El Economista Antonio Lorenzo

A grandes males, grandes remedios. Mañana entra en vigor un nuevo decreto ley que dota al Gobierno de competencias excepcionales para poder tumbar una eventual república digital catalana. Entre las nuevas atribuciones del Ejecutivo sobresale el posible cierre inmediato de las webs, aplicaciones y servicios online que considere lesivas para el orden y seguridad pública, así como para la seguridad nacional. Para llevar a cabo esta actuación, el Ejecutivo no necesitará la autorización de un juez, sino que bastará el criterio del Ministerio de Economía y Empresa para llamar a las puertas de los proveedores de acceso a Internet, acceder a las redes y atajar cualquier foco de amenaza. La misma actuación afectaría a la red neutral desplegada por la Generalitat catalana, formada por 382 kilómetros de fibra óptica.

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