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La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social evalúa una medida dirigida a priorizar el restablecimiento de servicios esenciales durante situaciones de emergencias en los hogares sustitutos y de transición que albergan menores bajo la custodia del Departamento de la Familia (DF).

La Ley de Prioridad en el Restablecimiento de Servicios Esenciales para Hogares Sustitutos y de Transición, presentada por el representante Pedro Julio Santiago Guzmán, propone establecer como política pública que estas facilidades, bajo la supervisión de Familia, sean consideradas prioridad dentro de los planes de restablecimiento de servicios esenciales tras una emergencia o desastre natural.

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El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó este viernes la ley que reconoce a Internet como un servicio público esencial y universal, durante un evento desde Arroyohondo, Bolívar.

Junto a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, el mandatario afirmó que masificar el acceso a Internet en el país dará oportunidades a la población, en educación, cultura, trabajo, salud, inclusión financiera y esparcimiento.

“A partir de hoy, todos los hogares colombianos van a poder aspirar a ese servicio y no verlo con lejanía. Será una labor de los alcaldes, de los gobernadores y del gobierno nacional llegar con el servicio para que este sea un camino de oportunidades”, aseveró Duque.

Con unanimidad de votos, a finales de abril la Plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto normativo, presentado en julio de 2020 por los legisladores Rodrigo Rojas y Carlos Bonilla, ambos del Partido Liberal.

La nueva ley contiene 12 artículos: en el primero se define que el objetivo de la normativa es promover el acceso y apropiación de Internet entre la población vulnerable, y garantizar la prestación continua y eficiente de la conectividad en todo el territorio.

En los otros artículos, se prohíbe suspender labores esenciales de los proveedores del servicio de Internet; se ordena definir reglas aplicables a los operadores en estados de emergencia; y se dictamina necesario contar con un marco regulatorio diferencial para los pequeños jugadores que brindan acceso residencial.

Asimismo, la legislación contempla que el Ministerio TIC podrá negociar la aplicación de zero rating con la industria para sitios web gubernamentales; la excepción del pago de contribución al organismo regulador que hacen las empresas con menos de 30 mil usuarios; la exención del pago de contraprestación al Fondo Único TIC de esos mismos participantes, y disponer de financiamiento para el Internet minorista.

También incluye que las autoridades locales deberán dar una rápida respuesta a las solicitudes de los operadores para construir, instalar y hacer otros movimientos en su infraestructura de redes y servicios móviles. Si no contestan dentro del mes siguiente a la petición, se concederá en automático.

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Durante el acto de sanción presidencial, Karen Abudinen dijo que considerar a Internet como un servicio público esencial significa que los usuarios podrán conectarse de forma rápida y con planes asequibles. Y en caso de emergencias, como la que vino con la pandemia por Covid-19, estará asegurada la prestación de servicios de telecomunicaciones.

El representante Rodrigo Rojas destacó que la promulgación de la ley pone a Colombia a la vanguardia internacional, y responde a la necesidad de ampliar el acceso de Internet en las zonas rurales y profundas para habilitar otros derechos como el de la salud y la educación.

Banda ancha y telefonía móvil necesitan ser considerados servicios esenciales y tener una protección tributaria, indicó el Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicio Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil).

En Brasil, la Constitución prevé razonabilidad en la tributación de servicios esenciales en relación a los demás, y el tema es objeto de debate.

Según el representante del sindicato, Guilherme Sales, actualmente, todos los impuestos administrados por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) son objeto de litigio judicial.

El argumento, según Sales, es que falta una mejor interpretación de la legislación en la discusión con el sector regulado.

Para el representante de la entidad, la propuesta de la agencia de debatir el reglamento de recaudación de ingresos tributarios es un avance para acabar con la “guerra judicial”.

Durante su participación en la audiencia pública que debatió la nueva propuesta del reglamento, Guilheme Sales afirmó que el sector de telecomunicaciones es uno de los que más impuestos paga en el país.

“La alícuota de ICMS de telecomunicaciones es igual a otros bienes superfluos, los márgenes de beneficio son bajos en comparación con otros países. Sabemos que la agencia no tiene gestión para solucionar estos problemas, pero la otra cara de la carga tributaria puede ser modificada, especialmente la interpretación de la base de cálculo, por ejemplo de la TFI (Tasa de Fiscalización e Instalación)”, afirmó.

El ejecutivo señaló que el sector de telecomunicaciones recoge, en promedio, 60 mil millones de reales al año. También comentó que, de las diez mayores empresas que pagan impuestos, cuatro son de telecomunicaciones.

Los técnicos de Anatel argumentaron que el objetivo es corregir algunas fallas existentes actualmente, simplificar la vida de los contribuyentes y desburocratizar los procedimientos.

Recientemente, Anatel confirmó con indicadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que Brasil ocupa el primer lugar en el cobro de impuestos de banda ancha fija del mundo, y el cuarto lugar en telefonía móvil.