DPL News Spotlight Política Digital edición semanal. Lo que debes saber sobre la política y la regulación digitales. Una guía indispensable para conocer y entender las acciones clave de política y regulación tecnológica en la región.

 Semáforo regulatorio

🔴 Alerta: cambios legislativos y/o regulatorios con posibles riesgos.

🟡 Prevención: iniciativas con implicaciones significativas que requieren monitoreo.

🟢 Correcto: avances positivos en política y regulación digital.

Semana del 19-26 de abril de 2026

🔴 México quiere una ley de IA que no espante inversiones, pero la regulación puede convertirse en trampa

El Senado mexicano avanza hacia una Ley General para el Fomento y Regulación del Uso de la Inteligencia Artificial, impulsada por el senador Rolando Zapata Bello, presidente de la Comisión de IA. 

La propuesta apuesta por una regulación flexible, basada en el uso y no en la tecnología, con la mirada puesta en atraer inversiones y evitar el error que cometió Europa, cuya regulación rígida alejó a varias empresas.

El modelo contempla una reforma constitucional, seguida de una ley general con principios básicos y, luego, adecuaciones sectoriales en salud, finanzas y propiedad intelectual. También se propone una Estrategia Nacional de IA con visión a 2040. El reto real es institucional: aún no está claro quién regulará. DPL News

🔴 Argentina ordena silenciar los celulares en las cárceles

El Ministerio de Seguridad de Argentina autorizó, mediante la Resolución 336/2026, la instalación de dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en las cárceles federales. La medida busca cortar la línea que permite a organizaciones criminales seguir operando desde el interior de los penales, donde líderes presos han coordinado extorsiones, estafas virtuales y delitos complejos.

La diferencia con los inhibidores tradicionales (que bloqueaban todo a su alrededor) es que este sistema identifica los equipos activos dentro del penal y los bloquea de forma puntual, sin afectar zonas externas. Los operadores móviles tendrán hasta 48 horas para ejecutar cada solicitud de bloqueo. DPL News

🔴 Colombia: Rappi no es un intermediario inocente y el Tribunal le pasa la factura

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de Rappi contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y confirmó la multa de COP 1.755 millones impuesta por violaciones al Estatuto del Consumidor. 

El fallo del 16 de abril de 2026 resolvió que Rappi no es un simple “portal de contacto” o intermediario de software, sino una plataforma de comercio electrónico con responsabilidad directa sobre la relación de consumo.

El Tribunal concluyó que la empresa interviene activamente en precios, pagos y logística, lo cual la obliga a cumplir con la Ley 1480 de 2011. El precedente es enorme para toda la economía de plataformas en Colombia: la misma lógica podría aplicarse a cualquier app que controle de facto la experiencia de compra del usuario. DPL News

🟡 Colombia abre la puerta para compartir espectro radioeléctrico

El MinTIC de Colombia abrió el 23 de abril una consulta pública sobre el borrador de decreto que permitiría a los titulares de permisos de espectro IMT compartir ese recurso con otros operadores, empresas o comunidades organizadas, sin ceder ni transferir sus derechos. 

El objetivo es llevar conectividad a municipios rurales, zonas apartadas y poblaciones vulnerables donde la cobertura sigue siendo insuficiente. El esquema de compartición requiere autorización previa del MinTIC. DPL News

🟡 Colombia manda señal a los medios antes de las presidenciales: equilibrio informativo o consecuencias

Con las elecciones presidenciales del 31 de mayo a la vuelta de la esquina, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicaron una circular conjunta recordando a los operadores de televisión abierta su obligación de respetar los principios de pluralismo, equilibrio informativo e imparcialidad en la cobertura del proceso electoral.

Aunque la circular tiene carácter recordatorio y no introduce nuevas sanciones, su publicación en plena recta final de campaña envía un mensaje claro sobre la disposición de los reguladores a actuar. Informes previos, incluyendo el de la Misión de Observación Electoral de la UE, habían detectado desequilibrios en la cobertura de medios durante las legislativas. DPL News

🟡 Brasil apuesta por los proveedores regionales de Internet

La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Fomento a los Proveedores Regionales de Internet, otorgándoles acceso prioritario a créditos de bancos públicos y a recursos del Fondo Universal de Servicios de Telecomunicaciones (FUST). 

La iniciativa reconoce que los pequeños ISPs regionales (responsables del 63% de las conexiones fijas del país) han sido los grandes ignorados de las políticas públicas de conectividad.

El proyecto también propone fomentar alianzas con el sector público para instalar puntos de acceso gratuitos en comunidades remotas y define como “proveedor regional” a aquel con menos del 5% de cuota de mercado. DPL News

🟢 España da el salto a 100 Mbps como derecho universal

El Ministerio para la Transformación Digital de España abrió una audiencia pública para el proyecto de Real Decreto que elevaría la velocidad mínima del Servicio Universal de Telecomunicaciones de 10 a 100 Mbps, un salto de diez veces que convertiría a España en el primer país de Europa en garantizar esa velocidad como derecho básico, independientemente de la ubicación geográfica del usuario.

La propuesta, prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027, incluye además un descuento obligatorio de al menos 25% en tarifas para usuarios con rentas bajas, extiende los beneficiarios a los cerca de 800.000 hogares con derecho al Ingreso Mínimo Vital y pone fin al monopolio de Telefónica como operador designado, obligando a todos los operadores a ofrecer el servicio dentro de su zona de cobertura. DPL News

🟢 Uruguay estrena laboratorio de IA para el bien público

Uruguay presentó su primer Laboratorio de Inteligencia Artificial orientado al sector público, desarrollado en alianza con Microsoft, MIEM, Antel, LATU, Uruguay Innova y Agesic. 

A diferencia del laboratorio anterior (enfocado en actores privados), este espacio acompañará a instituciones públicas y organizaciones de interés social desde la idea inicial hasta prototipos de implementación, con aplicaciones en salud, educación, sostenibilidad y eficiencia del Estado.

El programa funciona como una aceleradora intensiva de tres meses, alineada con la Estrategia Nacional de IA de Uruguay y los principios de IA responsable. Con una inversión pública inicial de unos 400.000 dólares y cofinanciación de Microsoft, el laboratorio llega en un momento en que Uruguay lidera la adopción de IA en Sudamérica según el AI Diffusion Report 2025 de la propia empresa. DPL News

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All Digital

Jorge Bravo, El Economista

Al 19 de abril, el registro de líneas móviles llevaba 30.2 millones de identificaciones sobre un universo de 144,585,131 líneas activas. Eso equivale a 20.88% del total. El otro 79.11% o 114 millones de líneas seguía pendiente de registrarse.

El reloj avanza y la curva va muy por debajo de lo que exige un cierre ordenado del proceso. Tal y como se sugirió en este espacio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) iniciará la campaña “Registra tu línea”. La CRT fijó el arranque del registro el 9 de enero de 2026 y dejó claro que la línea no vinculada será suspendida cuando venza el plazo el 30 de junio.

La discusión ya no es regulatoria. Es económica y social. En México, 83.1% de la población de 6 años y más se conectó a Internet en 2024. Además, 81.7% usó teléfono celular y 97.2% de quienes usan Internet se conectó mediante un smartphone. El dato clave está en la forma de pago. 79.9% de los usuarios de celular lo hace en prepago. En las líneas móviles de Internet, 84.4% son prepago.

Si la política termina en suspensión masiva de líneas, el golpe recae sobre el medio de acceso que más usan las personas. También nos hemos olvidado del impacto en el ámbito rural, donde la información sobre el registro de usuarios es aún más escasa. La campaña debe estar dirigida a todos los segmentos poblacionales: los padres de los menores de edad, jóvenes, adultos y personas adultas mayores, quienes tendrán más dificultades para hacer su registro.

Suspender la línea no sólo corta la voz. Corta datos. Corta autenticación. Corta pagos. Corta códigos de seguridad. Corta ubicación. Corta mensajería. Corta envíos de SMS para acceder a portales de Internet. Corta la puerta de entrada a todo lo digital.

Una persona sin línea deja de pedir un vehículo. Deja de pedir y recibir comida. Deja de vender en línea. Deja de recibir una transferencia. Deja de entrar a una app de banco. Deja de usar mensajería laboral. Deja de entrar a telemedicina. Deja de seguir clases.

El apagón móvil es una restricción de acceso a la economía y la vida digital cotidiana en un gobierno que se les llena la boca de pueblo. Primero los pobres, sí, ellos van a ser los primeros que su línea quede suspendida.

La dimensión económica del apagón móvil es inmensa. El INEGI informó que el Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico llegó en 2024 a 2,308,458 millones de pesos, equivalente a 6.9% del PIB. Eso significa que la economía digital es un sector de peso nacional.

Si tomamos ese dato como piso y hacemos un ejercicio simple de estrés, una disrupción de 10% de esa actividad equivaldría a unos 19,237 millones de pesos al mes o 632 millones al día. Es una estimación conservadora de lo que cuesta frenar una parte del flujo digital del país.

La suspensión golpea a plataformas de movilidad y entrega de alimentos, comercio electrónico, logística, finanzas, educación y salud. Golpea a quien trabaja en plataformas y a quien depende de la aplicación. Golpea al conductor que necesita datos para aceptar un viaje. Golpea al usuario que necesita un SMS para entrar a su cuenta. Golpea al comerciante que vende por Internet. Golpea al repartidor que vive de la ruta en tiempo real. Golpea al estudiante que aprende por conexión móvil. Golpea al paciente que agenda o recibe orientación por app. Lo que parece un trámite de identidad termina como una falla de red con efecto cascada.

El riesgo crece porque México es un país de prepago. La lógica del prepago es simple. Compra, recarga, usa. No depende de un contrato ni de una relación bancaria. Por eso, un registro mal diseñado castiga más a quien ya está más expuesto. El dato de INEGI sobre el uso de Internet también ayuda a entender el golpe. El 35.8% de quienes usan Internet hizo compras en línea en 2024. Esa conducta no vive en una sola plataforma. Se mueve entre mensajería, pagos, catálogos, redes, mapas y entregas. Si se interrumpe la línea, se interrumpe la cadena completa.

La verdad incómoda es que la política pública eligió un punto de castigo muy duro. La suspensión temporal de la línea puede tener sentido como última medida para combatir extorsión o fraude. Pero cuando el instrumento es masivo, la sanción también se vuelve masiva. Esta sanción aplicada sobre una infraestructura que es la principal vía de Internet para millones, se parece demasiado a un apagón de derechos digitales. El problema no es si el registro sirve para un fin de seguridad y prevención del delito, sino cuánto daño colateral produce cuando no alcanza la meta.

Por eso el diseño necesita una salida política. Una prórroga sería lo más sensato si el avance sigue tan lejos del 100%. Un esquema por etapas sería mejor que una suspensión en bloque. También cabría un acuerdo legislativo o administrativo para ampliar el plazo y proteger a usuarios de prepago, personas sin documentación completa y segmentos que dependen de la línea para trabajar.

Un regulador inteligente mide el éxito y el error, lo informa y lo corrige. México todavía tiene pendiente conectar y cerrar la brecha digital; estamos a 68 días de desconectar a un porcentaje indeterminado de usuarios de telefonía móvil. Ocurrirá en pleno Mundial de fútbol durante los dieciseisavos de final. En 10 semanas el país será el escaparate de múltiples líneas y derechos digitales suspendidos. Si el gobierno y la CRT querían visibilidad internacional, lo lograrán con el apagón móvil.

La economía digital mexicana ya está integrada en Internet como para soportar un cierre brusco. La línea móvil es la llave de entrada a la red. Si esa llave se cierra en masa, el costo del apagón será tecnológico, productivo, comercial y social. Cuando el daño recorra movilidad, pagos, compras, entregas y educación, entonces la discusión dejará de ser sobre identificación de usuarios, extorsión y fraude. Será sobre una política que, por querer ordenar la red, terminó por impedir el acceso a la vida digital.

Buenos Aires. Sergio Scarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), enfatizó en la necesidad de marcos normativos sólidos y confiables en la región, y aseveró que el organismo de las Naciones Unidas promueve que los países cuenten con una regulación que sea clara, independiente, objetiva, transparente y estable a lo largo del tiempo.

Durante el Argentina Digital Summit 2026, organizado por DPL Group, Scarabino destacó que el objetivo fundamental de estas directrices es apoyar aquellas medidas que redunden en el beneficio directo del usuario y del ciudadano, quienes hoy requieren la conectividad como una vía esencial para acceder a información, educación, trabajo, comercio y desarrollo humano a través de la banda ancha.

En el contexto de Argentina, Scarabino calificó como un “activo” la expansión del rol del Estado en iniciativas particulares de ARSAT, empresa estatal de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas que abarca el sector satelital, la fibra óptica y los Centros de Datos, independientemente de cómo los gobiernos aprovechen estos recursos.

Señaló que entre 2015 y 2019 se profundizó la convergencia tecnológica y la aspiración de darle una mayor participación al sector privado, y añadió que todos estos pasos están en línea con las directrices que la UIT promueve desde el simposio global de reguladores.

Respecto a los avances recientes, el representante de la UIT indicó que en los últimos dos años, en Argentina se ha progresado significativamente en el despliegue de 5G y se ha revisado la brecha de espectro mediante una resolución del Enacom y consultas públicas para su uso eficiente.

Scarabino agregó que la UIT está actualmente en conversaciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para llevar a cabo capacitaciones sobre el uso eficiente del espectro, con planes de cierre para julio o agosto.

Además de la regulación de infraestructura, Scarabino hizo referencia al trabajo de la UIT en Inteligencia Artificial (IA) a través de su iniciativa “AI for Good”, la cual es compartida por Naciones Unidas y cuenta con participación del sector privado.

Sergio Scarabino instó a Argentina a seguir con su desarrollo digital a pesar de los desafíos y “vaivenes”. Insistió en la vocación de que las autoridades se mantengan enfocadas en el ciudadano, buscando darle beneficios a toda la ciudadanía a lo largo y ancho del país.

“Quiero insistir en Argentina que ha seguido con su desarrollo digital a pesar de los vaivenes, insistir en la vocación de que se mantengan enfocados en el ciudadano, darle beneficios a toda la ciudadanía a lo largo y ancho del país y que intenten consensuar políticas públicas para que sean duraderas y sostenibles”, concluyó.

DigitalEs es una asociación empresarial que defiende los intereses de empresas líderes de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, claves para el desarrollo del sector en España. Cuenta con unos 60 socios y tiene casi 50 convenios con asociaciones que elevan su nivel de representación. Su objetivo es “promover y poner en valor el gran impacto que tiene la digitalización”.

En el marco de movimientos en el sector, consolidación y planteamientos sobre cómo sostener las inversiones necesarias para satisfacer la demanda, DPL News conversó mano a mano con Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalEs, para conocer sus metas de corto plazo, necesidades de la industria y futuro de una industria en transformación.

Nicolás Larocca: ¿Qué objetivos persigue DigitalEs en este contexto desafiante del sector?

Miguel Sánchez Galindo: Aprobamos la hoja de ruta para los próximos años, con un plan estratégico que propone seis objetivos:

• Impulsar la transformación digital de España como referente de Europa.
• Contribuir dentro de esta transformación a la mejora del sistema educativo e informático del sector, es decir, avanzar en materia de talento humano.
• Crear un sistema digital más amplio.
• Responder a las necesidades de la ciudadanía.
• Promover la digitalización como vector de la sostenibilidad.
• Impulsar el impacto social del sector.

Nicolás Larocca: ¿Cómo evalúa el panorama actual de la digitalización en España? ¿Qué desafíos son más urgentes?

Miguel Sánchez Galindo: Tenemos indicadores que miden el nivel de digitalización de Europa, y España está muy bien posicionada en distintas variables. Tenemos, por ejemplo, índices de cobertura de fibra y 5G arriba del 95%, muy por encima de la media. También se hizo un esfuerzo muy fuerte en el sector público y hubo avances concretos en cuestiones como Inteligencia Artificial (IA), Nube o Big Data. En talento, el objetivo es 10% de especialistas TIC sobre el total de la población ocupada para 2030 y estamos prácticamente en la mitad: hay necesidad de avanzar en este aspecto, porque será determinante para el desarrollo digital local.

Nicolás Larocca: ¿Qué rol juega la Inteligencia Artificial en el futuro de la industria digital? ¿Qué posición tiene España en esta carrera?

Miguel Sánchez Galindo: Es un segmento interesante y complejo. La gran parte de los modelos hoy están en Estados Unidos y China. Lo que sí podemos hacer es impulsar y liderar en la adopción de IA para ser más competitivos. España logró hacerlo en los últimos años de la mano también de fondos de la Comisión Europea o el Plan de Recuperación: estamos en el puesto 7 de adopción de IA por parte de las empresas en el mundo. En este sentido, diría que estamos en un buen camino.

Si la consulta es si España puede jugar un papel en el desarrollo de Inteligencia Artificial, diría que quizás no con grandes modelos pero sí con pequeños, sectoriales, los que requieren adaptación para funcionar de buena forma en determinadas industrias. Esa especificidad sí puede liderarla nuestro país.

Nicolás Larocca: ¿Esta cobertura líder en 5G ha logrado traducirse en ingresos para los operadores? ¿Cuáles son las inquietudes y oportunidades que se plantean en este aspecto?

Miguel Sánchez Galindo: La cobertura 5G en España está muy bien y es muy superior al resto de la Unión Europea y también en comparación con América Latina, pero es cierto que no es de alta calidad, no es standalone. Ahí hay una oportunidad y una diferencia con países como China y Estados Unidos, que tienen buena penetración también de 5G SA, mientras que aquí está en torno al 50%. Tenemos un buen recorrido, no obstante, para monetizar los desarrollos 5G hay que llegar a todo el territorio con la mejor prestación en atención a cada una de las industrias.

Nicolás Larocca: ¿Cómo observan los cambios en materia regulatoria que atañen al sector, como la nueva ley de Redes Digitales?

Miguel Sánchez Galindo: Hemos reflexionado mucho sobre esa ley pendiente de aprobación y también otras que tienen que ver con nuestra actividad. El sector de las telecomunicaciones está con cierta preocupación porque, aunque hay aspectos que defendíamos como tener mejores políticas de espectro o una regulación más estable que habilite el retorno sobre las inversiones, también hay elementos de geopolítica o estrategia que no convencen. Otro tema es la asimetría que tenemos en el sector, que entendemos que no se ha corregido aún mientras se avanza en otras reglas, que casi inmediatamente después de publicadas se decide simplificar.

Creo que en Europa regulamos de forma demasiado compleja para su contexto, porque luego las reglas generales también hay que adaptarlas a la normativa nacional. Todo ese contexto de piezas regulatorias complejiza mucho la realidad y el día a día de las empresas. En este sentido, defendemos la simplificación como una necesidad urgente.

La Nación

Miembros de la Comisión de Ciencias del Senado realizaron este jueves una audiencia para analizar el proyecto de ley que busca regular la actividad y fortalecer la seguridad de prestadores y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sostuvo un encuentro de trabajo con gremios, asociaciones y operadores del ecosistema digital de Colombia, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el sector público y privado y promover iniciativas de modernización normativa.

Durante la jornada, la CRC presentó los proyectos regulatorios en desarrollo e invitó a la industria a participar activamente en su construcción. Por su parte, agremiaciones como Fenapi, CCIT, Una Colombia, Asotic, Piltron, Suma Móvil, ASIET, Andesco, ALAI, entre otros, aportaron sus visiones, propuestas y compromisos de articulación.

Gustavo Larrabure, director para Región Andina de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones ASIET, se refirió al encuentro como una “excelente iniciativa al realizar trimestralmente reuniones de coordinación y trabajo entre los distintos actores del ecosistema digital en Colombia. Un escenario de desregulación efectiva con un adecuado manejo de recursos e impulso a las inversiones tiene el potencial de generar aumentos del PBI, empleo y productividad”.

La Comisión destacó que este espacio reafirma su compromiso de “construir regulación con la industria, y que establezca las bases de una agenda de trabajo compartida, con propuestas y compromisos de articulación”.

Recomendamos: La regulación digital en América Latina responde a un modelo de mercados segmentados que ya no existe

Al respecto, Larrabure enfatizó: “Es indudable aplicar una senda de desregulación que se traduce en un impacto macroeconómico altamente positivo, al liberar a los operadores de costos innecesarios y focalizar esos recursos en inversión y despliegue efectivo”.

Durante el evento, los participantes intercambiaron perspectivas sobre el futuro de la regulación, abordando temas relacionados con el fortalecimiento institucional, la adaptación normativa y la construcción de políticas públicas más dinámicas.

Coincidieron en la importancia de generar espacios colaborativos que permitan compartir experiencias y buenas prácticas, en línea con tendencias regionales de cooperación entre organismos reguladores.

“Se debe adoptar una regulación ágil y promover un entorno propicio para la inversión y despliegue de infraestructura de nueva generación”, aseguró el ejecutivo de ASIET.

Se espera que encuentros de este tipo se repitan cada tres meses con el fin de construir marcos regulatorios más flexibles y participativos para el sector.

El pasado 7 de abril, Telefónica anunció formalmente la venta del 100% de sus operaciones en México —Movistar— al consorcio Melisa Acquisition, integrado por OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management, por 450 millones de dólares. 

La transacción, sujeta aún a la consabida aprobación regulatoria, pone fin a más de dos décadas de presencia del grupo español en el país y cierra —con Venezuela como última pieza pendiente— la salida de Telefónica de Hispanoamérica.

La cobertura mediática ha tratado el anuncio como un evento explicado por factores coyunturales: la competencia de los operadores móviles virtuales, la depreciación del peso, el litigio fiscal con el SAT que Telefónica ganó en febrero de 2026, la estrategia global de desinversión del grupo en Hispanoamérica para focalizarse en Europa. 

Todo ello son factores ciertos, pero ninguno de ellos explica por qué la salida ocurre ahora y no hace cinco o diez años, ni por qué el comprador paga apenas 450 millones de dólares por una operación con 21.7 millones de clientes.

Este texto ofrece otra mirada. Es una lectura que quien suscribe ha sostenido en distintos artículos de opinión durante más de quince años, y que la serie de ingresos auditados de Telefónica México confirma con una claridad que sólo los datos pueden dar.

Telefónica no se retira derrotada por un mercado hostil, sino tras haber operado durante toda su estancia en México bajo un régimen de privilegios regulatorios, adjudicaciones preferenciales y acuerdos entre competidores que le fueron otorgados, renovados o tolerados por las sucesivas autoridades del sector, y que no logró convertir en un negocio sostenible. 

Es decir, actuaba como si la competencia dependiera de un entorno legal asimétrico a su favor y no de la libre preferencia de sus clientes actuales y potenciales. 

La historia no comienza con la reforma de 2013-14; la reforma fue sólo el capítulo más visible de un patrón más largo.

El texto está organizado en tres partes. Primero, reseño los beneficios regulatorios acumulados por Telefónica desde su entrada al mercado mexicano, distinguiendo entre los que recibió antes de la reforma y los que recibió después de ella. 

Segundo, muestro con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (antes IFT) cómo evolucionó la participación de mercado de Movistar durante ese periodo. 

Tercero, presento la serie completa de ingresos del segmento México en los reportes financieros de Telefónica ante la SEC y muestro que los datos contaban la historia de la salida desde mucho antes del anuncio.

Parte I. Los beneficios regulatorios acumulados

I.1 Las adjudicaciones previas a la reforma (2010-2012)

Mucho antes de que existiera la figura del “agente económico preponderante”, Telefónica ya había sido beneficiaria directa de decisiones regulatorias y adjudicaciones públicas que le entregaron activos valiosos a costos ventajosos o por vías que los economistas observaríamos con escepticismo.

La fibra óptica de CFE (2010)

En ese año, el consorcio integrado por Televisa, Megacable y Telefónica recibió la adjudicación del par de hilos de fibra óptica de la red de la Comisión Federal de Electricidad —19,469 kilómetros de infraestructura troncal a nivel nacional— por un periodo de 20 años, prorrogable. 

Este era uno de los activos de infraestructura, en aquellos años, más valiosos que el Estado mexicano tenía disponibles para catalizar competencia en el mercado mayorista de transporte de datos. 

La adjudicación al consorcio mencionado le dio a Telefónica acceso, a precios subsidiados por dos décadas, a una red troncal que bajo condiciones de mercado habría requerido una inversión de capital considerable. 

Este beneficio, visible en su momento, pero pronto olvidado en las discusiones públicas, fue un primer subsidio implícito cuya magnitud nunca se cuantificó adecuadamente.

Licitación 21 (2010): espectro AWS con topes ad-hoc a los operadores entrantes

Ese mismo año, la entonces Cofetel condujo la Licitación 21 para asignar espectro en la banda AWS (1.7/2.1 GHz), el segmento sobre el cual se desplegarían las redes 3G y 4G de la década siguiente. Dos rasgos del diseño de esta licitación merecen atención.

Primero, la Comisión Federal de Competencia fijó topes de acumulación espectral que, en la práctica, impidieron a los operadores con mayor presencia —Telcel y la propia Telefónica, entre otros— competir por ciertos bloques reservados a “nuevos operadores”. 

Este es un patrón recurrente en la política regulatoria mexicana: usar topes con la justificación de evitar concentración, pero sin el análisis riguroso que exige distinguir entre tamaño absoluto y poder de mercado efectivo. 

Los topes de la L-21 generaron distorsiones que el propio regulador tuvo que corregir seis años después en la Licitación IFT-3 de 2016.

Segundo —y este es el dato más elocuente sobre la relación entre Telefónica y el espectro asignado—, Movistar obtuvo en la L-21 apenas 10 MHz en seis de las nueve regiones nacionales, una tenencia fragmentada y modesta. 

Pero en diciembre de 2015 Telefónica canjeó esas licencias AWS con AT&T a cambio de frecuencias en 1.9 GHz. Es decir, el espectro obtenido en una licitación pública para el despliegue de 4G fue intercambiado —no desplegado productivamente— apenas cinco años después, en una operación bilateral que evidenciaba la disposición de Telefónica a tratar sus concesiones como activos financieros, más que como compromisos de inversión de red a largo plazo. 

Y en 2019, recordemos, devolvió todo su espectro al Estado y se convirtió en arrendatario de la red de AT&T.

Acuerdos de compartición con Iusacell y Megacable (2011-2012)

En los años previos a la reforma, Telefónica suscribió al menos dos acuerdos de compartición que la insertaron en una red de convenios entre competidores que en cualquier otra jurisdicción con autoridad de competencia seria habrían recibido un escrutinio mucho más severo.

Con Iusacell, un acuerdo para compartir infraestructura móvil y servicios intermedios. Aisladamente, un acuerdo voluntario de compartición puede ser eficiente —y lo es más cuando se negocia libremente en lugar de imponerse por un regulador. 

El problema surgió cuando, poco después, Televisa adquirió 50% de Iusacell con aprobación condicionada de la Comisión Federal de Competencia. Por transitividad, Televisa obtuvo acceso indirecto a la infraestructura de Telefónica, al mismo tiempo que ya compartía con Telefónica —junto con Megacable— la fibra óptica de CFE. 

El entramado de relaciones cruzadas entre cuatro actores —Televisa, Telefónica, Megacable e Iusacell— conformaba un esquema de interdependencias que debilitaba la rivalidad competitiva en múltiples mercados simultáneamente. 

Documenté en su momento que las autoridades mexicanas optaron por “remedios conductuales” —compromisos de buena conducta, consejeros independientes, códigos de ética— en lugar de remedios estructurales.

Con Megacable, el acuerdo consistió en operar como operador móvil virtual (Megafón) usando las frecuencias de Telefónica en las localidades donde Megacable tiene presencia con su red de cable. 

Esto convirtió a Telefónica en un habilitador de cuádruple-play para un competidor del mercado de televisión restringida, nuevamente sin que la autoridad de competencia examinara si el acuerdo generaba intercambios de información o coordinación de precios entre operadores que, en principio, debían competir entre sí, haciendo caso omiso que un operador de telecomunicaciones NO podría ser competidor en cuádruple play por su restricción en su título de concesión desde 1990.

Estos acuerdos —legales, individualmente defendibles por las eficiencias que generan— adquieren otro significado cuando se consideran en conjunto. 

Telefónica fue, durante ese periodo, nodo central de una red de relaciones contractuales con competidores que le daba acceso a infraestructura, capacidad de red y mercados complementarios sin necesidad de invertir por cuenta propia a la escala que habría requerido una estrategia competitiva socialmente eficiente.

Segundo capítulo: la reforma de 2013-14 y el régimen de asimetría

Sobre este terreno —ya inclinado a favor de Telefónica— llega la Reforma Constitucional de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014. 

La reforma introdujo la figura de “agente económico preponderante” —Telmex/Telcel en telecomunicaciones, Televisa en radiodifusión— y le impuso un catálogo de obligaciones asimétricas: desagregación de red local, compartición de infraestructura pasiva y activa y, en su expresión más extrema, la llamada tarifa cero de interconexión del artículo 131, que obligaba al preponderante a terminar, sin cobrar, todo el tráfico proveniente de las demás redes.

Ningún régimen regulatorio asimétrico del mundo había llegado tan lejos. Ni la jurisprudencia estadounidense sobre essential facilities ni las recomendaciones de la Comisión Europea sobre tarifas de terminación contemplaban la gratuidad obligatoria. 

En Europa, de hecho, la tendencia ha sido exactamente la opuesta: tarifas simétricas, basadas en costos, con el régimen asimétrico reservado para excepciones justificadas en diferenciales de costo y siempre con fecha de caducidad.

El resultado analítico es sencillo. Los economistas Jean-Jacques Laffont y Jean Tirole (Nobel 2014) lo formalizaron hace décadas: el bienestar social se maximiza cuando el operador regulado obtiene utilidades no negativas por los servicios que presta. 

Imponer un precio cero a un servicio que tiene costos reales —capital invertido, costo de oportunidad de los recursos, mantenimiento— equivale a confiscar valor productivo y transferirlo como subsidio implícito a los competidores.

Durante los años cuando la tarifa cero estuvo vigente, cada minuto de voz que un usuario de Movistar originaba y terminaba en la red de Telcel representaba, en términos económicos, una transferencia de recursos reales de la red del preponderante a la red de Movistar. 

Telefónica no pagaba por ese insumo; lo recibía gratis por mandato legal. Lo mismo AT&T, que ingresó al mercado mexicano en 2015 adquiriendo Iusacell y Nextel: su propio Director Ejecutivo declaró públicamente en 2017 que la decisión de entrar al país se tomó precisamente por el régimen asimétrico y la promesa de certeza a largo plazo. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional la tarifa cero a finales de 2017, el privilegio no desapareció. El entonces IFT fijó tarifas de interconexión que siguieron siendo asimétricas hasta en cuatro veces a favor de los no preponderantes. 

El apalancamiento regulatorio continuó siendo un componente estructural de la viabilidad aparente de Movistar en México, junto con los beneficios heredados del periodo previo: la fibra troncal de CFE, los acuerdos de compartición con operadores del duopolio televisivo y de cable, y el acceso a la red mayorista que el propio Estado construyó bajo el modelo de Altán Redes a partir de 2018.

El inventario acumulado

Vale la pena sumar lo que Telefónica recibió en México durante más de una década. Entre 2010 y 2019 contó con:

1. Acceso subsidiado a fibra óptica troncal nacional por 20 años (fibra CFE).
2. Espectro AWS obtenido en una licitación con topes diseñados en parte para protegerla de la competencia por los bloques grandes.
3. Compartición de infraestructura con Iusacell primero y con AT&T después.
4. Acceso como usuaria virtual a la red de Megacable en ciertas regiones.
5. La tarifa cero de interconexión durante tres años y medio.
6. Tarifas de interconexión asimétricas aún después de la sentencia de la SCJN.
7. Acceso subsidiado a la red mayorista de Altán Redes.

Es difícil imaginar un marco más generoso para un entrante extranjero. 

Parte II. Lo que muestran los datos de participación de mercado

La primera señal de que algo no encajaba con la narrativa de “la reforma abrió el mercado gracias a los entrantes” la ofrecen los propios datos del regulador. 

Las siguientes dos gráficas muestran la evolución de la participación de mercado de los tres operadores principales —Telcel, Movistar y AT&T— en telefonía móvil y en banda ancha móvil entre 2010 y 2024.

Gráfica 1. Telefonía móvil en México: participación de mercado de los tres operadores principales, 2010-2024

Gráfica 2. Banda ancha móvil en México: participación de mercado de los tres operadores principales, 2010-2024

Lo que se observa en telefonía móvil es una erosión gradual y sostenida de la participación de Telcel, de aproximadamente 71% en 2010 a 55% en diciembre de 2024 —unos 16 puntos en 14 años, sin escalón dramático tras la reforma. 

Movistar se mantuvo relativamente estable alrededor del 20-23% durante casi toda la vigencia del régimen asimétrico, pero a partir de 2022 entra en un descenso acelerado hasta cerrar 2024 en aproximadamente 14%, por debajo incluso de AT&T. 

AT&T, por su parte, muestra el salto esperable al entrar en 2015 absorbiendo Iusacell-Unefón y Nextel, y luego crece de forma continua hasta superar a Movistar.

El contraste en banda ancha móvil es aún más elocuente. Telefónica nunca logró consolidarse en datos móviles: tras un pico de cerca de 19% a fines de 2015 —ya con la tarifa cero vigente—, inicia un descenso ininterrumpido hasta llegar a aproximadamente 7% en 2024. 

Es decir, en el segmento que definía el futuro del negocio móvil —los datos—, Movistar perdió participación de forma sostenida incluso bajo el régimen asimétrico más generoso. AT&T, en el mismo periodo, prácticamente duplicó su participación.

Así vemos a AT&T consolidándose y a Telefónica descendiendo, especialmente en el segmento donde se encontraba el futuro inmediato del sector. Las gráficas sugieren que Movistar ni siquiera aprovechó efectivamente el subsidio implícito que recibía.

Parte III. Lo reportes bursátiles 20-F les decían a los inversionistas

Durante más de dos décadas, Telefónica presentó reportes Form 20-F anualmente ante la U.S. Securities and Exchange Commission. 

Estos reportes son auditados externamente, reformulados cuando es necesario y desglosan los ingresos del grupo por segmento geográfico a nivel de país. 

Para el caso de México, ofrecen una serie temporal inusualmente limpia: dieciséis años consecutivos de ingresos reportados bajo la misma metodología de consolidación, con notas explicativas sobre movimientos significativos y efectos de tipo de cambio.

Lo que sigue es esa serie, reconstruida a partir de los 20-F de 2010 a 2023 (14 filings) y complementada para 2024 con el informe anual integrado de Telefónica Hispanoamérica y para 2025 con el comunicado oficial de Telefónica Movistar México del 24 de febrero de 2026.

Ingresos anuales del segmento México, 2008-2025

Fuente: elaboración propia con datos de los Form 20-F de Telefónica, S.A. ante la SEC (2010-2023); informe anual integrado Telefónica Hispanoamérica 2024; comunicado oficial de Telefónica Movistar México del 24 de febrero de 2026. Cifras en euros reportados, no ajustadas por inflación ni tipo de cambio.

La misma serie, representada visualmente:

Gráfica 3. Telefónica México: ingresos anuales del segmento país y variación anual, 2008-2025.

La serie muestra que el pico histórico fue 2010, no post-reforma. 

Este es probablemente el dato más contundente del ejercicio, y contradice una narrativa implícita que circula sobre cómo la reforma habría impulsado la competencia de los entrantes. 

Los ingresos más altos que Telefónica México generó en toda su historia fueron los de 2010 —1,832 millones de euros—, el año anterior a la discusión pública de la reforma y tres años antes de su promulgación. 

Ese mismo año coincide con los tres eventos: la adjudicación de la fibra de CFE, la Licitación 21 de espectro AWS y la vigencia plena del régimen de compensación Bill & Keep en interconexión, con tarifas de terminación positivas. 

Es decir, el periodo de mayor facturación de Telefónica en México ocurrió bajo el esquema que la reforma vino a desmantelar. 

Una lectura honesta de estos datos sugiere que el régimen previo no era el obstáculo que la narrativa oficial asumió, al menos no para Telefónica.

Segunda observación: la caída de −15% en 2011 es el primer gran escalón hacia abajo y ocurre antes de la reforma. Los propios 20-F de Telefónica lo explican: “sharp reduction in mobile termination rates” y “lower revenues from outgoing traffic in the pre-pay segment”. 

En moneda local, los ingresos por servicios móviles cayeron 13.3% ese año. Esto es importante porque muestra que Telefónica ya enfrentaba presión competitiva real antes de que la reforma le ofreciera tarifa cero como compensación. 

La reforma, vista con esta serie, luce menos como respuesta a un mercado estancado ausente de competencia y más como rescate regulatorio a entrantes que mostraban fatiga y cabildeaban al gobierno de Peña Nieto para implementar regulaciones draconianas.

Tercera observación: entre 2012 y 2015 la serie muestra un modesto repunte acumulado de 14.6%, justo en el periodo en que la tarifa cero del artículo 131 de la LFTR estaba plenamente vigente. Es el único tramo en que se puede argumentar que el régimen asimétrico ayudó a Movistar a mejorar sus ingresos reportados. 

Aun así, nunca recuperó el nivel de 2010. El pico de 2015 —1,783 millones de euros— se quedó 49 millones por debajo del pico pre-reforma. Cuatro años de asimetría regulatoria extrema no fueron suficientes para devolver a Telefónica al nivel donde estaba antes.

Cuarta observación: el colapso 2016-2019 ocurrió en plena vigencia del privilegio. Aquí está la observación más incómoda para cualquier defensa del régimen asimétrico. Entre 2015 y 2019, los ingresos de Movistar cayeron 51.4% acumulado —de 1,783 a 867 millones de euros. 

Este colapso ocurrió precisamente cuando la tarifa cero y las tarifas asimétricas de interconexión estaban operando. La Suprema Corte sólo declaró inconstitucional la tarifa cero en 2017, y las tarifas asimétricas post-SCJN siguieron siendo hasta cuatro veces favorables a los no preponderantes. 

En otras palabras: el periodo de máximo apalancamiento regulatorio a favor de Telefónica coincide con el periodo de peor desempeño financiero de su historia en México.

Telefónica misma reconoció este deterioro contablemente. En 2016 registró un impairment de goodwill sobre Telefónica México por 91 millones de euros y en 2018 un impairment adicional por 350 millones de euros. 

Un impairment de esa magnitud es un reconocimiento formal ante auditores y reguladores bursátiles de que los flujos de caja futuros esperados del activo ya no justifican su valor en libros. Telefónica México estaba, en términos contables, dejando de ser un activo rentable.

Quinta observación: la caída de 26.2% en un solo año es el segundo mayor descenso de toda la serie y marca el punto en que Telefónica abandona el modelo de operador de red en México. 

Como los propios 20-F lo reportan, 2019 fue el año de la “transformation of the operating model of Telefónica México” y de la migración al acuerdo de acceso mayorista con AT&T. 

Telefónica devolvió su espectro al Estado mexicano y dejó de ser operador de facilidades para volverse arrendatario de infraestructura. 

La serie de ingresos registra ese cambio estructural como un escalón vertical. El capital regulatorio acumulado —fibra de CFE, espectro, acuerdos de compartición— no fue suficiente para sostener siquiera una presencia como operador con red propia.

Sexta observación: la “recuperación” 2020-2023 es contable. El repunte que muestra la gráfica entre 2020 y 2023 —de 1,033 a 1,318 millones de euros, un aumento acumulado de 27.6%— parece impresionante hasta que se leen las notas a los reportes. 

Los 20-F son explícitos: el crecimiento de 16% en 2022 y de 12.5% en 2023 está dominado por efecto de tipo de cambio (apreciación del peso frente al euro), no por crecimiento real del negocio. 

En 2023, por ejemplo, Telefónica misma desagrega: 12.5% reportado, de los cuales 10.5 puntos porcentuales provienen del efecto del tipo de cambio, dejando el crecimiento real en apenas 2%. En moneda local, las métricas operativas siguieron siendo modestas o negativas prácticamente todo el periodo.

Séptima observación: 2024-2025 marcan el retorno a la caída y la retirada. Una vez que el viento de cola del tipo de cambio se agota —el peso se depreció 22.5% contra el dólar durante 2024, la mayor depreciación en 16 años—, los ingresos reportados vuelven a caer: 2.4% en 2024 y 12.4% en 2025. 

El dato de 2025 (1,127 millones de euros) es 38.5% inferior al pico histórico de 2010 y es el peor año de Telefónica México desde 2020. El EBITDA ajustado cayó 9.5% en 2024; aunque se recuperó operativamente en 2025 gracias a “eficiencias en gastos operativos” —subiendo a 128 millones de euros, según el comunicado oficial de Telefónica Movistar México—, esto es un ajuste defensivo, no expansión comercial. 

Los ingresos por venta de terminales se desplomaron, señal inequívoca de que la actividad comercial se estaba contrayendo en preparación para la venta.

Conclusión: la salida como consecuencia lógica

Telefónica recibió en México, entre 2010 y 2019, uno de los paquetes más generosos de privilegios regulatorios que cualquier operador entrante haya obtenido en América Latina. 

Accedió a fibra troncal subsidiada por dos décadas, a espectro asignado bajo reglas diseñadas en parte para protegerla, a acuerdos de compartición con tres de sus potenciales competidores y durante casi cuatro años recibió gratis la terminación de llamadas en la red del operador dominante al que ningún otro régimen regulatorio del mundo había fijado un precio cero. 

Encima de todo eso, cuando la Suprema Corte corrigió el exceso más flagrante, el IFT mantuvo tarifas asimétricas que preservaban el núcleo del subsidio.

Y sin embargo, los datos muestran que Telefónica México no prosperó en ningún momento de ese periodo. 

Su pico histórico de ingresos ocurrió antes de que la reforma entrara en vigor. Su participación en banda ancha móvil nunca superó 19% y cayó continuamente desde 2016. 

Sus ingresos cayeron 51% entre 2015 y 2019, justo cuando más privilegios acumulaba. 

En 2019 tuvo que admitir, con la devolución del espectro y la migración a la red de AT&T, que ni siquiera el subsidio regulatorio le alcanzaba para sostener una red propia. 

Los seis años siguientes fueron de administración defensiva de un activo en declive, hasta que el 7 de abril de 2026 el grupo español formalizó su salida por 450 millones de dólares, aproximadamente un cuarto del valor anual de los ingresos que Movistar México generaba en 2010.

Todo lo anterior, tiene una implicación importante. El régimen asimétrico de la reforma 2013-14 no fracasó en mantener a Telefónica en México porque le faltaran elementos o porque “faltara tiempo” o por el costo de los derechos de espectro que bien pueden ser menores que los beneficios regulatorios que Telefónica recibió durante su estancia en México, tres defensas comunes. 

Fracasó porque el beneficiario al que se le otorgó el subsidio regulatorio más generoso no tenía un modelo de negocio que pudiera convertirlo en valor económico. 

Movistar competía, en buena medida, en las oficinas de los reguladores y en los procesos judiciales, no en el mercado. 

Cuando el régimen asimétrico se agotó en las nuevas dádivas que aparecieron —Bait, los OMV de nueva generación, las plataformas Cloud-native como la que ahora adquiere sus activos—, sus operaciones colapsaron.

Los nuevos propietarios —OXIO, una plataforma de telecom-as-a-service en la Nube— apuestan precisamente por ese otro modelo: infraestructura ligera, eficiencia operativa, márgenes delgados, diferenciación por software. 

Si la apuesta funciona, será una segunda confirmación de lo mismo: el mercado mexicano de telecomunicaciones tiene espacio para competir sin subsidios regulatorios ni adjudicaciones preferenciales. Lo ha tenido todo el tiempo. 

Lo que faltó, durante años, fue autoridades reguladoras que lo reconocieran.

Que la salida de Telefónica coincida con el auge de operadores que nunca necesitaron esos privilegios para prosperar debería decirnos algo sobre qué tipo de regulación efectivamente abre mercados y cual sólo redistribuye rentas entre actores seleccionados. 

La reforma de 2013-14 fue el experimento regulatorio más intrusivo ensayado en América Latina. Su principal beneficiario acaba de vender su operación a precio de saldo. 

Los datos contaban esta historia desde hace años; solo tenían que agotarse por no poder competir ante operadores de mayor innovación y preferencia del usuario.

Nota metodológica

Sobre la serie de ingresos. La serie 2008-2023 se construyó a partir de los catorce reportes Form 20-F de Telefónica, S.A. presentados ante la U.S. Securities and Exchange Commission (CIK 0000814052), extrayendo las cifras de la tabla de ingresos por segmento geográfico dentro del Item 5 (Operating and Financial Review and Prospects). 

Para cada año se utilizó la cifra del 20-F más reciente que reportara ese año, que es el estándar cuando se trabaja con filings sujetos a reformulaciones. 

Para 2024 se utilizó la cifra reportada por Telefónica en su comunicado Q4 2024 y confirmada por el informe integrado de Telefónica Hispanoamérica. 

Para 2025 se utilizó el comunicado oficial de Telefónica Movistar México del 24 de febrero de 2026. Las tres fuentes reportan la misma métrica: ingresos totales del segmento país en euros consolidados.

Sobre los cambios de segmentación, Telefónica reorganizó sus segmentos reportables dos veces durante el periodo: en 2014 reclasificó al Reino Unido, y circa 2017 dividió Telefónica Latin America en Telefónica Brasil y Telefónica Hispanoamérica. 

Estas reorganizaciones afectan la comparabilidad de los subtotales regionales, pero no afectan la línea de ingresos del país México, que se reporta consistentemente al nivel de país en todas las presentaciones.

Sobre el delisting de NYSE, Telefónica anunció en 2021 la cancelación de su programa de ADRs y el delisting de la Bolsa de Nueva York, pero continuó presentando Form 20-F hasta el ejercicio 2023 (el último 20-F con información del segmento país México). Para 2024-2025 la fuente primaria pasa a ser el informe integrado y los comunicados al mercado.Sobre la decisión de mantener la serie en euros reportados, deliberadamente se conservó la serie en euros reportados, como aparece en los filings, sin convertir a pesos mexicanos ni ajustar por inflación. Esto es deliberado cuando Telefónica hablaba a sus inversionistas del mercado mexicano en sus 20-F.

Prensa CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el proyecto de real decreto que aprueba los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial (OMC) y los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (IPN/CNMC/001/26), a solicitud del Ministerio de Sanidad.

La norma tiene como objetivo unificar y actualizar en un único texto ambos estatutos, adaptándolos a la normativa reciente en materia de servicios y colegios profesionales.

Recomendaciones de la CNMC

La CNMC pide de nuevo al legislador que defina por ley qué profesiones deben tener colegiación obligatoria y recomienda: 

•    Colegiación obligatoria: priorizar mecanismos menos intrusivos que la colegiación de oficio para garantizar su cumplimiento. En caso de mantenerse, debe respetarse el derecho del profesional a decidir sobre la continuación o el cese en el ejercicio de la profesión.

•    Vinculación territorial: recordar que no se puede vincular el Colegio con el domicilio profesional más allá de la primera incorporación, sin perjuicio de la gestión de los registros de colegiados.

•    Respeto a la competencia: incluir expresamente que toda actuación de los órganos colegiales debe respetar los límites de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y los principios de buena regulación y proporcionalidad establecidos en el Real Decreto 472/2021.

•    En relación con los certificados médicos oficiales:

o    Adaptar su modelo al entorno digital, favoreciendo la firma electrónica y los sistemas de verificación.
o    Priorizar sistemas públicos de verificación, como el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS).
o    En caso de mantenerse precios asociados a los certificados, establecer criterios orientados a costes, diferenciando entre soportes físicos y electrónicos.

•    Respecto a la receta electrónica privada:

o    Establecer procedimientos de homologación con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y con plazos de resolución razonables.
o    Justificar la exigencia de recertificación periódica y su duración. 
o    Ajustar los costes de homologación a los estrictamente necesarios para la tramitación, promoviendo la eficiencia. 
o    Implementar salvaguardas que eviten el intercambio de información comercial sensible y garanticen el cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia.

La CNMC puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley  de creación) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las CC.AA., las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2).

Cinco días

El primer escollo en el camino hacia la regulación del euro digital se ha despejado. El desbloqueo ha sido posible porque el español Fernando Navarrete, encargado de coordinar la propuesta legal de la Eurocámara, ha cambiado su postura sobre el proyecto estrella del Banco Central Europeo (BCE). El diputado del Partido Popular Europeo condicionaba el desarrollo del proyecto a la existencia de una alternativa privada paneuropea, una especie de Bizum continental. Pero la pasada semana, en unas reuniones a puerta cerrada con el BCE, la Comisión Europea y los otros eurodiputados encargados del proyecto, Navarrete cedió a las presiones. La última versión del borrador a la que ha tenido acceso CincoDías contempla el desarrollo de todas las modalidades del euro digital: tanto la online como la offline.

Leer más: https://cincodias.elpais.com/criptoactivos/2026-03-30/el-parlamento-europeo-llega-a-un-acuerdo-sobre-el-euro-digital-y-despeja-su-avance-regulatorio.html

Prensa Libre

Durante el simposio de ciberseguridad: “Fortaleciendo la ciberseguridad en Guatemala: construcción de infraestructura digital resiliente frente a amenazas emergentes”, organizado este lunes por el Global Cooperation and Training Framework (GCTF), se abordó la importancia de reforzar la ciberseguridad en el país para prevenir ataques cibernéticos y fortalecer los mecanismos de defensa. 

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