Comunicación Social

El presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, Rolando Rodrigo Zapata Bello, informó que se ha proporcionado a los integrantes de este órgano legislativo una propuesta para una nueva ley en esta materia.

Durante la reunión ordinaria de este martes, el senador dijo que se trata de avanzar en la construcción de un marco normativo sólido y detalló a las y los senadores que el 19 de septiembre se les remitió la propuesta con los capítulos que podría incluir la Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial en México.

El contenido del proyecto -precisó Zapata Bello-, toma en cuenta al menos ocho iniciativas que en la materia se han presentado en ambas cámaras del Congreso de la Unión, además de la información que se generó en conversatorios realizados también en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Refirió que los capítulos comprenden disposiciones generales, definiciones, principios éticos, derechos humanos, neuro derechos; así como competencias federales, estatales y municipales.

También aborda aspectos como educación y capacitación, innovación, fomento al desarrollo tecnológico, regulación y supervisión en sistemas de alto riesgo, derechos y obligaciones de usuarios y desarrolladores.

Además, añadió el senador, incluye apartados sobre transparencia, rendición de cuentas, no discriminación, combate a sesgos, uso de la inteligencia artificial en el sector público y un régimen de infracciones y sanciones sensatas y proporcionales.

“El documento está a su consideración, a fin de que podamos hacer los ajustes que se estimen pertinentes y seguir avanzando, como lo hemos hecho hasta ahora, en la construcción de un planteamiento de un marco normativo sólido para nuestro país”, reiteró Zapata Bello a las y los integrantes del órgano legislativo.

En este punto, el legislador enfatizó que la creación de la Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial en México no es una “ecuación matemática”, sino una “ciencia de aproximación”, pues se acercará a los puntos más adecuados tomando en cuenta la visión de los sectores público, privado, social y académico.

“Tomaremos decisiones en lo que creamos que sea mejor para que la inteligencia artificial no sólo pueda utilizarse, sino también desarrollarse en México. Después del capitulado empezaremos a construir el contenido para que cuando tengamos un documento completo, que así lo consideremos todos, podamos impulsarlo y empujarlo para que camine”, concluyó Zapata Bello.

El Financiero

El Poder Legislativo continúa sin definir una ruta legislativa para regular el uso de la Inteligencia Artificial en México, a pesar de que actualmente hay 10 iniciativas relacionadas con este tema en el Senado de la República, pero ninguna cuenta con fecha para su análisis ni mucho menos para su aprobación.

Rolando Zapata Bello, presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en el Senado, confirmó que será hasta el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre cuando podrían comenzar las discusiones, aunque no hay certeza de las fechas.

Leer más: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/07/15/buscan-regular-la-inteligencia-artificial/

Reforma Jorge F. Negrete P.

Esta semana se celebra la “Semana de los Derechos Digitales en el Senado de la República”, liderada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Felicidades. Pocos temas son tan relevantes para nuestra sociedad como comprender el concepto de derechos digitales. Si no se racionaliza, corremos el riesgo de quedar atrapados en la moda frívola de la nomenclatura, sin realizar un cambio. 

La moda de la nomenclatura en América Latina llevó a tomar como referencia la Carta de Derechos Digitales de la Comunidad Europea y España. Una carta fundada bajo la realidad del bienestar europeo y la necesidad de liderazgo de España ante Europa y América Latina. De hecho, España incorporó la visión hispana de la Carta de Derechos Digitales a la agenda de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de la SEGIB. Pero hay que decirlo claramente, la interpretación de la función de estas cartas tiene orígenes y razones distintas en su concepción y efectos, en Europa y en América Latina.

En Europa, un Estado de bienestar y presiones geopolíticas-tecnológicas que incluyen interpretaciones distintas sobre la libertad de expresión entre Europa y EUA, han condicionado la tutela y selección de derechos fundamentales en esas cartas.

Sostengo que la imitación a España desorienta y frivoliza la verdadera razón de una comprensión de derechos digitales. Una buena interpretación de los derechos digitales en México permitiría comprender las áreas de oportunidad de la iniciativa de ley de telecomunicaciones que se debate en el Senado ahora mismo y trabajar sobre la revisión de todo el marco jurídico alrededor de nuestra sociedad digital.

Los derechos digitales nacen con el auspicio de América Latina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2012, cuando se reconoce el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. México lo incorporó en el artículo 6º de la Constitución.

Cuando se habilita el derecho de acceso a Internet con infraestructura digital, se habilitan todos los derechos fundamentales en los términos del artículo 1º de la Constitución. Nace la persona digital, siempre conectada en todas partes. El siguiente derecho es la identidad digital, un derecho habilitante al universo y sociedad digital, identificado ya en su agenda por “Pepe Merino”. Entre estos dos habilitan educación, salud, acceso a la cultura, a la seguridad pública, el trabajo etc.

El Constitucionalismo Digital es una dimensión de análisis e interpretación de la relación Constitución y tecnología digital indisoluble. La infraestructura digital habilita la existencia de una sociedad digital, el ejercicio de todos los derechos fundamentales en esta dimensión jurídico-digital y el nacimiento del constitucionalismo digital. Éste procura el acceso a estos derechos, los tutela, garantiza y protege en el territorio de la tecnología digital.  

Por lo tanto, cualquier acción de poder público (poderes del Estado), o poder privado, que atente, limite total o parcialmente, conculque, suspenda, cancele u opere en contra de los derechos fundamentales en esta dimensión, viola contundentemente el Estado de derecho, la Constitución y la ley.

La ausencia de política pública para habilitar derechos humanos en el mundo digital, ¿va en contra del Constitucionalismo Digital? Sí. La política pública que conculca y limita derechos fundamentales vía el registro público de usuarios de servicios digitales, ¿también? Sí. La falta de atención al consumidor digital, ¿es una violación al Constitucionalismo Digital? Sí. La resolución de competencia económica que cancele o suspenda derechos fundamentales ¿va en contra del Constitucionalismo digital? Sí. Los altos precios del espectro, ¿son una forma conculcar todos los derechos fundamentales en el mundo digital? Sí.

El constitucionalismo digital nace. Es la base y condición para la imaginación, diseño de política pública, legislación y regulación de una sociedad con derechos digitales.

Presidente de Digital Policy Group.

X / @fernegretep

El Economista

El dictamen, que se discutiría hoy en el Pleno, muy probablemente se retome en un período extraordinario de sesiones en mayo o junio, luego de las inquietudes de oposición y empresarios sobre diversos contenidos.

Leer más: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/senado-pausa-tramite-ley-telecom-20250428-756681.html

La Comisión de Economía del Senado de México y la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), reunieron a gobierno, industria y academia en el “Foro Internacional: economía y la relevancia de los data centers en México en favor de la Prosperidad Compartida”, un espacio de diálogo centrado en Inversión Tecnológica en México y Transición Energética, retos que desde la MEXDC se han identificado como pilares para el desarrollo tecnológico y económico del país.

El encuentro fue inaugurado por los senadores Imelda Castro Castro, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, y Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, con el objetivo de analizar el uso de la tecnología para reducir la brecha de desigualdad y crear oportunidades para todos.

Castro Castro aseguró que el desarrollo tecnológico es una herramienta estratégica que puede impulsar y consolidar un crecimiento económico superior al tres por ciento para el país, pero se requieren políticas públicas efectivas, inversiones significativas en educación e investigación y una colaboración estrecha entre el gobierno, la iniciativa privada y el sector académico.

“México, junto con sus vecinos y socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, requieren de estrecha colaboración para seguir siendo líderes globales, y nuestro país ya está haciendo la parte que le corresponde”, destacó.

Por su parte, Reyes Carmona afirmó que la regulación de bases y manejo de datos, la ciberseguridad, las telecomunicaciones, la generación de energía y los incentivos fiscales son temas que se deben revisar para atraer más inversiones y ayudar al desarrollo económico del país.

En esta etapa democrática de México, dijo, es importante contar con la participación de todas y todos para afrontar retos como la revisión de T-MEC; así como para alcanzar la prosperidad compartida, que es lograr que todos los sectores de la sociedad avancen para cumplir sus aspiraciones y el bienestar.

Amet Novillo, presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers, MEXDC, dijo que los Data Centers son la columna vertebral de la infraestructura tecnológica, porque además de atraer inversiones y crear empleos, ayudan a la creación de ciudades inteligentes, electromovilidad, para aprovechar el nearshoring y en la consolidación un gobierno digital.

Heidy Karla Rocha Ruiz, directora de Infraestructura y Ciberseguridad, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dijo que los centros de datos y la infraestructura tecnológica nunca son visibles hasta que presentan una falla, pero sin ellos no sería posible avanzar hacia la transformación digital, tema que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el Foro, se llevó a cabo el panel “Inversión Tecnológica en México (Política Industrial y Desarrollo Económico)” donde participaron Amet Novillo, presidente de la MEXDC y director general de Equinix; Alejandro Cantú, vicepresidente de la MEXDC y  COO de Layer9; Héctor Arturo Oropeza García, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial y la Transformación Digital A.C. (INADI) e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Fernando Díaz Barrero, director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Este dialogo fue moderado por la senadora Yeidckol Polevnsky, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.

Novillo aseguró que, como industria de Centros de Datos, el reto del desarrollo y crecimiento de la infraestructura digital está enfocado en la transición de gobierno federal en México, el cual ha mostrado una mayor atención a la industria tecnológica, así como en unir esfuerzos para que las inversiones se queden en el país. “Debemos establecer puentes de comunicación y colaboración para consolidar un panorama de certidumbre para las inversiones que buscan llegar al país”.

En un segundo panel del encuentro titulado “Transición Energética (retos y oportunidades)”, participaron la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía; Carlos Forero, vocal de la MEXDC y COO LATAM ODATA (Colombia); Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers; José Luis Solleiro Rebolledo del  Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital A.C. (INADI), y Karla Nayeli Ramírez Martínez, directora técnica en la Oficina del Comisionado Walter Ángel; Comisión Reguladora de Energía; y fue moderado por el senador Eugenio Segura Vázquez, secretario de la Comisión de Economía.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía, afirmó que es fundamental la interconectividad en la época moderna, por ello existe un Plan de Energía que se planteó desde el gobierno federal; por lo tanto, hay un compromiso real para la transición energética y la necesidad que existe para poder contar con los recursos adecuados para esta transmisión. 

“En la actualidad, lo que se genera con energías limpias en nuestro país es más del 30 por ciento y lo que se tiene como objetivo para el 2030 es alcanzar el 35 por ciento. Existe un compromiso para el trabajo que se tiene que hacer para la transición energética y la inversión estimada dentro de este plan de la Comisión Federal de Electricidad es de $23,400 millones de dólares. En conclusión, existe un compromiso para seguir con la energía limpia en México al mismo tiempo que la soberanía energética como parte fundamental de nuestro desarrollo”, concluyó Castillo Juárez. 

Por su parte, vocal de la MEXDC, Carlos Forero, afirmó: “es un placer para mí como extranjero, ser testigo de primera mano de cómo el gobierno federal se preocupa y promueve el desarrollo de nuestra industria.  Tuve la oportunidad de participar en la creación en la empresa para la que trabajo, para la operación en México, hace solo cinco años y en este periodo he sido testigo completo del desarrollo y consolidación de nuestra industria. Hoy podemos decirle al mundo que tenemos una industria de Data Centers capaz de competir con cualquier otro país. Por supuesto, tenemos grandes retos alrededor de la energía y de la mano de obra, pero ya hemos ejecutado y ya tenemos un posicionamiento, a lo que nos enfrentamos hoy es que esta demanda de Data Centers global viene creciendo muy rápido y demandando de nosotros soluciones diferentes”.

Adriana Rivera, directora ejecutiva de la MEXDC, subrayó que la transición energética es un desafío que debe abordarse de manera integral y colaborativa. No puede ser responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Energía o de Medio Ambiente; todas las áreas de gobierno, ciudadanos y empresas deben participar activamente. “La urgencia de esta transición radica en la necesidad de sustituir los combustibles fósiles por alternativas amigables con el medio ambiente. Sin embargo, enfrentamos un reto tecnológico significativo: las energías renovables aún no ofrecen una potencia estable comparable a la de los combustibles fósiles. Es crucial invertir en tecnología que permita generar el mismo poder calorífico y estabilidad, combinando fuentes de energía para minimizar el impacto ambiental”, comentó. 

“En la industria de los Data Centers, estamos plenamente conscientes de la importancia de la transición energética y la discutimos frecuentemente en el seno de nuestra Asociación. Creemos firmemente en esta transición y ya existen esfuerzos globales donde los Data Centers utilizan energía sustentable e incluso generan su propia energía. Con el apoyo de la federación, estamos en el camino correcto para lograrlo”, aseguró Rivera. 

Los miembros de la Asociación Mexicana de Data Centers agradecieron  a la Comisión de Economía del Senado de la República e invitados especiales la apertura al diálogo y la invitación a hacer sinergias en pro de que México se posicione como un hub de innovación tecnológica a nivel global asegurando que para lograrlo es importante fomentar la Educación y Capacitación en áreas STEM, crear incentivos para la Inversión en I+D, modernizar y desarrollar más infraestructura tecnológica, apoyar el emprendimiento y fomentar la colaboración Público-Privada, además de desarrollar políticas públicas favorables.

El CEO Itzel Castañares

El Senado de la República busca modificar la Norma Oficial Mexicana (NOM) de vivienda, recién aprobada apenas en marzo pasado, para garantizar conectividad a través de fibra óptica, una iniciativa que resulta inviable y un riesgo para la industria inmobiliaria.

Recientemente Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión Ciencia y Tecnología del Senado, explicó que cambiar la NOM  sería más sencillo para que la vivienda social incluya fibra óptica, pues si se hace desde la Constitución tomará más tiempo. 

¿Qué pasa si cambiamos la NOM para definir vivienda de tal manera que incluya fibra óptica? Que puedas decir “tengo una casa” con sistema eléctrico e hidráulico y también la fibra óptica que permita a las personas gozar de todos los derechos y avances tecnológicos

dijo Ramírez Marín

Si bien la intención de garantizar conectividad es loable, a nivel de infraestructura es inviable, dijo Claudia Rodríguez, socia de Santamarina y Steta y especialista en inmobiliaria. 

Además, dado que el acceso a internet es un derecho humano, supone un riesgo para el sector mobiliario asignarle una obligación que corresponde garantizar al Estado mexicano, puntualizó.

Garantía de internet no necesita NOM 

Dado que el acceso a internet es un derecho humano, no es necesario ponerlo en una NOM, pues es un derecho que está consagrado a un derecho más alto, que lo tiene que garantizar el Estado, aseveró la especialista. 

Si el derecho a conectividad se establece en una NOM de vivienda, a quien estarías obligando a garantizarlo es al desarrollador, es decir, se le transfiere al desarrollador una obligación que compete al Estado garantizar

señaló la especialista.

Rodríguez dijo que si bien la intención de garantizar conectividad en un país que no la tiene buena parte de la población es buena, la propuesta en sí es mejorable si se hiciera de entrada no como un requisito que tuvieran que cumplir todos los desarrolladores de vivienda.

En ese sentido, la especialista cuestionó la complejidad del despliegue en algunas zonas urbanas y la imposibilidad de llegar a zonas rurales, en donde ni siquiera los desarrolladores de vivienda están construyendo.

Lo anterior, considerando que la NOM es aplicable a los desarrolladores de vivienda, constructores y promotores, pero no necesariamente a personas que construyan su vivienda de manera particular, a quienes no les aplica. 

Fibra óptica no es la única tecnología de conectividad

Si bien en México hay un despliegue de fibra óptica por parte de diferentes proveedores, lo que la coloca como la tecnología con más accesos en el país, no es la única.

De acuerdo con datos del Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los accesos por fibra óptica superan los 10 millones, que forman parte de una realidad de conectividad que integra otras tecnologías como cable coaxial, satélites y otros.

La esencia de la NOM radica en proteger a los consumidores y compradores de vivienda, a fin de dar certeza bajo un contrato avalado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la certeza de que no sea engañosa y previendo los requisitos y garantías mínimas que deben tener los contratos, puntualizó Rodríguez. 

Si bien la NOM cubre los requisitos mínimos que debe incluir una vivienda, que son los servicios básicos de agua, luz y gas, en ese sentido es el que el legislador sugiere incluir la fibra óptica, pero no es viable a nivel de infraestructura ni tampoco en la propia norma. Esto debido a que, dada su reciente actualización y que aún no entra en vigencia, las propuestas de cambio son de largo aliento, concluyó Rodríguez.

Consumotic Guadalupe Michaca

Dado el tiempo que puede tardar una reforma a nivel constitucional que permita eliminar las barreras que se imponen desde los gobiernos locales al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, un camino viable sería modificar la Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de vivienda de interés social para hacer que este tipo de inmuebles integren fibra óptica, tal y como ya sucede con la energía eléctrica y el agua.

“Posiblemente nos lleve más tiempo intentar modificar la Constitución, pero en cambio podemos modificar la NOM en su definición de vivienda de interés social, podemos aprovechar el gran vehículo que es el crédito social que otorga el gobierno tripartitamente con trabajadores y patrones que es el Infonavit”, dijo Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión Ciencia y Tecnología del Senado de la República

Y es que, dijo, la transformación digital es un proceso que ocurre a una velocidad cada vez mayor, lo que hace necesario que existan acciones y cambios oportunos para atender de manera efectiva la demanda de conectividad, garantizar derechos fundamentales y aprovechar el potencial social y económico de la banda ancha.

El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es una actividad que cotidianamente enfrenta barreras por parte de autoridades locales, pues los trámites y permisos necesarios no siempre son fáciles de obtener por parte de los operadores, lo que además de retrasar el desarrollo digital de las comunidades afecta de manera directa planes de inversión y nuevos modelos de negocio.

“El papel de los gobiernos locales es importante. El artículo 115 otorga facultades a los gobiernos municipales específicas en el uso de suelo, sí, nada más que esas se las dimos antes de la era digital”, recordó el Senador al participar en el foro México Optical Broadband Summit 2022.

En opinión del legislador, México tiene que avanzar en su visión y entendimiento del poder transformador de la conectividad, como ya lo han hecho otros países donde los ciudadanos ejercen su derecho a ser parte del mundo digital, sin importar dónde vivan.

“Ninguna autoridad, ninguna parte del Estado debe limitar esos derechos, encaminar esta visión haría posible que ningún gobierno municipal pudiera negarle a sus ciudadanos el derecho a estar conectados a través de la banda ancha”.

Por ello, es necesario impulsar acciones alineadas con la revolución global que se vive y que exige adaptar los marcos legales a una realidad cada vez más digital, e incluso requiere un cambio en la mentalidad y la mirada de políticas construidas a lo largo de décadas.

Si México quiere abatir la desigualdad social, dar acceso a servicios de salud y educación a distancia de calidad, necesita un vehículo que lo permita y eso es la banda ancha, e indudablemente la fibra óptica resulta ser la mejor opción.

“La industria está interesada en la inversión para el desarrollo de la infraestructura que haga factibles los servicios de banda ancha y el desarrollo de redes de fibra óptica… La meta es que el Poder Legislativo sea el puente, el facilitador, el que logre el encuentro de estos dos objetivos, de la industria por crecer y de la sociedad por gozar de plenos derechos y acceso a internet”.

Por su parte, María de Lourdes Coss, directora general del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), dijo que la diversidad cultural, económica, social y geográfica de México es el gran desafío que enfrenta el despliegue eficiente y oportuno de infraestructura de telecomunicaciones.

Las grandes ciudades donde hay mayor concentración de población tienen una gran conectividad, todos los operadores están ahí, hay infinidad de propuesta y las personas podemos buscar y encontrar cuál se apega a nuestra economía, pero conforme nos vamos alejando de las zonas urbanas, la conectividad se va volviendo más compleja y más costosa”.

Ello, provoca que las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones no vean un retorno de inversión adecuado, ante lo cual el gobierno federal está poniendo especial énfasis para llevar conectividad.

“Pero el gobierno federal por sí solo no podría llevar la conectividad a estos lugares, para ello necesitamos el apoyo de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de la población misma, y nosotros como gobierno federal debemos amalgamar el apoyo que nos puede brindar la industria, la academia y las organizaciones civiles para lograr que esa parte que está desconectada, se conecte”.

Ciudad de México. El Senado de México trabaja actualmente en una propuesta para modificar la Norma Oficial Mexicana (NOM) y que en su definición de vivienda de interés social incluya fibra óptica para que los habitantes puedan acceder a servicios digitales.

Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión Ciencia y Tecnología del Senado de la República, aseguró durante el foro Mexico Optical Broadband Summit 2022 organizado por DPL Group, Huawei y AMIAC, que es más difícil cambiar la Constitución ahora, por lo que trabajan ya en la modificación de la NOM que prevé dicho tema.

“Posiblemente nos lleve más tiempo intentar modificar la Constitución, pero podemos modificar la NOM en definición de vivienda de interés social, aprovechar el gran vehículo de crédito social que otorga el gobierno tripartitamente por el Infonavit. ¿Qué pasa si cambiamos esa NOM para definir ‘vivienda’ que de tal manera incluya fibra óptica?, que no puedas decir tengo una casa con el sistema eléctrico e hidráulico si no tiene también la fibra óptica que permita conectarte y gozar de todos los derechos y avances tecnológicos. Estamos trabajando en eso para resolver lo que viene y ello no significa que dejemos de mirar hacia atrás para cambiar todo hasta ahora”, dijo el Senador Ramíres Marín.

El senador advirtió que actualmente, cuando se habla de pensar políticamente, significa pensar electoralmente; sin embargo, el tema de desarrollo de fibra óptica e infraestructura para la transformación digital de México no debe ser tratado de manera electoral o tendrá consecuencias graves.

“Desafortunadamente, entre nosotros, pensar políticamente significa pensar electoralmente. Pero la evidencia nos ha presentado inequívocamente que aquí no podemos tratar el tema electoralmente porque afecta transversalmente a todos como ciudadanía en lo que hagamos. Sobre todo, lo que dejemos de hacer puede tener consecuencias graves para el país. Hoy es el mejor momento para trabajar juntos con el poder legislativo, porque tienen en el Senado un fuerte aliado para todo el crecimiento digital que tenemos en el país”, agregó Ramírez Marín.

Recomendamos: Ante nuevas brechas de calidad y velocidad, la fibra es esencial en planes de conectividad: Omdia

El funcionario federal dijo que las preocupaciones en los temas de desarrollo de infraestructura y transformación digital en México son las leyes locales y municipales que impiden el desarrollo de fibra óptica, así como los altos costos.

Añadió que el papel de los gobiernos municipales, que tienen atribuciones específicas como el uso de suelo, se las dieron antes del derecho digital, y este se comprende como algo inherente a la persona y ninguna autoridad debe limitar esos derechos.

Ramírez Marín dijo que si los mexicanos quieren tener acceso a cirugías a distancia, salud, educación de calidad a distancia y muchos otros servicios, se necesita un vehículo que lo permita, y ese es la banda ancha y la fibra óptica como mejor opción.

“Algunos defienden intensamente acabar con las brechas y desigualdades sociales, el propósito no es limitar, al contrario, fomentar para expandir para que todos puedan tener derecho a esos beneficios como los de 5G por ejemplo. Tenemos que plantearnos el desafío de la igualdad”, agregó el Senador de la República.

Proceso Jorge Bravo

La iniciativa que pasó al Senado de la República contempla cuatro aspectos: reconoce que el litio es patrimonio de la nación. Declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. No se otorgarán concesiones para estas tres actividades.

El litio está de moda. Pero sin una discusión sobre sus implicaciones y viabilidad, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Minera del presidente López Obrador que “estatiza” el litio.

La iniciativa que pasó al Senado de la República contempla cuatro aspectos: reconoce que el litio es patrimonio de la nación. Declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. No se otorgarán concesiones para estas tres actividades. Las tres cadenas de valor se administrarán y controlarán a través de un organismo público descentralizado.

El litio es un mineral estratégico para la transición energética: el cambio de sistema energético basado en combustibles fósiles, emisiones de carbono y altamente contaminante, a otro modelo basado en fuentes renovables como la energía solar y eólica. 

El litio también es estratégico para la fabricación de automóviles eléctricos y dispositivos electrónicos de alta tecnología. El principal uso del litio (39%) es para la manufactura de baterías eléctricas. Éstas se utilizan en smartphones, laptops y cámaras digitales. También para satélites y más recientemente para las baterías de los autos eléctricos, además de la energía nuclear y en medicamentos para el tratamiento de la depresión, porque el cerebro requiere de ciertas dosis de litio para no deprimirse.

Reconocer en la iniciativa que el litio es patrimonio de la nación era totalmente innecesario. El artículo 27 de la Constitución ya señala que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales.

Declarar de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio implica limitar la propiedad privada en beneficio de la colectividad. Sin embargo, la utilidad pública es el fundamento para la expropiación de un bien o recurso y requiere indemnización por mandato constitucional.

El litio será controlado por un organismo público descentralizado. Independientemente del enfoque estatista de la iniciativa, el principal despropósito de la reforma es que no se otorguen concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para explorar, explotar y aprovechar el litio, incluso de propiedad estatal.

Las empresas públicas -controladas directamente por el Estado- que se creen para tal fin, requerirán necesariamente de una concesión para explorar yacimientos de litio y/o explotar el mineral.

El litio estaba mencionado en la reforma energética del presidente AMLO, rechazada por el bloque opositor. Los artículos transitorios de la fallida reforma constitucional señalaban que las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado no amparaban la explotación y producción de litio. Pero aclaraba que a las concesiones ya otorgadas para exploración de litio no se les aplicaría esa restricción.

La iniciativa de Ley Minera es más radical y confusa. No habla de cancelar o retirar concesiones para exploración de litio, pero menciona la utilidad pública y que no se otorgarán concesiones.

Un documento de la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía explica que México no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación. Pero en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos.

El Anuario estadístico de la minería mexicana 2019 detalla que en 2018 las exportaciones de litio realizadas por México ascendieron a 652 mil 472 dólares. En cambio, las importaciones fueron por tres millones 823 mil 898 dólares. Existe un déficit.

La empresa china Gangfeng Lithium opera en México y es el principal productor de litio del mundo. En 2021 adquirió la compañía inglesa Bacanora Lithium, que a su vez controla Sonora Lithium, un proyecto de arcilla de litio en ese estado de la República. En 2023 espera exportar litio a los fabricantes estadounidenses de autos eléctricos. ¿Qué pasará con esa empresa de propiedad china?

Gangfeng ha firmado acuerdos estratégicos de cooperación y contratos de suministro de litio con los fabricantes alemanes de automóviles VW, BMW y Tesla de EE. UU.

En su sitio en Internet, Gangfeng Lithium explica que “cubre una amplia franja de la cadena de suministro de baterías de litio, desde el desarrollo, la refinación y el procesamiento de recursos de litio hasta la fabricación y el reciclaje de baterías”.

México (todavía) no tiene esa capacidad y la iniciativa de reforma a la Ley Minera no viene acompañada de un plan estratégico para la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.

El gobierno de Estados Unidos y varias empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo de baterías recargables de litio de alta capacidad para vehículos eléctricos. Dichas baterías están en los albores de su desarrollo. Como toda tecnología emergente, requiere de cuantiosas inversiones públicas y privadas destinadas a su investigación.

Las empresas tecnológicas de EE.UU., Asia y Europa están preocupadas por la seguridad del suministro de litio. Su estrategia consiste en crear alianzas y empresas conjuntas con compañías de exploración para garantizar un suministro confiable y diversificado de litio para los proveedores de baterías y fabricantes de vehículos.

En América Latina las regiones y salares de Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile y Hombre Muerto en Argentina son ricas en litio. Concentran entre 50 y 80% del mineral mundial. Los principales productores de litio son Chile, Australia, Argentina, China, Estados Unidos, Canadá y Zimbabwe.

El modelo más funcional es el siguiente: el litio pertenece 100% a la nación, el Estado otorga concesiones con una alta participación pública en las empresas productoras de litio, el sector privado participa activamente en asociación con el sector estatal y los ingresos estatales obtenidos de la explotación del litio se destinan directamente a educación pública de calidad, salud universal y pago de pensiones para personas vulnerables.

El problema de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio no radica en su utilidad pública y estatización, sino en las inversiones que se requieren para desarrollar esas actividades y en la falta de visión estratégica del Estado, lo cual puede comprometer el desarrollo del mineral y México perder competitividad ante otros países que tomen la delantera en su producción.

El Economista Rolando Ramos

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 87 votos de Morena, PT, PVEM, PES y MC, 20 del PAN en contra y 16 abstenciones del PRI y PRD reformas a la Ley Minera para declarar de “utilidad pública” el litio.

De ahí que, precisa el decreto remitido al Ejecutivo federal para su promulgación, “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia’’ y se considerarán “zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.

“Se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.

“Las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado”, cita, a través de un “organismo público descentralizado” que se hará cargo de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del mineral estratégico.

“La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumplimiento de la legislación y Tratados Internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas será escrupuloso por parte de dicho organismo público”, establece la adición al artículo 10 de la ley.

El decreto aprobado sin cambios respecto a la minuta avalada previamente por la Cámara de Diputados a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluye modificaciones a los artículos 1, 9, 10 y adiciona un artículo 5 Bis, además de tres artículos transitorios por los que se otorga al Ejecutivo federal un plazo de 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la enmienda para crear el correspondiente organismo público descentralizado.

Desde la tribuna, durante la larga discusión del dictamen aprobado una hora antes en comisiones, los senadores de la oposición criticaron la premura y la negativa a aceptar cambios, que atribuyeron al hecho de que el pasado domingo la Cámara de Diputados desechó la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador Napoleón Gómez Urrutia explicó que están vigentes ocho concesiones de exploración de litio, que todavía no son para explotación. “Por eso era importante tomar la determinación ahora para controlar, regular los términos y condiciones en las que se vayan a otorgar estas concesiones”.

Se revisarán contratos

Horas antes, en su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todos los contratos vigentes relacionados con la explotación del litio en México serán sometidos a revisión y, en su caso, cancelación. “Sí, se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio… No se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente; es para el litio, o sea, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. También, para que no haya incertidumbre ¿no? Es básicamente el litio”.

Entre los contratos a revisión, dijo, estará el del caso Sonora y los que se firmaron en el gobierno pasado.