Jorge Bravo – El Economista

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles en el Diario Oficial de la Federación. Con eso tenemos reglas claras y plazos firmes. A continuación explico lo esencial para el usuario. Hoy inicia la vinculación de líneas.

1. ¿Cuántas líneas móviles existen? A marzo de 2025 los operadores de telecomunicaciones reportaron al entonces regulador un total de 142,321,873 líneas activas del servicio móvil de telefonía. Aproximadamente, 85% de las líneas son de prepago y el 15% restante de pospago.

2. ¿Qué cambia ya? Toda línea debe estar vinculada a un titular (persona física o moral). Si la línea no está vinculada será deshabilitada y sólo podrá hacer llamadas a servicios de emergencia y atención ciudadana.

3. ¿Cuándo ocurrirá? Los lineamientos entraron en vigor con su publicación. Los proveedores deben habilitar dos plataformas tecnológicas: la de gestión en 30 días (para vincular las líneas móviles) y la de consulta de titulares y usuarios de líneas en 60 días. Tras el paso de implementación (120 días o 30 de junio), las líneas no vinculadas serán suspendidas a partir del 1 de julio.

4. ¿Qué datos guardan los proveedores? Sólo los mínimos. Nombre o razón social. CURP o RFC. Número asociado. Tipo de identificación oficial. Fuente y resultado de la validación. Folio único con fecha y hora. No deben guardar fotos, copias de la credencial ni datos biométricos.

5. ¿Cómo vinculo mi línea? Hay dos vías. Presencial en centros de atención a clientes. Remota mediante la plataforma de gestión del proveedor. En este segundo caso recibirás un SMS con el enlace para vincular. Las plataformas deben permitir hasta tres intentos y pedir una prueba de vida en la validación remota. La leyenda que debes recibir vía SMS es la siguiente: “PARA PODER UTILIZAR TU LINEA DEBES VINCULARLA INGRESANDO A: .” Donde dice “enlace” debe mencionarse el nombre del operador. Las personas morales (entes públicos o empresas) deben hacer la vinculación de forma presencial.

6. ¿Me pueden cobrar por vincular o consultar? No. La vinculación, desvinculación y la consulta son gratuitas y la navegación en las plataformas también.

7. ¿Qué pasa si me roban el celular? Debes reportar el robo de inmediato. La legislación exige mecanismos de bloqueo y listas entre operadores. La línea vinculada se puede desvincular o bloquear, pero la denuncia y el aviso al operador corresponden al titular o usuario.

8. ¿Y si no tengo identificación? Los lineamientos obligan a identificar con credencial que contenga CURP y fotografía o pasaporte para personas físicas y RFC para personas morales. Para extranjeros sirve el pasaporte.

9. ¿Cuántas líneas puedo tener? Una persona física puede vincular hasta diez líneas. Las personas morales y quienes tengan actividad empresarial no aplican esta limitación, pero deben acreditar su condición fiscal.

10. ¿Qué pasa con los Operadores Móviles Virtuales y comercializadoras? Están obligados a cumplir. Los concesionarios mayoristas como Altán Redes pueden ofrecer plataformas a las comercializadoras en condiciones no discriminatorias. Estos actores deben aplicar las mismas medidas de protección de datos. A marzo de 2025 había 14,949,425 líneas de OMV, pero se sabe que hay más no contabilizadas. La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) solicitó a la CRT una prórroga y argumentó obstáculos técnicos y económicos. Los OMV deben cumplir los lineamientos y los plazos previstos.

11. ¿Quién puede ver la información? La información de vinculación es confidencial. Los proveedores no pueden comercializarla ni usarla para otros fines. El acceso por autoridades seguirá los cauces legales. La plataforma de consulta no almacena datos personales y sólo muestra los últimos cuatro dígitos del número.

12. ¿Podrán espiarme en tiempo real? Los lineamientos regulan plataformas y registros. Las intervenciones en tiempo real requieren fundamentos legales independientes y, cuando proceda, autorización judicial. El registro facilita investigaciones posteriores, pero no da licencia para vigilancia sin control legal.

13. ¿Qué pasa si la plataforma falla? Los proveedores deben tener mecanismos alternos y notificar a la CRT si la falla dura más de tres horas. Las ventanas de mantenimiento se anunciarán con 24 horas. La CRT hará verificaciones de cumplimiento sin previo aviso.

14. ¿Qué notificaciones recibiré? Los operadores como Telcel, AT&T o Movistar deben avisar por SMS y otros medios cuando la vinculación o desvinculación sea exitosa. También enviarán recordatorios semanales a líneas habilitadas pero no vinculadas antes de su suspensión. La leyenda que recibirás vía SMS es “RECUERDA QUE DEBES VINCULAR TU LÍNEA ANTES DEL DD-MM-AAAA, INGRESA A: .”

15. ¿Qué hago ahora? Busca en la web de tu proveedor el enlace a su plataforma de gestión. No desesperes, recuerda que el operador tiene 30 días para desarrollarla.

16. ¿Qué pasa si soy persona vulnerable, indígena o afromexicana? Pide asistencia al operador. La CRT debe colaborar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que se brinde asistencia.

17. ¿Qué otros países tienen un registro similar? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú.

A partir del 9 de enero de 2026 se implementará un registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas móviles, una medida cuyo objetivo es eliminar el anonimato que facilita delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro. 

El calendario y los lineamientos fueron aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual establece la obligación de asociar cada número a una persona física o moral. El 29 de junio de 2026 será la fecha límite para completar el trámite y a partir del 30 de junio iniciará la suspensión de líneas no registradas.

La justificación del registro de usuarios se apoya en una realidad estadística preocupante. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, en 2023 ocurrieron 4.9 millones de delitos de extorsión, cifra que equivale a una tasa de 5,213 extorsiones por cada 100,000 habitantes. En 85.6% de los casos la modalidad fue telefónica y en 12.9% la víctima pagó la extorsión.

Estos números explican la urgencia política por encontrar estrategias y herramientas que faciliten la investigación y la persecución penal, con los riesgos que ello implica para los usuarios móviles y sus derechos.

Sin embargo, la política pública del registro exige ser evaluada con rigor técnico y constitucional. Es la tercera vez que el Estado mexicano impulsa registros de identificación masiva de usuarios de telefonía. Los precedentes son los llamados Panaut y Renaut, cuyo fundamento y diseño fueron objeto de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. El Pleno declaró inválidas disposiciones del padrón por su colisión con garantías como la protección de datos personales y la presunción de inocencia.

Es decir, existe un precedente jurisprudencial que obliga a construir este nuevo regisyro de usuarios con la máxima cautela legal e institucional.

En el plano comparado, México no inventa la receta. Varios países de América Latina han obligado a registros o requisitos de identificación para la activación de tarjetas SIM. Brasil formalizó procedimientos para la activación con identificación. Argentina mantiene obligaciones de registro y resoluciones del regulador que obligan la verificación de identidad. Chile, Perú y otras jurisdicciones adoptaron medidas similares con distintos alcances y grados de supervisión regulatoria.

La experiencia internacional muestra diversidad de resultados. En algunos países la medida contribuyó a cerrar circuitos administrativos y judiciales útiles para la investigación. En otros surgieron mercados negros de datos y cuestionamientos sobre la eficacia real para reducir los delitos que busca prevenir y combatir un registro.

El alto porcentaje de líneas en esquema prepago convierte la operación en un reto logístico y social. Según el IFT, más de 80% de las líneas móviles en 2024 correspondía a prepago, equivalente a más de 125 millones de líneas. Significa que esos millones de usuarios deberán acreditarse con su CURP o INE para conservar su acceso a la red.

Además, más de 21 millones de líneas corresponden a Operadores Móviles Virtuales, proveedores que no todos tienen la infraestructura suficiente para implementar el registro.

La suspensión de líneas no registradas dentro del plazo tendrá un impacto sobre el derecho de acceso a las TIC, Internet y los servicios de telecomunicaciones, especialmente para grupos vulnerables que usan paquetes móviles como su principal puerta de conectividad y oportunidades de acceso a oportunidades de empleo, educación, movilidad o entretenimiento.

La responsabilidad de resguardar los datos recae sobre las empresas de telecomunicaciones. Los lineamientos oficiales indican que la información quedará resguardada por los operadores, bajo obligaciones regulatorias. Pero las autoridades judiciales tendrán acceso a la información de cada línea y podrán hacer su rastreo en tiempo real.

La medida tiene un coste de inclusión. México aún registra brechas en la identidad formal. El INEGI y la UNICEF documentaron que, si bien la cobertura del registro de nacimiento es alta, persisten millones de personas sin acta de nacimiento o sin la documentación que permita tramitar una credencial oficial.

En términos prácticos, el registro de usuarios representa un riesgo de exclusión para personas en situación de vulnerabilidad, migrantes y poblaciones indígenas donde el trámite documentario presenta barreras, pero sí tienen una línea telefónica móvil para comunicarse y/o trabajar.

La evaluación de resultados es una exigencia para la implementación de la identificación de líneas celulares. El objetivo legítimo de reducir extorsiones exige métricas claras. El Estado debe publicar indicadores periódicos que muestren la trazabilidad entre registro y casos resueltos, el número de líneas suspendidas y las que se reactivaron tras identificación. Los usuarios no pierden su número pero sí el servicio si no se identifican.

La norma debería prohibir el uso masivo con fines de inteligencia sin controles judiciales y establecer sanciones severas por uso indebido.

El registro de líneas puede ser una herramienta útil para la investigación criminal, pero su eficacia no es automática. El diseño técnico, las salvaguardias constitucionales y las políticas de inclusión determinarán si la medida protege a la ciudadanía de la extorsión y el fraude, o bien amplifica riesgos de privacidad, desigualdad y abuso de la autoridad.

A partir del próximo 9 de enero del 2026, los usuarios de servicios móviles deberán otorgar sus datos personales para que sean vinculados a su línea, sin importar a qué operador pertenezcan.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, que establecen que todos los números telefónicos deberán estar asociados a una persona física o moral.

La nueva regulación, aprobada por unanimidad por el Pleno de la CRT el lunes 8 de diciembre, tiene como principal objetivo combatir la inseguridad.

“Esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular.

“Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, señaló la CRT.

Explicó que la medida busca eliminar el anonimato que actualmente permite el uso de este servicio para la comisión de delitos en el territorio nacional.

Para realizar la vinculación, las personas físicas deberán presentar con su operador móvil su identificación oficial, que puede ser credencial de elector o pasaporte, además de su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Por su parte, las personas morales también deberán incluir su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el proceso de registro.

La CRT señaló que las empresas de telefonía celular serán las encargadas de resguardar esta nueva información, tal como ya lo hacen con el servicio de pospago.

Asimismo, insistió en que este proceso cumplirá estrictamente con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, protegiendo la información de los usuarios.

Perú tendrá su propio registro de celulares a través de un sistema biométrico de huella dactilar, de acuerdo con un decreto que modifica el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad.

De acuerdo con dicho decreto, su versión del “Panaut mexicano” está orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Con la modificación a la ley, las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones adquirirán obligaciones para la recopilación de los datos de los usuarios.

Deberán “verificar plenamente la identidad de quien contrata el servicio de servicios públicos móviles de telecomunicaciones mediante el sistema de verificación biométrica de huella dactilar. Asimismo, verificar la propiedad del equipo terminal móvil donde se utilizará el servicio que se adquiere (chip) constatando el EMEI”.

Además, señala que en caso de que el EMEI sea alterado, inválido o no sea identificado el propietario del equipo terminal móvil, no procederá la venta del servicio, aunque habrá algunas excepciones.

“La presente norma es congruente con la legislación nacional y no colisiona con ninguna norma vigente, por el contrario, permitirá solucionar los problemas del robo de equipos terminales móviles, el comercio ilegal de equipos terminales móviles y la venta indiscriminada de equipos; que ponen en riesgo la seguridad de los peruanos y genera un mercado negro de venta de celulares; problemas que persisten y se incrementan, después de 15 años de haberse expedido la norma que pretendió solucionarlos.

“La propuesta legislativa contribuirá, de esta manera, a la seguridad de la población peruana, que se ve constantemente amenazada debido a que por evitar el robo de un celular puede sufrir lesiones permanentes, incluso, perder su vida”, señala la modificación.

Además, afirma que la iniciativa presentada no significará ningún costo al Estado, ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria, sino por el contrario, tendrá un impacto directo en el bienestar de la población.

Chile fue el primer país de América Latina en adjudicar espectro compatible con 5G y se propone el lanzamiento de la tecnología para antes de marzo de 2022, cuando asuma como presidente el ganador del balotaje pautado para el próximo 19 de diciembre.

Francisco Moreno llegó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en junio de 2021, con una agenda repleta de acciones, presentaciones y eventos con foco en 5G. En este contexto, el funcionario dialogó con DPL News sobre los desafíos más urgentes e hizo una suerte de resumen de lo hecho por esta gestión y de lo que vendrá: 5G en la cancha y más fibra para cumplir los objetivos de universalización. Resaltó que el gobierno saliente deja a un país con buenas notas en materia sectorial y pidió al venidero continuidad en las políticas que “permitirán la digitalización del país en distintos sectores”.

¿Con qué escenario se encontró al asumir al frente del regulador y cuáles son los desafíos más urgentes?

Al asumir como subsecretario de Telecomunicaciones, me encontré con un sector competitivo y robusto, con cerca de 58 millones de servicios y en plena etapa de preparación al despliegue de las redes 5G, proceso que impulsamos con fuerza y que hoy está siendo implementado por las empresas adjudicatarias del concurso público. El principal desafío en el corto plazo lo constituye el avance en la digitalización del país, permitiendo que Chile forme parte de la revolución digital que hoy está presente en todo el mundo. Para esto es fundamental el despliegue de las redes 5G en las diversas regiones de nuestro país y más kilómetros de fibra óptica disponibles.

Esperamos el inicio del servicio 5G para los usuarios durante el primer trimestre de 2022

¿Qué fecha tentativa tiene para el lanzamiento de 5G en Chile?

El 5G se encuentra en estos momentos en fase de despliegue. Los decretos autorizados por el momento por Contraloría son para las respectivas empresas que se adjudicaron la licitación de la red 5G en las bandas de 700 MHz (WOM), AWS (WOM) y 3.5 GHz (Entel, Movistar y WOM). Posteriormente, esperamos la autorización para la banda de 26 GHz.

La comercialización de planes 5G en Chile es inminente y estamos muy expectantes a fin de que el mercado y los sectores industriales adopten esta nueva tecnología que será clave para el desarrollo de la economía digital del país y que, sin duda, será uno de los legados del gobierno de Sebastián Piñera. Esperamos el inicio del servicio para los usuarios durante el primer trimestre de 2022. A la fecha, tenemos recepciones de obras para 377 estaciones base para 5G. A marzo de 2022 se proyecta recepcionar obras para mil 685 estaciones base para 5G a nivel nacional.

¿Cómo analiza los resultados de la subasta múltiple de espectro? 

Chile y Japón son los únicos países de la OCDE que mantienen los concursos de espectro a través del modelo de beauty contest y esta política pública se ha traducido en aumentar la inclusión digital del país. Para el concurso de 4G, realizado en 2013, se exigió el despliegue en las regiones y de la misma forma aseguramos servicio de Internet en más de mil 200 localidades rurales que no tenían conectividad en ese entonces. En la licitación 5G exigimos la conectividad de 366 localidades rurales y aisladas, más de 2 mil 100 sitios de Agua Potable Rural (APR) que contarán con conectividad móvil de alta velocidad, 199 hospitales públicos y 358 servicios de salud. Todo este conjunto de organismos conectados apunta a una mayor inclusión de la mano de 5G.

Los modelos de asignación de espectro deben estar dirigidos a aumentar la inclusión digital, y por eso resulta fundamental que los reguladores adoptemos medidas que vayan en línea con los cambios tecnológicos de manera que se incentiven los despliegues de redes por parte de las operadoras, y así aumentar la debida cobertura y un mayor acceso.

El espectro debe ser utilizado en su máximo potencial por parte de las operadoras en beneficio de los usuarios de las telecomunicaciones

¿Qué recomendaciones le haría a un país en vías de realizar un proceso de asignación de espectro para 5G?

Que visualice muy bien sus necesidades de conectividad y en función de eso diseñe una licitación de acuerdo a su modelo de asignación de espectro, ya sea bajo el modelo de subasta o de beauty contest. Es necesario priorizar la asignación de espectro con una visión de futuro y acorde a los usos que hoy se le está dando, como una herramienta fundamental para acortar la brecha digital, pero sin poner precios excesivos que coarten la competencia y que finalmente terminan perjudicando al país y a los usuarios, que los son principales beneficiados.

También (recomiendo) auditar de manera exhaustiva el pool de bandas con las que se cuenta para licitar y que ninguna se encuentre en desuso o sacando poco provecho para los fines que fue adjudicada. El espectro debe ser utilizado en su máximo potencial por parte de las operadoras en beneficio de los usuarios de las telecomunicaciones; es fundamental crear políticas de eficiencia espectral que sean consecuentes con los usos y demandas que se proyectan.

¿Qué verticales considera que más se beneficiará de la 5G en el país?

La nueva generación de tecnología móvil 5G permitirá que Chile abrace la revolución digital y que múltiples sectores productivos, mipymes, emprendedores y startups de nuestro país se vean beneficiados. Por ejemplo, el sector agrícola-forestal contará con importantes aportes por medio de esta tecnología, como el monitoreo y análisis en tiempo real de los cultivos, registrando imágenes de alta calidad y datos de parámetros ambientales tales como la temperatura y humedad, facilitando así la toma de decisiones y el incremento de la productividad. La industria portuaria también contará con importantes herramientas para enseñar con experiencias inmersivas a los nuevos operarios de grúas por medio de 5G y Realidad Aumentada. En el sector salud, la red 5G permitirá mejorar ampliamente la telemedicina, el desarrollo de exámenes y diagnósticos a distancia, lo cual será de gran importancia para suplir la falta de especialistas en regiones, principalmente en zonas extremas o aisladas. Además, estimamos que la llegada de 5G a Chile permitirá la creación de 68 mil nuevos empleos.

¿Cómo facilitarán el despliegue de infraestructura? 

Estamos comprometidos con la colaboración público-privada, la cual estamos potenciando a través de una alianza que incentive y promueva el despliegue de las nuevas tecnologías. 5G requerirá duplicar el parque de sistemas radiantes desde los 14 mil que están desplegados actualmente hasta los 28 mil. Para ello, desde el principio de nuestro gobierno iniciamos un trabajo con las denominadas mesas pro-inversión, instancia donde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, junto a distintos actores del ecosistema digital identificaron medidas para facilitar la inversión y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Así nació la modificación al Decreto Supremo 99 de 2012 que establece los requisitos de instalación de antenas, que es un claro ejemplo de cómo el regulador escucha la opinión de los operadores, se moderniza y hace más eficientes los distintos procesos que contienen barreras burocráticas de arrastre, no sólo de cara al despliegue del 5G, sino también para el 4G.

Se reunió con los operadores para avanzar en el reordenamiento de espectro. ¿Qué avances hubo?

Han sido reuniones de trabajo de carácter preliminar en las cuales hemos escuchado las diversas posturas respecto a un posible reordenamiento voluntario de espectro radioeléctrico en la sub-banda entre 3.4 y 3.6 GHz. Cualquier decisión que tomemos como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe asegurar la eficiencia espectral y una asignación que siempre vaya en beneficio de los usuarios de Chile.

Han señalado la cobertura en sitios aislados como un desafío. ¿Cómo avanza el despliegue de redes y en qué trabajan en cuanto a calidad de servicio?

Más del 65 por ciento de los hogares del país cuentan con una conexión fija a Internet. Si bien hemos crecido significativamente en esta materia, estamos conscientes que hay que seguir trabajando para reducir la brecha digital. Desde la Subtel tenemos iniciativas para aumentar la disponibilidad de redes de alta velocidad en todo el territorio, entre ellos los proyectos de fibra; el despliegue de 5G, que incluye las contraprestaciones; y el despliegue de Internet satelital de la mano de distintas empresas. Tenemos proyectos e impulsamos distintas iniciativas para avanzar en inclusión digital.

Respecto de la calidad del servicio, seguiremos con una intensa fiscalización para asegurar que los usuarios reciban el servicio de acuerdo a la calidad contratada. Hemos puesto énfasis en avanzar rápidamente en la implementación del Organismo Técnico Independiente (OTI) para fiscalizar lo exigido por la Ley de Velocidad Mínima Garantizada, que contempla en su reglamento que los usuarios podrán conocer la velocidad promedio de su conexión a Internet para así poder contrastar con la promesa de la oferta comercial y del contrato con su operador, atacando de esta forma uno de los principales malestares de los usuarios de banda ancha. Esperamos que se realice a la brevedad el segundo llamado a licitación del OTI, ya que será una pieza clave y complementaria a las herramientas de fiscalización de calidad de servicios de banda ancha que posee la Subtel.

Al cierre de este gobierno, la meta es llegar al 67 por ciento de los hogares conectados a una red fija

¿Cuáles son las expectativas del gobierno respecto del avance de fibra óptica y en qué otras acciones trabajan para el segmento fijo? 

Nos propusimos duplicar los kilómetros disponibles de fibra óptica en Chile, para lo cual estamos trabajando en diversos proyectos. Estas iniciativas incluyen el proyecto Fibra Óptica Nacional (FON) y la Fibra Óptica Austral (FOA), proyectos regionales de Última Milla que conectarán a más de mil 500 localidades y de Fibra Óptica en Complejos Fronterizos, entre otros, los que nos permitirán pasar de 18 mil a 36 mil kilómetros.

Una de nuestras principales tareas será seguir implementando políticas públicas que pongan al usuario en el centro, pero que a su vez contengan una mirada de futuro para acortar las brechas de acceso y de uso de Internet. Chile hoy tiene la oportunidad histórica de posicionarse como un referente digital a nivel latinoamericano y para ello estamos trabajando sin pausa. Al cierre de este gobierno, la meta es llegar al 67 por ciento de los hogares conectados a una red fija.

En Chile tenemos el desafío de transformarnos  en un Hub Digital de la región y el cable submarino es una acción concreta en esta línea

¿Cómo avanza la agenda de colaboración del cable submarino transoceánico Humboldt?

El proyecto de cable de fibra óptica submarino que unirá Chile y América del Sur con Asia y Oceanía contará con el despliegue de más de 14 mil kilómetros con una inversión de 388 millones de dólares. Hasta el momento, Brasil y Argentina se han adherido a este ambicioso proyecto, que incentivará la economía digital de los países del cono sur. Los dos países que han confirmado su participación nos permiten avizorar un mercado digital que se pondrá a disposición de más de 600 millones de usuarios.

Esperamos que más países de la región puedan sumarse y así generemos un polo de integración y cooperación digital con los distintos países latinoamericanos. En Chile tenemos el desafío de transformarnos  en un Hub Digital de la región y el cable submarino es una acción concreta en esta línea.

Starlink tiene luz verde y Amazon también está autorizada para dar servicios satelitales. ¿Qué problemas esperan saldar con este tipo de soluciones? 

El despliegue de tecnología satelital de baja órbita beneficiará la conectividad en zonas alejadas y extremas. Ya iniciamos pilotos con la empresa Starlink en las localidades de Sotomó, Caleta Sierra y Bureo Alto, en las regiones de Los Lagos, Coquimbo y Ñuble, respectivamente. Adicionalmente a esos despliegues, recientemente le fue otorgada una concesión de servicios de transmisión de datos a Amazon para desarrollar su proyecto denominado “Kuiper”, lo que permitirá contar con más alternativas de acceso a redes de alta velocidad a través de satélites que se encuentran hasta 60 veces más cerca de la Tierra que los convencionales. Creemos que esto confirma el atractivo de Chile en materia de telecomunicaciones, donde empresas líderes en tecnología desarrollan proyectos icónicos que fortalecerán los esfuerzos que estamos desplegando por una mayor inclusión digital.

¿Cuál es la opinión de Subtel sobre la fusión entre Claro y VTR? 

Es una operación que está siendo analizada por los organismos de libre competencia del país y respecto a la cual no nos compete pronunciarnos en esta etapa de su desarrollo. Sin perjuicio de ello, nos interesa que los resultados de dicha fusión signifiquen una mejora en los servicios de telecomunicaciones y en una mayor competencia en precios.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que crea un registro con los datos personales de usuarios de telefonía prepago. ¿Qué opina la Subtel?

Es un proyecto de ley que busca crear un registro de los usuarios de prepago de manera de tener un instrumento para identificar a quienes adquieren una tarjeta SIM de prepago, con el fin de erradicar las bandas de crimen organizado que hoy se dedican a estafar a los usuarios de telecomunicaciones amparándose en el anonimato del sistema de prepagos. Creemos que es prioritario avanzar en medidas que cautelen la seguridad de los usuarios y que permita erradicar de raíz este tipo de actos delictuales. Actualmente, son 156 los países del mundo que cuentan con sistemas similares que obligan a la conformación de un registro de usuarios de servicios de prepago.

En este gobierno logramos que el sector de telecomunicaciones de Chile mantuviera la vanguardia en la región y esperamos que esta situación se mantenga por muchos años más

Chile está próximo a cambiar sus autoridades. ¿Cómo podría impactar esto a los planes de mediano y largo plazo que tiene en ejecución la Subtel?

Más allá de los énfasis de cada gobierno, Chile ha desarrollado una política de Estado en esta materia. En ese sentido, esperamos que las próximas autoridades continúen con el trabajo que desarrollamos en Subtel, principalmente el referido al despliegue de las nuevas redes 5G y los proyectos de despliegue de fibra óptica que permitirán la digitalización del país en los distintos sectores. En este gobierno logramos que el sector de telecomunicaciones de Chile mantuviera la vanguardia en la región y esperamos que esta situación se mantenga por muchos años más.

¿Qué estrategias cree que deben ser los ejes de gestión de la Subtel en 2022?

Desde el inicio de este gobierno hemos tenido como principal objetivo impulsar la conectividad de todos los ciudadanos de Chile y aumentar la inclusión digital que existe en el país. Por este motivo, se diseñó un plan estratégico de telecomunicaciones integral, denominado Matriz Digital. Este plan estratégico nos guió como una hoja de ruta para establecer un diagnóstico del estado del sector y definir aquellos puntos en los que se debía avanzar de manera más rápida.

Dentro de este plan, es fundamental avanzar en tres ejes estratégicos: despliegue de 5G y masificación de redes fijas de alta velocidad; estrategia de inclusión digital, que es  aumentar la cobertura de los sectores que hoy presentan bajos indicadores de penetración de redes fijas y móviles; y consolidación del modelo Hub Digital del continente, a través de los despliegues del cable Humboldt, mercado único digital, roaming internacional e interconexión de los pasos fronterizos.

La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado mexicano aprobó con ocho votos a favor y seis en contra el dictamen por el que se modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.

Durante una sesión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, en la que se propusieron reservas al dictamen, sólo los de la primera votaron en contra de las reservas, mientras que los de Estudios Legislativos registraron un empate que resolverán en una sesión posterior, que no dijeron cuándo.

Legisladores como Antonio Martín del Campo y Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), y Noé Castañón de Movimiento Ciudadano, argumentaron que al ser Comisiones Unidas deberían esperar a una sesión conjunta los próximos días para poder votar el dictamen después de resolver la votación por las reservas; sin embargo, la Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Lucía Meza, de Morena, dijo que al haber resuelto en contra las reservas en su Comisión ya podían votar el dictamen.

La senadora Meza dijo que en caso de que se resolviera en la Comisión de Estudios Legislativos una votación en contra de las reservas, es decir, contrario a lo resuelto en la Comisión de Comunicaciones, entonces la Mesa Directiva entraría a resolver el asunto.

Una vez que se resuelva la votación del dictamen en Comisiones Unidas, entonces éste se llevará al Pleno del Senado para su discusión.

La senadora Xóchitl Gálvez argumentó que el dictamen, tal y como se propuso, tiene varias violaciones a derechos como el de la comunicación, pues prevé suspender líneas a usuarios en caso de que no registren sus datos, incluidos los biométricos.

Gálvez dijo que no está en contra del combate a la extorsión telefónica; no obstante, aclaró que ésta no se resolverá con el padrón celular propuesto.

Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseveró que aprobar un dictamen como el que discutieron traerá una lluvia de amparos y podría declararse inconstitucional.

Por su parte, el senador Noé Castañón aseveró que de aprobarse el dictamen, una de las consecuencias será transferir costos a los usuarios, por lo que subirán las tarifas y no se resolverá el tema de la extorsión.

Senadores como Eunice Romo del PES; Sergio Pérez, y Cruz Pérez Cuellar, ambos de Morena, se manifestaron a favor de aprobar el dictamen tal y como se propuso originalmente.

Industria móvil expresa preocupación

Cámaras empresariales que agrupan a empresas de la industria móvil, como la GSMA, 5G Americas, Asiet, Canieti, Anatel y la Asociación de Internet MX, expresaron su preocupación a través de una carta dirigida al Senado de México.

En primer lugar, aseguraron que en México no existe un documento de identidad único y obligatorio, por lo que al solicitar la credencial de elector para registrar una línea celular dejará excluidos de servicios a una buena parte de la población.

Advirtieron que las inversiones por parte de la industria para poder armar el padrón celular será muy alta, ya que en el país existen alrededor de 500 mil puntos de venta, lo que generará afectaciones a la actividad económica.

También indicaron que el 85 por ciento de los 126 millones de usuarios en México están en el esquema prepago debido al bajo nivel de bancarización, por lo cual argumentaron baja viabilidad para contratar servicios de telecomunicaciones.

Las organizaciones señalaron que no existe evidencia nacional ni internacional de que este tipo de registros influyan en la disminución de delitos como la extorsión, además de que se ponen en riesgo los derechos de los usuarios a la conectividad, privacidad, protección de datos y presunción de inocencia.

“La industria realizó una propuesta alternativa al Senado y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual atiende de forma efectiva e inmediata las preocupaciones que originan el proyecto de Padrón”, manifestaron en la carta.

Las cosas siempre empeoran antes de mejorar.

Eréndira Salgado Ledesma

El presente análisis tiene como objetivo examinar las razones tomadas en cuenta por la legislatura federal para aprobar la iniciativa que adiciona y modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca reponer el registro de usuarios de telefonía móvil vigente años atrás, que fue suprimido ante el fracaso en alcanzar los fines planteados, reconocido por las propias autoridades, además de esclarecer los probables beneficios y desventajas del padrón.

Para tal propósito será necesaria la mirada al tiempo pasado, que posibilite corroborar lo acertado de la frase atribuida al filósofo norteamericano George Santayana, “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, pues la memoria del registro fallido no sólo es pública, sino incluso reciente y documentada. Para qué insistir en su restablecimiento.

El registro de usuarios de telefonía tuvo vigencia en el sexenio del presidente Felipe Calderón, por virtud de la reforma y adición de los artículos 16 y 44 de la entonces Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

El artículo 44 atribuyó a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones la obligación de llevar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles.

El artículo 16 lo ubicó como una de las acciones necesarias para combatir delitos como extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades y otros vinculados con la delincuencia organizada, junto con el bloqueo de líneas reportadas como robadas o extraviadas y la entrega de datos a las autoridades de procuración de justicia cuando realizaren funciones de investigación de delitos.

Las reglas de operación que definieron la forma como se llevaría a cabo el asiento de usuarios, la actualización de datos personales y los términos de  identificación y ubicación de los mismos fueron establecidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (DOF, 15-V-09), órgano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responsable entonces de regular las telecomunicaciones.

Debemos recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá atribuciones de órgano regulador autónomo del poder político a partir de la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, que lo dota de facultades amplias en la materia, como la de dictar normas generales administrativas (además de aplicarlas y adjudicar derechos, en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Pese a las bondades pregonadas, el registro fue abrogado (suprimido) en 2011 ante la imposibilidad de alcanzar los fines para los cuales fue instituido, después de dos años de deficiencias en la operación, del incumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados (con y sin amparo de jueces federales) y de los recursos presupuestales tirados a la basura, sin contar los perjuicios ocasionados a los usuarios de telefonía, al hacerse públicos los datos personales recolectados al ofrecerse para venta en Internet,[i] riesgo advertido por diversos sectores de la sociedad.

Desde la tribuna del Senado, el presidente de la Comisión de Justicia avaló y justificó la decisión de dar marcha atrás cuando reconoció que el registro fue un fracaso: no sirvió para los fines esperados.[ii] Baste recordar que antes del mismo se registraban 4,400 llamadas de extorsión al día y con el registro en marcha aumentaron a 6,400. Los datos alarmantes fueron incorporados en la exposición de motivos de la iniciativa que finalmente lo derogó.[iii] Así fue expresado:

“La incapacidad del Renaut ha sido producto de la idea de que el registro de usuarios de celulares en una gran base de datos nacional garantizaría la ubicación de los responsables de un delito. Una idea errónea fundada sobre el argumento de que los delincuentes utilizarían aparatos de comunicación móvil registrados a su nombre o a nombre de sus cómplices. La realidad es otra.”

La base de datos y las cintas de respaldo fueron eliminadas en fecha posterior a la supresión del registro, por mandato del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, cuyas acciones concluyeron el 19 de abril de 2013.[iv]

Lo que más llamó la atención al explorar este tópico fue que la idea original del registro -probada y reprobada- la retome la representación federal actual, con tales antecedentes y con un partido político mayoritario opuesto a aquellos que la impulsaron y concretaron unidos en una alianza. Una vez revivido el muerto,[v] tal vez pretendan demostrar que ahora sí saben hacer bien las cosas. ¡Ah, pero ya no se llamará registro, sino padrón!

Con motivo de la iniciativa que busca “rehabilitar” el registro de Calderón, diversas voces, igual que ocurrió antaño, han expresado en público su rechazo; ninguna a favor fuera de la representación popular. La posición de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de diversos especialistas sobre la viabilidad de la iniciativa que crea el “Padrón nacional de usuarios de telefonía móvil”, quedó expresada en los medios de comunicación de forma clara y contundente: desaprobación unánime.

Después de la discusión en la Cámara de Diputados y ya con el dictamen avalado por 392 votos, la misma fue enviada al Senado de la República, como refiere el boletín núm. 5578 del día 10 del mes en curso. Para los fines propuestos, la legislatura adicionó el artículo 180 Bis de la ley, que atribuye al IFT la obligación de emitir disposiciones administrativas de carácter general para la operación del padrón (lo que había refrendado la jurisprudencia de la SCJN), definido como: “base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que cuenten con número del plan técnico fundamental de numeración”.[vi]

El registro de 2009 también era una base de datos de titulares de líneas telefónicas móviles. El cambio sólo fue cosmético: “si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”.

La finalidad expresada en el texto del dictamen, de nuevo, es la necesidad de colaborar con las autoridades en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos.

Sin embargo, la normativa vigente ya posibilita que las autoridades del ámbito de la justicia gestionen requerimientos de auxilio para el cumplimiento de sus atribuciones ante concesionarios y otros sujetos obligados, y éstos quedan obligados a brindar apoyo e información para la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, cuando se trate de la comisión de ilícitos.

Para los efectos referidos, desde 2012 se emitieron los “Lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y concesionarios de telecomunicaciones”;[vii] las “Bases técnicas para la instalación y operación de sistemas de inhibición de señales en lugares de reclusión forzosa”, y la “Norma oficial mexicana de emergencia NOM-EM-018-SCFI-2016”[viii] que contiene las especificaciones y los requerimientos de los equipos de bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de trasmisión de datos e imagen dentro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales y de las entidades federativas.

Con todo, no ha sido posible inhibir el acceso no autorizado de teléfonos móviles ni el uso de líneas en espacios de reclusión obligatoria, lo que quedó implícito en ambas iniciativas.

La pregunta ante el cambio normativo propuesto es la siguiente: ¿importa el control de la herramienta o de la persona que hace uso indebido de la misma? Si se ha detectado que en las prisiones se genera la mayoría de las llamadas de extorsión, pese a que a los reclusos les esté prohibido el empleo de telefonía móvil, nos parece que resulta más factible controlarlos a ellos, no a nosotros, los millones de personas que empleamos los aparatos y la tecnología en ejercicio de nuestros derechos fundamentales.

Desde ahora expongo que no desconozco que las personas en reclusión tienen derecho a la comunicación con el “mundo exterior” ni tampoco ignoro las buenas prácticas sobre la protección y trato humano dictadas con apoyo en diversos instrumentos convencionales que prohiben la incomunicación y prescriben como principio rector la importancia de los medios de comunicación y cualquier herramienta que les posibilite continuar con el contacto personal y directo con familiares, amigos y representantes legales, entre otros.[ix]

Sin embargo, debe quedar claro que dicho derecho está sujeto a límites fijados por la normativa y a las propias condiciones restrictivas de derechos en que se encuentran los sujetos que han delinquido.

Para la coexistencia del derecho de aquéllos con nuestras garantías, Franco Palermo, del Poder Judicial argentino, propone la creación de un registro de dispositivos móviles, pero no para quienes estamos afuera de las prisiones, sino de los recluidos,[x] que permita conciliar la comunicación de las personas privadas de la libertad, con la seguridad de las personas como tú y como yo, en ejercicio de autonomía, que somos la mayoría.

Si fuere el caso de que alguna persona pretetendiere servirse de una herramienta tecnológica para cometer un delito, resulta evidente que no lo cometerá con un dispositivo móvil registrado a su nombre y domicilio, tal y como ocurre con el frecuente uso de vehículos ajenos para cometer atracos. Lo anterior ya quedó evidenciado y probado.

El artículo 189 de la LFTR, sin necesidad de modificación o reforma obliga a los concesionarios de telecomunicaciones a brindar colaboración a las autoridades para los fines señalados. A tal fin deben conservar registro y control de las comunicaciones realizadas desde cualquier línea que utilice numeración propia o arrendada, que permita identificar con precisión los datos siguientes: nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; tipo de comunicación y de servicios empleados; datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de la comunicación; número de destino y modalidad de líneas para determinar fecha, hora y duración de la comunicación. ¿A qué fin el cambio?

Pero, ¿qué expresan al respecto las autoridades del IFT? ¿Cuál es la posición en términos de su autonomía constitucional, ante la desproporcionada carga normativa que pretende imponérseles? Peor aún, ante la redacción del artículo cuarto transitorio del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que lo sitúan con rango jerárquico igual, si no es que inferior al de una dependencia del gobierno federal, además de imponerles grados de responsabilidad administrativa a los integrantes del órgano de gobierno: recordemos la importancia de leer la letra chiquita.

En una entrevista publicada en este mismo espacio, bajo el título: “4 temores del IFT que hacen del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil una mala idea”,[xi] Rafael Eslava, titular de concesiones y servicios del regulador, expresa inquietudes y preocupaciones, justificadas todas, aunque tal vez menos preocupado por los usuarios de los servicios que por el futuro del área a su cargo, pues si concluye el proceso legislativo de forma exitosa tendrá la responsabilidad de mantener, operar y regular el registro sin recursos adicionales.

Dentro de los temas que abordó destacan los siguientes: las debilidades en la recolección y custodia de los datos que formarán parte del registro;[xii] la carencia de documentos para concretarlo; la obligación de suspender las líneas ante incumplimientos; la falta de capacidad presupuestaria y recursos humanos para la integración del padrón; no contar con las medidas que aseguren la custodia de los datos recolectados y asumir los probables riesgos de intrusión.

¡Veamos el tamaño del reto, tan sólo en recursos! En el Presupuesto de Egresos Federal para el año fiscal 2021 (DOF, 30-IX-20),[xiii] rubro de ramos autónomos, el gasto programable autorizado para el IFT asciende a mil 510 millones de pesos. Si recordamos que en el primer año de la vigencia del registro de Calderón le ministraron recursos por el orden de mil millones de pesos, no es necesario exponer argumentos adicionales para comprender la poca viabilidad de la reforma en proceso: se requieren recursos para mover el aparato administrativo.

Por cuanto a otras restricciones, que sólo esbozamos, las mismas acentuarán las disparidades, ya de por sí evidentes, en el acceso de muchas personas a las TIC, por lo que seguirá amplíandose la brecha digital.

Ante la expectativa y entrada en vigor del fallido registro en 2009, la Constitución General no contemplaba el carácter de servicios públicos de interés general de las TIC ni el rango de derechos humanos del acceso a Internet y a la banda ancha.

Por lo expuesto hasta ahora, comparto las preocupaciones del regulador, que además tiene otra tarea urgente que afrontar en breve: preparar la eventual defensa ante la Suprema Corte en controversia constitucional.

Por todo lo expuesto, coincido en sus términos con el Dr. Jorge Bravo cuando afirma que las iniciativas de reforma no han logrado afrontar el problema de fondo, pero sí atentan contra la privacidad de los datos personales, además de buscar un pretendido control sobre los usuarios de los servicios, agravado por las restricciones no justificadas de acceso a las TIC.[xiv]

El punto central de la discusión legislativa, me parece está centrado en un rubro: los fines que se persiguen al tenernos empadronados y ubicados físicamente en tiempo real. Lo anterior implica afectar derechos sensibles, además de imponerles cargas desproporcionadas, tanto al IFT como a los concesionarios. Por tal razón también refrendo la postura de la Amedi:[xv] el registro de usuarios de telefonía móvil implica un atentado a los derechos tecnológicos y a la protección de los datos personales.

Hace poco más de una década, Carlos Odriozola ilustraba el origen de la iniciativa original y avalaba la acción en términos del hartazgo por la inseguridad, al tiempo que desconocía si serviría o sería ineficaz (la respuesta ya la tiene): saber quién es el dueño del teléfono móvil; tener acceso a la información sobre la ubicación física de cada persona en tiempo real, y contar con estricto control gubernamental.[xvi] Si las dos primeras cuestiones están resueltas con la regulación vigente, ¿a quién beneficia la modificación legislativa que asegure la última? ¿El control se orienta hacia los poseedores de teléfonos móviles o del IFT?

El pretendido registro o padrón no solo parece una mala idea, como muchos afirman, peor aún, resulta una “idea peregrina” carente de sensatez.

Tal vez el encierro provocado por la pandemia o la cercanía de las elecciones federales nos han vuelto más perceptivos o quisquillosos ante cualquier movimiento inusual de las autoridades. A mí esta iniciativa me lo parece, no sé a ustedes.

[i] “Entérate El polémico caso Renaut”, El Universal, Redacción, 15 de junio de 2012, https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/853732.html.

[ii] Becerril, Andrea y Ballinas, Víctor, “El Senado pone fin al fallido registro de usuarios de celular”, La Jornada, Política, https://www.jornada.com.mx/2011/04/30/politica/007n1pol.

[iii] Senado de la República, Gaceta, 15 de marzo de 2011,  https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/28925Gaceta.

[iv] Monroy, Jorge, “Concluyó destrucción de datos del Renaut”, El Economista, 12 de mayo de 2013, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Concluyo-destruccion-de-datos-del-Renaut-20130512-0087.html.

[v] Martínez, Víctor, “Un muerto que amenaza con volver”, Mileno, El pulso, 15 de diciembre de 2010,

[vi] El plan fue aprobado mediante Acuerdo de 11 de mayo de 2015 que establece las bases para la administración y asignación de los recursos públicos de numeración para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y los procedimientos de marcación en el territorio nacional.

[vii] VII Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, 15 de mayo de 2012, publicados el 4 de junio del mismo año.

[viii] Poder Ejecutivo, Secretaría de Economía, Dirección General de Normas, disponible en https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/MEX/17_0258_00_s.pdf.

[ix] OEA, Comisión IDH, Principios y buenas practicas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las américas, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp.

[x]  Palermo, Franco, “Teléfonos celulares en prisión”, ponencia presentada en las Terceras Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, 15 y 16 de junio de 2017, p. 22, https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10354/telfonoscelularesenprisin.pdf.

[xi] Disponible en https://dplnews.com/4-temores-del-ift-que-hacen-del-registro-de-usuarios-de-telefonia-movil-una-mala-idea/.

[xii] Entre otros: nombre completo del titular de una línea o la razón social, número de línea, de la identificación oficial con fotografía y de la tarjeta SIM, CURP, datos biométricos del usuario y domicilio.

[xiii] Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf.

[xiv] Bravo, Jorge, “Usuario de telefonía: o te registras o pierdes el servicio”. Proceso, Opinión, 9 de diciembre de 2020, https://www.proceso.com.mx/opinion/2020/12/9/usuario-de-telefonia-te-registras-pierdes-el-servicio-254214.html.  

[xv] En https://www.amedi.org.mx/registro-de-usuarios-de-telefonia-movil-un-atentado-a-los-derechos-tecnologicos-y-la-proteccion-de-datos-personales/.

[xvi] Odriozola, Carlos, “Renaut, necesario contra la delincuencia”, Revista Expansión, 22 de marzo de 2010, versión digital, https://expansion.mx/opinion/2010/03/22/renaut-quien-se-los-pidio.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está preocupado por la propuesta de la Cámara de Diputados que prevé la creación de un nuevo Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. 

Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios, el área que se encargaría de operar, regular y mantener el nuevo Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, platicó con DPL News y reveló que desde principios de 2020 el regulador tuvo conocimiento de la propuesta de los diputados, por lo que incluso trabajó en una opinión que les fue requerida por los propios legisladores.

El funcionario del órgano regulador mexicano aseveró que existen diversos temores en caso de que el dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se apruebe tal cual lo publicó la Cámara de Diputados, ya que tiene vacíos que ponen en riesgo, sobre todo, la información de los usuarios de los servicios móviles.

1. Expuesta recabación de los datos

Los servicios móviles han logrado su expansión en México no sólo a través de los Centros de Atención a Clientes (CAC) de los grandes operadores, sino también de sus distribuidores. Muchos de estos últimos suelen ser, fuera de las grandes ciudades, pequeños negocios como tiendas de abarrotes o farmacias.

Rafael Eslava explicó que es durante la recolección de los datos cuando menos segura podría estar la información de los usuarios. 

De acuerdo con el dictamen, el nuevo registro recabará el nombre completo del titular de una línea o la razón social, el número de la línea telefónica y el número de identificación de la tarjeta SIM, el número de identificación oficial con fotografía, CURP, datos biométricos del usuario y domicilio del mismo.

“Llama nuestra atención una preocupación adicional como funcionarios públicos de mantener, operar y regular este padrón. El primer insumo para recabar la información son los propios operadores. Ellos, por su forma dinámica y sencilla de ofrecer servicios, no tienen CAC en todo el país. Los prestadores de servicios no tienen capacidad humana, ni técnica, ni financiera para tener presencia en todos los lugares más recónditos de la República. 

“Existe una situación que se replica en los grandes y en los más pequeños operadores como son los Operadores Móviles Virtuales. Ellos cuentan con asociaciones comerciales con distribuidores, que son tamaño intermedio de comercialización. 

“Además, viene una capa adicional donde los operadores también tienen esquemas comerciales con pequeños negocios para tener un alcance mayor en su oferta. Farmacias, abarrotes, pequeñas tiendas de conveniencia. El objetivo de esas alianzas es la capacidad de llegar a los puntos más lejanos del país. 

“Si la reforma legal quedara como la conocemos hoy en día, la obligación de recabar la información recaerá en el punto de venta de los servicios, y éste puede llegar a ser ese pequeño negocio. 

“Los empleados de esos negocios recabarían información; en la medida que más gente tenga acceso a los datos de los clientes, más vulnerable es una posible filtración de la información, mal manejo y que se disperse.”

Rafael Eslava advirtió que los pequeños negocios distribuidores de los servicios móviles ni siquiera tendrían la capacidad económica para acceder a la tecnología que se requiere para recabar datos biométricos. 

Agregó que existe una alta posibilidad de que en algún punto haya un mal tratamiento de la información.

Además, dijo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) también deberá emitir una opinión, ya que es el encargado en materia de protección de datos. 

2. Mexicanos sin cédula de identificación 

Cuando un ciudadano acuda a comprar servicios móviles, será necesario que presente una identificación oficial como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), la cédula profesional o el pasaporte; sin embargo, millones de mexicanos no tienen acceso a cualquiera de esos documentos, advirtió Rafael Eslava. 

“Nuestra función es promover y facilitar el acceso, pero los requisitos para contratar los servicios pudieran llegar a ser contradictorios. Puede hacerse más compleja la contratación de servicios, de usuarios viejos como nuevos y un punto es la identificación oficial, que por nuestra idiosincrasia el país no cuenta con una cédula única de identidad obligatoria para todos.

“La credencial del INE no es obligatoria y se tiene una cédula profesional cuando tienes fortuna de concluir estudios profesionales. El pasaporte lo tiene quien vislumbra de salir del país. En México hay alrededor de 40 millones de personas que no tienen ni siquiera la credencial del INE porque no la tramitaron o aún son menores de edad”, comentó. 

3. Tiempo corto, riesgo de desconexión

En el dictamen del nuevo Registro de Usuarios de Telefonía Móvil se prevén dos años de plazo para que los usuarios móviles se registren en el padrón; de lo contrario, sus líneas serán suspendidas. 

El titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT recordó que el antiguo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut) tenía un plazo de un año para realizarse; sin embargo, en 2009 había un menor número de usuarios, además de que los datos recopilados eran menos. 

“En el antiguo Renaut se pedía el número telefónico y el nombre. Ahora se requieren datos biométricos, domicilio, datos como características del equipo que se usa, que por cierto es información que se traduce en hábitos de consumo. El nuevo registro establece un plazo máximo de dos 2 años. 

“En el Renaut éramos 80 millones de usuarios, hoy existen más de 125 millones de líneas móviles. En el Renaut hubo entre 35 ó 40 por ciento que no se inscribió (se hacía a través de un SMS) y estuvieron en riesgo de desconexión. Con el nuevo registro la complejidad es superlativa”, dijo Rafael Eslava. 

4. IFT: sin capacidad presupuestaria y de recursos humanos 

El órgano regulador mexicano no tiene en sus obligaciones actuales la administración y resguardo del nuevo Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, por lo que hoy en día no tiene ni capacidad económica ni de recursos humanos para hacerlo. 

Así lo reconoció Rafael Eslava, quien aseguró que dentro del presupuesto 2021 que recibirá el órgano regulador no se contempla presupuesto para ello. 

Adolfo Cuevas, presidente del IFT, reveló que la Unidad de Concesiones y Servicios trabajaba en un documento de proyección para entregarlo a los legisladores y supieran cuánto costaría implementarlo. 

Al respecto, Eslava dijo que el IFT aún no termina con el análisis; sin embargo, contó a DPL News lo que ya trabajan.

“Efectivamente, el área a mi cargo será la que por facultades tendrá que llevar a cabo esta operación e integración del padrón. Estamos trabajando arduamente en diagramar lo que se requeriría para, primero, recabar un cúmulo de información tan grande. 

“Segundo, dotar de los enlaces necesarios con todos los operadores para trabajar de forma automática y en tiempo real. 

“Tercero y más importante, asegurarnos de que el sistema contará con la seguridad tanto de manejo como de acceso y compartición de información fidedigna y segura, que asegure que el padrón no pueda ser vulnerado por nadie externo que no tenga por qué acceder a esa base de datos.

Eslava concluyó que “para el ejercicio 2021 no tenemos presupuesto para el registro, tendría que revisarse por el Legislativo. La respuesta al día de hoy es que no tenemos esa facultad y sería nueva, entonces tendríamos que adecuar todos los sistemas de recursos materiales e informáticos, así como de recursos humanos para hacerle frente a un proyecto de esa naturaleza”.

Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México coincidieron en que el órgano regulador podría hacerse cargo del nuevo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil propuesto por el legislador Mario Delgado y aprobado por la Cámara de Diputados. 

Durante una reunión a distancia con medios de comunicación, el comisionado Mario Fromow explicó que se trata de un proyecto viable, aunque sería necesario que le otorgaran presupuesto específico para hacerlo. 

“Un padrón de este tipo es viable, es importante en algún contexto, el de inseguridad que vive nuestro país, hablo a título personal. Hay cuestiones que cuidar como la privacidad de los datos. Les diría que lo que se está tratando de hacer es para todas las líneas celulares. Los concesionarios ya lo hacen para líneas de pospago, eso ya lo tienen, lo que es identificación digital de los que van a contratar un equipo. 

“La situación aquí es qué pasa con usuarios de prepago, la tecnología ha avanzado, la situación es si técnicamente es viable o no; la respuesta es sí, tiene un costo y el IFT no tiene el presupuesto necesario, pero teniendo los recursos considero que se puede hacer”, aseveró Mario Fromow.

Por su parte, el comisionado Javier Juárez dijo que el tema de inseguridad es multifactorial y no se resolverá sólo con una base de datos de usuarios de telefonía celular; sin embargo, coincidió en que existen sistemas para hacerlo.

“Una de las alternativas es ver cómo se puede contribuir con esta base de datos. Tenemos que asegurar que no se cometan errores que se cometieron en 2009 con el famoso Renaut, es lo que se debe cuidar. Coincido con el comisionado Fromow de que hay que garantizar los derechos humanos y atender preocupaciones de privacidad.

“Habría sistemas robustos que permitirían garantizar el grado de seguridad para garantizar esta información; sin embargo, las preocupaciones es que no se está previendo el recurso económico expresamente para ese proyecto. Son proyectos que requieren recursos”, comentó Juárez Mojica. 

Arturo Robles coincidió que aunque existen las tecnologías para que ese tipo de bases de datos tengan un resguardo de máxima seguridad, se requiere un presupuesto específico.

El presidente del IFT, Adolfo Cuevas, aseguró que la Unidad de Concesiones y Servicios, así como la Unidad de Administración, harán un ejercicio para definir el presupuesto.

“He dado instrucciones a la Unidad de Concesiones y Servicios, que es responsable del Registro Público de Telecomunicaciones, donde se insertaría el registro de celulares, que en coordinación con la Unidad de Administración del Instituto hagan un costeo efectivo y real para poder hacerlo del conocimiento de los señores comisionados del Pleno y de la Cámara de Diputados, y eventualmente de la Cámara de Senadores para que sea un ejercicio preciso. 

“Evidentemente, esto puede tener rangos según la capacidad que quiera abarcar el proyecto, desde un mínimo razonable pero eficiente, hasta un proyecto muy ambicioso que puede suponer diferentes controles y posibilidades”, apuntó.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil aún debe discutirse en la Cámara de Senadores.

La propuesta de crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil por parte de la Cámara de Diputados podría atentar contra la seguridad de los propios usuarios, aunque se busque lo contrario, aseveró la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), conformada por más de 50 empresas como América Móvil, Telefónica y AT&T.

La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó este martes 8 de diciembre la reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para poder crear el nuevo registro de telefonía, y se prevé que este miércoles sea votado en el Pleno para después enviarse al Senado de México.

Entre los datos personales que se prevé integren el nuevo registro están el número de la línea telefónica, identificación de la tarjeta SIM, además del nombre completo del titular de la línea o la razón social.

Fernando López, director Regional de la ASIET, platicó con DPL News y aseguró que el principal riesgo de una iniciativa como esta es la seguridad y cuidado de los datos de los usuarios, ya que en un país como México se ha demostrado que los datos personales se han llegado a filtrar y organizaciones delictivas podrían tener acceso a ellos.

Además, aseguró que es ilógico pensar que los delincuentes van a hacer un registro de aparatos y líneas para cometer sus delitos. Comentó que este hecho aumenta el riesgo para las personas, ya que los teléfonos extraviados o robados serán usados por criminales para cometer delitos.

“En un país como México podría correrse el riesgo de que los datos se vean expuestos. Los diputados consideran que el registro pudiera funcionar con un esquema donde participa el IFT como responsable, pero hay que aceptar la realidad del país en cuanto a impartición de justicia e instancias de seguridad; el registro anterior (2009) dejó ver que no podemos tener certeza en cuanto a protección de los datos personales de la gente.

“Otro riesgo es relacionado con la forma en que operan los grupos delictivos. La lógica no dice que un delincuente va a registrarse con todos estos datos y va a usar la línea para delinquir. En cambio, sí podemos pensar que alguien que está dispuesto a cometer un delito va a usar los datos de otra persona para cometerlos. Va a haber suplantación y robo de identidad, por lo que en el registro aparecerá que un determinado usuario cometió un delito cuando fue desde un teléfono robado o extraviado. Además, eso atentaría contra la presunción de inocencia”, advirtió el representante de la Asiet.

Además, reveló que la Asiet y otras organizaciones fueron invitadas la semana pasada para discutir la iniciativa; sin embargo, los diputados no tomaron en cuenta sus advertencias, pues generaron el dictamen en menos de una semana.

“Recibimos una invitación algunos representantes empresariales y de la asociación civil, pero no fue un parlamento abierto, no hubo una invitación y discusión amplia”, comentó Fernando López.

Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América Latina en la GSMA, dijo a DPL News que no existe evidencia internacional de que el registro de los números reduzca la actividad delictiva.

Incluso destacó que durante el periodo en que México tuvo vigente el antiguo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), el delito de extorsión aumentó 40 por ciento.

Respecto a “la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía en México, si bien los delincuentes podrían utilizar tarjetas SIM de prepago para mantenerse anónimos, no hay evidencia que demuestre que registrar las tarjetas conduce a una reducción en la actividad delictiva. De hecho, durante el periodo que México tuvo vigente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, desde 2009 hasta la reforma, las llamadas de extorsión aumentaron en más de 40 por ciento.

“La medida también podría llevar a la creación de un mercado negro de tarjetas SIM robadas o registradas fraudulentamente, justamente para sostener el anonimato de los delincuentes”, advirtió Gallitto.

El representante de la industria móvil en la región explicó que existen otras herramientas que los delincuentes podrían usar para hacer llamadas de extorsión y perpetrar otro tipo de delitos contra la ciudadanía, por ejemplo, llamadas a través de plataformas o aplicaciones, que dejarían un universo sin cubrir.