Expansión

El plazo para la vinculación móvil está a 61 días de vencer. En medio de la presión, las dependencias de gobierno comienzan a buscar nuevos mecanismos para que las personas registren sus números telefónicos.

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Reforma Jorge F. Negrete P.

Nuestra sociedad digital, el nacimiento de los derechos humanos en el mundo digital, la competitividad económica de nuestro país, la innovación y preparar un México digital global depende de una simple conexión a Internet proporcionada por las empresas de infraestructura digital.

Te conectas y accedes al ejercicio de todos tus derechos fundamentales en un mundo digital: libertad de expresión, derecho a la información, a la educación, la cultura, la movilidad, al trabajo y, con ello, fortaleces instituciones democráticas e incluso a la República. Se han invertido miles de millones de dólares y desplegado la más poderosa infraestructura de nuestra civilización para garantizar este acceso.

El 30 de junio de este año termina el periodo que se otorgó a los usuarios de telefonía para registrar sus números y líneas de acceso. No cumplir esta disposición desencadena sanciones expresas como la suspensión del servicio, corte automático de llamadas, SMS y datos móviles.

En términos prácticos, significa la pérdida del derecho de acceso a Internet y demás servicios de telecomunicaciones. Se trata de una decisión mayúscula para nuestra sociedad, economía, el Estado y la República. Esta disposición legal fue apoyada incuestionablemente por todos los operadores de telecomunicaciones. Han cumplido con la ley y colaboran con la autoridad.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece este mandato. En consecuencia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los Lineamientos respectivos. El paraguas bajo el cual nace esta iniciativa es el Marco de Seguridad Nacional y Pública. El objetivo es “fortalecer la seguridad pública, facilitar la investigación de delitos y reducir la impunidad en casos de extorsión y fraude telefónico”.

He sido prudente con el tema, pero dada la fecha inminente de cumplimiento y la instrucción de la CRC esta semana de seguir con el proceso, que debo señalar lo siguiente: hay un error monumental en el diseño legislativo que está orillando al regulador a ir en contra de su función.

¿Por qué necesito el registro? Es un principio de orden institucional para habilitar derechos fundamentales en el mundo digital. ¿Cuáles? Todos, incluido el derecho a la seguridad. Los derechos fundamentales son indivisibles e interdependientes. Por eso, fundar una política de registro de móviles a partir de la seguridad nacional y pública es parcial, injusto y condiciona el ejercicio de todos los derechos fundamentales a un enfoque restringido, que genera un efecto de marginación y juicio sumario administrativo.

No cumplir un requisito administrativo fundado en el marco de seguridad pública conculca de forma inmediata todos los derechos fundamentales. Una acción draconiana que el legislador no comprendió. Pierdes tu derecho de acceso a Internet sin el debido proceso.

¿Cómo garantizar la confianza en el registro? Es vital la fortaleza institucional del registro. Debe ir acompañado de una política pública robusta en ciberseguridad y el reposicionamiento del sistema de protección de datos personales, elevando esa área a nivel de una oficina independiente. La desconfianza surge por la historia reciente (6 años) de ataques en materia de ciberseguridad a distintas áreas del gobierno mexicano y el desprecio que existió a la privacidad y a los datos personales.

El efecto inmediato que puede existir es el uso uso masivo de e-sims o chips de otros países por la delincuencia organizada y la población en su conjunto. Cancelación masiva del derecho de acceso a Internet, constituyendo la mayor violación de derechos digitales que se haya visto en occidente.

La baja de ingresos para el gobierno en materia de economía digital y su consecuente impacto en empresas de Internet, plataformas de movilidad, pagos digitales y la pérdida de base de usuarios de los operadores de telecomunicaciones. El impacto mediático para el gobierno es innecesario y puede ser monumental nacional e internacionalmente.

Presidente de DPL Group

X / @fernegretep

En México está a punto de ocurrir un gran apagón digital. Mientras el reloj avanza hacia el 30 de junio de 2026, el país se asoma a un precipicio digital del que parece no haber retorno.

Las cifras, frías y contundentes, nos revelan una tragedia anunciada: el gobierno mexicano está a punto de desconectar a millones de ciudadanos por una simple y llana imposibilidad matemática.

Hablemos de la realidad que las propias autoridades han ofrecido a través de cifras. Hasta el día de hoy, se han logrado 30.2 millones de registros, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Suena a mucho, hasta que lo contrastas con el universo total de alrededor de 136.7 millones de líneas móviles que operan en el territorio nacional.

El avance es de apenas 22.1%. En más de tres meses de proceso, apenas se ha cubierto a una quinta parte de los usuarios.

El cálculo para el fracaso es simple. Desde que inició el registro el pasado 9 de enero del 2026, el promedio diario ha sido de apenas 296 mil registros.

Sin embargo, para no dejar a nadie a “oscuras” este 1 de julio, se requiere procesar 1.5 millones de líneas diariamente, de acuerdo con lo que contestó la comisionada presidenta de la CRT, a pregunta expresa de DPL News.

Lo que enfrentamos no es sólo un reto burocrático, es un tsunami de desconexiones. De mantenerse el promedio actual de líneas registradas diarias, más de 85 millones de líneas podrían ser suspendidas.

No estamos hablando únicamente de personas que perderán el acceso a sus redes sociales; hablamos de familias que perderán contacto, de comercios que no podrán cobrar, y de una economía digital que se detendrá en seco.

De acuerdo con lo que informó la CRT, quien no haga su registro antes de que termine junio, a partir del 1 de julio se le desconectará su línea móvil y sólo tendrá acceso a llamadas de emergencia.

Es alarmante la pasividad con la que se observa este fenómeno. La autoridad exige un ritmo de registro que no corresponde a la realidad de México, donde millones de usuarios en zonas rurales o con dispositivos limitados enfrentan barreras insalvables para cumplir con este requisito, además de que la sociedad mexicana se niega a registrarse porque tiene la preocupación de que sus datos aparezcan en el mercado negro, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

La CRT ha señalado que el gobierno no será el encargado de resguardar los datos, sino las propias empresas de servicios móviles, pero los usuarios ni así están confiando en esta obligación que les impusieron, para supuestamente acabar con temas como la extorsión telefónica.

¿Qué pasará el 1 de julio? Si no hay una prórroga o un cambio radical de estrategia, México vivirá el mayor apagón de telecomunicaciones de su historia. Norma Solano, presidenta de la CRT dijo que por el momento no consideran una prórroga, pero tampoco la descartó.

Castigar al usuario con la desconexión por la ineficiencia de un proceso mal diseñado es, en el fondo, vulnerar el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información.

La CRT presentó una campaña mediática masiva para llamar a la sociedad a hacer el registro, y creen que con ésta el ritmo de registros alcanzará los 1.5 millones diarios a partir de hoy y hasta el 30 de junio.

¿Es un objetivo alcanzable? No lo es. La matemática no miente, o se ajustan los plazos o nos preparamos para ver cómo millones de mexicanos quedan en el silencio digital por un decreto que nació desconectado de la realidad.

¡Nos leemos en la próxima #BigTech!

CNNExpansión

El registro telefónico a nivel nacional camina a pasos lentos. Tras más de dos meses de haber iniciado el proceso, hasta ahora se estima que alrededor de 6.5 millones de personas han vinculado su línea móvil a su identidad, implicando apenas el 4.1% del total de usuarios con servicios telefónicos.

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El Financiero

El arranque del registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, vigente desde el 9 de enero de 2026, comienza a generar alertas entre especialistas debido a que podría detonar un mercado informal de líneas celulares para quienes no cumplan con los requisitos.

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