El Economista

Las empresas de radio y televisión abierta y de paga que transmitan ese tipo de propaganda serían sancionadas con multas equivalentes hasta el 5% de sus ingresos, aunque no se establece todavía si la sanción sería a nivel de ingreso mensual o facturación anual, según el artículo 276 del proyecto.

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CRHOY Erick Murillo

Un proyecto anunciado por el Poder Ejecutivo este miércoles pretende cobrar un porcentaje a televisoras y radios por la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

Se trata de un canon del 7,48 % que se cobrará a las televisoras por el total de ingresos recibidos por cada empresa y a las radioemisoras de AM y FM que será del 3 al 4%, igualmente de la totalidad de los ingresos que reciban.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, prefirió no hablar de un impuesto, sino de un canon por el aprovechamiento del bien demanial escaso.

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Proceso Jorge Bravo

Tres acreedores de TV Azteca llamaron a que la televisora se declare en quiebra. Difícilmente, Ricardo Salinas Pliego -dueño de la empresa- se va a desprender de un megáfono de influencia tan importante como TV Azteca, que para él es un instrumento tanto político como económico.

TV Azteca le permite al magnate tener influencia y ejercer presión sobre los gobiernos, la clase política y sus adversarios. Gracias a la televisora, Salinas Pliego es uno de los empresarios mexicanos más influyentes; forma parte de un consejo asesor -junto con Televisa e Imagen Televisión- que le habla al oído al presidente López Obrador.

La razón económica es que TV Azteca es la plataforma publicitaria de otras empresas de Grupo Salinas como Total Play, las tiendas Elektra o Banco Azteca, negocios que tienen una alta aceptación entre la clase media baja y baja del país, gracias a su proyección televisiva.

Los tres acreedores que destaparon el tema son Plenisfer Investments SICAV (Luxemburgo), Cyrus Capital Partners (Nueva York) y Sandpiper Ltd (Islas Caimán). La información fue revelada por Reuters, mediante la típica estrategia de los interesados y sus abogados de hacer mediática una deuda para forzar a la negociación. El 21 de marzo cuando se supo la noticia, la acción de TV Azteca se ubicó en su nivel histórico más bajo, a sólo 0.72 pesos, pero ya venía decreciendo desde 2013.

Estos acreedores de TV Azteca solicitaron a una Corte de Bancarrotas neoyorquina el proceso de reestructura voluntario para exigir el pago de 63 millones 315 mil dólares, a través del famoso capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

TV Azteca respondió mediante un comunicado, comprometiéndose al diálogo para reorganizar sus pasivos con los tenedores de deuda del bono con vencimiento en 2024. Dijo que “atenderemos con responsabilidad y firmeza todos los procesos legales” y que “continuaremos trabajando con una estricta disciplina financiera, gracias a la cual nuestra operación se mantiene sólida”.

Esta escaramuza con acreedores es una oportunidad para analizar la situación financiera de TV Azteca. Según el informe trimestral a septiembre de 2022, la deuda de TV Azteca fue de 9,839 millones de pesos, menor a los 12,642 mdp del año previo.

“TV Azteca se encuentra endeudada y las obligaciones por su endeudamiento y pago de su deuda podrían afectar adversamente sus operaciones”, reconoce la empresa en su informe financiero de 2021. El 65.66% del capital social de TV Azteca es propiedad de Ricardo Salinas Pliego y su familia.

La situación financiera de TV Azteca ha sido un tema de interés en los últimos años. La empresa ha enfrentado desafíos como la competencia en el mercado de televisión abierta, con las plataformas de streaming, las redes sociales de videos cortos que atraen a los jóvenes, la disminución de los ingresos publicitarios y las adversidades provocadas por la pandemia.

TV Azteca ha implementado diversas estrategias para enfrentar su situación financiera: reducción de costos y reestructuración de operaciones para mejorar su eficiencia. Explica en su informe financiero de 2021 que “la adopción de medidas de ahorro de costos y gastos incluyen la creación de un Comité de costos con la finalidad de mejorar los márgenes de utilidad, actualmente todas las producciones y nuevos proyectos pasan por un análisis detallado de rentabilidad antes de autorizar su ejecución”.

La televisora ha aplazado proyectos de capital no esenciales; revisa y evalúa el costo-beneficio de los contratos de derechos de exhibición vigentes; incentiva la fuerza de ventas para retener clientes e incrementar la demanda de espacios publicitarios y renegocia arrendamientos de inmuebles.

También ha realizado inversiones en nuevas áreas de negocio, como la producción de contenidos digitales y el desarrollo de tecnologías para el mercado publicitario. Ha adoptado nuevos formatos televisivos para mantenerse al día en una industria audiovisual muy competitiva.

TV Azteca es concesionaria de 180 frecuencias y canales principales y 324 complementarias de televisión abierta distribuidos en el territorio nacional. Según el Estudio de Diagnóstico del Servicio de Televisión y Audio Restringidos en México de 2020, TV Azteca tenía un porcentaje de audiencia de 27.7%, debajo de Televisa (53.2%) y superior a Imagen Televisión (7.2%) y Grupo Multimedios (3.5%).

TV Azteca es la televisora que mejor ha enfrentado y se ha adaptado a la competencia de la tercera cadena y las televisoras locales en la Ciudad de México, pero su posición en el mercado es mucho más frágil que la de Grupo Televisa. Aunque hasta 2015 TV Azteca disfrutó de una situación duopólica en la televisión mexicana, siempre ha sido un competidor en el mercado.

TV Azteca enfrenta desafíos en la industria audiovisual, empezando por la fuerte competencia en el mercado de medios de comunicación en México y en otros países donde opera, con la creciente presencia de plataformas de streaming y redes sociales que ofrecen contenidos similares. En Estados Unidos opera dos canales de televisión: Azteca América y Azteca Más.

También enfrenta cambios en el comportamiento del consumidor: los hábitos de consumo de los espectadores cambian rápidamente; cada vez más personas prefieren ver contenidos a través de plataformas digitales, lo cual dificulta la capacidad de TV Azteca para atraer y retener a su audiencia.

La pandemia de Covid-19 provocó una disminución de los ingresos publicitarios en la industria audiovisual en general. Adicionalmente, el gobierno de la Cuarta Transformación redujo el gasto en publicidad oficial. Aún así, TV Azteca es el tercer medio de comunicación que más dinero recibió por concepto de publicidad oficial federal, 217.21 millones de pesos en 2021 (detrás de Televisa y el periódico La Jornada), según el análisis realizado por Article 19 y Fundar.

La producción de contenido es un proceso costoso que requiere mucha inversión, aún más en un entorno en el cual los hábitos de los consumidores están cambiando rápidamente, las audiencias tienen más opciones audiovisuales de calidad y las plataformas de video están imponiendo nuevas prácticas culturales como los maratones de series.

TV Azteca está endeudada pero no en bancarrota. Es una plataforma mediática estratégica para un empresario protagónico que usa las redes con profusión para generar polémica, regala dinero a sus clientes, dicta conferencias de negocios y motivacionales, recientemente escribió un libro (Ideas que transforman sociedades para cambiar el mundo) y prepara una bioserie documental (Ricardo Salinas Pliego: contracorriente) de sí mismo. Un villano necesita una televisora.

Semanario Universitario Fabiola Pomareda García 

El Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones Carlos Enrique Alvarado dijo que pronto empezará el proceso de discusión para renovar los cánones que pagan televisoras y radioemisoras.

Académicos consideran que no se trata únicamente de revisar los cánones que pagan las empresas televisoras y radiodifusoras por el uso del espectro radioeléctrico, sino realizar una revisión integral del modelo de radiodifusión para promover mayor pluralismo y diversidad. Sin embargo, ven con buenas señales que no habían visto antes que el Gobierno de la República esté abierto a discutir el tema de las frecuencias de radio y televisión.

El Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) Carlos Enrique Alvarado dijo la semana pasada que pronto se empezará el proceso de discusión para la renovación de los cánones que pagan televisoras y radioemisoras.

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 29 de junio, el periodista Richard Molina, del medio digital El Guardián, dijo que era imposible para un periodista acceder a un espacio en televisión ni radio, el cual costaba alrededor de $2.000 o más. Y preguntó al Presidente cuánto pagaban las televisoras por este uso del espectro.

El Presidente Rodrigo Chaves respondió: “Yo tengo la información, la estoy estudiando”.

Mientras que el ministro Carlos Enrique Alvarado afirmó que “un medio nacional televisivo paga ¢8 millones al año por ese uso” y que “con respecto a las radioemisoras, depende de la estación; pero andan por montos inferiores a los ¢4 o ¢5 millones”.

“Nosotros de hecho queremos ser muy transparentes en ese tema y la discusión la queremos tener de una manera muy transparente con todas y todos los costarricenses”, agregó Alvarado.

El objetivo de revisar los cánones actuales

Consultado por UNIVERSIDAD, el académico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) Sebastián Fournier, comentó que le parecía “muy importante” que por primera vez y por iniciativa propia el Gobierno colocara este tema en discusión de forma tan directa y pública.

Fournier explicó que el problema actual con las frecuencias de radio y televisión “es que hay un absoluto desorden, especialmente en el tema de la radio”. Las frecuencias actuales de radiodifusión, continuó Fournier, “fueron dadas a dedo hace 60 años y desde entonces quedaron fijadas para toda la eternidad”. Muchos de esos concesionarios originales han fallecido; sin embargo, esas concesiones nunca han sido reasignadas por medio de un concurso público.

“En ningún momento ha habido una evaluación de cobertura, de alcance, de proyecto comunicacional ni de beneficio para la gente”, señaló Fournier y destacó que las zonas rurales han sido desfavorecidas en especial con el tema de la comunicación, con un limitado acceso a frecuencias para por ejemplo instalar una radio local.

“Es una discusión que hay que abrir, máxime que en 2024 se vencen todas las concesiones de radio y televisión de este país. Entonces a este gobierno le toca la discusión de las frecuencias y yo creo que lo tienen bastante claro. Me parece muy importante que se esté dando este escenario. Las buenas señales se tienen que convertir en acciones concretas”, agregó Fournier.

Para la académica y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Giselle Boza Solano, “aquí lo importante no es solo revisar los cánones sino habría que ver cuáles son los objetivos que tiene el Gobierno con esa revisión”.

“No tiene sentido solo revisar cánones si no revisamos el modelo de radiodifusión que tenemos. Van a revisar cánones, bueno, para qué y cómo se va a hacer eso”, cuestionó Boza. También resaltó que lo que espera es que sea “una acción afirmativa del Estado para garantizar pluralismo y diversidad” pues le preocuparía “que se utilizara una estrategia para ver esto como una forma de censura a medios”, a la luz de un Gobierno “que ha atacado muy directamente a los medios de comunicación”.

“El modelo por el que hemos abogado siempre es aquel que sea una democratización del espectro, que abone en términos de pluralismo, de diversidad, de inclusión social, que exista un debido control de la cesión de frecuencias”, declaró.

Con respecto al vencimiento de contratos de concesión en 2024 y 2025, Boza planteó la pregunta de

cuáles serán los alcances de esos nuevos contratos “a la luz de una política pública que, en primer lugar, garantice la democratización del espectro, garantice libertad de expresión, la independencia de los medios, el pluralismo, la diversidad, que fomente medios comunitarios, de servicio social, y ojalá se reserve espectro para medios de servicio público”.

Cinco días

Las principales asociaciones de televisión, radio y compañías tecnológicas se han opuesto al cambio en el sistema de tarifas de las entidades de derechos de autor que va a votar mañana el Congreso. En un comunicado, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), la patronal de las telecos DigitalES y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) han mostrado su rechazo total y solicitan a la Cámara Baja que la retire del texto que se ratifique finalmente en sesión parlamentaria.

Estas patronales explican que mañana se someterá a votación en el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, y por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Según explican, esta normativa ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia y en la cual el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) introdujo una enmienda que fue aprobada en el Senado el miércoles pasado, 15 de septiembre.

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El CEO Itzel Castañares

La propuesta de una nueva ley para cinematografía y contenidos audiovisuales, tal como está planteada, resulta favorable para productores como Televisa y TV Azteca, además de ser violatoria al T-MEC, fuera de un escenario de competencia y sin incentivos necesarios.

Uno de los puntos establece que las plataformas como Netflix, Amazon o Disney+ deben incluir en su catálogo un 15% de producciones audiovisuales nacionales.

Algunos analistas de la industria consideran que esto no está en línea con el contexto de convergencia actual, además de generar distorsiones e impactar de manera negativa principalmente a productores audiovisuales independientes y en los consumidores de contenido.

La mesa de debate denominada ‘¿Cómo impulsar los contenidos independientes en el nuevo entorno digital’, organizado por Centro-i para la Sociedad del Futuro planteó los desafíos y las inconsistencias de la propuesta que pretende abrogar la ley de cinematografía existente.

El escenario

Desde la óptica de la actividad económica, el principal reto es asegurar que haya condiciones de competencia en el mercado, aseguró María Elena Estavillo Flores, directora General en Centro-i para la Sociedad del Futuro.

En ese sentido, planteó que no deben existir barreras que impidan la entrada y supervivencia de creadores, productores, distribuidores y exhibidores de todo tipo y tamaño.

Además, de que se debe dar cabida a la innovación, en un escenario en donde puedan convivir distintos géneros y expresiones cinematográficas, más allá de las películas altamente comerciales, en un escenario en el que los contenidos audiovisuales en español ha estado históricamente concentrados.

Atenta contra el T-MEC

La propuesta del legislador de Morena no analiza a profundidad cómo está el mercado en este momento, lo que sí podría crear distorsiones, e inclusive, algunas violaciones a tratados internacionales, comentó por su parte Miguel Flores Bernés, socio de Greenberg Traurig.

En su opinión, la falta de un análisis costo – beneficio puede generar distorsiones que afectarían no solamente a los que participan en la cadena de producción, sino también las opciones de los consumidores.

Por su parte Sissi de la Peña, directora para México de ALAI, apuntó que la propuesta viola los compromisos de México en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en relación principalmente los capítulos relacionados con inversión, comercio digital y comercio transfronterizo de servicios.

Además, considera que la regulación no promueve la producción de contenido nacional independiente e inhibe la competencia en el sector, pues obliga las plataformas digitales a reducir su catálogo.

“La cuota de contenido nacional en el mercado implica una distorsión que perjudica a los consumidores y que viola los compromisos del T-MEC”, aseveró.

Flores Bernés señaló que el capítulo 19 del T-MEC claramente prohíbe el trato discriminatorio y junto con las violaciones a otros capítulos, se convierte en un problema jurídico internacional grave.

Televisa y TV Azteca ganan 

La regulación, que propone que un 15% el catálogo esté reservado a producción mexicana para plataformas, no está basado en un análisis costo-beneficio adecuado, reiteró el Miguel Flores Bernés.

Bajo este contexto, consideró que los únicos que podrán cumplir con esta regla de origen tal como está planteada serán Televisa y TV Azteca, pues solamente ellos se van a beneficiar con esta cuota, aseguró el especialista.

Esto, agregó, implicaría un alto riesgo incluso con la posibilidad de hacer ajustes a la iniciativa.

Sin embargo, la gran pregunta para el excomisionado de la extinta Cofece es si la vía por la cual se debe regular es por medio de cuotas de contenido.

Para el académico e investigador Raúl Trejo Delarbre, la iniciativa “es profundamente complaciente con la televisión abierta ingenuamente intervencionista con plataformas digitales” sin reconocer la realidad del entorno globalizado de la economía digital actual.

Necesario incentivar inversiones

Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas consideró que es necesario incentivar las inversiones mediante cuotas de contenido e inversión, a la par de estímulos de inversión en producción audiovisual.

“Las plataformas digitales han venido a transformar el entorno, a generar empleo y dinamizar la producción de contenido, por lo que tiene que haber un círculo virtuoso y una apuesta por el ámbito cultural”, aseguró.

Lo anterior, a fin de garantizar que la producción nacional tanto de productores grandes como independientes se vea en todas las pantallas y sea accesible para todos los públicos.

Posteriormente, sugiere que se regule que haya cuotas de inversión por parte de todos los jugadores, sean plataformas digitales o sean servicios de TV radiodifundida o de paga en donde se distinga el tipo de producción para lograr pluralidad y riqueza.

Al respecto, Estavillo Flores estima que es necesario no discriminar las aportaciones de los diferentes jugadores en estos nuevos entornos. 

“Los recursos para la producción provenientes de las plataformas digitales también son una oportunidad de renovar los mercados locales de producción y de distribución con estos nuevos recursos financieros que no existían”, dijo.

Entonces, agregó, también es necesario contar con una visión de conjunto que no desincentive dicha inversión.

La iniciativa para abrogar la Ley Federal de Cinematografía y establecer una nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual fue presentada por Ricardo Monreal ante el Senado en febrero de 2021.

Cnnexpansión Zyanya López

En medio del aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19, los mexicanos encontraron parte del entretenimiento que obtenían en la calle en la oferta de la televisión abierta.

En las primeras cuatro semanas de la contingencia sanitaria –del 16 de marzo al 12 de abril–, el incremento en los niveles de audiencia de la televisión pública fue de 14% comparado con el mismo periodo de 2019. Esto significó que las personas dedicaron 37 minutos más al día a sintonizar canales de televisión abierta, según datos de Nielsen IBOPE. “Fue un momento atípico”, asegura Ana Laura Barro, directora de Cuenta de esta firma de investigación. “El crecimiento del medio fue importante, pasó de un incremento promedio de 5% en las primeras semanas del año a un 14%”.

El auge se debió a factores como la reducción de movilidad que, según la Secretaría de Salud, bajó 67% en promedio el primer mes de la contingencia, el trabajo remoto y la permanencia de los niños en el hogar. También a la necesidad de tener acceso a entretenimiento de bajo costo.

“La tele abierta permitió divertirse de la forma más gratuita posible. En México, el periodo de encierro fue muy extenso, el golpe económico ha sido importante. La máxima ahora es ahorrar lo más que se pueda y eso implica eliminar gastos de entretenimiento”, explica Gustavo Quiroga, presidente de Quiroga Agencia de Medios.

De acuerdo con datos de la consultora Altman Vilandrie & Company, cerca de 10% de los consumidores mexicanos aseguró haber cancelado los servicios de televisión de paga durante la contingencia.

Lo que se vio

Pero más allá de los factores que favorecieron la migración a la televisión abierta, Barro analiza el auge desde el comportamiento de las audiencias. Lo relevante, dice, fue qué vieron, a qué hora y el tipo de público. Al principio de la pandemia, la gente estaba preocupada por la situación sanitaria y quería saber más del COVID-19. Por eso, entre el 16 y el 22 de marzo, el contenido noticioso creció de forma significativa.

“La gente redescubrió el valor de volverse a informar por la televisión abierta. Ante una necesidad de liderazgo efectivo, vieron en este medio figuras relevantes que transmitían información real”, dice Enrique González, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la consultora Extrategia Comunicación y Medios.

Desde el 13 de abril, la saturación de información llevó a cambiar de género, y los mexicanos dieron mayor importancia a los contenidos religiosos. Pero el género favorito fue el dramatizado unitario. Hombres y mujeres, desde los seis hasta mayores de 55 años, optaron por programas de Televisa como La Rosa de Guadalupe o Como dice el dicho, que lograron superar en audiencia hasta en 276 y 639%, respectivamente, a su competencia, según Nielsen IBOPE.

Dos géneros siempre se mantuvieron altos: gobierno y deportes. Al primero, “se le dedicó mucho más tiempo de lo acostumbrado por los mexicanos de cualquier edad, pero se debe a que toda la familia se mantuvo atenta a las conferencias nocturnas de la Secretaría de Salud”, dice Barro. En cuanto a deportes, la cancelación de los partidos de futbol obligó a la Liga mexicana a implementar una estrategia que le permitiera trasmitir los juegos de forma digital. Así surgió la eLigaMX.

¿Nuevo auge?

Nada dura para siempre. En junio, la audiencia de la televisión abierta disminuyó 5%: el medio ahora se sintonizaba 30 minutos más respecto del año pasado. A pesar de esto, la audiencia sigue siendo alta, lo que debería significar una oportunidad para incrementar los ingresos publicitarios. Pero no fue así. La incertidumbre que ha provocado la pandemia detuvo la inversión. Los primeros meses de la contingencia, 52% de las empresas decidió poner pausa a este tipos de gastos, según la Federación Mundial de Anunciantes.

Televisa y TV Azteca han sufrido las consecuencias. La televisora de Emilio Azcárraga reportó una caída en ventas netas de 7.8% en el segundo trimestre . “Dependemos, en parte, de la demanda de publicidad de las empresas centradas en consumidores y la pandemia del COVID-19 ha causado, y podría seguir causando, que los anunciantes reduzcan, pospongan o eliminen su gasto publicitario”, dijo la compañía en su reporte financiero.

También sufrió afectaciones económicas por la cancelación de eventos deportivos y de entretenimiento de los que tiene derechos de transmisión. En este segmento, la pérdida en ventas fue de 67.1%.

En TV Azteca, el temor de los anunciantes provocó una caída en ventas netas de 31% entre abril y junio . “Si bien la versatilidad y solidez en la oferta de contenido en las pantallas de TV Azteca lograron amplia presencia en los hogares mexicanos durante la emergencia sanitaria, la demanda de espacios publicitarios se redujo de manera considerable”, dijo Benjamín Salinas Sada, director general de TV Azteca, en su reporte.

La clave, advierte Quiroga, es que ambas empresas puedan utilizar sus contenidos para sostener los niveles de audiencia el resto del año. “Esto les va a dar la posibilidad de capitalizar el incremento de espectadores. De no lograrlo, cuando vuelva la inversión por parte de las marcas y estas audiencias ya no existan, la televisión abierta dejará de ser atractiva”, dice.

Cnnexpansión Zyanya López

Los 450 millones de pesos que las televisoras privadas van a recibir del gobierno federal por transmitir contenido educativo no resuelven sus problemas financieros. Sin embargo, obtener estos ingresos, en medio de una crisis sanitaria que ha impactado directamente en su capital, es una bocanada de aire fresco para las compañías.

Los 450 millones de pesos que las televisoras privadas van a recibir del gobierno federal por transmitir contenido educativo no resuelven sus problemas financieros. Sin embargo, obtener estos ingresos, en medio de una crisis sanitaria que ha impactado directamente en su capital, es una bocanada de aire fresco para las compañías.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Tv Azteca, Televisa, Imagen Televisión y Multimedios para la transmisión de contenido educativo a través de seis canales, debido a que no existen las condiciones sanitarias para que los estudiantes regresen a las aulas físicas a finales de agosto.

El gobierno federal pagará a las compañías de comunicación 15 pesos por cada uno de los 30 millones de niños y jóvenes inscritos en la educación básica.

Este acuerdo movió los mercados. Un día después del anuncio, las acciones de Televisa y Tv Azteca se dispararon en la BMV. La compañía de Azcárraga cerró la jornada con un alza de 11% para colocarse en 28.42 pesos. Mientras que la de Salinas Pliego lo hizo con un aumento de 7.1% para quedarse en 0.36 pesos.

“Esta es una sobrerreacción del mercado y obedece a que las acciones de ambas compañías presentaban un castigo importante. Al mercado le agradó que tomaran medidas ante la crisis, pero es una cantidad poco significativa. En ingresos no les representa demasiado. En el caso de Televisa es menos de 1% de su Ebitda”, detalla González.

El acuerdo permitirá a las televisoras hacer un mejor uso de su capacidad instalada, la cual no está aprovechada al 100% por la contracción actual del mercado. En este sentido, la noticia tiene un impacto más significativo para las empresas, pues no tendrán que invertir en infraestructura ni en permisos.

Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explica que haciendo uso de la multiprogramación, cada empresa tiene la posibilidad de utilizar el mismo ancho de banda para transmitir más de un canal en su programación. Esto les permitirá continuar difundiendo sus contenidos habituales a la par de los educativos sin requerir mayor infraestructura.

Respecto a los permisos, el pleno del IFT aprobó un acuerdo en abril para que los concesionarios utilizaran estos canales adicionales para difundir, de manera temporal, el contenido audiovisual compartido por la SEP.

“Bastó con que las televisoras señalaran el canal que deseaban incorporar para que nosotros tomáramos conocimiento del mismo. Emitimos un acuse de recibo en el que decimos que hay un canal adherido y listo, las empresas podían empezar a transmitir”, explica Díaz. “Este acuerdo es de carácter estrictamente temporal, tiene vigencia hasta que las autoridades determinen de manera oficial que los alumnos ya pueden regresar presencialmente a clases”, agrega.

En ese momento, TV Azteca no solicitó ninguna adición. Pero en este segundo acuerdo, denominado ‘Regreso a Clases. Aprende en casa II’, ya presentó su solicitud ante el IFT. “Imagen Televisión y Multimedios también presentaron sus solicitudes. Televisa y Tv Azteca ya hicieron sus trámites de presentación, pero a la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales todavía no llegan”, dice el representante del órgano regulador.

¿Negocio o servicio a la comunidad?

Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la inversión del gobierno federal debería estar destinada a los medios públicos, pues además de que los recursos les hacen falta, su misión es promover la educación.

“Esto es un negocio. Las televisoras identificaron que iban a obtener ingresos con esta alianza y aceptaron. No es un monto menor, es considerable porque representa más de 20% de todo el presupuesto destinado a los medios públicos en 2020”, asegura.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación se establece que los medios públicos operarán en 2020 con 1,948.5 millones de pesos. Por lo que los 450 millones de pesos que recibirán las cuatro televisoras privadas equivale a 22.67% del total de este momento.

Pese a esto, Gonzalo Rojón, director y senior partner de The CIU, dice que no se trata de un negocio. Más bien que el pago será destinado a cubrir los gastos de la generación de contenido. Se trata de apoyo para que las televisoras abran un espacio educativo. Justo en este momento, dice, es necesario encontrar opciones para no interrumpir la educación de los niños y jóvenes.

“Es un esfuerzo importante para apoyar a la juventud, un beneficio y estímulo positivo para una sociedad en crisis. El gobierno está viendo a las televisoras como aliadas, lo que influye en una relación menos áspera. Además, esta es la opción más fácil y rápida para garantizar la educación básica ante las medidas de distanciamiento social”, añade Ricardo Zermeño, director general de la consultora Select.

La Jornada

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) permitirá a los concesionarios de televisión extender el número de canales que tienen por concesión para dar soporte a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el nuevo ciclo escolar.

El aval se dio desde el 20 de abril cuando el pleno del organismo relajó las medidas para que las televisoras tuvieran canales adicionales para transmitir contenidos educativos en el contexto de la contingencia sanitaria por el Covid-19 y estará vigente hasta que las autoridades federal decidan el regreso pleno a clases presenciales, de acuerdo con información del IFT.

Mediante la multiprogramación –herramienta introducida en 2015– los concesionarios privados y públicos de televisión abierta como Televisa, Tv Azteca, Canal Once del Instituto Politécnico Nacional o el 22 de la Secretaría de Cultura pueden pedir el aval del IFT para extender a cuatro los canales por señal.

Así, con la llegada de la televisión digital –a la que tienen acceso 96 por ciento de los hogares con televisión en México, según la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares– cada canal de la vieja televisión analógica aumentó la capacidad de sumar tres señales.

Es decir, antes por cada seis megaheartz se podía transmitir un sólo canal, con el paso a la televisión digital la capacidad de canales aumentó hasta cuatro por el mismo ancho de banda de espectro radioeléctrico, todo depende de la calidad de emisión, establece la información oficial.

Si bien el IFT dio a las televisoras la opción de extender los canales para la venta de publicidad y rentarlos sin costo adicional, no hubo cambios en las concesiones, mismas que se montan en el espectro radioeléctrico, un bien público nacional.

Esa es la herramienta de la que se hará el gobierno federal para, por lo pronto, tener seis canales que den soporte al sistema educativo en el marco de la nueva normalidad y por la que además se pagará a los concesionarios una cuota social para la operación.

Hasta el momento, el IFT reporta que 49 concesionarios entre los que se encuentran medios estatales y las televisoras privadas cuentan con acceso a multiprogramación. Entre el 29 de mayo y el 13 de julio, el organismo dio aval a Cadena Tres I acceso a la multiprogramación; y a Multimedios la inclusión de un nuevo canal.

Colombia busca cumplir su propósito de construir un sector TIC fortalecido y equitativo, y para ello el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó un borrador de decreto que permitiría a los operadores de televisión comunitaria llevar Internet a sus áreas de cobertura, cubriendo a un gran número de colombianos.

El decreto tiene otro objetivo además del cierre de las brechas de competitividad, busca fijar reglas y condiciones para que estos operadores sean exentos del pago de la contraprestación por cinco años, con lo cual promueve la inclusión para la provisión de Internet en zonas donde el acceso es complejo.

Los interesados tendrán hasta el 6 de agosto para enviar sus comentarios sobre el borrador, mismo que sustituye una sección del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde se señala que los prestadores del servicio de TV comunitaria podrán prestar el servicio de Internet, contando con la debida habilitación del MinTIC, efectuada mediante la inscripción en el Registro Único de TIC.