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El Presidente de Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, enfatizó la necesidad de endurecer las penas por robo y hurto de cables de telecomunicaciones, durante una audiencia en la Cámara de Diputados esta semana. El proyecto de ley 5,845/2016 establece una pena de prisión de tres a ocho años para quienes cometan el delito.

También solicitó la aprobación del proyecto de ley 5,846/2016, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y sanciona a las empresas que compren equipos robados o sustraídos. La propuesta también establece que los proveedores que tengan su servicio interrumpido debido a acciones criminales no serán sancionados por la agencia reguladora.

“La interrupción de estos servicios acaba provocando una doble sanción. Primero, es la sanción del propio delito, de reponer los cables robados, y, por motivos regulatorios, nos sanciona el ente regulador, la Anatel, que impone una multa por el servicio no prestado sin importar el motivo”, dijo. Ferrari en la audiencia.

También recordó que los consumidores que se quedan sin el servicio son los más afectados, ya que se les impide contactar con servicios esenciales, como emergencias médicas, o utilizar Internet para trabajar y estudiar.

Pedro Lucas Araújo, director del Departamento de Inversión e Innovación del Ministerio de Comunicaciones, señaló que este tipo de delitos afecta principalmente a las zonas más pobres y que carecen de calidad de conectividad. Esto hace que la población sea nuevamente penalizada, ya que los delitos disuaden las inversiones de las empresas.

Los últimos datos de Conexis muestran que 4.6 millones de metros de cable fueron robados o sustraídos en el último año, afectando los servicios de telecomunicaciones de 6.679 millones de clientes.

Las delitos aumentaron de 2019 a 2020, pasando de 94 mil a 96 mil.

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Los operadores de telecomunicaciones acusan un importante aumento de ataques intencionales sobre la red, tanto por robo de cables como por actos de vandalismo, muchos de ellos en áreas localizadas y con recurrencia. Esta situación, aseguran, se ha convertido en la principal causa de interrupciones de servicios en algunas comunas del país.

El robo de cables se arrastra hace años, pero ha sido especialmente problemático durante la pandemia, en momentos en que las redes se volvieron indispensables para el teletrabajo y el estudio. Por esta razón, este año la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Atelmo) ha solicitado varias reuniones con las autoridades -vía Ley de Lobby- para denunciar estos actos.

El mes pasado incluso el tema escaló hasta el Ministerio del Interior. El 2 de octubre, los principales ejecutivos de las compañías de telecomunicaciones sostuvieron una reunión, a través de videoconferencia, con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para dar a conocer hechos sufridos contra la red de telecomunicaciones. En la cita -que se extendió por una hora- participó el gerente general de Entel, Antonio Büchi; el CEO de Movistar Chile, Roberto Muñoz; el gerente general de VTR, Guillermo Ponce, y el gerente general de GTD, Fernando Gana. También estuvo presente el presidente de Atelmo, Alfie Ulloa.

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En junio, Atelmo expuso el mismo tema a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en una reunión en la que también participó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, y representantes de las compañías de telecomunicaciones.

En concreto, las empresas de telecomunicaciones piden que la autoridad se haga parte como querellante. También solicitan un fiscal especial que concentre las más de 300 causas abiertas.

El robo afecta principalmente a cables de la red de cobre, pero también de baterías, generadores y paneles solares. Desde Atelmo afirman que se ha generado un cambio en la naturaleza de los hechos delictuales, en el sentido que “los robos han evolucionado a vandalismo”, afectando la provisión de servicios. De hecho, afirman que “hay casos en que la intencionalidad corresponde a dañar la conectividad”.

A modo de ejemplo, indican que para algunas empresas del rubro el 85% de los eventos que afectan sus redes se deben a vandalismo o robo y que los cortes han aumentado desde fines del año pasado. Esta situación, sostienen, se ha acentuado pero que además es crítica en lugares específicos.

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones cuenta que a septiembre de este año registraban 2.024 eventos con afectaciones intencionales a la red, 138% más que los 847 eventos que se registraban a septiembre de 2019. Incluso, la cifra es superior a los 1.468 eventos que se registraron en todo 2019.

El presidente de Atelmo, Alfie Ulloa, señaló que “hoy en día que corten la red es como que quemen un bus del Transantiago, o sea no dejan trabajar o estudiar y dada la importancia que tiene la red, nosotros estamos pidiendo que el gobierno se haga parte, que se apliquen cargos, porque este es un delito especial en la Ley General de Telecomunicaciones, con pena de cárcel, no es un simple robo o atentado. Es la conversación que estamos teniendo con el gobierno, cosa que hemos venido haciendo durante los últimos años, pero la situación se agravó desde fines de 2019”.

En ese sentido, añade Ulloa, “esperamos que la autoridad se haga parte como querellante. Que se persigan estos actos y se aplique la legislación correspodiente. También hemos pedido un fiscal especial que concentre las más de 300 causas abiertas”.