Sissi De La Peña es Directora Gral de The Dot Network & Directora del capítulo México de la Global Anti-Scam Allianza (GASA)

Dos paneles, una cadena de vulnerabilidad

El 5 de noviembre de 2025, participé como moderadora en dos espacios críticos de debate sobre ciberseguridad mexicana que ocurrieron el mismo día, uno seguido del otro. Por la mañana, un panel en línea abordó el lanzamiento del Informe de Estafas de México 2025 de la Global Anti-Scam Alliance (GASA). Unas horas después, presencialmente en el México Digital Summit 2025 de DPL Group, me reuní con líderes de infraestructura digital (Huawei, Ericsson, Cisco y Scitum Telmex). 

Esta proximidad temporal entre ambos eventos permitió una reflexión única: conectar las estafas documentadas en la mañana con sus implicaciones sistémicas en infraestructuras críticas por la tarde. Ambos paneles revelaron una verdad incómoda: la estabilidad económica de México está comprometida por un asedio digital que comienza con engaños sencillos y termina en la parálisis de infraestructuras críticas.

El 1er debate: el lanzamiento del México Scam Report: la puerta de entrada

El panel en línea sobre el Informe de Estafas de México 2025 documentó un escenario crítico que define el inicio de la cadena de vulnerabilidad. 

La GASA en México registró que 76% de adultos mexicanos ha sido víctimas de estafa, con pérdidas de 139 mil millones de pesos en el último año. El vector predominante: engaños en WhatsApp y Facebook que, mediante ingeniería social, comprometen credenciales de usuarios que desconocen que sus datos se convertirán en llaves de acceso a sistemas más críticos.

La conexión crítica que este panel ilustró: estas credenciales no terminan en fraude aislado al consumidor. Son puertas de entrada hacia ataques devastadores que paralizan manufactura, gobierno y servicios críticos.

De este debate destacó en primer lugar la perspectiva del sector financiero. Rogelio Garduño, Director Ejecutivo de Prevención de Fraudes de Scotiabank México, enfatizó que “el eslabón más débil es nuestro usuario”. 

Los bancos detectan anomalías transaccionales en tiempo real y despliegan autenticación reforzada, pero una vez comprometido el usuario por un scam, la defensa se vuelve reactiva. Garduño identificó que la brecha es institucional, no tecnológica. 

Telcos, marketplaces, proveedores y bancos actúan aislados. Sin colaboración estructurada, “fallamos como ecosistema”. Esta fragmentación permite que credenciales comprometidas sigan siendo explotadas, elevando el riesgo de ataques contra infraestructuras críticas.

La segunda perspectiva a destacar son las propuestas del sector público. Heidy Rocha, Directora General de Ciberseguridad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), destacó que el problema central no es sólo la cifra económica, sino una profunda crisis de confianza institucional. El 45% de víctimas nunca reporta y 82% debe denunciar varias veces antes de ser escuchado. Heidy Rocha propuso tres transformaciones:

• Una ventanilla digital única nacional con seguimiento automatizado y ejemplos exitosos como Report Cyber (Reino Unido) y Action Fraud (Australia).
• Un protocolo de interoperabilidad antifraude donde instituciones compartan datos de incidentes de forma segura. Un fraude detectado por una telco activaría alertas inmediatas en bancos y plataformas.
• Una estrategia nacional permanente de cultura antifraude combinando dimensiones cognitiva, emocional y práctica.

Panel 2: Mexico Digital Summit 2025: de la vulnerabilidad individual a la crítica sistémica

En la tarde, presencialmente, el panorama cambió de escala. Un panel de líderes de infraestructura digital trasladó la conversación desde estafas individuales hacia compromisos de sistemas críticos. 

El contexto era urgente: México registró 40,600 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2025. Las estafas documentadas por la mañana no eran fraudes aislados; eran el eslabón inicial de una cadena que termina en ransomware paralizando servicios esenciales.

La infraestructura como fundamento crítico

Elizabeth Peña (Ericsson) fue inequívoca: “Internet no puede existir sin infraestructura que lo soporte”. La ciberseguridad debe blindarse desde el diseño del producto, no como parche tardío. La norma SCS 9001 no es lujo, es corresponsabilidad entre tecnología y gobierno.

Manuel Díaz Franco (Huawei) propuso cinco acciones de extremo a extremo: i) integridad verificada desde el producto, ii) operadores responsables de seguridad operativa, iii) configuración adaptada al contexto, iv) vulnerabilidades gestionadas continuamente y v) ciclo de vida planificado. Su advertencia fue directa: la infraestructura de cómputo para IA será próximamente un activo crítico bajo amenaza.

Adriana Servín (Cisco) presentó la ecuación: tres pilares crean resiliencia: autenticación multifactor, arquitectura Zero Trust e inversión en talento. Pero el déficit es agudo: 76% de vacantes en ciberseguridad global siguen sin cubrir. Su conclusión fue incisiva: “no hay riesgo cero. La ciberseguridad no es táctica técnica; es estrategia de negocio basada en el factor humano. Si el crimen organizado fuera un país, sería el tercero mundial”. 

Imelda Flores (Scitum) cerró advirtiendo que la IA baja barreras de entrada para el cibercrimen. Invertir en ciberseguridad “es un gasto necesario” que determina si el ataque será “una bala al pie o una bala al corazón”.

Debemos cerrar la cadena de vulnerabilidad

En un único día, ambos paneles expusieron una verdad sistémica: las estafas documentadas por GASA (76% de adultos como víctimas, 139 mil millones de pesos robados) no son incidentes aislados. Son el primer paso de una cadena que escala hacia infraestructuras críticas.

El primer debate identificó la brecha: usuario comprometido sin protección multiactor. El segundo debate planteó la solución: infraestructura blindada desde el origen, extremo a extremo por diseño, costo-beneficio sostenible con talento y anticipación de nuevas amenazas.

La conexión es directa y peligrosa. Desde WhatsApp o SMS donde comienza el scam hasta el ransomware que paraliza infraestructuras críticas, existe una cadena sin defensas coordinadas. 

México enfrenta una elección: un modelo reactivo que gestiona crisis consumidor por consumidor o un modelo de resiliencia coordinada que anticipa colapsos. Hoy actúa sobre usuarios vulnerados. Mañana actuará sobre economía paralizada.

La conclusión es ir de un modelo reactivo a la resiliencia coordinada.  La ciberseguridad en México requiere un ecosistema integrado donde la detección temprana de estafas active defensas inmediatas en cadena, la infraestructura crítica opere bajo controles de extremo a extremo y el sector público coordine interoperabilidad real entre telecomunicaciones, finanzas y autoridades.

No será suficiente tecnología sin coordinación. No será suficiente detección sin defensa sistémica. La próxima ola de ransomware no atacará un consumidor aislado; atacará infraestructuras críticas comprometidas por credenciales robadas en estafas que nadie denunció porque el sistema no mereció confianza.

Cerrar esa brecha es la única garantía de estabilidad económica.

Fuentes:

• 1er debate: Lanzamiento del México Scam Report 2025, GASA [en línea, 5 de noviembre de 2025], Youtube. Link aquí. 
• Panel 2: “Seguridad de infraestructuras críticas: riesgos cero para los activos vitales” – Mexico Digital Summit 2025, DPL News [presencial, 5 de noviembre de 2025, unas horas después].

Fuentes: Global Anti-Scam Alliance Mexico Scam Report 2025.

Durante el evento Future of Digital Policy and Regulation, convocado por DPL Live, expertos hablaron de los principales pilares que tiene la economía colaborativa y destacaron la capacidad de maximización, la participación de cada una de las plataformas y lo que han logrado.

Galé Mallol Agudelo, presidenta de la Asociación de Operadores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (Asotic) y moderadora del panel, explicó la importancia de crear marcos regulatorios robustos e inclusivos para todos los usuarios.

Al respecto, Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), aseguró que el concepto de economía colaborativa está presente desde 2018 con la crisis económica, brindando una nueva perspectiva para interactuar con nuevos sectores de la economía. Esto fortaleció los modelos para emprendedores y usuarios que son novedosos y que se han convertido en un ganar-ganar para ambas partes.

Sobre el marco regulatorio, de la Peña aseguró que “es necesario trabajar en fortalecer los modelos de negocio con principios básicos para entender en los que cada modelo de negocio y cada plataforma está basada”.

Además, se debe entender que una regulación no es un paraguas para todo lo que se necesita, sino que se debe pensar en el usuario y sus necesidades.

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Paula Bernal, jefa de asuntos de gobierno de DiDi, dijo que en el ámbito de la economía colaborativa, particularmente sobre las plataformas de transporte, se deben considerar dos puntos esenciales: la discusión regulatoria, la cual debe tener en cuenta la autorregulación del sector y recoger esas experiencias para no partir de cero; y partir de la coexistencia del trabajo con otras opciones de transportes, porque permite estar al servicio de todos y todo, lo cual genera inclusión, no exclusión.

Por su parte, María Cristina Cárdenas, gerente de asuntos gubernamentales para Iberoamérica de Coursera, habló de la importancia de las plataformas colaborativas desde la educación y aseguró que “la tecnología ayuda a democratizar la educación, y es una opción para cambiar los pensum más antiguos. Por ejemplo, Coursera creció un 400 por ciento durante la pandemia”.

“Ahora me sorprende la cantidad de contenido que crece mes a mes, cerca de 150 contenidos nuevos cada mes, mañanas de 8 mil 500 cursos de todo tipo que hacen rutas de aprendizaje personalizado para las personas”, agregó.

Cárdenas aseguró que tal vez sea mejor no regular las plataformas de educación, para que se les permita a las personas educarse con libertad. También dijo que “es necesario buscar este ecosistema libre de educación, pero que se tenga cuidado con los datos personales que va dejando uno en ese trabajo”.

En su intervención, Salomón Woldenberg, director de Políticas Públicas para el Norte de América Latina de SWVL, aseguró que Colombia está en un momento privilegiado para fortalecer el trabajo e implementar un marco regulatorio robusto y flexible que le permita responder a sus propias necesidades.

En México y América Latina existen discrepancias entre los discursos de las autoridades, así como las políticas públicas y acciones que llevan a cabo en temas de digitalización y fomento de inversiones en las telecomunicaciones, coincidieron expertos durante el panel “Propuestas para impulsar la inversión”, del evento México 5G organizado por DPL Live.

Lucas Gallito, director para América Latina de la GSMA, señaló que las acciones de las autoridades y gobiernos van en sentido contrario a fomentar la transformación digital.

“Hemos escuchado muchas veces la importancia de estar conectados, pero como consecuencia vemos discusiones de renovaciones de frecuencias muy onerosas, subastas con fines recaudatorios, regímenes tributarios que ponen impuestos a la conectividad, etcétera. Hay una discrepancia entre discursos y políticas públicas”, aseveró Gallito.

César Funes, vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei, comentó que los gobiernos son quienes deben fungir como el principal actor que fomente las inversiones y el desarrollo digital, por ejemplo, al poner los servicios públicos de manera digital para los usuarios.

“El gobierno puede ser el principal área de fomento a través de poner en los usuarios los servicios públicos elementales, eso hará que la gente adopte la tecnología. Luego nos iremos a temas más sofisticados que generen mayor productividad y mayores ingresos para la sociedad.

“No sólo debe haber un espectro asequible, sino que pueda ser usado de forma neutralmente tecnológica, que podamos usar la tecnología de donde venga; y también, en términos de espectro, que haya inventario suficiente para esos beneficios de la conectividad masiva a través de 5G, que va a permitir más y mejores servicios de alta calidad”, señaló Funes.

Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), advirtió que América Latina está atrasada en el tema de transformación digital y que ello implicará un retraso económico.

“Hace falta mucho trabajo para poder tomar todos los beneficios de esta aceleración económica, que en algunos casos se adoptó con mayor velocidad que otros. Es triste ver que de los 10 peores países evaluados, cinco son latinos: México, Perú, Argentina, Colombia y Venezuela.

“Es algo muy grave, porque estamos en contexto de pandemia, de crisis, y está más que conversado que el tema digital es ahora la herramienta para que las economías se suban a la economía digital global”, comentó De la Peña.

Maryleana Méndez, secretaria Ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), señaló que a pesar de que la pandemia de Covid-19 demostró el poder de las telecomunicaciones y los servicios digitales, no ha habido un cambio radical en el fomento a las inversiones por parte de las autoridades en toda la región.

“Hay muchos retos, cómo hacemos sostenibles las inversiones que son de muy largo plazo, de 10 ó 15 años. No vemos un cambio drástico en temas regulatorios, temas fiscales, de costo de espectro; ahí tiene que haber un cambio importante a efecto de incentivar la inversión para que los empresarios sientan confianza de acelerar la inversión.

“La pandemia ha deprimido la demanda en el sentido de que ha habido un aumento considerable de la pobreza en nuestros países y eso no se puede dejar de lado. Más de 93 por ciento de las personas en América Latina está cubierta con redes 3G y, sin embargo, tenemos brechas de 50 por ciento en zonas rurales y 30 por ciento en zonas urbanas, porque hay personas que no lo pueden adquirir. Existe una obligación de los Estados para buscar programas que faciliten el acceso”, dijo la especialista.

Nuhad Ponce, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resaltó la importancia de que exista certeza jurídica para las inversiones.

“Es importante contar con políticas públicas, que haya seguridad y certeza jurídica, que exista inversión con plan de acción a corto, mediano y largo plazo; atender a este mercado, estar inmersos en el tema de la conectividad. 

“Necesitamos tener confianza en nuestras instituciones, apoyar al IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), al INAI, organismos constitucionales autónomos que generan este balance para que las empresas puedan generar esta inversión de manera segura”, aseveró Ponce.

Felix Castro, presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, señaló que si no se cambian las políticas públicas para fomentar las inversiones será más complicada la recuperación económica.

“La era post pandemia, sin hacer nada, va a ser muy complicada. Estas tendencias de Internet de las Cosas, ciudades inteligentes, carros autónomos, etcétera, si no se mejora la conectividad, ¿cómo vamos a lograr que los diferentes dispositivos se interconecten e interactúen?

“Si la sociedad se recupera de este golpe, por transitividad todos los demás sectores nos vamos a ver beneficiados. Es urgente que se incremente la inversión en conectividad, porque por transitividad vamos a incrementar la productividad en los diferentes sectores de la sociedad”, aseguró.

Las plataformas colaborativas como Rappi, DiDi o Coursera, por mencionar algunas, ayudan a elevar la calidad de vida de las personas, sin embargo, sobrerregularlas puede causar un freno a la innovación, advirtieron directivos de las tecnológicas durante el foro Colombia 5G organizado por DPL Live.

Juan Sebastián, jefe de Política para la Región Andina en Rappi, señaló que las plataformas colaborativas han sido una herramienta para cambiar la forma de vida de las personas y solucionar problemas que antes no se resolvían.

“Nosotros en Rappi realmente actuamos pensando en reinventar, de la mano de la tecnología, para lograr lo que nunca antes se había hecho, y así suplir necesidades y problemas reales de las personas, comercios, ciudades y países. Las plataformas colaborativas han llegado para elevar la calidad de vida. Eso ha permitido que nuevos modelos de negocio se desarrollen.

“Vemos una necesidad de alejarnos de las concepciones previas y tradicionales de cómo enfrentar las problemáticas de mercado, y la flexibilidad debe estar permanente en este ecosistema”, comentó.

Sissi de la Peña, gerente de Comercial Digital de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), afirmó que la tecnología no es buena ni mala, sino sólo se trata de cómo se utiliza. Afirmó que se debe tener una regulación inteligente que no inhiba los emprendimientos. 

“Exige un replanteo de normativas y regulaciones a nivel local y regional. Aquí es donde tenemos que prestar atención para no sobrerregular e inhibir la inversión. Principalmente en un marco de pandemia donde se aceleraron (estas plataformas).

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“Lo importante aquí es ver, sobre todo en América Latina, cómo la economía colaborativa desarrolla esa oportunidad para que las pymes puedan florecer en una economía global digital”, dijo de la Peña.

Paula Bernal Sanint, jefa de Asuntos de Gobierno de DiDi, señaló que en Colombia se necesitan marcos regulatorios modernos que entiendan las economías colaborativas que ponen al usuario en el centro.

Advirtió que la regulación no puede limitar la innovación, ya que las plataformas de movilidad habilitan muchos aspectos de la vida social.

“Seguridad y recuperación económica son dos características que impulsaron estas plataformas. Cuando tenemos una crisis de desempleo y económica, las personas necesitan muchas fuentes de ingresos. Vemos mujeres en las plataformas porque el ingreso seguramente disminuyó.

“Tenemos muchas necesidades de movilidad y necesitamos tener muchas opciones. Qué bueno que la ley entienda en dónde necesitamos regular y dónde no, pero sobre todo que la ley permita a los usuarios cómo moverse, y a los conductores dé la oportunidad de tener mejores ingresos para sus familias”, apuntó la ejecutiva de DiDi.

Por su parte, María Cristina Cárdenas, gerente de Asuntos Gubernamentales para Iberoamérica en Coursera, celebró la creación de plataformas digitales, pues hoy en día ya se piensa en capacitación empresarial y educación a través de la tecnología.

“Durante la pandemia, Coursera creció 400 por ciento. Coursera no sólo se enfoca en usuarios, sino en universitarios y empresas que buscan cursos y gobiernos que contratan para la capacitación de empleados. Coursera utiliza cada vez más Inteligencia Artificial para conocer la duración de los videos. Hay una necesidad de capacitarnos a lo largo de la vida.

“Hay que llevar calidad educativa, independientemente del poder adquisitivo de las personas, con una modalidad más flexible. Permiten que más mujeres se capaciten y puedan tener un empleo. Permiten personalizar la educación y actualizar los contenidos sin necesidad de una reforma educativa”, comentó.

A partir de julio de 2020, las plataformas digitales en México tendrán que pagar el impuesto al valor agregado (IVA). Esto forma parte de la hoja de ruta hacia un marco regulatorio para la economía digital dentro del país, aunque generalizar los modelos de negocio podría ser una estrategia equivocada.

Se dio un paso atrás para la recaudación de impuestos a compañías extranjeras donde, como consecuencia de incumplir con las obligaciones tributarias, se planeaba un bajón de switch para los gigantes tecnológicos, lo que no sólo afectaría a los gigantes extranjeros sino también a las empresas nacionales hospedadas en sus servidores, haciendo un efecto dominó en la economía digital mexicana.

En entrevista para DPL News, Sissi de la Peña, de la Asociación Latinoamericana de Información (ALAI), señaló que las conversaciones para crear un modelo más adecuado a las necesidades de la economía digital continúan con las autoridades mexicanas; sin embargo, las pláticas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aún no concluyen; hasta ese momento será más visible el camino a tomar en cuanto a marcos regulatorios que se adapten a cada modelo de negocio.

Seis meses no son suficientes

La compañía de transporte privado, Uber, tardó seis meses en implementar un modelo que le permitiera pagar un IVA y el impuesto sobre la renta (ISR), de acuerdo a las directrices marcadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El modelo de negocio de la compañía permitió identificar adecuadamente al producto.

No obstante, cada empresa digital tiene diferentes modelos de negocio que hacen complicado aplicar la misma fórmula que Uber presentó para su caso específico; como Twitter, Google o Facebook, cada plataforma tiene diferentes servicios o multiservicios que no se acoplan a un modelo simplificado de impuestos. Además de que cada uno de estos sitios actuará como retenedor del ISR para quienes dentro de cada plataforma ofrecen sus propios servicios, como es el caso de Airbnb, Amazon o Mercado Libre.

De la Peña subrayó que las plataformas digitales están en la mejor disposición de buscar una regulación apropiada para tributar de acuerdo a las leyes mexicanas; sin embargo, las leyes actuales son desiguales para las grandes empresas y los pequeños empresarios quienes, además, se verán más afectados por el esquema de seis meses para adaptarse a los lineamientos propuestos.

La regulación en materia de economía digital es primordial para el Estado mexicano. Con el avance de la tecnología y, por ende, de la economía digital, las industrias se mueven de formas diferentes, donde una frontera geográfica no puede ser el freno para el crecimiento de una sociedad.

La ALAI continuará pendiente de la resolución de las conversaciones en la OCDE para reactivar la colaboración con el gobierno mexicano y dar solución al complejo tema de la tributación de productos y plataformas digitales.