Portafolio

Kaspersky ha detectado un aumento en los ataques de Business Email Compromise (BEC), una técnica de suplantación de identidad en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por CEOs para engañar a equipos financieros y lograr pagos fraudulentos.

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El Tiempo

Según el portal especializado en ciberseguridad MuchoHacker, todas las semanas se detectan engaños que suplantan a los portales de EL TIEMPO y El Espectador, con supuestas ‘entrevistas’ a personalidades como Vicky Dávila o Gustavo Bolívar, para promocionar evidentes fraudes con inversiones en criptomonedas y para robar a los usuarios.

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Prensa CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de publicar su informe sobre el Proyecto de Orden ministerial para combatir las estafas de suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y mensajes fraudulentos. Estas medidas buscan reforzar la confianza de los usuarios y garantizar la correcta identificación de las comunicaciones comerciales y de atención al cliente.

El proyecto surge en respuesta al aumento de la cibercriminalidad y el impacto de las estafas de suplantación de identidad, que afectan tanto a los usuarios como a las empresas que hacen un uso legítimo de estos canales de comunicación. El texto normativo persigue tres finalidades:

• Evitar fraudes mediante llamadas y mensajes manipulados.
• Proteger la autenticidad de los mensajes.
• Identificar correctamente las llamadas comerciales y de atención al cliente.

Recomendaciones de la CNMC

La CNMC valora positivamente las medidas propuestas, pero considera necesario incorporar ajustes clave para garantizar su efectividad y claridad. Entre otros aspectos, recomienda:

1.    Claridad en las definiciones y responsabilidades:
Se recomienda aclarar los términos y los actores implicados en las medidas de bloqueo de llamadas o mensajes, para garantizar la seguridad jurídica y evitar interpretaciones ambiguas por parte de los agentes del mercado.

2.    Supuesto adicional de bloqueo:
Se recomienda incluir un nuevo supuesto para el bloqueo de comunicaciones con numeración manipulada y evitar excepciones para las llamadas originadas en el extranjero que utilicen un identificador de llamada español, salvo casos justificados de itinerancia internacional.

3.    Mejoras de los instrumentos regulatorios previstos:
Se propone aclarar que la CNMC podrá emitir circulares o el instrumento necesario para desarrollar los requisitos técnicos y operativos relacionados con la base de datos de números de itinerancia y el Registro de alias para mensajes (atribuido a la CNMC). Se plantea crear un grupo de trabajo técnico con los operadores para determinar los requisitos de la solución técnica de la base de datos de números en itinerancia.

4.    Distinción entre tipos de llamadas:
Se propone atribuir rangos de numeración distintos, gratuitos para el llamante y claramente identificables, para separar las llamadas de atención al cliente de las comerciales. Además, se debería establecer el régimen sancionador para los operadores que incumplan estas disposiciones.

Estas recomendaciones refuerzan el compromiso de la CNMC con la protección de los consumidores y la promoción de un entorno competitivo justo y seguro.

Prensa Mineco

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha lanzado una consulta pública con la que va a recopilar posibles iniciativas normativas y mecanismos técnicos y operativos que ayuden a poner freno a las estafas telefónicas de suplantación de identidad.

Se trata de uno de los primeros acuerdos adoptados ante el incremento de estos fraudes tras las reuniones que el Ministerio ha mantenido con los diferentes agentes implicados. Estas estafas usan llamadas telefónicas y mensajes de textos alarmantes en los que los delincuentes se hacen pasar por supuestos agentes de una empresa de servicios o un organismo público engañando al consumidor para que proporcione información personal y financiera confidencial, facilite sus claves personales o realice alguna acción.

La consulta tiene como objetivo acelerar el consenso de actuaciones frente a estas estafas que están causando importantes daños financieros y económicos a consumidores, empresas, entidades bancarias y organismos públicos. Está abierta a todos los agentes interesados como operadores, entidades financieras, aseguradoras, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, asociaciones de consumidores, Administraciones Públicas y otros agentes económicos.

Con las aportaciones que se reciban, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales propondrá la adopción de las medidas de naturaleza normativa que, dentro de sus competencias, puedan resultar más adecuadas y eficientes para prevenir y luchar contra estas estafas y prácticas fraudulentas, así como apoyar otras que empresas, operadores y otros organismos puedan poner en marcha.

La consulta permanecerá abierta hasta el 8 de marzo y puede consultarse en este enlace​​.

Prensa Mineco

Andina

Para reducir las posibilidades de suplantaciones de titularidad, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) propuso, a través de un proyecto normativo, el establecimiento de medidas adicionales para fortalecer la seguridad de la información de los usuarios en los procesos de contratación y reposición de chip en el servicio público móvil.

Mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 230-2021-CD/Osiptel, se planteó el proyecto de norma que modifica el Texto Único Ordenado (TUO) de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Entre las modificaciones normativas, el regulador obliga a las empresas operadoras a que las contrataciones se efectúen en distribuidores y puntos de venta reportados previamente al Osiptel, con dirección específica para evitar la venta ambulatoria.

Además, las compañías deberán otorgar un código que identifique al distribuidor, al punto de venta y al personal que depende del distribuidor o del centro de atención que participa en la contratación del servicio. Dicho personal deberá validar su identidad mediante verificación biométrica o con el uso de una contraseña.

En tanto, se plantea a las compañías el brindar a sus abonados la contraseña única al contratar el servicio o cuando se realice la verificación biométrica en centros de atención y puntos habilitados para atención de usuarios en provincias; y se obliga a requerir dicha contraseña para las nuevas contrataciones, reposición de chip, entre otros trámites.

En el caso de la solicitud de reposición del chip, además de la verificación biométrica y de la contraseña única, las empresas operadoras deberán exigir la presentación del documento de identidad del abonado.

El procedimiento se hará en los centros de atención de la empresa y los puntos habilitados para atención de usuarios en provincias, previamente reportados al reglador. También se limita el número de intentos de verificación biométrica por persona en el día y por trámite.

Asimismo, la activación del nuevo chip de reposición se hará a las 4 horas de presentada la solicitud. En ese periodo, previo a la activación del nuevo chip, la empresa operadora debe enviar un SMS y una locución a todos los servicios móviles del abonado, así como un correo electrónico, informando sobre el trámite.

Estos mensajes se remiten al momento de recibir la solicitud y luego de transcurridas dos horas desde el primer envío, a fin que el abonado que desconozca dicho trámite solicite su bloqueo inmediato. En tanto, las empresas operadoras también estarán obligadas a brindar al abonado la información y documentación relacionada al trámite que cuestione o desconozca.

Para las medidas propuestas, el Osiptel tomó en cuenta la experiencia mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la GSMA, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), entre otros organismos.

El proyecto recibirá comentarios a través del correo electrónico sid@osiptel.gob.pe desde mañana hasta un plazo de 15 días calendarios, los cuales serán sistematizados por la Dirección de Atención y Protección del Usuario del Osiptel.

Contrataciones y reposiciones no autorizadas

Las medidas del organismo regulador buscan obstaculizar la materialización de delitos informáticos que involucren la suplantación de la titularidad de la línea móvil. En el primer semestre de este año, se registraron 23,007 reclamos por contrataciones no solicitadas en el servicio móvil, de las cuales 8,765 resultaron fundados (38.1%).

Además, en el mismo periodo, el Osiptel recibió 1,121 denuncias de usuarios que refieren tener la titularidad de líneas que no han contratado.

Además, entre enero y agosto de este año, un total de 394 usuarios se acercaron al regulador para denunciar que habían sufrido el fraude y el robo en sus cuentas bancarias debido a la reposición no solicitada del chip (42.6%), la contratación no solicitada del servicio (30.7%) y el cambio de titularidad (24.4%). 

En 120 de estos casos, los delincuentes habían robado el bono de 600 soles otorgado por el Estado; y en 274 casos, los usuarios sufrieron pérdidas en sus cuentas de ahorro.

El Heraldo-Daniela Pastori

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre el 1 de enero y el 26 de junio del año en curso,  la Delegatura para la Protección de Datos Personales recibió 1.705 quejas por suplantación de identidad.

Dicha cifra refleja un crecimiento de 122% frente  al mismo período del año  pasado cuando registraron un total de 767 quejas.

Entre los sectores donde más reportaron quejas por suplantación fueron: en el de empresas de telecomunicaciones, con 1.187 quejas (69,6%) y ventas por catálogo con 518 quejas (30,4%).

La SIC, como autoridad nacional de protección de datos, aseguró que la cifra es “alarmante” e hizo un llamado principalmente a las empresas de telecomunicaciones para que estas fortalezcan las medidas que permiten establecer la identidad real de las personas en los procesos de contratación, de manera que se pueda comprobar la veracidad de la información y evitar suplantación de identidad.

El ente hizo las siguientes peticiones: “Contactar a las personas respecto de las cuales posean prueba de la autorización previa, expresa e informada, según lo exige la Ley 1581 de 2012. Respetar y garantizar el derecho de supresión de los datos personales de contacto cuando son utilizados para fines de marketing. Suspender el uso del número telefónico y demás datos de contacto para fines publicitarios y comerciales, cuando así lo requiera o solicite el titular de dichos datos y por último impartir instrucciones para que las actividades de publicidad u ofrecimiento de servicios y productos se realicen en días y horarios que no afecten la intimidad familiar o el horario de descanso”.