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Casi 1.400 millones de euros en una década de funcionamiento. Eso es lo que han pagado las operadoras de telecomunicaciones españolas para financiar el funcionamiento de la radiotelevisión pública española (RTVE) a través de la tasa que pagan anualmente. Las compañías claman contra esta decisión y esperan el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Mientras llega, exigen que se incluya en esta regulación a las grandes plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix o HBO. Esto debía incorporarse a la reciente ley audiovisual, que ha iniciado el trámite de consulta pública, pero finalmente no ha sido así.

Año 2009. Después de un intenso debate, el Gobierno de Rodríguez Zapatero saca adelante en el Congreso de los Diputados la ley de financiación de RTVE. Elimina de un plumazo la publicidad privada y decide que, como en otro mercados europeos, sean las televisiones privadas las que paguen buena parte del presupuesto. Pero introduce un nuevo actor: las operadoras de telecomunicaciones. Éstas debían abonar el 0,9% de todos sus ingresos brutos no audiovisuales. La entonces patronal del sector Aetic, que representaba a Telefónica, Vodafone y Orange, puso el grito en el cielo: “Pagan los que ganan dinero y no los que pierden”.

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