La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció la incorporación de bandas a la norma técnica que regula el servicio fijo por satélite en Chile: añadió la banda W (71-114.5 GHz) y, en los próximos días, hará lo propio con la V (40-75 GHz).

“En la práctica, esto permitirá ampliar la capacidad de estas redes para mejorar la transmisión de datos y fortalecer la conectividad satelital, especialmente en zonas apartadas, rurales o con menor acceso a infraestructura terrestre como fibra ó 5G”, señaló el regulador y agregó que la decisión es parte del plan local orientado a facilitar el despliegue de infraestructura y acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

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De hecho, entre los considerandos de la resolución, la autoridad defiende que tiene entre sus atribuciones la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones, “siendo un imperativo el fomento de la neutralidad tecnológica y la apertura de nuevos segmentos de espectro que faciliten el despliegue de sistemas satelitales de nueva generación y alta capacidad”. La normativa también responde a la necesidad de que los servicios sean instalados, operados y explotados sin generar interferencias a otros.

La medida aplica a empresas existentes (que ya operan en el país) como las que puedan incorporarse en el futuro.

Buscamos ampliar la competencia en el mercado satelital en Chile. Ampliamos la carretera digital para que los servicios satelitales puedan operar con mayor eficiencia, soportar un mayor volumen de tráfico y ofrecer mejores servicios a las personas. Esto se materializará en conexiones más estables, mayor velocidad y menor tiempo de respuesta de la red, además de una conectividad más resiliente frente a emergencias o interrupciones”, valoró la subsecretaría sectorial, Romina Garrido.

Quirihuenoticias

En una reunión sostenida en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, junto a la Subsecretaria Romina Garrido, y los consejeros regionales Wilson Ponce, Iter Stuardo y Carlos Garrido, abordaron estrategias para mejorar el acceso a la conectividad digital en las comunidades de la Provincia de Itata. En el encuentro, se solicitó información detallada sobre los procesos de fiscalización y el cumplimiento de contratos por parte de las empresas proveedoras de telecomunicaciones en la región. Al respecto, se informó que ya se han realizado más de 30 fiscalizaciones, cuyos resultados se plasmarán en un informe final que será presentado en julio, y que posteriormente será abordado en la mesa de telecomunicaciones de la región de Ñuble.

Leer más: https://quirihuenoticias.cl/2026/06/18/gobierno-regional-solicita-a-subtel-reforzar-la-fiscalizacion-a-empresas-de-telecomunicaciones-en-la-provincia-de-itata/

La Tercera

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, ha reiterado desde el inicio de su gestión que la burocracia y la permisología están siendo hoy un problema para la industria y está frenando la inversión de los privados, tanto por los largos plazos para obtener autorizaciones, como por una alta carga regulatoria.

Leer más: https://www.latercera.com/pulso/noticia/subtel-sumara-20-permisos-al-proceso-de-fast-track-para-reducir-sus-tiempos-de-tramitacion-en-mas-de-80/

Prensa Subtel

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) respondió dentro del plazo de cinco días al oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago, entregando una propuesta sobre mecanismos técnicos idóneos para avanzar en el bloqueo de sitios web de apuestas online ilegales, en línea con el fallo de la Corte Suprema.

El fallo judicial se dirige a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) —Entel, GTD, WOM, Claro y Movistar— y no a Subtel. La subsecretaría participa en su rol técnico y regulador, orientando la implementación de la medida conforme al marco normativo vigente.

La acción judicial fue impulsada en 2024 por la Lotería de Concepción, que acusó el incumplimiento del bloqueo de plataformas que operan sin autorización legal.

En su propuesta, Subtel señala que no existe actualmente un mecanismo 100% efectivo para bloquear de forma permanente los sitios espejo, dada la dinámica de operación de estas plataformas.

Informe técnico de Subtel

El informe identifica tres mecanismos principales:

• Bloqueo por paquetes (Deep Packet Inspection, DPI): analiza el tráfico de red en profundidad, pero es invasivo, complejo de implementar y presenta riesgos en privacidad y neutralidad de la red.
• Bloqueo por SNI (Server Name Indication): bloquea conexiones según el nombre del servidor indicado al iniciar la sesión, aunque puede verse limitado por tecnologías que ocultan o protegen dicha información y afectar servicios compartidos.
• Bloqueo por DNS (Domain Name System): impide la resolución de dominios específicos, siendo menos invasivo y más proporcional.

Subtel considera que el bloqueo por DNS sobre dominios individualizados es la alternativa más adecuada, por su compatibilidad con los principios regulatorios vigentes.

Modelo operativo coordinado

La propuesta contempla un procedimiento intersectorial:

1. Identificación de dominios por parte de las recurrentes u otros interesados.
2. Validación por la Superintendencia de Casinos de Juego.
3. Comunicación de Subtel a las empresas de telecomunicaciones.
4. Ejecución del bloqueo por las telcos dentro del plazo definido.
5. Actualización continua ante la aparición de nuevos dominios o sitios espejo.

La propuesta resguarda los principios de especificidad y proporcionalidad, la neutralidad de la red, la protección de datos personales, la ciberseguridad y la prevención del sobrebloqueo, evitando además la implementación de medidas de inspección masiva del tráfico de usuarios.

Próximos pasos

Subtel puso la propuesta técnica a disposición del tribunal para su evaluación y queda a la espera de lo que determine la Corte respecto de su implementación o la necesidad de medidas adicionales.

Esta propuesta es de carácter netamente técnico y no interfiere en eventuales mecanismos tributarios para que plataformas extranjeras de apuestas online declaren y paguen IVA en Chile.

Prensa Subtel
Desde el casco histórico de La Serena, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena; el Delegado Presidencial Regional, Víctor Pino, parlamentarios de la zona y representantes del mundo privado, se reunieron para dar el puntapié inicial a las operaciones del Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables en la Región de Coquimbo.

Esta política pública busca eliminar el cableado en desuso y ordenar el tendido aéreo activo para alcanzar espacios mucho más limpios, seguros y resilientes ante emergencias. En la región, se abordarán 2.848 puntos en total, en un plan que se ejecutará durante 3 años (2026-2028).

El lanzamiento se realizó en la intersección de calle Eduardo de La Barra con Avenida Balmaceda, donde se concentraron cuadrillas técnicas de las empresas ClaroVTR, Entel y Movistar, coordinadas por la Cámara Chilena de Infraestructura Digital IDICAM, para iniciar con el operativo.

“Hoy damos inicio a la mayor operación de ordenamiento de infraestructura digital en la región, pasando de la planificación a la acción concreta. A partir de ahora y en un esfuerzo que se extenderá por tres años, las empresas estarán presentes en las 15 comunas de la región realizando labores de limpieza y ordenamiento, en cerca de 3 mil puntos. Así, seguimos trabajando como Gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas, reducir los riesgos para peatones y vehículos, y contribuyendo a tener barrios más seguros y conectados”, señaló la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

“Este despliegue coordinado demuestra que cuando el Gobierno y el municipio trabajamos en sintonía, los resultados llegan directo a los barrios. Para La Serena, la limpieza visual es una prioridad urgente; no se trata solo de estética, sino de devolverle la seguridad, la dignidad y el valor a nuestros espacios públicos. Como municipio nos hemos preparado para que este plan sea un éxito rotundo: quiero destacar que en el último concejo comunal aprobamos la ordenanza que regula el retiro del cableado en desuso. Esta normativa local será el complemento perfecto para esta estrategia nacional, ya que nos da las herramientas para fiscalizar con fuerza y exigirle a las empresas que cumplan con el retiro de su infraestructura. Estamos listos para recuperar el cielo y las calles de nuestra comuna”, explicó la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena.

Fases y desarrollo del plan

El plan se ejecutará de forma escalonada en tres fases entre 2026 y 2028, abarcando puntos críticos en las 15 comunas de la Región de Coquimbo.

En 2026 se iniciará la Fase 1 en La Serena y Coquimbo, con la intervención de 943 puntos —475 en La Serena y 468 en Coquimbo—, concentrando el mayor volumen de tendido aéreo en zonas de alto impacto urbano.

En 2027, la Fase 2 contempla 839 puntos en las comunas de Ovalle, Vicuña, Andacollo, Punitaqui y Río Hurtado. Finalmente, en 2028, la Fase 3 sumará 1.066 puntos en Los Vilos, Illapel, Salamanca, Monte Patria, Combarbalá, Canela, Paihuano y La Higuera.

Cabe destacar que esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, una política pública que, tras 6 años de tramitación, pasa a la acción concreta en terreno, con más de 66 mil puntos en las 16 regiones del país.

“La gran cantidad de cables en desuso que cuelgan en miles de postes de alumbrado público son el reflejo de una situación crítica que estamos abordando con la urgencia que la seguridad pública merece. Hoy damos el vamos regional a una estrategia nacional que al año 2028 intervendrá 319 comunas en todo Chile. Para la región de Coquimbo esto significa un despliegue de 3 años en las 15 comunas, partiendo por este casco histórico. Con esto logramos un triple impacto: disminuimos la contaminación visual, garantizamos espacios públicos transitables y seguros, y protegemos las redes esenciales que conectan a nuestros hogares, empresas e instituciones”, comentó el Delegado Presidencial, Víctor Pino.

“El retiro de cables en desuso constituye uno de los mayores desafíos de infraestructura que ha enfrentado la industria de las telecomunicaciones en su historia. La coordinación temprana entre las compañías, las direcciones de obras municipales y las autoridades locales será determinante para el despliegue de este plan y para que la ciudadanía pueda percibir resultados concretos. Hoy estamos en La Serena, frente a una tarea de gran escala que exige colaboración permanente entre el sector público y privado, porque solo así podremos asegurar una implementación eficiente, ordenada y exitosa.”

De manera complementaria al operativo en terreno, la Subsecretaría de Telecomunicaciones junto a autoridades locales, parlamentarios y representantes de las empresas de telecomunicaciones, participarán de la primera “Mesa de Conectividad y Seguridad Pública”, instancia que tiene por objetivo coordinar acciones intersectoriales para enfrentar problemáticas críticas de la conectividad en la región, tales como el robo y vandalismo de infraestructura de telecomunicaciones, y las brechas de conectividad en las rutas interurbanas de la región.

Prensa Subtel

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, reducir el acoso telefónico y fomentar las comunicaciones seguras, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció una actualización al marco normativo de los prefijos telefónicos 600 y 809. Mediante la modificación de la Resolución Exenta 1319 de 2026 de Subtel, que será publicada mañana 5 de junio en el Diario Oficial, se fortalecerá el sistema después de más de 10 meses de operación, incorporando las lecciones aprendidas y evaluadas por la institución, en el marco de su agenda de seguridad.

Al respecto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que “perfeccionamos este marco normativo porque la privacidad, seguridad y transparencia son una prioridad para las personas y Subtel. Con esta mejora buscamos aclarar confusiones y terminar con el mal uso del prefijo 600, que debe entenderse como un contacto reconocible y confiable, y por ende que se debería contestar. Queremos que la ciudadanía pueda asociar el 600 con su finalidad real: informaciones importantes y esperadas por cada persona”.

La subsecretaria agrega que “por la relevancia de sus llamadas, anunciamos el nuevo prefijo 702 para llamadas masivas originadas desde instituciones públicas, que sin duda brindarán mayor certeza a las personas para responder atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación, entre otras”.

Finalmente, la subsecretaria Romina Garrido señala “creemos que los prefijos no son para mal utilizarlos, por lo que buscamos que tengan un uso correcto por parte de las empresas que optimice la comunicación, respete el tiempo de las personas y asegure que los usuarios no se expongan a fraudes”.

Prefijo 600

El ajuste a este prefijo -que comenzará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial, el viernes 5 de junio de 2026- establece que el 600 se destina exclusivamente a llamadas masivas solicitadas, con fines informativos o de soporte, dirigidas a usuarios, por prestaciones requeridas expresamente o contratadas.

Asimismo, se excluyen aquellas con fines publicitarios, prohibiendo estrictamente su uso para ventas, ofrecimientos o promociones de servicios adicionales o no requeridos por el usuario o suscriptor expresamente.

Esta modificación busca terminar con el mal uso que se le daba a este prefijo, que se estaba utilizando frecuentemente para llamadas por servicios no requeridos por los usuarios, ofreciendo nuevos productos de la empresa.

Para la efectividad de esta normativa, es muy importante el rol del sector privado, quienes están llamados a utilizar la numeración determinada por Subtel en todos sus contactos y según tipo de comunicación.

Prefijo 809

Por otro lado, el prefijo 809 mantiene su definición para las comunicaciones masivas no solicitadas, es decir, aquellas que no cuentan con una solicitud directa y expresa del usuario, ni con una relación contractual vigente o servicios previamente requeridos o contratados, incluyendo servicios de información y/o con fines publicitarios. Para su delimitación, se conserva la definición establecida en la Resolución Exenta N° 1319 de 2004 de Subtel y sus modificaciones.

Nuevo prefijo 702

La actualización de la normativa incorpora el anuncio del prefijo 702, un bloque exclusivo para llamadas masivas originadas por órganos de la Administración del Estado, tales como ministerios, municipios, hospitales, entre otros. Este prefijo permitirá a las personas reconocer de manera inmediata cuando reciben una comunicación oficial y relevante por parte del Estado. Su entrada en vigencia comenzará a regir a partir de marzo de 2027.

Con su anuncio e ingreso en Diario Oficial este viernes 5 de junio, comenzará un periodo de implementación paulatina, que permitirá que el prefijo esté en funcionamiento en 2027.

Cobranzas extrajudiciales

Estas actualizaciones se suman a la normativa ya ajustada por Subtel, que, tras el fallo de la Corte Suprema, excluye a las llamadas de cobranza extrajudicial del uso de los prefijos 600 u 809. Sin embargo, esto no implica que dichas comunicaciones carezcan de regulación, ya que deben cumplir estrictamente con el marco normativo fiscalizado por Subtel y SERNAC, en materias como horarios y otras disposiciones.

Asimismo, existen otras comunicaciones que no requieren el uso de prefijos como 600 u 809, particularmente aquellas llamadas uno a uno que no son masivas ni automatizadas y que no se ajustan a la naturaleza de dichos prefijos (por no ser servicios complementarios, al no requerir conexión de equipos o software a redes). Por ejemplo, el contacto directo de un médico para coordinar una atención específica.

La nueva administración chilena busca imprimir su sello a una política de telecomunicaciones que, según reconoce la propia autoridad, ha mantenido una línea de continuidad durante las últimas décadas. En un mano a mano con DPL News, la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, Romina Garrido, repasó las prioridades del gobierno de José Antonio Kast para el sector: reducción de trabas regulatorias, impulso a la inversión, fortalecimiento de la ciberseguridad y cierre de la brecha digital.

Tras tres meses de mandato, Garrido deja mensajes clave y certezas, como que este gobierno no impulsará una regulación específica para la Inteligencia Artificial. La funcionaria también abordó temas clave para la industria, como una eventual nueva subasta de espectro, el futuro de WOM, la adquisición de Telefónica por parte de Millicom y los proyectos de cable submarinos que tienen a Chile como protagonista.

Nicolás Larocca: ¿Cómo avanzará la premisa de digitalización como política de Estado en Chile durante esta administración?

Romina Garrido: Efectivamente, las políticas en materia de telecomunicaciones han tenido una continuidad en los distintos gobiernos: en los últimos 15 o 20 años se ha mantenido una política de crecimiento en infraestructura de telecomunicaciones, conectividad y cierre de brecha digital que contribuyó a la digitalización del sector público y privado.

Como administración queremos seguir en ese camino. Hemos notado que pueden existir algunas trabas, internas y externas, que hacen que la industria crezca menos o con costos más altos y trabajaremos para que no se sienta tan ahogada desde el punto de vista de la regulación. Contribuiremos también a una agenda de seguridad, porque estar siempre conectados trae beneficios pero también ciertos riesgos en torno al nuevo escenario. Al mismo tiempo, avanzaremos hacia el cierre de la brecha digital, con alternativas para que todas las personas cuenten con acceso de calidad.

Nicolás Larocca: En noviembre se puso a consulta la posibilidad de una nueva subasta de espectro. ¿Hace falta más espectro? ¿Cuál es su impresión sobre este tema y qué comentarios recibieron de los operadores?

Romina Garrido: Ahora hay una discusión que tiene que ver con las tenencias máximas de espectro que tiene cada operador y esperamos que se resuelva lo antes posible. Sí estamos evaluando un probable concurso y ordenando bandas; tendremos pronto novedades en este tema.

Nicolás Larocca: ¿Cuáles es su percepción de la salida de Movistar y llegada de Millicom? ¿Considera que habrá más consolidación en Chile?

Romina Garrido: Siempre es una buena noticia que quieran invertir en Chile. La compra de Telefónica demuestra que somos un país que ofrece las condiciones para que puedan existir estos cuatro operadores y nosotros como Subtel tenemos la obligación de dar certidumbre y generar condiciones oportunas para toda la industria. 

Nicolás Larocca: Tras el ida y vuelta con la anterior gestión. ¿Cuál es la percepción de esta administración sobre el caso Wom y cómo avanzará el tema?

Romina Garrido: Lo que ocurrió con Wom es muy particular por cómo se habían desarrollado al momento los despliegues de las licitaciones ligadas con 4G y 5G. A nosotros nos toca recibir este acuerdo que puso fin a años de litigios y ser rigurosos en que se cumplan con las condiciones pactadas para que haya simetría entre los actores. Conversamos con la empresa para que todo avance de lo mejor posible e ir cerrando las etapas como corresponde. Trabajaremos para que no vuelvan a existir desórdenes así en el futuro.

Nicolás Larocca: Tiene un perfil muy vinculado con la protección de datos y la seguridad digital y lo mencionó como aspectos mandatorios para el nuevo gobierno. ¿Cuál es la agenda de Subtel en este sentido?

Romina Garrido: Tendremos próximamente algunas cosas marchando. Es una discusión que todavía resulta algo incipiente en nuestro país, llegamos con retraso, pero tendremos una legislación moderna que nos habilitará para poder atraer inversión. Todavía hay mucho que hacer en Inteligencia Artificial más que pensar en una regulación como la que se estaba discutiendo en el gobierno anterior: esta administración no va a impulsar esa propuesta. La ley de Datos Personales será una herramienta suficiente; consideramos necesario tener algunas reglas respecto de la responsabilidad en el uso de datos, sistemas transparentes o evaluaciones de impacto. 

Nicolás Larocca: ¿Cómo avanza la vinculación con otras áreas de gobierno para que el plan de digitalización sea transversal y también involucre a otros sectores de la administración pública?

Romina Garrido: Tenemos un mandato claro del Presidente (José Antonio Kast) que es articular. En este sentido, estamos participando en la Estrategia Nacional de Data Centers o en las estrategias de seguridad. Presentamos apoyo técnico donde seamos requeridos y tenemos una conversación bien fluida con otros subsecretarios y autoridades. Estamos por cumplir tres meses, en algunos meses más veremos los frutos de esas articulaciones, pero las intenciones y los planes de trabajo están particularmente en esas dos áreas.

Nicolás Larocca: ¿Cómo reciben y cuál es el calendario del proyecto Humboldt? ¿En qué etapa está el plan de cable submarino hacia la Antártida y cuál es la posición respecto del proyecto de un tendido hacia China?

Romina Garrido: Sobre Humboldt, esperamos el aterrizaje en octubre o noviembre y que el cable submarino esté operativo en el primer semestre del año próximo. Es un proyecto que nos tocará inaugurar pero es parte de una política pública de telecomunicaciones sostenida en el tiempo.

Este mes, en tanto, estaremos cerrando los estudios de prefactibilidad del Cable Antártico. Son tres informes que nos van a dar detalles interesantes para avanzar en esta iniciativa que recién podrá tener resultados concretos en 2034 o 2035.

El tendido con China es un cable privado solicitado por una empresa en particular; estamos analizando los permisos y revisaremos si se dará o no la concesión.

Nicolás Larocca: Defendió la idea del Estado como habilitador en materia digital. ¿Cómo se traducirá esto en acciones concretas para los operadores y para los usuarios?

Romina Garrido: En estos meses trabajamos en identificar los nudos regulatorios y abordamos, por ejemplo, la normativa aprobada el año pasado de permisos sectoriales, que reemplaza ciertos trámites que se hacen en las administraciones públicas por declaraciones que entregan los interesados. Identificamos otros trámites que pueden incluirse mientras trabajamos en la reglamentación. También estamos viendo si es necesario dar alguna respuesta legislativa para ciertos permisos, para modernizar el régimen de concesiones o resolver aspectos de fiscalización y carga regulatoria.

Lo que nos hemos propuesto desde que asumimos es facilitar trámites internos, dar más certeza y mejorar los tiempos de respuesta.

Nicolás Larocca: ¿Cómo trabaja esta administración la apuesta de Chile como hub digital de América Latina?

Romina Garrido: Si queremos ser un hub debemos mantener una política centrada en la conectividad, facilitar el crecimiento de la industria y promover los despliegues. Debemos llegar a sitios desatendidos y articular con otras entidades públicas para llegar a todos. La idea de hub digital de la región se sostiene, además, con una industria resiliente y robusta; trabajamos para promoverlo.

Todos estos temas serán abordados en la cuarta edición de Chile Digital Summit, evento organizado por DPL Group que tendrá lugar en Santiago el próximo 28 de junio. El país llega a esta edición como hub regional, posición respaldada por sólidos indicadores TIC y una robusta infraestructura digital impulsada por una visión tecnológica de Estado. El evento tendrá lugar en la Sala Celso Furtado de la CEPAL, podrá seguirse tanto de manera presencial como virtual. Registro abierto aquí.

Invertir en proyectos de telecomunicaciones en Chile no es siempre una invitación al entusiasmo. Quien quiera prestar un servicio de telecomunicaciones debe solicitar una concesión, permiso o licencia, según corresponda, cuya tramitación rara vez baja de seis meses y puede superar holgadamente el año. 

Para el inversionista, la espera suele parecerse menos a un procedimiento administrativo moderno que a una larga peregrinación burocrática: formularios, antecedentes, observaciones, oficios, publicaciones y eventuales oposiciones.

Pero la historia no termina ahí. Una vez obtenida la autorización para instalar el servicio y dejarlo operativo, todavía queda una segunda etapa regulatoria: la recepción de obras por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), autoridad sectorial chilena en la materia. 

Conforme al artículo 24 A de la Ley General de Telecomunicaciones, los concesionarios y permisionarios no pueden iniciar servicios sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subtel.

La autoridad cuenta con treinta días hábiles para realizar la inspección respectiva. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, el operador puede iniciar la prestación del servicio. Sin embargo, lo hace bajo una cuota relevante de incertidumbre, pues la Subtel conserva la posibilidad de revisar posteriormente las obras y, eventualmente, rechazar el trámite.

Cuando este modelo se compara con ciertos países referentes de Europa o Norteamérica, la situación chilena aparece como menos flexible. Otros ordenamientos han transitado hacia esquemas más livianos, basados en registros, declaraciones responsables o autorizaciones generales. Chile, en cambio, mantiene una arquitectura concesional que responde a una tradición jurídica e institucional importante, pero que requiere ser revisada a la luz de la velocidad propia de la economía digital.

El Decreto N° 22 como señal regulatoria

En este contexto se inscribe lo que la Subtel ha denominado un “fast track” regulatorio para facilitar inversiones en telecomunicaciones. El instrumento anunciado corresponde al Decreto Supremo N° 22, de 2025, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ingresado a toma de razón ante la Contraloría General de la República. 

Su dictación forma parte de la implementación de la Ley N° 21.770, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y tiene por objeto simplificar el procedimiento de autorización para determinadas obras de telecomunicaciones de bajo riesgo.

La base legal del cambio se encuentra en el propio artículo 24 A de la Ley General de Telecomunicaciones. Si bien dicha norma establece como regla general la necesidad de autorización previa de obras e instalaciones, también permite que se fijen excepciones por vía reglamentaria, sujetas al procedimiento que defina el respectivo acto administrativo. En otras palabras, el legislador abrió una puerta para aliviar el control previo en ciertos casos.

El Decreto N° 22 se sitúa precisamente en esa lógica. Su objetivo es permitir que determinadas obras o modificaciones puedan ponerse en servicio mediante una declaración jurada de cumplimiento, sin necesidad de esperar una autorización previa de la Subtel. 

Según la información disponible, el mecanismo aplicaría a ciertas instalaciones de fibra óptica, antenas y equipamiento de red de menor envergadura. En cambio, quedarían excluidas las modificaciones asociadas a despliegues derivados de concursos públicos de espectro radioeléctrico (como redes 5G) y los proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

En términos prácticos, el operador ya no solicitaría formalmente la recepción de obras en ciertos casos de bajo riesgo, sino que presentaría una declaración jurada certificando el cumplimiento de los requisitos aplicables. 

La Subtel, desde luego, mantendría sus potestades de fiscalización posterior y podría aplicar sanciones en caso de incumplimiento, incluidas multas que, aproximadamente, van desde los USD 391 hasta los USD 391.217.

La orientación general de la medida parece correcta. No resulta razonable que obras menores, estandarizadas o de bajo riesgo deban quedar sujetas al mismo nivel de control previo que proyectos de mayor complejidad técnica o impacto regulatorio. 

En ese sentido, el decreto avanza hacia un principio sano: distinguir donde corresponde distinguir. No todo despliegue requiere el mismo tratamiento administrativo; no toda modificación exige idéntica intensidad de revisión previa.

Por ello, más que desestimar la medida, conviene situarla en su justa dimensión. El Decreto N° 22 no resuelve por sí solo los problemas estructurales del régimen autorizatorio chileno, pero sí puede constituir una señal relevante de cambio. 

Su mérito está en abrir un camino: pasar gradualmente desde un modelo centrado casi exclusivamente en la autorización previa hacia otro que combine reglas generales claras, responsabilidad técnica del operador y fiscalización posterior efectiva.

Una medida correcta, pero todavía acotada

La autoridad sectorial ha sostenido que el Decreto N° 22 busca facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en zonas no conectadas o rurales, destrabando parte de la permisología que históricamente ha retrasado la llegada de redes a estos territorios. La finalidad es razonable y merece ser valorada.

Con todo, el alcance de la medida debe ser leído con cautela. El decreto alivia un tramo específico del procedimiento —la recepción de obras en ciertos casos—, pero no modifica el régimen concesional, no sustituye el modelo general de autorizaciones previas ni reduce sustantivamente los plazos de otorgamiento o modificación de títulos habilitantes. 

Tampoco aborda, por sí mismo, la fragmentación regulatoria que enfrentan muchos proyectos de telecomunicaciones cuando deben interactuar simultáneamente con autorizaciones sectoriales, permisos municipales, bienes nacionales, exigencias urbanísticas, criterios técnicos y procedimientos administrativos diversos.

En ese sentido, el Decreto N° 22 debe ser entendido como una medida incremental. Importante, pero incremental. Útil, pero no suficiente. Representa una válvula de alivio dentro de un sistema que sigue siendo pesado para la velocidad con que hoy se despliegan las redes digitales.

Esta constatación no disminuye el valor del decreto. Al contrario, permite apreciarlo correctamente. Su relevancia no está en que constituya una reforma estructural, sino en que puede servir como punto de partida para una agenda más amplia. 

El verdadero desafío es que este primer paso no quede aislado, sino que se integre en una política regulatoria coherente de simplificación, modernización y proporcionalidad administrativa.

Para ello, será necesario avanzar en definiciones más precisas. Si el criterio operativo será distinguir entre obras de bajo y alto riesgo, entonces el regulador debiera desarrollar categorías técnicas claras, estables y conocidas por la industria. 

Ello permitiría reducir incertidumbre, limitar márgenes interpretativos excesivos y facilitar decisiones de inversión. La simplificación regulatoria no consiste solo en eliminar trámites, sino también en dotar al sistema de mayor previsibilidad.

La reforma estructural pendiente

El punto de fondo, entonces, no es si el Decreto N° 22 ayuda. Probablemente ayuda. El punto es si basta. Y la respuesta es negativa. Chile necesita una agenda más ambiciosa de modernización del régimen habilitante en telecomunicaciones.

Esa agenda debiera revisar, al menos, tres dimensiones. Primero, la pertinencia de mantener un sistema excesivamente dependiente de concesiones, permisos y licencias para todo tipo de servicios y redes. 

Segundo, la posibilidad de avanzar hacia modelos de autorización general, registro único o notificación, especialmente respecto de actividades que no requieren un control individualizado tan intenso. 

Tercero, la necesidad de concentrar el control previo en aquellos casos donde exista un riesgo relevante para el interés público, dejando las demás hipótesis sujetas a responsabilidad ex post y fiscalización inteligente.

Este no es un debate nuevo. Desde hace más de dos décadas se ha planteado en Chile la conveniencia de modernizar el régimen autorizatorio de las telecomunicaciones. La idea ha aparecido en seminarios, diagnósticos, informes, propuestas sectoriales y conversaciones de política pública. Sin embargo, todavía no se ha traducido en una reforma integral.

La experiencia comparada muestra que regular no siempre significa autorizar caso a caso, expediente por expediente, torre por torre, fibra por fibra. Regular también puede significar establecer condiciones generales de operación, exigir cumplimiento normativo permanente, fiscalizar con herramientas tecnológicas, sancionar incumplimientos y reservar la autorización previa para supuestos técnicamente justificados.

En esa dirección debiera avanzar Chile. No se trata de debilitar al regulador ni de desproteger el interés público. Por el contrario, se trata de fortalecer la función regulatoria, liberándola de controles meramente formales o repetitivos para concentrarla en aquello que realmente importa: calidad de servicio, continuidad operacional, uso eficiente del espectro, protección de usuarios, competencia, resiliencia de redes, ciberseguridad e inclusión digital.

La pregunta relevante es si el marco vigente permite acompañar adecuadamente el desarrollo de un ecosistema marcado por la fibra óptica, 5G, los Data Centers, el Internet de las Cosas, la computación en la Nube, los servicios satelitales y la conectividad como soporte esencial de la vida económica y social. 

Si la respuesta es negativa —o al menos dudosa—, entonces la discusión sobre fast track regulatorio no puede agotarse en una excepción reglamentaria específica.

Una agenda que debe continuar

El Decreto N° 22 puede ser un buen primer paso. Introduce una lógica de proporcionalidad, reconoce que no todas las obras requieren igual intensidad de control previo y abre espacio para mecanismos basados en declaración responsable. Esa orientación debe ser valorada.

Pero precisamente por eso sería deseable que el regulador no se detenga allí. Si la medida funciona, debiera servir como experiencia piloto para ampliar gradualmente el uso de mecanismos más ágiles. 

Si se detectan riesgos, debieran ajustarse los criterios técnicos. Si la fiscalización posterior demuestra ser eficaz, debiera profundizarse el modelo. Lo importante es que la simplificación no sea un episodio aislado, sino el inicio de una política pública sostenida.

Chile necesita una agenda regulatoria que mire más allá del trámite específico y aborde el diseño institucional completo. Una agenda que revise plazos, categorías habilitantes, duplicidades procedimentales, criterios de riesgo, coordinación interadministrativa y espacios donde la declaración responsable pueda reemplazar razonablemente al control previo.

Un fast track verdadero no se construye sólo con una excepción reglamentaria, por correcta que sea. Se construye con una visión de largo plazo sobre cómo debe regularse el despliegue de infraestructura digital en una economía que depende crecientemente de la conectividad. 

El Decreto N° 22 apunta en la dirección adecuada. Ahora corresponde dar el paso siguiente: convertir esa señal en una agenda estructural de modernización regulatoria.

Porque Chile no necesita únicamente acortar un tramo del camino. Necesita preguntarse si la carretera regulatoria por la que transita el sector sigue siendo adecuada para el mundo digital que pretende construir.

Diario Financiero

Se trata del decreto número 22, que tiene como objetivo aliviar la carga de autorizaciones que enfrentan empresas y concesionarias del sector, en casos de modificaciones o proyectos de bajo riesgo, por ejemplo, instalaciones de fibra óptica.

Leer más: https://www.df.cl/empresas/telecom-tecnologia/en-modo-fast-track-subtel-ingresa-primer-decreto-para-agilizar

Fuente: SERNAC

Con el objetivo de conocer si la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) está realizando alguna investigación relativa a eventuales incumplimientos relativos al uso de los prefijos 809 y 600, lo que podría afectar los derechos de los consumidores, el SERNAC ofició al ente regulador.

El SERNAC tomó conocimiento de que una o más compañías estarían incumpliendo la normativa que establece el uso obligatorio de los prefijos 809 y 600 para realizar llamadas con comunicaciones masivas no solicitadas y solicitadas, respectivamente.

Según los antecedentes con los que cuenta el SERNAC, una o algunas empresas de telecomunicaciones habrían implementado un mecanismo digital que mantendría preseleccionado por defecto el bloqueo del prefijo 809, dificultando que sus clientes reciban comunicaciones de otros operadores, afectando potencialmente los procesos de portabilidad numérica, la libre elección, la información transparente, la competencia y el tratamiento de datos personales de los consumidores, entre otras implicancias.

Normativa SUBTEL

Recordemos que a mediados de agosto del año 2025 entró en vigencia la resolución de la SUBTEL que obligó el uso de prefijos determinados para las llamadas comerciales, de tal manera que toda comunicación que se realicen de forma masiva y automática deberán contar con la numeración establecida para ello.

La norma establece que si un consumidor recibe un llamado de un número telefónico con el prefijo 809, lo está contactando una entidad con la que actualmente no tiene un vínculo comercial o financiero y que, por ende, no ha solicitado ni autorizado. Por ejemplo, llamadas automatizadas masivas que buscan ofrecer y/o vender un producto.

Por otro lado, si un usuario es contactado a través de un número telefónico con el prefijo 600, se entiende que se trata de una entidad que sí cuenta con la autorización para llamarle.

¿Qué antecedentes solicitó SERNAC a SUBTEL?

A través del oficio, el SERNAC le solicitó a SUBTEL una serie de antecedentes, entre ellos, si la entidad reguladora está realizando alguna investigación respecto de esta temática, las implicancias jurídicas de estas posibles acciones, si ya ha tomado acciones respecto de las empresas involucradas, entre otros.

Una vez recibida la información de parte del regulador, y en caso de existir posibles incumplimientos a la normativa sectorial y a la Ley del Consumidor (LPC), el SERNAC podría iniciar acciones individuales o colectivas en contra de las empresas.

Llamadas spam y derechos de los consumidores

Con la asignación del prefijo 809 y 600, las personas tienen la certeza de que la llamada recibida corresponde a una de carácter masivo, solicitada o no. En esencia, lo que hace es reconocer y filtrar el spam de las empresas, teniendo la certeza que no corresponden a otro tipo de llamadas, por ejemplo, llamados que pudieran ser fraudulentas o engañosos.

Por ende, las llamadas spam no se eliminaron con la incorporación de esta nueva disposición, sólo se califican en realizadas por empresas con las que el consumidor no tiene contrato (prefijo 809) y las realizadas por compañías con las que sí tiene vínculo comercial (prefijo 600).

La Ley del Consumidor (LPC) permite a las empresas enviar comunicaciones publicitarias o promocionales a los consumidores, pero al mismo tiempo, los usuarios tienen derecho a solicitar que dejen de hacerlo.

Adicionalmente, los proveedores se encuentran obligados a indicar la forma expedita para que los destinatarios de las referidas comunicaciones puedan solicitar su suspensión. Una vez solicitada, quedarán prohibidas.

La plataforma “No Molestar” del SERNAC facilita la gestión para que los teléfonos y correos electrónicos sean eliminados de las bases de las empresas y evitar que continúen con el envío de comunicaciones promocionales y/o publicitarias.

Reclamos

Recuerda que, en caso de tener problemas con alguna empresa, puedes ingresar un Reclamo mediante:

• Ingresando Portal del Consumidor, a través de tu Clave SERNAC o ClaveÚnica.
• Llamando gratis al 800 700 100, de lunes a viernes 09:00 a 19:00 hrs.
• Acudiendo a las oficinas regionales, ubicada en las capitales regionales en todo el país.