multa que la Comisión Europea (CE) impuso a Qualcomm en 2018 por 997 millones de euros (mil 041 millones de dólares) por abuso de posición dominante en el mercado mundial de conjuntos de chips compatibles con el estándar Long Term Evolution (LTE) entre febrero de 2011 y septiembre de 2016.

De acuerdo con el Tribunal, “varias irregularidades de procedimiento afectaron al derecho de defensa de Qualcomm, por lo que anula el análisis de la Comisión” sobre el supuesto abuso del desarrollador de chips al exigir exclusividad a Apple a cambio de “pagos significativos”, algo ilegal bajo las normas de la Unión Europea.

En 2019, Qualcomm apeló la multa, y ahora el Tribunal General anuló la decisión de la CE en su totalidad.

El Tribunal explicó que el análisis de la Comisión no se llevó a cabo a la luz de todas las circunstancias pertinentes y que, por tanto, está viciado de ilegalidad”. Añadió que “la conclusión de que los pagos en cuestión redujeron realmente los incentivos de Apple para acudir a los competidores de Qualcomm para abastecerse de conjuntos de chips LTE no es suficiente para demostrar su carácter contrario a la competencia respecto a las necesidades globales de Apple”.

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Otro de los puntos de esta conversación era el pago de Qualcomm a Apple para producir efectos contrarios a la competencia. Al respecto, el Tribunal declaró que la Comisión no tuvo en cuenta todas las circunstancias de hecho pertinentes.

Además, aseguró que la Comisión consideró que los pagos redujeron los incentivos de Apple para llegar a acuerdos con otros proveedores competidores, pero sostuvo que de su decisión se desprende que Apple “no tenía ninguna alternativa técnica a los conjuntos de chips LTE de Qualcomm para el grueso de sus necesidades durante ese periodo”.

La Comisión Europea (CE) dio un ultimátum a 10 Estados miembros ante la falta de comunicación sobre la transposición de su regulación nacional respecto a las nuevas normas del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Mediante un comunicado, la CE anunció que remitió a España, Croacia, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber comunicado cómo las medidas nacionales transponen el Código.

La Comisión señala que las nuevas normas modernizan el marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas, mejorando las opciones y los derechos de los consumidores e incentivando a los operadores a invertir en redes de muy alta capacidad y el despliegue de fibra y 5G.

Entre las medidas adoptadas se incluyen un nuevo Reglamento Delegado que establece tarifas máximas únicas de terminación de voz en toda la Unión Europea (UE) que los operadores pueden cobrarse mutuamente por la entrega de llamadas fijas y móviles entre sus redes.

Y una Recomendación actualizada sobre los mercados relevantes, que actualiza la lista de mercados predefinidos que las autoridades reguladoras nacionales europeas deben revisar periódicamente.

Los Estados miembros deberían haber transpuesto las normas a las leyes nacionales antes del 21 de diciembre de 2020. En febrero de 2021, la Comisión envió cartas a 24 Estados miembros por no haber notificado la transposición completa. El septiembre del año pasado, la CE envió un dictamen a 18 Estados miembros que no habían notificado la transposición completa, con un periodo de dos meses para el cumplimiento.

Hasta la fecha, la CE señala que los Estados miembros listados aún no han cumplido con sus obligaciones de comunicar a la Comisión sus medidas nacionales de transposición y, como resultado, la Comisión ha remitido estos casos al Tribunal.

Si un Estado miembro no transpone una Directiva adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo a la legislación nacional dentro del plazo requerido, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga sanciones financieras.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) determinó que las ofertas de tarifa cero (zero rating) que ofrecen Vodafone y Deutsche Telekom (DT) en Alemania violan el reglamento de la UE sobre la neutralidad de la red y la itinerancia.

Alemania consiguió el respaldo del órgano de derecho de la Unión en el conflicto con los operadores. Las autoridades regulatorias nacionales ya habían llegado a la misma conclusión y ordenaron modificaciones a las ofertas comerciales, incluyendo su extensión a toda la UE.

De acuerdo con el fallo del Tribunal, la tarifa cero de Vodafone Pass y Stream On de DT son prácticas comerciales contrarias a la obligación de brindar un trato equitativo al tráfico en las redes, como lo exige el Reglamento sobre el acceso a una Internet abierta.

Con Vodafone Pass, los usuarios no consumen datos de sus tarifas básicas al utilizar servicios de ciertas empresas asociadas al operador mientras estén en el territorio alemán. 

Stream On de Deutsche Telekom ofrece la tarifa de cero consumo de los datos contratados para el streaming de audio y video de sus socios de contenidos en el país. Pero, una vez que el volumen de los datos del plan se agota, se reduce la velocidad de transmisión que reciben los clientes.

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Ambas promociones se lanzaron al mercado con el objetivo de ser opciones más atractivas para los consumidores. Sin embargo, el Tribunal de Justicia señaló que discriminan e interfieren con el libre flujo del tráfico en la red, infringiendo el principio de la neutralidad de la red.

El Tribunal emitió su sentencia a petición de dos órganos alemanes: la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur) y una asociación de protección a los consumidores (Verbraucherzentralen), en el marco de litigios con las compañías de telecomunicaciones.

Por ello, la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europa da fuerza a las instituciones alemanas para obligar a los operadores a cambiar sus ofertas comerciales o incluso retirarlas, aunque Vodafone y DT aún podrán responder al fallo del tribunal.

Para las empresas, ampliar sus ofertas de zero rating a toda la UE como lo han pedido los reguladores generaría altos costos y sería inviable para sus negocios. En 2018, los litigios entre las compañías y las autoridades alemanas comenzaron al no aceptar dicha condición.

Facebook y otras empresas tecnológicas tendrán que enfrentar más sanciones en la Unión Europea (UE) debido a que el máximo tribunal del bloque dictaminó que cualquier regulador europeo podrá manejar casos sobre violaciones del Reglamento General de Protección de datos (GDPR).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que “bajo ciertas condiciones” un organismo de control europeo podrá llevar a una empresa a los tribunales, incluso si no es el regulador principal.

Anteriormente, sólo la autoridad de protección de datos del país donde tiene su sede la empresa tenía el poder de manejar casos legales relacionados con quejas de intercambio de datos transfronterizos en un sistema conocido como “ventanilla única”.

“La mayoría de las grandes empresas de tecnología tienen su sede en Irlanda, y no debería depender únicamente de la autoridad de ese país para proteger a 500 millones de consumidores en la UE”, dijo Monique Goyens, directora General de BEUC, un grupo de defensa de los consumidores.

Google, Apple, Twitter y Facebook tienen sus sedes en Irlanda. Sin embargo, varios organismos de control se han quejado de su homólogo irlandés, afirmando que les toma demasiado tiempo decidir sobre los casos de empresas tecnológicas poderosas.

Esta resolución también pone fin a una larga batalla legal entre Facebook y la Comisión de Protección de Datos de Bélgica, que ha peleado por la jurisdicción del caso centrado en el uso de cookies de la red social para rastrear el comportamiento de los usuarios de Internet.

La Comisión Europea (CE) confirmó que España deberá recuperar las ayudas que les fueron otorgadas a ciertos operadores para el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en algunas zonas remotas del país, al considerar que dichos apoyos infringieron el principio de neutralidad tecnológica.

La CE confirmó una decisión tomada desde 2013, cuando determinó que las ayudas entregadas entre 2005 y 2008 a ciertos operadores representaron una ventaja selectiva incompatible frente a los competidores de otras tecnologías, y por lo tanto, constituyeron una ayuda estatal incompatible.

Según un comunicado, la Comisión explica que las medidas tomadas por España no fueron neutrales desde el punto de vista tecnológico, ya que consideraron a la TDT como única tecnología para la conversión digital subvencionada, excluyendo otras ofertas como la satelital, a pesar de encontrarse en “una situación comparable de hecho y derecho”.

Entre 2005 y 2008, el gobierno español adoptó medidas para acelerar la transición a la TDT. Derivado de ello, dividió el país en tres zonas: la primera se refiere a la mayoría del territorio donde las compañías de radiodifusión sufragaron los costes de transición; en la segunda, donde los operadores locales no tenían ningún interés comercial, se determinó otorgar ayudas; mientras que en la zona tres, que abarca zonas montañosas, se eligió la tecnología satelital.

La investigación surge a partir de una denuncia presentada por el operador de satélite SES Astra en 2010, sobre las ayudas otorgadas a operadores en la zona dos. En 2013, la Comisión concluyó que las ayudas escondían medidas selectivas porque sólo beneficiaban a los operadores de TDT y eran incompatibles con el mercado interior. España recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2017 anuló la decisión alegando una inadecuada justificación de la selectividad de la medida.

Derivado de la decisión de la CE, ahora España debe recuperar toda la ayuda estatal incompatible, con el fin de disipar la distorsión a la competencia. El monto será determinado por el gobierno de España y no se consideran multas o sanciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) realizó un fallo en favor de la neutralidad de la red en Hungría, tras dos procedimientos a la empresa de telecomunicaciones Telenor por ofrecer paquetes preferenciales.

De acuerdo con información del Tribunal, Telenor ofrece dos paquetes que dan preferencia a determinadas aplicaciones, por lo que los datos consumidos no se descuentan de la canasta contratada.

Especifica que en dichos paquetes, los clientes de Telenor pueden utilizar sin restricción las aplicaciones preferentes aun cuando ya no tengan datos disponibles, en tanto que otras aplicaciones y servicios les aplican bloqueos o ralentización.

El Tribunal de Justicia resolvió que dichas medidas de Telenor en Hungría pueden limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios finales.

“En efecto, esos paquetes pueden potenciar la utilización de las aplicaciones y los servicios privilegiados y reducir correlativamente la utilización de las demás aplicaciones y de los demás servicios disponibles, atendiendo a las medidas con las que el proveedor de servicios de acceso a Internet en cuestión dificulta técnicamente esta utilización o incluso la imposibilita.

“Además, cuanto mayor es el número de clientes que celebra dichos acuerdos, mayor es la posibilidad de que la incidencia acumulada de esos acuerdos, habida cuenta de su magnitud, provoque una limitación importante del ejercicio de los derechos de los usuarios finales o incluso menoscabe aspectos esenciales de estos derechos”, advierte el TJUE.

En la interpretación del artículo 3, apartado 3, del Reglamento 2015/2120, el Tribunal de Justicia indica que, para apreciar una incompatibilidad con dicha disposición, no es necesaria ninguna evaluación de la incidencia de las medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico en los derechos de los usuarios finales.

Incluso, asevera que, ya que las medidas de ralentización o de bloqueo del tráfico no se basan en diferencias objetivas entre los requisitos técnicos en materia de calidad de servicio de determinadas categorías específicas de tráfico, sino en consideraciones de índole comercial, éstas deben considerarse como incompatibles con la disposición.

“En consecuencia, unos paquetes como los sujetos al control del Fővárosi Törvényszék pueden, con carácter general, infringir tanto el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2015/2120 como el artículo 3, apartado 3, con la precisión de que las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes pueden empezar a examinarlos en relación con la segunda de las citadas disposiciones”, advierte.