Las compañías de Internet posiblemente sean las que más información personal de usuarios posean, por lo cual, en caso de una investigación criminal, éstas deben dar información a la policía.

En agosto, la policía arrestó a Michael Williams por presuntamente prender fuego al automóvil de un testigo en Florida. Los investigadores vincularon a Williams con el incendio provocado, además de la manipulación de testigos, luego de enviar una orden de registro a Google solicitando información sobre “usuarios que habían buscado la dirección de la residencia cerca del tiempo del incendio”.

Los documentos judiciales mostraron que Google proporcionó las direcciones IP de las personas que buscaron la dirección de la víctima del incendio provocado, las cuales los investigadores vincularon a un número de teléfono perteneciente a Williams.

La orden judicial enviada a Google está sellada, pero el informe proporciona otro ejemplo de una tendencia creciente de solicitudes de datos al gigante de los motores de búsqueda en la que los investigadores exigen datos sobre un grupo grande de usuarios, en lugar de una solicitud específica sobre un solo sospechoso.

“Esta ‘orden de palabra clave’ evade los controles de la Cuarta Enmienda sobre la vigilancia policial”, sostuvo Albert Fox Cahn, director Ejecutivo del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia. “Cuando un tribunal autoriza un volcado de datos de cada persona que buscó un término o dirección específicos, es probable que sea inconstitucional”, agregó.

Google recibió 15 veces más solicitudes de órdenes de geolocalización en 2018 en comparación con 2017, y cinco veces más en 2019 que en 2018. El aumento en las solicitudes inversas de la policía ha preocupado al personal de Google, según los correos electrónicos internos.

Las garantías de palabras clave son similares a las garantías de geofence (geovalla/perímetro virtual), en las que la policía solicita a Google datos sobre todos los dispositivos conectados a un área y momentos específicos.

Las órdenes de registro inverso, así como las órdenes de geofence, están siendo impugnadas en todo Estados Unidos por violar los derechos civiles. Los legisladores de Nueva York propusieron una legislación para hacer que los registros sean ilegales, mientras que en Illinois, un juez federal encontró que la práctica violaba la cuarta enmienda.

Por lo general, se necesita una causa probable para las órdenes de registro, que están asociadas con un sospechoso o una dirección. Las demandas de información se adaptan estrictamente a un individuo específico, por lo que las garantías de palabras clave van en contra de ese concepto al ceder datos sobre un gran grupo de personas asociadas con la búsqueda de ciertas frases.

Debido a cómo funcionan las garantías de palabras clave, existe la preocupación de que las actividades en línea de personas inocentes terminen en manos de las autoridades sin razón. Esto ha traído el arresto de personas sólo por estar (y buscar) en el lugar y momentos equivocados ante estas órdenes de geolocalización.

Luego de que Google decidiera frenar las solicitudes de datos del gobierno de Hong Kong debido a protestas en la ciudad, la compañía salió a comunicar que no proporcionará más datos a las autoridades tras la promulgación de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por China.

“Como siempre, las autoridades fuera de Estados Unidos pueden buscar los datos necesarios para investigaciones criminales a través de procedimientos diplomáticos”, señaló Google en un comunicado enviado por correo electrónico.

Asimismo, informó que revisó todas las solicitudes de datos y rechazó las “demasiado amplias” para proteger la privacidad de los usuarios.

La recién promulgada ley de seguridad nacional ha sido duramente criticada por Estados Unidos y ha aumentado las tensiones entre ambos países.

Google notificó a la policía de Hong Kong la semana pasada que ordenaría a los funcionarios que tramiten cualquier solicitud de datos a través de un Tratado de Asistencia Legal Mutua con Estados Unidos, que implica una ruta a través del Departamento de Justicia norteamericano, informó el Washington Post.

En julio, Facebook, Google y Twitter suspendieron el procesamiento de solicitudes gubernamentales de datos de usuarios en Hong Kong.