El Espectador

El registro biométrico utiliza características físicas únicas de cada persona, como por ejemplo sus huellas dactilares. Es como si una base de datos le asignará a cada individuo en el mundo una ficha intransferible que lo reconoce en cualquier parte y contexto del planeta. En el caso de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil emplea un sistema biométrico usando las huellas dactilares o el reconocimiento facial.

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La Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia sancionó a Mercado Libre Colombia LTDA., con una multa de 214 millones 405 mil 120 pesos colombianos, 50 mil 584 dólares, por infringir las normas sobre protección de datos personales.

De acuerdo a un anuncio presentado por la SIC, en su cuenta de X, Mercado Libre desconocía la prohibición de tratamiento de datos personales sensibles, en especial, al condicionar el acceso a la cuenta de una persona al suministro de su información biométrica, a través de reconocimiento facial. Además, la plataforma vulneró el derecho al habeas data, al negarse a eliminar los datos biométricos de los usuarios de las bases de datos.

Además de la multa, la SIC dio la orden de suprimir cualquier procedimiento que condicione el acceso o creación de cuentas de usuario, al suministro de datos biométricos. Esto aplica para la aplicación móvil y el sitio web. 

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A propósito del acto administrativo, la SIC recordó tres normas pre-establecidas para Colombia con respecto al uso de datos personales.  

“El tratamiento de datos personales sensibles, entre los que se encuentran los datos biométricos, está prohibido por regla general; Segundo, ninguna actividad, ni el ejercicio de los derechos, en especial en el contexto del uso de aplicaciones móviles o de páginas web, puede estar condicionado a la entrega u obtención de datos biométricos; y tercero, que la entrega u obtención de datos biométricos sólo es posible cuando exista norma legal expresa y específica en tal sentido, y siempre que dicha norma respete el principio constitucional de proporcionalidad”, detalló en el documento.

Además, la SIC hizo un llamado para que las empresas que recolectan datos mediante aplicaciones móviles, plataformas o páginas web deben respetar en todo momento la finalidad para la cual se recolectan los datos personales. Además, los datos personales recogidos deben ser los estrictamente necesarios para la prestación del servicio o la celebración del contrato. 

Así mismo, la persona titular de los datos personales debe ser informada sobre la finalidad, el tipo de información recolectada y los derechos que le asisten sobre el control y disposición de sus datos.

Los usuarios móviles en Honduras que no realicen el registro biométrico ante su operador perderán su número telefónico, advirtió Lorenzo Sauceda, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Como parte de las nuevas disposiciones para la adquisición y uso de chips, el gobierno de Honduras implementó desde marzo un sistema de registro biométrico obligatorio para todos los usuarios de telefonía móvil.

Todas las compañías telefónicas implementan un sistema de reconocimiento facial y toma de huellas dactilares para la venta de nuevos chips.

El proceso de registro no se limita a los nuevos usuarios, pues aquellos que ya poseen una línea telefónica también deben cumplir con el requisito.

Lorenzo Sauceda informó que la medida busca fortalecer la seguridad en las telecomunicaciones y prevenir fraudes asociados al uso de líneas no registradas. “Este proceso busca aumentar la seguridad de la población y evitar el uso ilícito de teléfonos móviles, que puede ser un canal para delitos”, aseguró.

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Precisó que los usuarios deberán acudir a su operador telefónico entre el 1 de mayo y el 1 de junio para completar el trámite, advirtiendo que el que no lo haga perderá su número de teléfono.

El titular de la Conatel mencionó que, aunque ya existe una iniciativa de ley para regular el control biométrico, esta aún no ha sido discutida en el Congreso Nacional. No obstante, a pesar de la falta de una legislación aprobada, las empresas de telecomunicaciones ya están desarrollando una aplicación para agilizar el proceso de registro biométrico de los usuarios.

Honduras ha implementado medidas similares en varias ocasiones, con el fin de fortalecer el control y la seguridad en el uso de los servicios de telecomunicaciones. En diciembre de 2023 se presentó un proyecto de resolución relacionado con el Registro de Usuarios, un paso previo a la implementación de estas nuevas disposiciones.

Registro perjudica a usuarios: GSMA

En entrevista con DPL News, Lucas Gallitto, director de GSMA Latam, declaró que el uso de datos biométricos para activación de chips y demás se viene dando hace mucho tiempo en varios países de América Latina y ha probado no ser eficiente para el combate de delitos ciudadanos.

Gallitto dijo que las iniciativas obligatorias suelen tener efectos negativos sobre los consumidores: “Todo lo que es mandatorio, obligatorio, después termina resultando en impacto negativo para el consumidor”.

Indicó que experiencias previas en países como México y Perú mostraron que dichas medidas terminaron siendo una barrera para la digitalización. “Lo que tenemos que tratar de buscar es que los servicios sean fácilmente asequibles, con la menor cantidad de barreras posibles, obviamente protegiendo al consumidor”, agregó.

Gallitto reconoció que el Estado tiene un papel fundamental en la seguridad. “Entendemos que el Estado tiene funciones indelegables en materia de seguridad que no se pueden delegar en terceros”, concluyó.

Radio HN

Lorenzo Sauceda Cálix, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), alertó en las ultimas horas que, a partir del 1 de junio, los ciudadanos hondureños que no hayan realizado su registro biométrico perderán su número de celular.

“A partir del 1 de junio, el ciudadano hondureño que no haya hecho el registro biométrico se le dará de baja con su número telefónico”, advirtió Sauceda en sus declaraciones más recientes.

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Registraduría Nacional del estado Civil

En el marco de la versión número 57 de la Convención Bancaria en Cartagena, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, anunció la masificación en Colombia del plan piloto de autenticación de identidad por biometría facial con entidades financieras del país, así como las nuevas funcionalidades de la cédula digital como el elemento más seguro que tendrá el sector financiero para validar la identidad de los ciudadanos.

La biometría facial es una herramienta tecnológica que permite individualizar a una persona a partir de sus rasgos biométricos característicos que son únicos. “Los rasgos faciales son incambiables incluso si hay intervenciones quirúrgicas. Hay 172 puntos característicos que nos hacen únicos. La biometría facial es la tecnología más segura que existe hoy en el mundo”, precisó el registrador nacional, Alexander Vega Rocha.

Con la implementación de esta tecnología por parte de las entidades bancarias, es decir, con la validación de la identidad ante las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el sector financiero les garantizará seguridad a los ciudadanos, pues se evita la suplantación y se genera confianza en los trámites que realice cada ciudadano.

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Tal como anticipó DPL News, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó el Reglamento para la nominatividad y validación de identidad de los usuarios de servicios de comunicaciones móviles, con el ojo puesto en “implementar un procedimiento que permita aumentar la seguridad y combatir el fraude en la activación o alta del servicio”. Los operadores tendrán 60 días a partir del dictado de la resolución para adecuar sus sistemas.

“Se busca que cada prestador implemente un registro en el que almacene y sistematice el nombre, apellido, documento y domicilio de los usuarios registrados y que se permita el acceso a dicha información de las autoridades competentes”, indicó el regulador y agregó que la expansión de los servicios se vio “opacada por maniobras delictivas que, mediante su utilización, ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos”.

Desde 2019, Argentina ya cuenta con un registro de usuarios móviles, que logró el 95 por ciento de las líneas preexistentes nominadas y el 5 por ciento restante quedó bloqueada a la espera de que atraviesen por el mismo proceso. Actualmente, para sacar una nueva línea se necesita registrarla con DNI.

El nuevo plan local incluye “reforzar las condiciones para la registración (alta) de usuarios a través de la validación de los datos contenidos en el DNI y nuevos procesos de seguridad para el caso de modificaciones en condiciones comerciales o técnicas de las líneas telefónicas que pueden ser sensibles”. Entre los mecanismos se menciona la validación de datos biométricos, incluida la prueba de vida, o la validación de múltiples pasos o factores.

En un caso reciente en la región, la Suprema Corte de México desechó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (que recopilaría datos biométricos), declarando la invalidez del decreto por el que se creó, por considerar que violaba derechos como la privacidad, intimidad y protección de datos personales.

5G ausente

La decisión se tomó en el marco de una nueva reunión del Directorio del Enacom, en la que también se aprobaron proyectos de conectividad con aportes no reembolsables, la expansión de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) en la Patagonia, el financiamiento para mejorar la conectividad del polo industrial de General Roca y la entrega de otras 60 licencias para la prestación de servicios TIC, entre otros puntos. También se esperaban decisiones sobre la inminente subasta 5G, pero finalmente, según pudo saber DPL News, la decisión sobre fecha, precio y otras precisiones quedará para el mes próximo.

Perú tendrá su propio registro de celulares a través de un sistema biométrico de huella dactilar, de acuerdo con un decreto que modifica el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad.

De acuerdo con dicho decreto, su versión del “Panaut mexicano” está orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Con la modificación a la ley, las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones adquirirán obligaciones para la recopilación de los datos de los usuarios.

Deberán “verificar plenamente la identidad de quien contrata el servicio de servicios públicos móviles de telecomunicaciones mediante el sistema de verificación biométrica de huella dactilar. Asimismo, verificar la propiedad del equipo terminal móvil donde se utilizará el servicio que se adquiere (chip) constatando el EMEI”.

Además, señala que en caso de que el EMEI sea alterado, inválido o no sea identificado el propietario del equipo terminal móvil, no procederá la venta del servicio, aunque habrá algunas excepciones.

“La presente norma es congruente con la legislación nacional y no colisiona con ninguna norma vigente, por el contrario, permitirá solucionar los problemas del robo de equipos terminales móviles, el comercio ilegal de equipos terminales móviles y la venta indiscriminada de equipos; que ponen en riesgo la seguridad de los peruanos y genera un mercado negro de venta de celulares; problemas que persisten y se incrementan, después de 15 años de haberse expedido la norma que pretendió solucionarlos.

“La propuesta legislativa contribuirá, de esta manera, a la seguridad de la población peruana, que se ve constantemente amenazada debido a que por evitar el robo de un celular puede sufrir lesiones permanentes, incluso, perder su vida”, señala la modificación.

Además, afirma que la iniciativa presentada no significará ningún costo al Estado, ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria, sino por el contrario, tendrá un impacto directo en el bienestar de la población.

Infobae

Un plan de legisladores mexicanos para incluir datos de millones de usuarios de teléfonos móviles en un registro biométrico, presentado como herramienta para combatir el secuestro y la extorsión, ha provocado reacciones de empresas y grupos de derechos que advierten que podría llevar al robo de datos.

La reforma, que ya ha sido aprobada en la Cámara baja, está en consonancia con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de luchar contra la delincuencia utilizando métodos de inteligencia en lugar de la fuerza, pero críticos afirman que pone de manifiesto las trampas de los gobiernos que pretenden recopilar más datos de los ciudadanos con fines policiales.

La iniciativa está programada para ser discutida en el actual periodo de sesiones en el Senado, donde el partido gobernante Morena y sus aliados tienen mayoría.

De acuerdo con el plan, América Móvil, AT&T Inc y otros operadores se encargarían de recopilar los datos de los clientes, incluidas las huellas dactilares o la biometría ocular, para enviarlos a un registro gestionado por el regulador de telecomunicaciones de México.

Pero un grupo de telecomunicaciones que tiene entre sus miembros a algunas de las principales empresas, advirtió en una carta abierta que la reforma podría elevar el robo de teléfonos, ya que los delincuentes buscarían eludir el registro robando aparatos y podría poner en riesgo la seguridad de los clientes si los datos personales son mal utilizados.

América Móvil, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, AT&T y Telefónica declinaron hacer comentarios.

La Asociación de Internet de México, que incluye a la compañía de telefonía móvil Telcel, de Slim, como socio, dijo que el registro costaría a la industria cientos de millones de dólares, podría poner en riesgo empleos y violaría derechos humanos al comprometer la protección de datos personales.

Grupos de derechos describen el plan como no mejor que un registro similar, que no incluía datos biométricos, que México desmanteló en 2012 después de que se descubriera que las llamadas de extorsión, muchas desde el interior de prisiones, aumentaron un 40% después de que los datos se filtraran en el mercado negro.

La nueva reforma podría hacer que las personas sean explotadas por criminales y potencialmente sean condenadas erróneamente por delitos, según Irene Levy, presidenta de la organización mexicana de vigilancia de las telecomunicaciones Observatel.

“El Chapo Guzmán no va a ir a decir: ‘Este es mi número y yo soy El Chapo Guzmán’”, dijo Levy, refiriéndose al capo del Cártel de Sinaloa que está preso en Estados Unidos.

“Los delincuentes lo que hacen es pedirle a alguien que vaya y compre ciertas líneas telefónicas (…) y cuando haya algún delito cometido con estos números, este chico o chica que tomó el dinero por necesidad y registró sin saber las consecuencias, irá a la cárcel”, añadió.

Dado el fuerte apoyo al gobierno en el Congreso, el proyecto de ley tiene muchas posibilidades de ser aprobado, dijo Jorge Bravo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, es posible que se replantee si aumenta la preocupación de la opinión pública antes de las elecciones intermedias de junio.

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