La Jornada

De enero de 2025 a la fecha, el número 079 ha brindado 1 millón mil 163 atenciones telefónicas a la ciudadanía que busca información sobre algún trámite, registro en algún programa social o atención especializada, informó hoy la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Detalló que actualmente, el 079 concentra 23 líneas especializadas y se consolida como un canal de contacto para resolver dudas relacionadas con los programas sociales del gobierno de México. 

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Fuente: El Nacional

La senadora Lilian Samaniego advirtió sobre la gravedad de las denuncias que pesan sobre empresas de telefonía e internet, a las que comparó con el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. La Comisión de Investigación del Congreso, inicia este jueves la revisión de la situación de las víctimas, la legisladora anunció que tomará cartas en el asunto.

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Megacadena

El experto en tecnología Luis Benítez criticó con dureza la reciente resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que obliga a los licenciatarios de servicios de acceso a internet y transmisión de datos a conservar los registros de conexión de cada usuario.

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Fuente: Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso de la República

En el marco de la lucha contra la criminalidad y organizada, sobre todo las extorsiones, las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones contribuirán de manera activa a erradicar las comunicaciones ilegales provenientes de establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

Así lo plantea el proyecto de ley 10228, del congresista José Luna Gálvez, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Perú, que plantea que las operadoras de telecomunicaciones, como Claro, Movistar, Bitel y Entel, son responsables por el uso prohibido del servicio de telecomunicaciones para establecer comunicaciones con fines delictivos.

Por ello, propone que sean ellas las obligadas al retiro de las antenas de telefonía móvil o satelital y cualquier dispositivo de telecomunicaciones, con el apoyo de la fuerza pública de ser necesario, alrededor de los penales.

“Las empresas operadoras deberán adoptar mecanismos que impidan las comunicaciones ilegales en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, así como coadyuvar a los sistemas y equipos de seguridad tecnológica implementados por ellos y las entidades competentes”, señaló el parlamentario.

El proyecto de ley que, si bien se debe salvaguardar los derechos de acceso a las telecomunicaciones de las poblaciones aledañas, en las zonas restringidas y de alta seguridad, primará el derecho a la seguridad ciudadana.

El proyecto de ley propone modificar el Decreto Legislativo 1688, que regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

“No podemos permanecer impasible ante le incremento de la criminalidad cada vez más violenta. Las extorsiones se han incrementado con una estela de brutales asesinatos. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad y las empresas operadoras de telecomunicaciones no deben ser la excepción. Cuentan con la tecnología, el conocimiento e incluso el personal capacitado para detectar el uso inadecuado sus señales y antenas de telefonía móvil en áreas prohibidas, como los centros penitenciarios y juveniles”, subrayó el parlamentario.

Luna Gálvez explicó que, en cuanto al plazo para que las operadoras a solicitud del Ministerio Público, del INPE o de la Policía proporcionen la información sobre datos de titularidad del equipo móvil y del abonado, así como el reporte de llamadas realizadas, debe ser dentro de las 24 horas de haber sido solicitado.

“Nos encontramos frente a elementos empleados para la comisión de graves delitos que es necesario atender y desbaratar”, indicó.

Otro aspecto que resulta fundamental corregir son las sanciones qué tanto el MTC como Osiptel podrían imponer a las operadoras por el incumplimiento de sus obligaciones en esta materia tan importante, la seguridad ciudadana, por lo que se determina que la aplicación de una multa sería la sanción más leve a la operadora.

ABC

Tras el inicio de la etapa de consulta pública por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para otorgar las licencias que habilitarán la prestación de la cobertura 5G en el país, el ente regulador informó que espera realizar la convocatoria oficial a las empresas interesadas en enero. Para ello, el directorio debe aprobar el documento final.

De acuerdo con la institución, la idea es que entre febrero y marzo ya se otorguen las licencias que habilitarán la prestación de los “Servicios de Telefonía Móvil Celular, Acceso a Internet y Transmisión de Datos en la banda de frecuencias de 3.500 MHz”. Habrá lugar para adjudicar las frecuencias a cuatro empresas.

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ECD Confidencial

Si un cliente ha llevado a cabo la contratación de un servicio, o la adquisición de un producto de un banco, eléctrica u operadora móvil, es habitual que haya dado su consentimiento a través de una llamada telefónica, siendo advertido de que la conversación sería grabada. Ahora, el usuario puede reclamar que le entreguen ese archivo de voz.

Pese a que el contrato se hace efectivo telefónicamente, los usuarios por lo general no reciben una copia física del documento y, en el caso de que surjan problemas relacionados con ese contrato, resulta realmente complicado repasar lo acordado porque no se tiene acceso a la grabación original.

Leer más: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/espanoles-pueden-exigir-conversaciones-graban-bancos-electricas-telefonicas/20200117143533137203.html

El Confidencial
Si un cliente ha llevado a cabo la contratación de un servicio, o la adquisición de un producto de un banco, eléctrica u operadora móvil, es habitual que haya dado su consentimiento a través de una llamada telefónica, siendo advertido de que la conversación sería grabada. Ahora, el usuario puede reclamar que le entreguen ese archivo de voz.

Pese a que el contrato se hace efectivo telefónicamente, los usuarios por lo general no reciben una copia física del documento y, en el caso de que surjan problemas relacionados con ese contrato, resulta realmente complicado repasar lo acordado porque no se tiene acceso a la grabación original.

Leer más: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/espanoles-pueden-exigir-conversaciones-graban-bancos-electricas-telefonicas/20200117143533137203.html

Diario Financiero

La investigación de la FNE se remonta hace cuatro años, cuando se detectó que algo andaba mal en el mercado de la recarga prepago, con supuestas prácticas anticompetitivas.

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Bío Bío

La poca o nula acción de las autoridades que dirigieron la Subtel durante tres gobiernos diferentes derivaron en que el organismo sencillamente “olvidara” cobrar 7.700 millones de pesos en impuestos a Telefónica, Claro y Will (firma hoy propiedad de Entel). Todos hoy presentan sus descargos. Las empresas dicen no tener deudas. Pero la administración actual les otorgó hasta el 31 de diciembre para ponerse al día, tras descubrirse enormes irregularidades que concluyeron con una auditoría externa vía trato directo y una autodenuncia en Contraloría.

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El Salvador Milton Rodríguez

La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 64 votos reformar la Ley de Telecomunicaciones para obligar a los operadores de telefonía a almacenar datos y una fotografía del Documento Único de Identidad (DUI) del cliente. Esto estará a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son obligaciones de todo Operador, de acuerdo con el servicio que preste, las siguientes: llevar un registro fidedigno de todos los usuarios, incluyendo los de prepago, debiendo mantener dicha información a disposición de la autoridad competente en la investigación de delitos que la requiera”, dice la propuesta de reforma al artículo 30 de la normativa.

El literal B de dicho artículo establece que es obligación de estas compañías adoptar y aplicar procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarias para obtener y almacenar las imágenes de los DUI que contengan el rostro del usuario o quien contrate servicios de telecomunicaciones.
Infracciones

“Las infracciones especiales serán sancionadas con multa de quinientos a mil salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicio por cada infracción, de acuerdo a su gravedad y habitualidad…”, dice la modificación al artículo 35.

En la plenaria de este miércoles 26 de octubre estaba previsto que fueran discutidas y aprobadas las reformas a la Ley de Escuchas Telefónicas, de Telecomunicaciones y del Crimen Organizado impulsadas por el Ejecutivo.

No obstante, la primera de las iniciativas fue criticada porque se busca dotar al Fiscal General de más poderes para intervenir las telecomunicaciones. El oficialismo dio un paso atrás y no fue introducida en la agenda de ayer.

Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wriht Sol, dijo antes de la sesión plenaria que desconocía formalmente el contenido preciso del paquete de tres leyes.

“Una ley de telecomunicaciones que viene a poner obligaciones adicionales a las empresas de resguardar datos e imágenes y a esta reforma tenemos serios cuestionamientos en cuanto si se puede garantizar la seguridad de estos datos y los derechos ciudadanos a la privacidad e intimidad”.

Claudia Ortiz de Vamos dijo que “no se le puede dar amplios poderes a las instituciones estatales sobre los derechos de privacidad y datos personales de los ciudadanos sin un contrapeso serio y contundente”.

Además, la legisladora dijo que no se debe perder de vista que hay serios y fuertes indicios de que el gobierno de El Salvador podría estar detrás del espionaje a periodistas que destaparon la tregua en gobiernos anteriores.