La propuesta de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se basa, 80 por ciento, en la ley vigente de 2014, pero entre los cambios hay uno enfocado en el tema de competencia económica que cae en conflicto constitucional.

Así lo aseguró Adolfo Cuevas, expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien platicó con DPL News al respecto.

El excomisionado del órgano regulador mexicano comentó que en la reforma constitucional de diciembre de 2024 le otorgaron la atribución de regulación asimétrica a la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia (todavía no creada); sin embargo, la ley propuesta le otorga la atribución de definir las medidas asimétricas a los agentes económicos preponderantes a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

El dictamen de la nueva ley telecom señala que la ATDT “impondrá las medidas necesarias para garantizar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, e incluirán, en lo aplicable, la regulación asimétrica”. También será responsable de vigilar y sancionar el incumplimiento.

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“Aquí hay un problema grave. Equivocadamente, la reforma constitucional de diciembre le dio a la nueva autoridad de competencia, ese descentralizado de la Secretaría de Economía, la atribución de dictar regulación asimétrica. Digo que es equivocado porque, en teoría económica, la regulación particular para sectores asimétricos de cualquier tipo tiene que ser dictada por el regulador sectorial, porque es el que conoce esos mercados y la actuación de los agentes económicos.

“¿Qué problema vemos? Que en el proyecto actual de ley telecom, a lo chino se regresa esa atribución a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y digo a lo chino porque, sin mayor explicación, se dice que en el fondo no es incorrecto, pero ya hay un problema de constitucionalidad (…); contradice el texto constitucional”, advirtió Adolfo Cuevas.

El especialista señaló que dicha contradicción podría generar una crisis cuando la ATDT tome decisiones asimétricas sobre preponderancia y luego estas puedan ser controvertidas por algún agente económico.

“Es un tema de ABC para abogados de cualquier país, pues tu autoridad no tiene facultades; las facultades constitucionales son del otro regulador y todo lo que él hizo es inválido. Ese es un riesgo grave que habría que tener la humildad de reconocer, que hubo un error a nivel constitucional, y regresar y reformar ese texto”, aseveró Adolfo Cuevas.

Órgano independiente quiere decir autónomo, dice Cuevas

Otra de las preocupaciones que expresó Adolfo Cuevas sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta, es que el gobierno pueda escudarse en que está cumpliendo con el tema de la independencia, pero basada en aquella independencia respecto a los medios de comunicación.

Y es que en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se acordó que el regulador debe ser independiente, no obstante, esta se refiere a su carácter autónomo y así debe leerse.

“He escuchado algunas voces que dicen que esa independencia se refería a una independencia respecto de los medios que tenía que regular. Yo creo que no debe leerse así. Yo creo que la independencia, en la nota a pie de página, evidentemente apuntaba al carácter autónomo del regulador de telecomunicaciones para el caso mexicano”, aseguró Cuevas.

Adolfo Cuevas coincide en retroceso

Adolfo Cuevas también dijo que con la creación del IFT se había evolucionado hacia un Estado con un orden jurídico y autoridades con distintos grados de independencia. Y explicó que con la ATDT se sigue una ruta distinta.

“Yo sí lo llamaría un retroceso, porque la evolución hacia las autonomías resultaba de un reconocimiento de las carencias de un sistema centralizado en varios sentidos, no solamente en aspectos técnicos, sino en la pertinencia de sus decisiones para que no fueran contaminadas por lo político.

“Y en ese sentido me parece negativo. Esto ya es una discusión que se tuvo en los últimos meses, con el tema de la reforma constitucional de diciembre, pues se regresa a un esquema de centralización de autoridad”, agregó.

Consulta el especial sobre la nueva Ley Telecom en México

La propuesta de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada el 23 de abril de este año en México, ha encendido las alarmas en el ecosistema digital.

Mientras el Senado trabaja en la redacción de una reserva al dictamen de ley, la industria se mantiene a la expectativa de que se puedan corregir disposiciones que representan un riesgo para las inversiones y la sostenibilidad de las redes telecomunicaciones, que son críticas para el desarrollo económico y la inclusión social.

En entrevista con DPL News, Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas de la GSMA para América Latina, advierte que ciertos elementos del proyecto generan condiciones asimétricas que pueden frenar la inversión y agravar la incertidumbre jurídica en el sector.

Como fue planteada originalmente, la iniciativa dispone condiciones diferenciadas para el acceso al espectro por parte de los operadores y por parte del Estado. Las empresas con propiedad estatal podrían acceder a asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación.

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Para Lucas Gallitto, esto crea condiciones desiguales para el acceso a un recurso tan valioso como el espectro radioeléctrico, diferenciando entre empresas públicas y privadas: eso no sólo pone en duda la neutralidad de la competencia, sino que desincentiva la inversión, subrayó.

“Me parece que eso genera incertidumbre jurídica y realmente es una medida que definitivamente no va a ayudar a que fluyan las inversiones. Porque al final de cuentas, de alguna forma se está subsidiando y eso alguien lo paga”, explicó en el marco del Mobile 360, que se llevó a cabo el 28 y 29 de mayo en la Ciudad de México.

Desde la perspectiva de la GSMA, la creación de una nueva ley de telecomunicaciones representa una oportunidad histórica para modernizar el marco legal a la luz de los cambios en el ecosistema. Sin embargo, Gallitto advirtió que su aprovechamiento depende del enfoque que se adopte.

El momento es propicio para construir reglas claras, equilibradas y alineadas con el objetivo compartido de conectar a más personas, consideró Lucas Gallitto. Pero –advirtió– si la ley establece ventajas artificiales para ciertos actores, el resultado será lo contrario: menor inversión, menos competencia y problemas de sostenibilidad para las redes.

Claridad, consulta y competencia

Con la discusión sobre la nueva ley en México de fondo, Lucas Gallitto destaca tres pilares que, según la GSMA, deben guiar cualquier cambio legislativo: la  consulta con la industria, la claridad en las reglas de juego y la promoción de la competencia equitativa.

Gallitto celebró que tras los conversatorios realizados en el Senado, se abriera la posibilidad de revisar las disposiciones sobre el espectro y la estructura del regulador, pero subrayó que aún hay muchos detalles en el aire.

“Seguimos de cerca los avances del texto y, como siempre, estamos dispuestos a colaborar. Cada vez que un gobierno latinoamericano decide impulsar una política pública pro-inversión, encontrará en la GSMA un aliado”, aseguró.

En medio de una industria en constante transformación, el directivo dejó un mensaje claro: “No podemos regular Internet con las mismas reglas de hace 30 años. Es momento de repensar los incentivos, si queremos que las redes del futuro lleguen a todos los mexicanos”.

Asimetrías regulatorias: el riesgo de no repensar Internet

A propósito de las asimetrías y la incertidumbre jurídica que estas generan, Gallitto también apuntó a otro tema recurrente en los debates recientes del sector: la asimetría regulatoria entre operadores tradicionales y plataformas digitales.

Si haces una llamada por WhatsApp, no aplica ninguna de las regulaciones que sí enfrenta un operador móvil. No hay control de calidad, ni obligación de interoperabilidad, ni responsabilidades legales claras en interceptaciones, ejemplificó.

Desde su punto de vista, el modelo actual ignora que los gigantes digitales son heavy users de las redes de telecomunicaciones y, aún así, no contribuyen de forma proporcional a su sostenibilidad. Esto, al final, implica que al final quien paga por el uso ineficiente de las redes son los usuarios finales.

Lucas Gallitto aclaró que la GSMA no busca que se genere una nueva regulación o que se impongan tarifas directamente a los OTTs (las plataformas Over-the-top), sino que se establezca un marco que habilite la libre negociación entre partes.

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“Hoy, a la sombra del privilegio de la neutralidad de red, el poder de negociación de las partes es muy asimétrico. Lo mismo que la asimetría en la información. No queremos que un regulador regule cuánto tiene que pagar la empresa A a la empresa B; queremos que haya soluciones de mercado”.

Sin embargo, Gallitto puntualizó que “tiene que haber algún tipo de framework que permita ese enforcement”, y mencionó el caso de Brasil como un ejemplo de que se pueden pensar modelos que habiliten incentivos para la negociación entre las partes.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones del país sudamericano está próxima a publicar una propuesta de marco para que los grandes generadores de tráfico acuerden con los operadores términos de uso adecuado de las redes, con miras a garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones tradicionales en la región viven con presiones fiscales derivadas del peso de regulaciones que no están actualizadas, lo que les impide continuar con inversiones, por ello, Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio, abogó por que los Estados realicen una revisión regulatoria objetiva.

En su participación en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD), el directivo explicó que en el caso del sector audiovisual la convergencia hace difícil distinguir entre los servicios que ofrece Vrio (como televisión satelital), los que ofrece una plataforma de Internet, los de la TV abierta o los servicios de una telefónica.

Y al contar con regulaciones antiguas, sólo algunas empresas absorben una gran carga. En el caso de Vrio, Bentancourt afirmó que tiene obligaciones como “responder por el cobro, apropiado o no, por mantener el precio fijo, y responder por cuidar que el consumidor no se ofenda si no es atendido en los primeros 10 segundos al llamar para hacer una reclamación”. En contraste, aplicaciones de Internet, como TikTok, no tienen regulación ni obligaciones, por lo que los clientes, si no tienen un buen servicio, simplemente se van.

“Cada dólar que yo destino para cumplir con una obligación que otro no tiene y que ofrece mi mismo servicio, es un dolar que yo dejo de invertir en calidad, en conectividad o en despliegue de redes”, sentenció el directivo.

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Por ello, lo primero en que se debe trabajar es en eliminar las asimetrías regulatorias, dijo Pedro Bentancourt y apoyó Cindy Rayo, directora para México, Centroamérica y el Caribe de Asiet, al complementar que esto asegurará la sostenibilidad de las inversiones.

Rayo advirtió que el modelo económico actual no permite financiar adecuadamente el despliegue de infraestructura que se requiere para cerrar la brecha digital y para atender el aumento de tráfico que se ha generado en los últimos años, impulsado principalmente por el video, que representa alrededor del 60 por ciento del total. Señaló que la inversión necesaria para hacer frente a este crecimiento de tráfico hacia 2030 se estima en alrededor de 49 mil millones de dólares.

“Tenemos un entorno cada vez más difícil en el que los operadores tienen un margen operativo reducido, altos costos de despliegue, obligaciones regulatorias cada vez más exigentes y un marco fiscal que tampoco refleja las externalidades positivas que genera el sector”, recalcó la representante de Asiet, y destacó la necesidad de equilibrar el ecosistema digital para que todos los actores contribuyan.

Por su parte, Manuel Gerardo Flores Romero, coordinador del Programa de Política Regulatoria en América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirmó que los reguladores del sector de telecomunicaciones de la región tienen las prácticas regulatorias más avanzadas en comparación con las autoridades de energía, de agua y de transporte.

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No obstante, la OCDE identifica grandes retos en materia regulatoria en el sector de las telecomunicaciones en América Latina, como la simplificación regulatoria, la consulta temprana, la regulación ex post y la gobernanza regulatoria ágil.

La falta de criterios de riesgo es otro elemento a mejorar, destacó Flores Romero, ya que afecta, por ejemplo, en la construcción de antenas de telecomunicaciones, cuando “los gobiernos locales no quieren dar los permisos municipales ‘porque esa antena les va a dar cáncer’. Falta informar, falta mostrar la evidencia y falta decir que esta es una actividad de bajo riesgo”.

Por último, destacó que los reguladores de telecomunicaciones y financieros son las dos áreas de sectores económicos que están mejor posicionadas para explotar todos los datos que tienen y tomar mejores decisiones regulatorias. Para saber si una norma está funcionando, para lanzar una nueva norma o eliminar alguna, para saber la opinión de la gente, “tengo que recolectar el dato”, afirmó.

Anatel, referente para la modernización regulatoria

Los panelistas destacaron las acciones de algunos reguladores de América Latina para lograr una regulación flexible, moderna y que promueva la innovación. Sin embargo, Pedro Bentancourt y Manuel Flores Romero coincidieron al reconocer el trabajo que realiza la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil para eliminar regulaciones obsoletas.

Con la “guillotina regulatoria”, la Anatel está tratando de “colocar normas que de alguna manera nivelen el campo para todos los que estamos en ese sector. Yo no puedo competir en la misma condición si tengo limitaciones burocráticas y económicas con empresas que ofrecen un servicio que sería sustituto al mío, que no tienen las mismas condiciones. Yo no abogo por subirle los impuestos o aumentar la regulación para nadie. Yo abogo para que a los que somos más viejitos y estamos más tiempo establecidos nos quiten el peso de cosas que no se usan más”, declaró el directivo de Vrio.

Manuel Flores Romero destacó el papel de la Anatel, del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú de llevar a cabo consultas públicas para recolectar evidencias y regular mejor; una práctica que nació en el Reino Unido.

Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), expuso los logros que ha tenido el órgano regulador a lo largo de su existencia desde 2014, entre ellos, la efectividad de la regulación asimétrica para que América Móvil, preponderante en el sector de las telecomunicaciones, disminuyera su participación.

Así lo destacó durante su participación en el primer día de Conversatorios para el Análisis y Propuesta de Dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado de la República, en donde ofreció estadísticas de la disminución de la preponderancia en el sector telecomunicaciones.

“Los avances que se han logrado en México en la última década merecen ser reconocidos. Gracias a la regulación asimétrica, se redujo la participación del preponderante en telecomunicaciones (Telcel, Telmex y Telnor). Para que se den una idea, pasamos del 73 por ciento al 39 por ciento de participación nacional en banda ancha fija, el Internet de los hogares”, señaló Juárez Mojica.

También se refirió a la disminución de la participación del preponderante en los servicios móviles.

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“En banda ancha móvil, el Internet de los móviles, pasamos del 82 al 62 por ciento, 20 puntos porcentuales menos”, puntualizó el presidente del IFT.

Javier Juárez señaló que además de la regulación asimétrica, ha habido otras medidas que han fomentado la competencia en el sector.

Destacó que gracias a todas las medidas y acciones realizadas en una década, los usuarios han tenido una reducción de 32.8 por ciento de las tarifas en términos reales cuando la inflación en esta década ha sido de más del 60 por ciento.

El presidente del Instituto hizo un llamado a los legisladores para que el nuevo diseño de la ley telecom se construya pensando en el bien de todas y todos los mexicanos.

Añadió que se tienen que enfrentar al reto de consolidar las telecomunicaciones y radiodifusión que son esenciales para la economía, la vida cotidiana y el ejercicio de los derechos humanos.

La propuesta de reforma constitucional, presentada este 5 de febrero por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual contempla desaparecer los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), prevé que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sea quien se encargue de las funciones del actual órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión.

De acuerdo con la propuesta de modificación a la Constitución, los cambios que se generarían por la desaparición del IFT no modificarían la obligación que tiene México con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Respecto de los órganos constitucionales autónomos, el Proyecto de Decreto no transgrede las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC, toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”, asevera el proyecto de López Obrador.

En el documento se establece que se mantendrá la regulación asimétrica de los participantes en estos mercados, con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia, “otorgando la posibilidad de imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

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Añade que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de la telecomunicaciones y radiodifusión –la SICT–, garantizará el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos que fijen las leyes.

Para tal efecto, la SICT tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y de otros insumos esenciales.

“La Ley establecerá los principios, coordinará las acciones y distribuirá competencias entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de homologar los trámites para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en todo el país”, añade el proyecto.

Igualmente, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la SICT, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Respecto a las concesiones, la propuesta de reforma constitucional señala que el Ejecutivo Federal fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las mismas, así como por la autorización de servicios.

El mercado de telecomunicaciones móviles en Colombia está en otro momento crucial. El país realizó su subasta de espectro 5G, la nueva generación de redes de banda ancha que promete mayor velocidad, capacidad y conectividad, siempre y cuando los operadores realicen las inversiones necesarias. Recientemente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) resolvió imponer medidas asimétricas a Claro, con el argumento de reducir su dominancia y fomentar la competencia, en un mercado saturado, con hiper oferta de proveedores y evidentes signos de distorsión.

La CRC resolvió una serie de medidas diferenciales contra Claro, con el fin de reducir su participación de mercado. Estos ajustes incluyen la obligación de informar ofertas de referencia para compartir infraestructura activa y pasiva, modificaciones en la franja horaria en materia de portabilidad numérica, disponibilidad de oficinas físicas y nuevas condiciones para la tarifa regulada por Roaming Automático Nacional (RAN).

Estos “remedios” asimétricos no sólo impactarían a Claro, sobre todo perjudicarían a los usuarios y al ecosistema digital en su conjunto, que se verán privados de los beneficios que ofrece 5G y de una conectividad universal realmente significativa con 4G.

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El mercado colombiano de telecomunicaciones está distorsionado por varias razones, lo cual hace cuestionable cualquier medida regulatoria asimétrica. Primero, existe una gran fragmentación, con más de 10 operadores que compiten por una torta limitada de ingresos. Esto genera baja rentabilidad y escasa inversión en infraestructura. Según un informe de GSMA, Colombia tiene el ARPU (ingreso promedio por usuario) más bajo de América Latina, con sólo 4.7 dólares al mes.

Segundo, el Estado tiene un rol ambiguo: participa como operador-socio en diversas empresas, como Telefónica, pero también es regulador del sector, a través del Ministerio TIC, la CRC, la ANE y la SIC. Esto implica un conflicto de intereses, pues el Estado actúa como juez y parte, como accionista-competidor-regulador, favoreciendo a sus socios comerciales en detrimento regulatorio de a quien se le atribuye dominancia en servicios móviles.

Tercero, el mercado colombiano no se puede reducir al de telefonía móvil. Existen otros segmentos, como el de smartphones, Internet móvil, postpago y prepago, tecnologías (2G, 3G, 4G), capacidad y tenencia espectral (y en el futuro la Internet Industrial de las Cosas, redes privadas, Edge Computing), donde la participación de Claro no exhibe dominancia.

Además, el mercado de telecomunicaciones móviles es dinámico y cambiante: los usuarios pueden cambiar fácilmente de operador, aprovechando la portabilidad numérica, y deben conservar la libertad de elegir al operador de su preferencia para construir fidelidad. 

Aunque Claro ostente la mayor participación en el mercado móvil, es esencial distinguir este liderazgo de su posición en otros segmentos. La dinámica del mercado ha evolucionado, los competidores deben adaptarse a las nuevas oportunidades que brinda 5G. Es en este punto donde los ajustes diferenciados pueden tener consecuencias imprevistas, desviando la atención de la necesidad de invertir, explorar modelos de negocio innovadores y consolidar el mercado.

Las medidas impuestas perjudican de fondo a los usuarios móviles y al país. En primer lugar, la regulación asimétrica desincentiva la inversión en infraestructura, pues Claro no tendrá incentivos para desplegar su red 5G si tiene que compartirla con sus competidores. Esto retrasará la llegada de los beneficios de 5G para usuarios e industrias, como mayor velocidad, capacidad y conectividad multidispositivos.

Las medidas asimétricas también limitan la oferta y la calidad de los servicios. Claro no podrá ofrecer planes y promociones a otros clientes, ni aprovechar su capacidad de espectro para mejorar su cobertura y su servicio porque estará frenado por la regulación. Esto afectará la satisfacción y la fidelidad de los usuarios, obligados a aceptar planes y servicios más caros y de menor calidad. 

Esta regulación y remedios diferenciales son similares a los que mantienen a Europa en el rezago tecnológico y digital en comparación con sus competidores chinos y estadounidenses, cuyos mercados inmensamente más grandes y rentables sólo tienen tres operadores móviles cada uno, los cuales compiten por inversión, redes, convergencia e innovación.  

Las medidas asimétricas también generan una distorsión en el mercado: favorecen a los competidores de Claro vía transferencia regulatoria de recursos (subsidios) y no competencia comercial en el mercado, los cuales no tendrán que invertir ni innovar lo suficiente para ofrecer mejores servicios, sino que podrán aprovecharse de la infraestructura y el espectro de Claro. Esto creará una situación de parasitismo y de competencia desleal (porque el Estado además es socio-regulador), que perjudicará aún más la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa y tecnológica del sector.

Véanse los casos de México y Europa, donde la regulación asimétrica ha sido sinónimo de retraso digital o, más paradójico, de mayor fortalecimiento del operador preponderante, como se le denomina en México. 

En cambio, mercados convergentes y proinversión como Chile, Brasil y ahora España, son líderes en digitalización, su cobertura móvil es plena y su velocidad de Internet elevada, tienen más espectro multibanda asignado en el mercado, amplios despliegues de fibra óptica y su reto competitivo es detonar la transformación digital de las industrias verticales donde tienen fortaleza cada país como agroindustria, minería o servicios financieros.   

En lugar de imponer medidas asimétricas, la CRC podría buscar otras alternativas más efectivas para fomentar la competencia por inversión en el mercado de telecomunicaciones móviles y la transformación digital.

Uno de ellos es fomentar la consolidación del mercado (algo que ha propuesto la OCDE en su estudio del mercado colombiano de telecomunicaciones), reduciendo el número de operadores y facilitando las fusiones y adquisiciones. Esto permitiría aumentar la rentabilidad y la inversión en infraestructura, así como mejorar la calidad y la oferta de los servicios y detonar la economía digital habilitada por el uso de las TIC y las plataformas de Internet. 

Garantizar la neutralidad regulatoria y del Estado, eliminando su rol de operador socio y asegurando su rectoría como regulador independiente. Esto implicaría evitar los conflictos de intereses, establecer reglas claras y transparentes para el sector y velar por el interés público y el bienestar de los usuarios.

El gobierno del presidente Petro, el ministerio TIC, la CRC, la ANE en la gestión del espectro y la SIC en la promoción de la competencia y la protección de los consumidores, tienen una visión social única de la digitalización de Colombia, que busca avanzar hacia la inclusión universal significativa. Sin embargo, esta visión no se puede lograr con medidas asimétricas que perjudican a los usuarios, sino con iniciativas que fomenten la inversión, la innovación y la neutralidad regulatoria en el sector.

El mercado de telecomunicaciones móviles en Colombia tiene un gran potencial para contribuir al desarrollo económico y social del país, aprovechando las ventajas económicas e industriales de 5G y de inclusión digital de 4G. Para ello, se necesita una regulación inteligente con enfoque en derechos digitales universales, que promueva la competencia por inversión, la calidad de los servicios, el beneficio de los usuarios y el ejercicio transversal de derechos humanos como educación, salud, seguridad y más.

Cuando 10 operadores firman una misiva dirigida para confundir a las autoridades, no sólo mal redactada y colusiva, que evidencia la ineficiencia de los competidores y su baja rentabilidad por exceso de operadores, demuestra que más no siempre es mejor, y que castigar el tamaño y el éxito de un operador no implica que los demás proveedores asimilarán por ósmosis los beneficios de las tecnologías y harán mejor las cosas sin inversión y sin innovación, pero sí que Colombia se retrasará y perderá. 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia analiza una serie de medidas que supuestamente buscarían promover la competencia en el sector, aunque su planteamiento está más enfocado en reducir la participación de un solo jugador y no en lo que requiere el país: impulsar el crecimiento de la inversión privada y el despliegue de redes de banda ancha.

En los últimos años, el mercado móvil de Colombia ha exhibido una constante tendencia de crecimiento en los segmentos de voz e Internet, que le ha permitido llegar hasta 80 por ciento de penetración de Internet móvil (suscriptores y demanda), ubicándose como uno de los principales mercados de la región.

Lo anterior, pese a que el mercado cuenta con características particulares que han servido como barrera para una dinámica más sana de competencia o para incrementar las inversiones en infraestructura: participación del Estado como proveedor, accionista y regulador, ingresos por usuario (ARPU) de los más bajos en la región, falta de un regulador autónomo y hasta retrasos en la asignación de espectro para el despliegue de nuevas tecnologías.

No obstante, la industria ha logrado incrementar su inversión consolidada en el sector de telecomunicaciones hasta un total de 8 billones 615 mil millones de pesos (2.2 mil millones de dólares) para 2022, según cifras de la propia CRC.

Este monto representa poco más de un cuarto de los ingresos totales de la industria, proporción que se ha elevado de forma consistente como prueba de la intensidad de los requerimientos de inversión.

Del total de la inversión en el sector de telecomunicaciones durante 2022, América Móvil ejerció la mayoría con 54.5 por ciento.

En la búsqueda por soluciones, la CRC ahora plantea la imposición de nuevas medidas marginales, que parecen estar más enfocadas en aspectos comerciales que en avanzar la inversión de infraestructura, así como en limitar la participación de un solo operador en lugar de impulsar el alcance de toda la industria.

En una carta enviada a las autoridades colombianas, la industria acusa directamente el tamaño de Claro, filial de América Móvil, como principal causante de la falta de competencia, y la generación de utilidades como consecuencia.

Cabe señalar que, dentro de la normativa de competencia, regular el tamaño de los operadores no es el principal objetivo, y su foco está en asegurarse que existe un piso parejo que permita la participación de cualquier empresa, así como investigar y sancionar las prácticas que ejecutan los agentes económicos para dañar deliberadamente a otros participantes.

Pese a la alta fragmentación, el mercado colombiano se percibe lo suficientemente atractivo para nuevos operadores. En 2019, se registró la entrada de un actor disruptivo como WOM, que en menos de tres años ya logró una participación de 4.37 por ciento; mientras que en 2023, la reciente licitación de espectro recibió la participación de Telecall como nuevo entrante.

Por otro lado, la generación de utilidades no es una condición que pueda ser sancionada por las autoridades, ya que ellas pueden ser producto de la eficacia de las operaciones de los agentes económicos, ya sea la aplicación de nuevas tecnologías, eficiencia de los procesos o reducción de costos.

Los propios operadores reconocen que Claro obtiene hasta 10 veces más rendimiento por su inversión en espectro que el resto de la industria, aun cuando el operador cuenta con 27.7 por ciento del total de espectro asignado en el país. El regulador ya ha implementado medidas para limitar el acaparamiento de espectro y permitir que la industria pueda acceder a este escaso recurso en igualdad de condiciones.

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La primera propuesta de la CRC se centra principalmente en el proceso de portabilidad, en el que plantea prohibir a los operadores con posición dominante contactar durante los siguientes tres meses a los usuarios que hayan sido donados desde su red hacia otro operador.

Las reglas de portabilidad numérica en Colombia ya establecen que los proveedores deben abstenerse de ejercer prácticas para impedir que los usuarios realicen el proceso de portación, respetando el derecho del usuario de elegir otros proveedores o planes disponibles comercialmente que mejor se adapten a su necesidad.

Sin embargo, el propio portal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) señala que entre los derechos de los proveedores de redes y servicios se encuentra “realizar gestiones comerciales tendientes a recuperar al cliente portado, una vez se haya finalizado el proceso de portación”.

En ese sentido, estas medidas son suficientes para que el usuario ejerza su derecho de portar su línea a otro operador de su interés, y aún darle oportunidad a recibir ofertas comerciales que le permitan evaluar y elegir.

El mercado móvil es sumamente dinámico, con cambios constantes de precios, ofertas y servicios, por lo que no se puede limitar la capacidad de los usuarios para obtener la información oportuna que le permita tomar la mejor decisión.

Otros países consideran diversos enfoques, de menor tiempo a la medida propuesta en Colombia y que podrían prevenir abusos en los procesos de portación. 

México establece un periodo de 15 días en que el usuario no puede ser contactado para recibir promociones, pero sin límite en el número de veces o tiempo mínimo para realizar otro proceso de portabilidad. En el caso de Chile, la autoridad únicamente establece un periodo de 60 días para realizar un nuevo proceso de portación, similar a Argentina de 30 días.

Países como España y México han publicado regulación encaminada a limitar las llamadas que reciben los usuarios con ofertas comerciales. Sin embargo, esta es una decisión de los propios usuarios y no una prohibición ex ante de la autoridad.

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Las otras medidas propuestas por la CRC se centran en ampliar los horarios de oficinas físicas en las ciudades capitales de Colombia, aumentar el número de municipios con tarifa regulada por Roaming Automático Nacional (RAN) y obligar al operador con posición dominante a informar condiciones de referencia para la compartición de infraestructura pasiva.

Habría que cuestionar la efectividad de estas medidas, al considerar que las oficinas físicas están siendo rápidamente reemplazadas en otros países por la contratación remota mediante canales digitales, a la vez que un horario más amplio aumentaría los costos de operación de los proveedores, redundando en las quejas presentadas por falta de utilidades.

En el caso de la segunda medida, se tendría un impacto marginal al considerar que sólo se suman 8 por ciento más de municipios adicionales.

Aunque la compartición de infraestructura ha ganado popularidad como una medida para incrementar el alcance de las redes y reducir la brecha digital, aún se debe buscar el balance que permita incentivar el despliegue de redes, garantizando la recuperación de la inversión.

Tal es el caso de Movistar y Tigo, que anunciaron una compañía conjunta para la compartición de infraestructura, que podría beneficiar a más de 35 millones de colombianos. Este acuerdo surge de la negociación entre dos entes privados, en que la regulación funcionará como habilitante para este tipo de iniciativas novedosas.

En ese sentido, la regulación debe vigilar que existan las condiciones requeridas para facilitar la compartición de infraestructura entre proveedores, sin afectar el proceso de competencia, demeritar los procesos de inversión para su despliegue en nuevas áreas o reducir el alcance de redes con nuevas tecnologías como 5G.

Uno de los elementos fundamentales de la reforma fue la introducción de la figura de “Agente Económico Preponderante” en telecomunicaciones o en radiodifusión y cuya definición, de acuerdo al artículo 262 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), es la siguiente: 

“se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto.”

Para el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T) se aplicó una regulación asimétrica que considera medidas como eliminar el cobro por roaming nacional, desbloquear terminales móviles, brindar facturas claras y facilitar la cancelación de sus servicios, así como la compartición de infraestructura con operadores de menor tamaño en lo que a suscriptores se refiere, entre otras muchas reglas.

Al mismo tiempo, se estableció que de no cumplirse el objetivo de tener un mercado mucho más equilibrado, podría solicitarse al AEP-T la separación funcional o, en un caso extremo, la separación estructural.

De acuerdo con Cullen International, la separación funcional es la separación física del negocio y sus procesos tales como ubicación, personal, marca y sistemas de información gerencial, entre varios elementos más; mientras que la separación estructural es definida como la división de las operaciones integradas verticalmente en entidades legales separadas, sin propiedad común y sin “línea de negocio” significativas.

Por otra parte, el IFT ha efectuado cada dos años una evaluación, vía una consulta pública, de los resultados de la regulación aplicada a América Móvil, con el objetivo de medir el progreso de las medidas impuestas al AEP-T. 

En las tres evaluaciones efectuadas, la industria ha manifestado que no ha habido avance en materia de competencia. 

En este contexto y después de los primeros cinco años de la reforma (marzo 2018), la participación de mercado del AEP-T era la siguiente: 63.94 por ciento en telefonía fija, 68.93 por ciento en telefonía móvil, 53.71 por ciento en banda ancha fija y 70.95 por ciento en banda ancha móvil.

Ante esta realidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió aplicar la separación funcional a América Móvil, ordenando al AEP-T crear una empresa independiente de Teléfonos de México que permitiera a sus competidores el acceso a su infraestructura.

El resultado de la separación funcional ordenada por el IFT fue la creación de Red Nacional de Última Milla, una nueva compañía, pero con el mismo dueño y un Consejo de Administración diferente al de Telmex y Telnor. 

No obstante, y aunque la participación de mercado medido en términos de suscriptores de América Móvil en 2022 es ahora menor a 50 por ciento en comunicaciones fijas, de acuerdo con datos del IFT, 39.3 por ciento en telefonía fija, 41.09 por ciento en banda ancha fija, 63.23 por ciento en telefonía móvil y 70.04 por ciento en banda ancha móvil; AT&T, Grupo Televisa y la Canieti han solicitado al IFT aplicar la medida más extrema que contempla la LFTR para tener un escenario de mayor competencia: la separación estructural de AMX. 

Fuente: elaborada con datos del IFT.

Los solicitantes aseguran que el AEP-T sigue siendo tan dominante como en 2013 y que los resultados de la regulación asimétrica han sido escasos. 

La solicitud anterior se deriva de las opiniones de los competidores de América Móvil en el mercado mexicano (Grupo Televisa, AT&T y Canieti) en torno a la “Consulta pública de integración sobre el impacto en términos de competencia de las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones”, efectuada entre el 1 de febrero y 30 de marzo de 2023. 

Otros argumentos de los competidores de América Móvil señalan que deben pasar más de cuarenta años para que Telcel reduzca su participación de mercado en telefonía móvil y banda ancha móvil por debajo de 50 por ciento y que no se ha avanzado en interconexión y neutralidad de la red. 

Al mismo tiempo, los competidores de América Móvil señalan que Telmex ha evitado proporcionar información técnica y de costos sobre los accesos a infraestructura de fibra óptica o enlaces dedicados y que los esfuerzos del IFT han sido insuficientes e ineficientes. 

Posterior a los argumentos de los actores anteriores en el marco de la consulta pública, Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, señaló que la separación estructural de América Móvil es una medida para avanzar en materia de conectividad y competitividad digital en el país. 

Por otra parte, analistas del sector manifiestan que el AEP-T invierte entre 8 y 10 por ciento de sus ingresos, mientras que la competencia realiza inversiones superiores a 30 por ciento (Grupo Televisa) y en algunos casos de hasta 60 por ciento (Totalplay).

Por todos los antecedentes ya mencionados, los competidores de AMX han exigido al IFT que ordene la separación estructural del AEP-T.

No obstante, el regulador debe tener en cuenta que la separación estructural no necesariamente tendrá beneficios para el mercado y deberá realizar un análisis profundo de varios aspectos. 

Por ejemplo, la separación estructural no traslada los suscriptores de la compañía dividida a sus competidores, por lo que el tema de competencia por captar los clientes de la compañía separada seguirá vigente. 

No hay garantía de que la separación estructural distribuirá adecuadamente los clientes a los competidores del AEP-T, ya que seguirán existiendo dificultades comerciales para cualquier participante del mercado, dado el poder que tendrá la compañía dividida en función de su renombre y el vínculo con sus clientes y el mercado. 

La empresa minorista que resulte después de la separación estructural del AEP-T, naturalmente buscará retener a todos sus clientes existentes. 

Por otra parte, el beneficio de la separación estructural a los consumidores finales es incierto. 

De acuerdo al párrafo anterior, no existe garantía de que la competencia posterior a la separación estructural se fortalezca significativamente, por lo que en este contexto no se puede asegurar que la calidad mejore y los precios bajen, más aún, es posible que los precios suban en función de que la compañía dividida dejará de gozar de economías de escala, por lo que incurrirá en nuevos costos potencialmente significativos que trasladará a los consumidores. 

La solicitud de separación estructural por parte de los competidores del AEP-T sugiere que Telmex se divida en una compañía de servicios y otra de infraestructura. 

En este contexto, habrá que señalar que la compañía de infraestructura sería una compañía mayorista que rentaría su infraestructura a todas las empresas del sector, por lo que su poder actual podría sostenerse en el tiempo, aún después de la separación estructural.

Por otra parte, habrá que considerar que la compañía separada deberá estar regulada por la LFTR vigente, no obstante, es posible que existan redundancias, huecos y muchas preguntas de orden regulatorio no contemplados en la reforma del sector ante este nuevo escenario. 

Al mismo tiempo, es muy posible que las condiciones de mercado no cambien radicalmente en el corto plazo. 

Por ejemplo, la simple división de las operaciones mayoristas y minoristas del AEP-T no eliminará necesariamente el poder de mercado de la unidad mayorista y de la minorista con respecto a las empresas rivales. 

También las siguientes preguntas y muchas más serán válidas: ¿podrá participar el capital extranjero en la compañía dividida?, ¿podrá la empresa minorista (servicios) ofrecer servicios de televisión restringida inmediatamente?, ¿qué título de concesión aplicará a las dos nuevas compañías? 

Ante todos estos cuestionamientos, sería importante hacer ajustes a la legislación actual y evitar nuevamente un escenario constante de litigios. 

Aún así, es muy factible que se repitan las inconformidades por parte de los competidores de América Móvil. 

La ley actual fue elaborada con la participación de todos los actores dentro del sector a través de la Anatel, Canieti e incluso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sólo por nombrar los más relevantes.

No obstante, aún con la incuestionable participación y aportaciones de estos actores, existe una inconformidad constante hacia la regulación asimétrica del AEP-T en la que participaron sus competidores activamente.

Adicionalmente a los puntos anteriores, la experiencia internacional indica que la separación estructural no necesariamente es un proceso exitoso. 

Uno de estos casos ha sido el de AT&T, que fue dividida en siete compañías (Baby Bells), conservando la marca “Bell” en 1984, pero con el paso del tiempo estas empresas de telecomunicaciones regionales se reincorporaron posteriormente a AT&T cuando apareció nueva competencia en el mercado de las telecomunicaciones de Estados Unidos. 

El regulador estadounidense aprobó sin problemas fusiones y adquisiciones que involucraron a AT&T y las Baby Bells en este nuevo entorno.

En el contexto anterior, son los operadores de telecomunicaciones los que deberían revisar con detenimiento sus estrategias dentro del mercado mexicano de telecomunicaciones y no atribuir exclusivamente a la regulación su débil crecimiento en cuanto a participación en el mercado. 

Sin lugar a dudas, la regulación tiene un impacto en el desarrollo del mercado, pero son los planes y estrategias de negocio de los operadores los que, conjuntamente con la regulación, hacen un entorno más competitivo. 

Para finalizar, todos los mercados son diferentes y los resultados de alguna regulación que se tome en algún país, no necesariamente podrá replicarse en otras latitudes. 

Antes de avanzar con la separación estructural del AEP-T mexicano, el regulador deberá analizar con profundidad los costos y beneficios. 

De no ser así, quizás los competidores de América Móvil resulten afectados.

Forbes

Luego de que empresas como Televisa, AT&T, incluso la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) propusieran la separación de Telmex de Carlos Slim, América Móvil (AMX) opinó que, al contrario, existe evidencia sustancial que respalda la necesidad de desregulación del sector en México.

El director general de la compañía, Daniel Hajj Aboumrad, comentó que el proceso de revisión con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será una buena oportunidad para relajar la regulación en México.

“México necesita la desregulación en el sector de las telecomunicaciones y más inversión; menos regulación es lo que todos los países del mundo quieren”, consideró en una llamada con analistas por sus resultados financieros.La inteligencia artificial se pone a escuchar los hábitos de la vida marina.

Y es que el 30 de marzo pasado concluyó la consulta pública no vinculante del IFT, con el objetivo de recabar opiniones respecto a la efectividad de la regulación asimétrica que aplica a las empresas de Carlos Slim desde 2014 por ser el principal jugador en mercados como la telefonía fija y celular.

Como parte de este proceso, Televisa, por medio de su marca Operbes, AT&T México y la Canieti coincidieron que Telmex ha aprendido a vivir como agente económico, poniendo a disposición por mandato regulatorio la posibilidad de que terceras compañías accedan a su infraestructura pasiva, pero complicando en la práctica dicho acceso.

Por lo que consideraron que necesaria la separación de Teléfonos de México en dos empresas independientes una de otra y con dueño distinto, con el objetivo de que en el mercado de servicios masivos y mayoristas de carácter fijo se logre una competencia y concurrencia efectiva de operadores.

En el primer trimestre del año, AMX tuvo 131,000 adiciones móviles, de las cuales 84,000 fueron clientes de postpago, con lo que su base de suscriptores finalizó el trimestre con 83 millones; en las fijas sumaron 120,000 unidades, para llegar a 10.2 millones de accesos.

“Nuestros ingresos totales fueron de 78,400 millones de pesos en el trimestre, un aumento de 8.4% año contra año. Los ingresos por servicios crecieron 6.8%, impulsados por un crecimiento de 8.1% en la plataforma móvil y de 4.1% en la plataforma fija”, indicó.

La Real Academia Española define “coalición” como la “unión transitoria de personas, [empresas], grupos políticos o países con un interés determinado”.

Asimismo, define “oportunismo” como la “actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible”.

Si se consideran ambos términos, una coalición oportunista puede considerarse como la unión de empresas con el interés de aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha realizado tres revisiones bienales respecto de las medidas de preponderancia impuestas en 2014 en el sector de telecomunicaciones.

En cada una de ellas ha sido evidente que existe una “coalición oportunista” por parte de los operadores de servicios de telecomunicaciones competidores del denominado Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), que indudablemente han disfrutado de los beneficios de la regulación asimétrica que se le ha impuesto desde hace ya casi una década.

Esta es una explotación de las circunstancias legales que se establecieron desde la reforma en materia de telecomunicaciones y que omitieron impedir tal tipo de conductas de por medio.

Por ejemplo, establecer un plazo definido para el régimen de asimetría regulatoria que creó y que nunca acotó.

A los competidores del AEP-T les conviene insistir en su prolongación en el tiempo o en llevar al extremo las medidas regulatorias, incluso más allá de las draconianas posibles a la fecha toda vez que existen incentivos para ello.

Es un pesar que dicha coalición no proponga algún esquema de co-inversión para llevar conectividad a regiones aisladas con el agente denominado “preponderante” o la creación de un fondo de la industria con el mismo objetivo; eso no está en su agenda de propuestas o de sugerencias.

Como se puede leer en sus comentarios emitidos en cada consulta pública, su objetivo es la destrucción de su principal rival que hasta ahora le han obstaculizado el acceso a la prestación de los servicios de convergencia.

En últimas fechas ha sido reiterado en algunos medios afines a tal coalición y su subsecuente reproducción de notas como las siguientes:

• “AT&T y Televisa piden al IFT que Telmex se divida en dos y se venda.”^[1]
• “Piden escindir a América Móvil.”^[2]
• “Analiza IFT separación estructural contra América Móvil.”^[3]

La participación de mercado del operador de red fija denominado “preponderante” ha disminuido sustancialmente, sobre todo en áreas urbanas y semi urbanas donde existe desde 2006 presencia comercial u oferta de otros operadores de redes fijas como los operadores de cable y de fibra con libertad para ofrecer servicios de triple o hasta cuádruple play.

En contraste, el operador “preponderante” ha estado impedido de ello desde hace más de treinta años; tres décadas con una desventaja regulatoria que ha permanecido más por la presión de la coalición antes mencionada que por alguna otra razón.

El Acuerdo de Convergencia de octubre de 2006 estableció la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones prestarán todos los servicios que tecnológicamente su red les permitiera prestar.

La coalición se opuso y pedían 10 años de ventaja. Ese plazo por mucho ya feneció pero sigue cabildeando para que se mantenga la restricción al AEP-T en perjuicio del usuario final.

La pérdida de participación de mercado del AEP-T muestra que, a pesar de que la regulación asimétrica ha favorecido a los competidores del AEP-T, no se incrementó la cobertura, no se hizo el pastel más grande, no se ha invertido en beneficiar a más población en más localidades.

Lo anterior se observa en un descreme del mercado. La participación de mercado que ha perdido el AEP-T en el segmento fijo se ha distribuido entre los tres principales competidores: Televisa, Megacable y Totalplay.

En un análisis costo beneficio, el beneficio social luego de 10 años de regulación asimétrica en términos económicos es quizá incluso negativo.

El operador móvil considerado como preponderante recibió un flujo de usuarios en 2022 por el esquema de portabilidad de 634 mil 331 números, que representó 55 por ciento de los usuarios que se cambiaron de operador.

El operador fijo considerado como preponderante carece de la posibilidad de ofrecer triple play frente a operadores que tienen tanto libertad de oferta como libertad tarifaria, lo cual ha impedido observar realmente una competencia propia de mercado y no una competencia administrada mediante la regulación asimétrica.

No obstante lo anterior, el usuario es un actor activo en los resultados de tamaño y de ingresos que señalan los miembros de la coalición como fracasos regulatorios.

La coalición de referencia ignora que con los mecanismos actuales de portabilidad y la libre elección de proveedores fijos de banda ancha (no totalmente completo el espectro de elección dado que uno de los competidores está impedido de ser una opción), así como que la separación funcional o la separación estructural no tienen como objeto alterar las participaciones de mercado, son medidas extremas que sacrifican eficiencia del operador separado a cambio de eliminar cualquier incentivo o posibilidad alguna de alguna práctica de discriminación o desplazamiento de sus rivales.

Lo anterior por el fracaso de todos los demás instrumentos o medidas regulatorias para evitarlas y desaparecerlas, que no es el caso del agente denominado “preponderante” en su red fija o móvil, pero que la coalición simplemente no entiende que no las entiende.

Actualmente, el espectro de elección para el usuario en telecomunicaciones fijas y móviles son ejemplo de un mercado diferenciado horizontal y verticalmente en cada uno de ellos.

En un mercado diferenciado de tales características tener tamaños “cuasi simétricos” o “equilibrados” es imposible de observar.

La diferenciación horizontal y vertical son conceptos en economía que describen cómo los productos y servicios se distinguen entre sí en un mercado.

Explican las preferencias y el comportamiento del consumidor al elegir entre varias opciones y, por lo tanto, las participaciones relativas de mercado entre los competidores.

La diferenciación horizontal se refiere a las diferencias entre productos o servicios basada en sus atributos que no están directamente relacionados con su calidad o funcionalidad.

En cambio, estos atributos atraen diferentes preferencias o necesidades entre los consumidores.

Los ejemplos de productos diferenciados horizontalmente incluyen diferentes redes sociales, mensajería instantánea, plataformas de música y video sin consumo de datos (zero rate) en los planes de celulares para diferentes preferencias.

Para algunos usuarios se requieren gigas y para otros megas. En este caso, los consumidores pueden elegir entre productos en función de sus preferencias únicas, en lugar de la superioridad inherente del producto.

Es decir, no existe un plan estrictamente superior en todo sentido a los restantes y que sea reconocido para todos los usuarios.

En banda ancha fija sería incluir plataformas de video de contenido diverso, unos con Netflix, otros con F1, otros con ambos, etcétera.

La diferenciación vertical, por otro lado, se refiere a las diferencias en productos o servicios basados en atributos relacionados con su calidad o desempeño.

Esta diferenciación clasifica los servicios del mejor por sus propios servicios y contenidos incluidos a no tan deseables por sus limitaciones.

En este caso, los consumidores eligen productos en función de su calidad percibida y podrían estar dispuestos a pagar más por un producto de mayor calidad.

En este caso aplica a la situación entre la oferta de triple play y plataformas de contenidos de los operadores no preponderantes que ofrecen paquetes de mayor calidad por tener la ventaja de brindar servicios convergentes (voz, datos y video y complementos con plataformas u OTTs).

Por el contrario, Telmex-Telnor sólo pueden ofrecer paquetes de doble play (voz y datos) con complementos de plataformas.

Entre los operadores que ofrecen triple play la diferenciación es horizontal. Pero es vertical cuando se considera que los paquetes de convergencia son estrictamente superiores a los de doble play que lo que ofrece la red fija denominada “preponderante” dada su limitación regulatoria.

La diferenciación horizontal explica la permanencia de Telcel en el mercado móvil como líder y la diferenciación vertical el declive de Telmex-Telnor ante la oferta del resto de los operadores.

Donde existe la mayor presencia de redes alternativas de fibra y cable, menor es la participación de la red fija denominada como “preponderante”.

La diferenciación horizontal atiende diversas preferencias de los consumidores, mientras que la diferenciación vertical se centra en la calidad y el rendimiento del producto.

Comprender esto y sus implicaciones en el debido contexto de definición correcta de los mercados relevantes en todas sus dimensiones es crucial para el regulador en su diagnóstico bianual.

La libertad de elección del usuario es la dinámica que en la actualidad explica lo que los miembros de la coalición acusan en forma imperativa como fallas o fracasos de la regulación y la insuficiencia de la separación funcional.

¿Qué es lo que pretenden con exigir la separación estructural? Es decir, la disolución de los derechos de propiedad de los accionistas actuales del agente económico considerado preponderante.

Es casi inmediato suponer la respuesta: adquirir a descuento los activos de la red y las inversiones realizadas a la fecha desde 1990, sin invertir en ella y llegar a un cómodo duopolio colusivo (AT&T y Grupo Televisa) de las telecomunicaciones en México.

Cabe enfatizar que los servicios minoristas de Telmex-Telnor están sujetos a un estricto escrutinio del regulador, de manera ex ante y ex post a través de pruebas de replicabilidad económica, registro de tarifas, control de precios (sistema de precios tope), por lo que su alza o baja relativa, como algunos editorialistas indican, no es producto de sus decisiones comerciales.

En cambio, el resto de los operadores tienen absoluta libertad para determinar sus tarifas, pueden y tienen tarifas diferenciadas según el estrato socioeconómico donde pase su red, además pueden subir sus precios o restringir su oferta sin pasar por alguna aprobación del regulador.

Por lo tanto, es una administración de la competencia asimétrica que tiene todo menos el de ser una transición a un mercado con una libertad de oferta.

Señalar el beneficio al usuario y a la innovación es el mismo dicho desde la reforma en materia de telecomunicaciones y posteriores acciones regulatorias y consultas públicas.

Pero, ¿cuánto ha sido el costo en bienestar social de haber bloqueado a un competidor de ofrecer triple play por décadas? Mantener la debilidad del competidor forma parte de su propia fortaleza.

^[1] “AT&T y Televisa piden al IFT que Telmex se divida en dos y se venda

“La petición busca lograr un equilibrio en el mercado de las telecomunicaciones, reducir el monopolio de Telmex y fomentar una mayor competencia.

“Empresas del sector de telecomunicaciones, como Televisa y AT&T, junto con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), han solicitado la división de Telmex, empresa filial de América Móvil del segmento fijo.

“La solicitud se realizó en el marco de la Consulta Pública sobre el impacto de las medidas impuestas a América Móvil desde 2014, que cerró el 30 de marzo, y los competidores la consideran “una medida adecuada y proporcional” para mejorar el bienestar de los consumidores en un mercado que ha demostrado ser difícil de regular.

“La petición es que la empresa se venda en dos partes y a diferentes dueños. Por un lado, la parte de servicios para usuarios y, por otro, el negocio de la infraestructura. La medida busca lograr un equilibrio en el mercado de las telecomunicaciones, reducir el monopolio de Telmex y fomentar una mayor competencia”.

Disponible en: https://expansion.mx/empresas/2023/04/12/att-y-televisa-piden-venta-telmex.

^[2] “Piden escindir a América Móvil

“Empresas de telecomunicaciones pidieron una separación estructural de América Móvil, Telmex y Telcel para equilibrar la competencia en el sector.

“Incluso, diversas compañías manifestaron su preocupación por los bajos resultados en materia de competencia que han tenido las medidas asimétricas para reducir la participación del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T).

“La Canieti aseguró que la separación estructural de América Móvil generaría beneficios a los consumidores a largo plazo ante una mayor innovación y un mercado más competido. “Esta Cámara recomienda al IFT ordenar la separación estructural del AEP-T como única alternativa disponible para resolver los problemas de competencia del sector”, señaló.

“El IFT utiliza mecanismos que van desde la separación contable hasta la funcional para intentar garantizar la equivalencia de acceso, pero todos han fracasado, acusó. Muestra de ello es que la escala de Telmex es del doble respecto a sus competidores y la participación de Telcel permanece sin cambio desde hace casi ocho años, con más de 70 por ciento de los ingresos del mercado móvil.

Disponible en: https://www.reforma.com/piden-escindir-a-america-movil/ar2584979.

^[3] “Analiza IFT separación estructural contra América Móvil

“En las últimas semanas, empresas como Telefónica Movistar México, AT&T México y organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información demandaron mayores medidas regulatorias para reducir la participación del AEP.

“Lo más relevante es ver cuál ha sido el impacto hasta este momento sobre la preponderancia y en función de ese impacto que se le da en cada revisión”, añadió [Javier Juárez] Mojica.

“Sostuvo que si bien las propuestas presentadas aún entrarán a análisis, las actuales medidas asimétricas impuestas por el regulador han logrado una redistribución sustancial en el mercado”.

Disponible en: https://www.reforma.com/analiza-ift-separacion-estructural-contra-america-movil/ar2586014.