El CEO

Tras la separación funcional, Teléfonos de México sigue a la espera de la definición del Instituto Federal de Telecomunicaciones de la solicitudes de libertad tarifaria para las nuevas empresas que les permita establecer precios que generen los ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones e invertir en infraestructura.

También está pendiente la autorización para la prestación de servicios convergentes para competir en igualdad de condiciones con los otros operadores, de acuerdo con el reporte financiero de Telmex enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

El 6 de marzo pasado se cumplió el plazo establecido por el Instituto para realizar la separación funcional de Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste, una obligación derivada de la primera revisión bienal de las medidas asimétricas aplicadas en su calidad de agente económico preponderante en telecomunicaciones.

Para cumplir con este mandato se crearon las empresas Red Nacional Última Milla y Red Última Milla del Noroeste, a las que se les transfirieron los recursos para poder prestar los servicios mayoristas de enlaces locales, servicios de desagregación de la red y la compartición de infraestructura.

Todo lo anterior, con base en las ofertas de referencia definidas por el IFT y publicadas el 6 de marzo de este año.

Estas nuevas empresas presentaron el 21 de enero de 2020 una solicitud de título de concesión para prestar servicios de telecomunicaciones de carácter mayorista a nivel nacional, la cual fue aprobada por el IFT el 4 de marzo.

Entre otras cosas, la concesión establece que solo podrá prestar servicios mayoristas de telecomunicaciones a través de infraestructura asociada a una red pública de telecomunicaciones; además de que en ningún caso podrá prestar servicios a usuarios finales.

A mediados de enero, el Pleno del IFT permitió la asignación de los empleados sindicalizados mediante un contrato de prestación de servicios a las nuevas empresas. Por su parte, el personal no sindicalizado fue transferido a las nuevas empresas, una resolución que barajó algunos posibles escenarios para los trabajadores.

Así le fue a Telmex en el 1T

Durante el primer trimestre, los ingresos de Telmex ascendieron a 22,686 millones de pesos, una disminución de 2.5% con respecto a los observados en el mismo periodo de 2019 debido, entre otras cosas, a menores ventas de equipos, un efecto atenuado por mayores servicios de datos.

En los primeros tres meses del 2020, el flujo operativo (EBITDA) registrado fue de 6,569 millones de pesos, apenas 0.4% mayor con respecto al mismo trimestre de 2019, en tanto que la utilidad de operación fue de 1,494 millones de pesos.

En el periodo, Telmex registró una pérdida neta que asciende a 1,867 millones de pesos, atribuible a la participación controladora, muy por debajo de los 2,522 millones de pesos reportados en el primer trimestre de un año antes.

Al 31 de marzo de 2020, los servicios de Telmex se ofrecen a 9.8 millones de suscriptores únicos con 22 millones 39 Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs), es decir, cada unidad de negocio de la empresa que genera ingresos.

De estas, 9 millones 798,000 son unidades de banda ancha y 12 millones 241,000 son de líneas fijas.

El Economista, Nicolás Lucas

Las compañías presentaron el 21 de enero de 2020 una solicitud de título de concesión para prestar servicios de telecomunicaciones de carácter mayorista a nivel nacional y en municipios de Baja California y Sonora, para el caso de la empresa que nació del brazo mayorista de Telnor.

Red Nacional Última Milla S.A.P.I. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste S.A.P.I. de C.V. son las compañías que resultaron de la separación funcional de Teléfonos de México (Telmex) y Teléfonos del Noroeste (Telnor) que fue ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el martes 27 de febrero de 2018 como parte de sus revisiones bianuales a la efectividad de la política regulatoria que pesa sobre ambas telefónicas y también sobre Telcel de América Móvil (AMX) desde marzo de 2014.

Las compañías presentaron el 21 de enero de 2020 una solicitud de título de concesión para prestar servicios de telecomunicaciones de carácter mayorista a nivel nacional y en municipios de Baja California y Sonora, para el caso de la empresa que nació del brazo mayorista de Telnor.

El IFT aprobó las peticiones el día 4 de marzo de 2020, conforme la resolución P/IFT/Q-40320/78 y los títulos de concesión de las dos compañías mayoristas suponen las autorizaciones más relevantes firmadas por el actual comisionado presidente interino del IFT, Adolfo Cuevas.

De acuerdo con la información contenida en los títulos de concesión, las empresas sólo podrán prestar servicios mayoristas de telecomunicaciones a través de infraestructura asociada a una red pública de telecomunicaciones.

“En ningún caso, este concesionario podrá prestar servicios a usuarios finales. La prestación de los servicios mayorista objeto del presente título, así como la instalación, operación y explotación de la infraestructura asociada al mismo, deberá sujetarse a la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”, se lee en los títulos de concesión de las mayoristas.

El IFT también ordenó a las dos compañías a presentar sus estados financieros cuando le sea requerido por esa autoridad y deberán verificarse por el órgano regulador cada 30 de junio de cada año.

El representante legal de las dos empresas y que de momento aparece como el concesionario de Red Nacional Última Milla y de Red Última Milla del Noroeste es el señor Nicolás Calderón López.

Las dos empresas registraron el mismo domicilio para recibir notificaciones del IFT: Río de la Plata No. 48, Primer Piso; colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La Jornada

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó concesiones a Red Nacional Última Milla SAPI de CV y Red Última Milla del Noroeste SAPI de CV, empresas de Carlos Slim, como proveedoras mayoritarias de servicios en la materia, una vez completa la separación funcional decidida para Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste, que darán servicios minoristas. El permiso es por 30 años y en ningún caso, el concesionario podrá prestar servicios a usuarios finales”, según documentos.

Excélsior José de Jesús Guadarrama

El próximo viernes, 31 de enero, Teléfonos de México (Telmex) deberá concretar la transferencia de parte de su personal a la nueva empresa (Telmex Mayorista), conformada para prestar servicios mayoristas, lo que forma parte del proceso de Separación Funcional ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como uno de los mecanismos, para impulsar una competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, recordó el organismo regulador.

La separación funcional se deberá concretar en marzo y con la nueva empresa se proveerá a sus competidores los insumos de última milla, en las mismas condiciones en las que se los proporcionan a sí mismos, tanto Telmex como Telnor; lo que se deberá reflejar en más opciones y servicios y mejor calidad, en condiciones de sana competencia, para los usuarios.

Según el IFT, el proceso no deberá impactar en el valor de la empresa, sino al contrario debido a que se espera un crecimiento del mercado.

Telmex no ha dado a conocer el nombre de la nueva empresa y se ha denominado en forma genérica como Telmex Mayorista, aunque se prevé la posibilidad de una nueva razón social, como fue en el caso de la separación del negocio de torres, con la que se creó Telesites. De la  misma forma, se prevé que en breve se revelará el número de trabajadores que serán transferidos de Telmex a la nueva compañía.

En Pleno del IFT aprobó el modelo que deberá aplicar Telmex para concretar la transferencia de personal, aunque ha sido criticado por el resto de la industria: “para los trabajadores sindicalizados que en su momento lleven a cabo funciones asociadas a los servicios que prestarán las Empresas Mayoristas surgidas de la separación, se podrá emplear el esquema de prestación de servicios; mientras que para los trabajadores no sindicalizados o de confianza, el esquema de sustitución patronal”.

Según el IFT, con este esquema de prestación de servicios, Telmex-Telnor podrán proveer a las Empresas Mayoristas del personal independiente estrictamente necesario, a efecto de que estas estén en posibilidad de operar también de forma independiente y con ello de proveer los servicios mayoristas regulados que les fueron asignados, en términos y condiciones no discriminatorias.

También, con tal esquema no se imponen a las Empresas Mayoristas cargas económicas o pasivos laborales adicionales a las que tendrían que hacer frente bajo el esquema, originalmente propuesto por el Agente Económico Preponderante (AEP) en telecomunicaciones, de sustitución patronal para el personal sindicalizado, por lo que esta figura por sí misma no compromete la viabilidad de las Empresas Mayoristas, ni la independencia del personal, y favorece la operación independiente, lo cual se alinea con el espíritu de la medida impuesta por el IFT.

El Universal Carla Martínez

La separación funcional de Telmex-Telnor y el acceso a la infraestructura de América Móvil deben cumplirse para que la regulación sea previsible y fomente las inversiones, dijo Mónica Aspe, vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T México.

La separación funcional se resolvió en la Revisión Bienal de hace dos años, “es una regulación que se discutió, se aprobó por parte del instituto [IFT] y en términos de construir un ambiente regulatorio previsible y consistente, en el que este tema de ser previsible es importante para promover inversiones en el sector, hay que hacer que funcione y se debe cumplir”, comentó Aspe.

Lamentó la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en cuanto a la separación de personal de Telmex, al permitir que los empleados de la empresa mayorista laboren bajo un esquema de prestación de servicios, en lugar de que se utilice la sustitución patronal.

“Lo que hizo esa resolución es permitir una forma (…) de outsourcing en el que un trabajador de una de las nuevas empresas mayoristas realmente pueda ser empleado de Telmex o Telnor”.

En las separaciones funcionales de otras empresas en el mundo esto no se ha visto, pues debido a que se busca la independencia sólo se permite la sustitución patronal, es decir, trabajar en la minorista o en la mayorista, no en las dos.

“Se genera una mayor independencia cuando trabajas en una empresa minorista o en la mayorista, no cuando tienes un vínculo laboral con ambas”.

Es una lástima que se haya suavizado este paso dentro de la separación funcional de Telmex, destacó Aspe.

Valiente decisión del IFT

Por otra parte, calificó como acertada y valiente la decisión del instituto al sancionar a Telnor, pues con esta sanción el IFT formaliza lo que la industria ha externado por varios años en cuanto a que el acceso a la infraestructura de América Móvil no es efectivo.

“Se incumplió el hito que obligaba al preponderante, en este caso a Telnor, a tener al menos 60% de su infraestructura cargada en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG)”, expuso.

Aspe destacó que el SEG debe ser funcional porque la independencia laboral en la separación no se dará de manera completa, y el preponderante no cargó toda la información al sistema.

AT&T y las empresas que participaron en la consulta pública sobre la revisión de medidas de preponderancia coinciden en que el SEG tiene áreas de oportunidad, como que debe contener toda la información y debe ser administrado por un tercero, pues actualmente lo hace Telmex.

Continúa despliegue de red

AT&T busca utilizar la infraestructura de América Móvil, pero no ha detenido el despliegue de redes, aseguró Aspe.

“Nadie ha desplegado red como nosotros en los últimos años, en el mercado móvil invertimos más de la mitad del total, hemos desembolsado cerca de 9 mil millones de dólares, hemos invertido más en despliegue de red que en la adquisición de las dos empresas.

“Seguimos invirtiendo, seguimos con nuestro plan de despliegue, lo hemos probado como ningún otro operador móvil”, dijo.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México aprobó la propuesta de Telmex-Telnor para la transferencia de personal a entidades dedicadas a proveer servicios mayoristas, como parte de su separación funcional.

Para cumplir con la medida, a realizarse a más tardar el 31 de enero de este año, los trabajadores sindicalizados estarán sujetos al esquema de prestación de servicios, mientras que los de confianza se ceñirán al esquema de sustitución patronal.

Esto garantizará que Telmex-Telnor puedan proveer a las empresas mayoristas el personal independiente estrictamente necesario a efecto de que operen de manera independiente, según el IFT.

Telmex-Telnor también propusieron ”criterios más estrictos para los miembros del Consejo de Administración y del Director General; la modificación al alcance del Comité de Auditoría, y la presentación de una nueva propuesta de códigos de actuación y conducta”, señala el Instituto en un comunicado.

La separación funcional impuesta a Telmex-Telnor es parte de la regulación asimétrica a las que está sujeto América Móvil por ser considerado un agente económico preponderante, como resultado de la revisión bienal de 2017.

El Universal Carla Martínez

Telefónica México y expertos del sector consideran que la separación funcional de Telmex no favorece a los usuarios ni a las telecomunicaciones móviles, sector que está en desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones a escala global.

En su opinión al IFT sobre las medidas asimétricas aplicables a América Móvil, Movistar señala que la separación funcional de Telmex impacta sólo al mercado de servicios fijos, en el largo plazo y no es una medida regulatoria efectiva.

“La medida principal de la anterior revisión, la separación funcional, es una medida que en México tendrá impacto exclusivamente para el mercado de servicios fijos, si bien fue a priori consecuencia de fallas y barreras en el sector en su conjunto”, indica la empresa.

Movistar agrega que estas medidas, además de que no son efectivas, se enfocan en el mercado de los servicios fijos, con apenas impacto en el mercado de servicios móviles dado su diseño e implementación

“De hecho, las principales medidas de la última revisión, la separación funcional, la equivalencia de los insumos y la replicabilidad económica, o sólo tienen efectos hipotéticos en el mercado de servicios fijos y en el muy largo plazo (separación funcional)”, reitera.

AT&T fue consultada, pero no tuvo comentarios por el momento.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, considera que el separar a la empresa no es oportuno porque en otros países donde se llevó a cabo fue bajo un contexto con una regulación pensada en un mundo 3G que era móvil y con poca infraestructura.

“Lleva 15 años la separación funcional en el Reino Unido y no ha podido hacer nada más que retrasar los indicadores de cobertura del país”, aseguró Negrete.

Por ello, la división de Telmex es una regulación trasnochada, pensada para 3G, lo que va a retrasar la cobertura en área rurales y en tecnología 5G en el país.

“5G es la primera generación tecnológica que destruye fronteras entre la comunicación fija y móvil”, dijo, por lo que al separar la operación fija “se destruye la integración de la nueva infraestructura 5G, la separación funcional de Telmex es la destrucción del bien más tutelado en la generación 5G que es la integración de nueva infraestructura”.

Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones, dijo que la separación funcional proviene de la revisión bienal de 2017, pero el mercado ha seguido evolucionando desde entonces y no espera que las medidas se implementen.

En México, diversos editorialistas continúan la apología de la separación funcional de Telmex y se mantienen rumiando las cifras de concentración y su evolución en los últimos cuatro años.[1] Mientras tanto, ignoran que en un entorno de libre decisión y movilidad de los usuarios entre concesionarios, los índices de concentración son endógenos, es decir, determinados por la preferencia de los usuarios, quienes ostentan su soberana decisión de elegir libremente entre concesionarios de servicios de telecomunicaciones.

Mientras eso ocurre en México, en Reino Unido el Partido Laborista ha propuesto la nacionalización de Openreach, la empresa mayorista de telecomunicaciones, producto de aquella tan referida separación funcional efectuada en ese país en 2005. No faltaría un cambio de nombre, se llamaría “British Broadband”.

En la nación que dio lugar tanto a la privatización de las empresas de telecomunicaciones como a la separación funcional, dividiendo BT en una empresa de servicios minoristas y otra de servicios mayoristas para sus competidores (Openreach), ahora el Partido Laborista -bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn-, ha propuesto nacionalizar Openreach con el objetivo de que se garantice a cada hogar y empresa la disponibilidad gratuita de la banda ancha por fibra para 2030.

Independientemente de una posible victoria de los laboristas, llama la atención el tema del fracaso de la separación funcional en lograr cobertura y ubicar al Reino Unido, al menos en el promedio de la difusión en su población del cambio tecnológico en servicios de banda ancha. El tema ha llegado al debate electoral, por lo que estará en el discurso partidista entre conservadores y laboristas en los meses por venir.

En un evidente retroceso a los años setenta, pero también producto del fracaso evidente de la separación funcional en el Reino Unido, con una cifra cercana a 10 por ciento de los hogares con acceso a la banda ancha por fibra, muy por debajo de los niveles de España con 75 por ciento y de 97 por ciento en Japón,[2] producto de sus cambios regulatorios pro-inversión. ¿Será el destino de la tan alabada separación funcional el inicio del retroceso a la etapa de la empresa pública como solución a la destrucción de incentivos a la inversión que trajo consigo la desagregación y la separación funcional?

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los apologistas de la separación funcional en México deberían reflexionar que la separación es un hecho que, de concretarse, será irreversible, y que el efecto adverso no sólo es para el agente denominado “preponderante”, sino también para el sector y la economía nacional.

La separación funcional impactará negativamente en la inversión tan necesaria en telecomunicaciones. A falta de ésta, se profundizará el rezago tanto por el avance tecnológico que exigen las redes como por el crecimiento que requiere México, dado que se encuentra en un estado de crecimiento cero y el sector de telecomunicaciones en territorio negativo. 

Tal medida regulatoria extrema e injustificada presenta más riesgos y costos que beneficios. Además, el entorno político actual puede hacer de ello prerrequisito a una reversión futura a estados primitivos de planificación central por parte del Estado, un viraje en los años por venir, dada la actual situación política.

¿Acaso no lo ven, no anticipan el daño que pueden causar? Los ideólogos de la reforma de telecomunicaciones de 2013 están fuera del escenario y nunca reflexionaron que cinco años después de imponer regulaciones draconianas y hostiles sobre la inversión y la propia existencia de la empresa incumbente, hicieron del regulador un ente sesgado, que perdió el objetivo y se apartó de perseguir la eficiencia del sector, se perdió en el camino creyendo que la competencia se creaba desde sus resoluciones en lugar de los incentivos en el mercado, se convirtió entonces en un facilitador del otorgamiento de títulos de concesión sin ser un incentivador de la inversión en redes físicas, multiplicando concesionarios virtuales que ni invierten ni tienen usuarios, transformando a sus beneficiarios en un cartel de buscadores de rentas por la vía regulatoria que defienden sus privilegios tanto en el poder judicial como en los medios, y en los múltiples eventos que cada año tienen como tema las telecomunicaciones.

Aquellos que acuñaron el término “preponderante” no pensaron que su legislación se enfrentaría a un cambio en el entorno político y un estancamiento en el crecimiento económico con un severo freno a la inversión como efecto colateral. Después de 5 años, no se ha crecido en cobertura.

La propuesta laborista en Reino Unido, ante el evidente rezago en cobertura e inversión en banda ancha, a la vez que propone una inversión en Openreach de 20 mil millones de libras (25 mil millones de dólares) en su nacionalización, ofrece el servicio gratuito de banda ancha de alta velocidad a todo lo largo y ancho del Reino Unido. El mantenimiento lo estiman en 230 millones de libras; sería financiado por los impuestos que paguen las multinacionales que operan servicios online a nivel global (Amazon, Facebook y Google) basado en sus ventas en Reino Unido.[3] ¿Suena familiar la propuesta?, lo es.

A pesar del tiempo transcurrido desde la separación funcional que dio origen a Openreach, los críticos de la propuesta de su nacionalización han dicho que tal medida no resolverá los obstáculos a la conectividad en las localidades rurales y que requerirá de una aportación de entre 4 a 5 mil millones de libras en el fondo de pensiones de BT, en caso de que ocurra tal nacionalización.[4] La separación funcional no fue la solución, pero su nacionalización tampoco lo será.

En el caso de Australia, fue con su Partido Laborista que el Estado se arrojó a instalar una red de fibra óptica para 93 por ciento de su territorio mediante la compra de activos de red de Telstra (la empresa incumbente de telecomunicaciones, originalmente privatizada y separada funcionalmente en 2005) a un costo de 43 mil millones de dólares australianos. La promesa falló, el costo aumentó a 73 mil millones y gobiernos posteriores redujeron tanto su alcance como la promesa con que inicialmente se había realizado tal proyecto estatal.

La separación funcional y la promesa de acceso gratuito son ambas falacias que surgen cuando los reguladores se niegan a desregular y a incentivar la inversión en lugar de obstaculizarla por medio de “facilitar la entrada”, minimizando o eliminando la inversión requerida. Lo que hacen es sólo crear el entorno propicio para una regresión hacia etapas superadas por la industria y los mercados.

Sus excesos y desviaciones o, como dicen, que no se tenga que invertir ahora sino hasta que ellos lo determinen y se sientan listos para ello, deriva en que nunca se realicen estas inversiones y la “escalera de inversión” (modelo adoptado para justificar la desagregación y la separación funcional), que ha sido su mantra, nunca llegue.

Lo que sí llega, y parece que más temprano que tarde, es el rechazo político por su inefectividad en hacer llegar los beneficios a la población, en la eterna espera a que se dé el paso al escalón siguiente de la “escalera de inversión”.

Están jugando con fuego al empujar en forma testaruda la separación funcional, sobre todo conociendo que el dicho político en Reino Unido es que, a pesar de Ofcom y de Openreach, se está a la zaga en cobertura y velocidades de banda ancha.[5]

El IFT se dejó llevar para imponer la separación funcional e incurrió en al menos tres errores básicos:

i)             La separación funcional es una medida considerada en el ámbito internacional como de último recurso, cuando todas las medidas regulatorias previas han fallado, es decir, al resolver la separación el mismo regulador se declara fracasado en la efectividad de la ley y sus propias resoluciones y en hacerlas cumplir, lo cual es falso. El IFT ha cumplido en imponer las medidas regulatorias, así como su regulado, el denominado preponderante, ha cumplido todo el acervo regulatorio impuesto y lo añadido a partir de la primera revisión bienal.

ii)            La separación funcional es una regulación extrema ex ante para conductas anticompetitivas y no es la solución al rezago en cobertura geográfica o de penetración sociodemográfica, como lo justificó el IFT en su resolución de la primera revisión bienal. Los escasos seis países que adoptaron la separación funcional de su operador incumbente, entre ellos Reino Unido y Australia, han mostrado que la brecha de cobertura y penetración permanece y su existencia se torna paradójica en países desarrollados, por lo que el retorno del Estado como operador y planeador parece ser el siguiente paso.

iii)           Ignorar la planta laboral de la empresa a ser sujeta a separación: ¿cómo podría funcionar una empresa mayorista sin el factor trabajo? Para el regulador fue sencillo decir que a la empresa le corresponde resolverlo, cuando la medida regulatoria era la que imponía la tensión con la mano de obra organizada y no la empresa. Tal desatino comprometió su resolución de separación con el entorno político y evidenció cuáles eran sus prioridades al optar por imponer la resolución. Al final de todas ellas estaba la viabilidad de la empresa y de su planta laboral, típico de una entidad absolutista que genera costos sobre un particular agente económico, sin que lo compense o internalice en alguna forma los costos que impone.

Alfred Kahn, el economista de Cornell, ideólogo de la desregulación de las líneas aéreas durante la administración Carter, abrió paso a la desregulación de varios sectores durante Reagan, fue opositor a la desagregación de las redes de telecomunicaciones y a su tarificación bajo el concepto de Costo Incremental Total de Largo Plazo durante su vigencia en Estados Unidos. Expresó: “If you can buy the [network elements], or lease them at that rate, why on earth would anybody construct his own [network elements]?” (si puedes usar los elementos de red a tales tarifas, ¿por qué habría alguien dispuesto a construir su propia red?).[6]

Una regulación que minimiza la importancia de la inversión justificándose en ser facilitador de la existencia de prestadores de servicios atomizados es incompatible con un sector de telecomunicaciones que requiere grandes inversiones en nuevas tecnologías, capacidad, cobertura, centros de datos y servidores, y otras capacidades que exige el cambio tecnológico que no se detiene a que los reguladores lo reconozcan.

Los reguladores deben preservar la existencia de un proceso de mercado, saberse retirar cuando hacen más daño que un beneficio en el sector. Por regular en exceso y con protagonismo, ponen en riesgo la propia existencia de una economía de mercado, minando su principal característica que es la propiedad privada y su inviolabilidad por las garantías legales que dan lugar a su existencia.

[1] Piedras, E. “Reconcentración anticompetitiva del mercado móvil”, El Economista, 14 de noviembre 2019.

[2] Financial Times, “The Thatcher revolution is coming under threat”, 15 de noviembre de 2019.

[3] Financial Times, “Holding the line: Labour’s £20bn plan for free broadband”, 16 de noviembre de 2019.

[4] Financial Times, “Labour telecoms plan triggers fear of investment freeze”, 15 de noviembre de 2019.

 [5] Financial Times, “Labour’s broadband plan shows nationalisation’s consumer appeal”, 15 de noviembre de 2019.

[6] Kahn, A. E. (2001). “The abominable TELRIC-BS”. Remarks before the National Press Club, 2001.

Para muchos, hablar de separación funcional implica hablar de competencia económica; para otros, significa hablar de derechos labores. Y es que actualmente no se puede hablar de telecomunicaciones sin tocar el tema del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), y de la tan sonada regulación asimétrica.

En los foros de telecomunicaciones es más común que los representantes de los concesionarios utilicen su participación para hablar de por qué la regulación asimétrica, bajo su perspectiva, no ha cumplido con su propósito; de cómo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha llevado a cabo una debida supervisión y verificación de dicha regulación o, incluso, que se deben imponer mayores obligaciones.  

Recientemente, la industria lanzó un comunicado donde aseguró que la separación funcional ha sido una práctica común en muchos países y que no se afectan los derechos de los trabajadores; también aseguró que el propio “IFT ha admitido que la regulación impuesta no ha garantizado el acceso efectivo de competidores al mercado, ni tampoco una adecuada supervisión de las autoridades”.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), peleando por no perder los derechos laborales, los cuales no tendrían por qué estar en juego, pero ¿acaso el IFT se limitó a ser enunciativo en la imposición de obligaciones sin antes hacer un estudio de prospectiva con miras a asegurar las consecuencias inherentes de la separación funcional? ¿La perspectiva de la obligación de la separación funcional sólo fue un enfoque económico?

¿Qué establece la regulación asimétrica, en estricto sentido? La resolución bienal del 27 de febrero de 2017 (resolución P/IFT/EXT/270217/119), la cual contempló la modificación, adición y supresión de las medidas emitidas en la resolución de 2014 (resolución P/IFT/EXT/060314/76), adicionó a los Anexos 2 y 3 las medidas Sexagésima Quinta y Cuadragésima Séptima, respectivamente. Estas contemplan groso modo la creación de una división mayorista y de una persona moral, esta última con las siguientes características:

1. Dar servicios mayoristas a los concesionarios y autorizados solicitantes.
2. Estar integrada con órganos de decisión, administración y gobierno corporativo totalmente independientes a los del AEPT. También se contempla que, en caso de requerir la integración de un miembro de la industria, esto será previa autorización del IFT.
3. Tener directores generales y directores distintos a los del AEPT.
4. Tener domicilio e instalaciones propias.
5. Ser titular de marcas distintas a las del AEPT.
6. Tener sistemas operativos y de gestión distintos a los de los integrantes del AEPT.
7. Tener manuales de procedimientos y códigos de ética que garanticen la independencia de la nueva empresa.

En estas medidas los grandes lemas son: independencia y no discriminación respecto de las empresas que integran el AEPT.

Ahora bien, esas medidas también contemplan la integración de un grupo multidisciplinario que toca el tema de los recursos que deberán ser aportados a la persona moral de reciente creación; sin embargo, en ningún momento se mencionan los derechos laborales.

La separación funcional es una escisión para efectos corporativos y, como tal, trae aparejada un tema laboral importante. Pero las medidas sólo contemplan cuestiones corporativas, de propiedad intelectual, de procedimientos y de éticas; sin embargo, no garantizan los derechos laborales, pues están diseñadas desde el punto de vista de la competencia económica.

No es de extrañar que, actualmente, el Sindicato de Telefonistas se encuentre ejerciendo presión con el objeto de garantizar los derechos de los trabajadores en este cambio corporativo que van a sufrir aquellos quienes pasen a ser parte de la nueva persona moral.

En materia laboral se puede solucionar en dos vías: si el trabajador no quiere pasar a la nueva empresa, puede optar por la liquidación; si el empleado acepta la incorporación a la nueva empresa, esta persona moral contrata a dichos trabajadores, reconociéndoles todos sus derechos (mismos derechos del contrato colectivo).

Pero en esta transición, la nueva empresa no sólo puede perder trabajadores, también pierde experiencia laboral, lo cual puede representar una inestabilidad en la operación de la misma; los mismos trabajadores están acostumbrados a laborar en una empresa verticalmente integrada, es por ello que los trabajadores son su principal activo y, por lo tanto, es un tema primordial en la separación funcional.

Por lo anterior, el derecho humano a la estabilidad en el empleo juega un papel importante y fundamental en la separación funcional, debido a que se sustenta en la permanencia del trabajador en su empleo y se garantiza con la firma de los contratos individuales de los trabajadores.

En este caso, este derecho humano puede verse vulnerado por la medida establecida por el IFT. Si bien es cierto que dicho derecho no es absoluto y puede verse limitado cuando lo permita la ley o por causas justificadas, es claro que las medidas de separación funcional pueden afectarlo pues, como se mencionó, tiene un enfoque visto desde la competencia económica.

Lo anterior es un tema de fondo en el cual se deberá ponderar la competencia económica y los derechos laborales. Asimismo, no se puede dejar de lado el objetivo primordial de la competencia económica, el cual debe ser, en todo momento, el beneficio del consumidor.

Pero, ¿en verdad la separación funcional les resolverá sus problemas a los concesionarios y autorizados? ¿La separación funcional hará que los servicios de los concesionarios y autorizados sean mejores? ¿La separación beneficiará en el corto plazo a los usuarios?

En relación con la última interrogante, hay que recordar que fue precisamente la regulación asimétrica la que benefició en gran medida a los usuarios del AEPT; tanto, que los competidores tuvieron que implementar las mismas medidas para sus propios usuarios con el objeto de mantenerlos. Es a raíz de ello que la NOM 184 (que entró en vigor el 4 de septiembre de 2019) retomó las obligaciones contempladas en la regulación asimétrica para que fueran aplicadas por todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones, por lo que se perdió la asimetría de dichas medidas. Lo anterior quiere decir que las medidas contenidas en la regulación asimétrica deben de tener un estudio previo y no sólo ser enunciativas.

¿Qué dice al respecto la experiencia internacional? El estudio de la OCDE sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017 señala como ejemplo la separación funcional (implementada hace más de una década) en Reino Unido, la cual ordenó la creación de una división independiente de British Telecom para operar la red local con el nombre de Openreach; pese a lo anterior, la separación funcional no dio los frutos esperados en el tema de competencia, por lo que se tuvo que implementar la separación legal de la división Openreach en busca de una mayor independencia. Esto nos dice que la separación funcional no fue un caso de éxito.

Ahora bien, la regulación asimétrica en México establece la revisión bienal de la propia regulación asimétrica, en la cual el IFT puede, en su caso, establecer nuevas medidas, las cuales incluyen la separación estructural y la desincorporación de activos del AEPT. Lo anterior quiere decir que el propio IFT no tiene certeza de la efectividad de estas medidas, incluida la separación funcional.

Lo cierto es que este tema puede tornar a un tema más político, toda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicado que él será el mediador entre el IFT y los telefonistas; esto, tras la insistencia del Sindicato de Telefonistas para la creación de mesas de negociación de la separación funcional, las cuales se lograron gracias al presente gobierno.

Por su parte, el pasado 30 de septiembre se venció el plazo para la presentación de los planes de migración de personal, de transferencia de recursos y de elementos de red e infraestructura, y será el 31 de enero de 2020 que se cumpla la fecha límite para la conclusión de la trasferencia.

Al día de hoy la industria sigue pensando que la separación funcional va a venir a resolver todos los problemas de competencia del sector de telecomunicaciones en México. El comunicado citado al inicio del presente texto deja claro que los representantes de la industria no sabrán lo que es llegar a una empresa y les digan que, a partir del día siguiente, pertenecen a otra empresa nueva, de la cual nadie les puede asegurar su estabilidad económica, financiera o jurídica. Porque si en alguna revisión bienal el resultado de la efectividad de la medida de separación funcional resulta negativo, entonces estos trabajadores volverán a ser objeto de cambios si el regulador obliga la separación estructural.

Veremos si tenemos que esperar una década (como en el caso de Reino Unido) para establecer si la medida funcionó, y en caso de que no, el regulador podrá optar por imponer mayor regulación.

Lo que realmente debería importar para el regulador actualmente es invertir tiempo y recursos para impulsar una política regulatoria con el objeto de que haya mayor inversión.

El CEO Itzel Castañares

El próximo año será determinante para la operación de América Móvil en México.

La empresa controlada por Carlos Slim está a la espera de la resolución de la Suprema Corte sobre el denominado ‘efecto club’, los cambios que puedan darse sobre la separación funcional y la certeza de competir o no en televisión de paga.

A pocos meses de terminar 2019, la presión por parte de los competidores para fortalecer las medidas contra el gigante de las telecomunicaciones se ha hecho más fuerte mientras se acercan los plazos para la definición de las condiciones que tendrá que cumplir.

En ese sentido, la CANIETI reiteró que ha sido el propio Instituto quien ha señalado que la regulación impuesta al preponderante no ha garantizado el acceso efectivo a los competidores al mercado, ni tampoco una adecuada supervisión de las autoridades.

‘Efecto club’, aún en revisión

A mediados de julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto sobre Radiomóvil Dipsa (Telcel) que definiría la constitucionalidad de la prohibición de cobrar llamadas diferenciadas a sus clientes.

Tres meses después, la máxima autoridad judicial aún sigue estudiando el nuevo proyecto, ponencia que está a cargo de Luis María Aguilar Morales, ministro de la Primera Sala de la Corte, dijo a EL CEO una fuente cercana a la empresa que pidió el anonimato.

Sin embargo, de acuerdo con la fuente, aún no hay fecha para que dicho proyecto se liste en la Primera Sala.

Cuando el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue desechado, la empresa comentó a EL CEO que si bien lo consideraba ‘correcto y favorable para Telcel’, eso no significaba que el nuevo proyecto se encaminara en un sentido contrario.

En 2014, América Móvil fue denominado Agente Económico Preponderante en el sector telecomunicaciones por parte de la autoridad reguladora, motivo por el cual le impuso medidas asimétricas, y que tras la primera revisión bienal se robustecieron.

Separación funcional

Telmex y Telnor, cada una por su parte, deben crear una nueva empresa que ofrezca servicios mayoristas a otros jugadores del sector, una obligación que debe concretarse en el primer trimestre de 2020.

Si bien la empresa entregó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) algunos de los planes para avanzar en la separación, la negativa por parte de los telefonistas de entregar la lista de 15,000 trabajadores –entre activos y jubilados– dio un giro en la historia.

La semana pasada se concretó la reunión convocada por la Secretaria de Gobernación para mediar el asunto, en la que participaron América Móvil, los telefonistas, el IFT y también representantes de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo.

No obstante, aunque no se logra aún ningún acuerdo con Telmex e IFT, los trabajadores pactaron una agenda laboral prioritaria que impida la afectación a sus derechos como trabajadores ante la creación de Telmex Última Milla (UMT) y Telnor Última Milla (UMNOR).

Para la CANIETI, la separación de Telmex ‘es una medida en favor de la competencia y en beneficio de millones de usuarios, porque garantiza que todas las empresas puedan competir en igualdad de circunstancias’.

Asimismo, en opinión de los miembros de la Cámara, esta medida no debe afectar los derechos de lo trabajadores, una postura que manifestaron en un comunicado luego de que a dos de sus representantes se les impidiera el acceso a la reunión citada.

TV para Slim, ¿sí o no?

Mónica Aspe, vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunicación de AT&T México, afirmó recientemente que permitir a América Móvil ofrecer TV de paga y el regreso del ‘efecto club’ –que da beneficios ventajosos a los clientes de Telcel– serían nocivos para la competencia.

En esa línea, aseguró que, de permitir la entrada a un nuevo a sector, le daría al preponderante más herramientas y ventajas sobre la competencia, esto luego de que Carlos García Moreno, director de Finanzas de América Móvil asegurara en un foro que la entrada de la empresa a la TV de paga “era mera cuestión de trámite”.

La revisión de las medidas que el regulador ha implementado para promover la competencia en México están en un momento crucial, aseguró AT&T a EL CEO.

Hemos sido muy explícitos acerca de la importancia de reforzar tales medidas para Telcel, el operador móvil preponderante, y esto está causando que reaccionen

En ese tenor, el operador de telefonía móvil de origen estadounidense aseguró que continuará trabajando para tener las mismas condiciones y oportunidades para todos los actores en la industria.