El Universal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la prueba piloto para afiliar a trabajadores de plataformas digitales aún no ha llegado a su fin, aunque haya transcurrido el plazo de 180 días naturales implementado en la reforma laboral.

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MVS Noticias

La reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales, actualmente en fase piloto, ha sido presentada por el gobierno como un avance en materia de derechos y seguridad social. Repartidores y conductores aseguran que el nuevo esquema no solo no mejora sus condiciones, sino que amenaza la viabilidad del modelo de trabajo en aplicaciones como el delivery y el transporte privado.

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El Economista

La ambiciosa reforma para regular el trabajo en plataformas digitales enfrenta un panorama sombrío de cara a su implementación el 1 de enero de 2026. Lo que se promocionó como un avance histórico en derechos laborales corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de exclusión legal debido a la reciente modificación de los lineamientos para el cálculo del Ingreso Neto, así lo refiere en un análisis Jorge Loyo Pérez, socio de Loyo Pérez y Asociados.

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A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México publicó este viernes un nuevo acuerdo que modifica las reglas para determinar el ingreso neto de los trabajadores de plataformas digitales, que incluye a repartidores o conductores de empresas como DiDi , Uber y Rappi.

Esta medida ajusta las disposiciones secundarias de la reforma laboral en materia de plataformas, que entró en vigor en junio de 2025, con el objetivo de refinar la fórmula que define quiénes acceden a la seguridad social plena.

Uno de los cambios que introduce el acuerdo está relacionado con la Disposición Quinta, que establece los “factores máximos de exclusión” por el uso de herramientas tecnológicas.

Estos porcentajes se restan del ingreso bruto para determinar si un trabajador alcanza el umbral de un salario mínimo mensual necesario para ser considerado “subordinado” y, por lo tanto, sujeto de seguridad social obligatoria.

Los nuevos topes quedan definidos de la siguiente manera:

Este ajuste es significativo si se compara con los parámetros utilizados durante el programa piloto anteriormente, pues se llegaron a observar factores de hasta 60% para autos y 50% para motos.

La reducción de estos porcentajes sugiere un intento del gobierno por facilitar que más trabajadores superen el umbral del ingreso neto y entren al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El 27 de junio de 2025, la Secretaría publicó en el DOF las reglas que establecen el cálculo del ingreso neto mensual de repartidores y conductores. 

Así, las personas que, después de la aplicación de los factores, generen ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual, tendrán acceso a la seguridad social.

Inicialmente, las reglas definían porcentajes de 36% para la categoría A, 30% para la B y 12% para la C. La STPS decidió cambiar esos porcentajes basándose en los resultados del programa piloto.

El parámetro de referencia para el cálculo considera las distintas situaciones operativas de los trabajadores, incluidas la intensidad del trabajo, tipo de gastos en que incurren y nivel de ingresos generados.

Del piloto a la implementación de la reforma

Desde que el Senado dio luz verde a la reforma laboral en diciembre de 2024, la implementación ha enfrentado desafíos operativos y críticas sobre la viabilidad del modelo de negocio. 

Durante el primer mes del programa piloto en julio de 2025, más de 1 millón de personas se registraron ante el IMSS, lo cual ha sido calificado como un gran logro por el gobierno federal.

Sin embargo, voces de la industria, las propias plataformas y colectivos de trabajadores habían advertido sobre la erosión de los ingresos y la pérdida de flexibilidad.

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La Secretaría del Trabajo justifica estos nuevos cambios señalando que los resultados del programa piloto arrojaron la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección efectiva de los derechos laborales y la disponibilidad de las fuentes de empleo.

Otro cambio relevante que hace el acuerdo es relativo a la Disposición Segunda, que ahora define el Ingreso Bruto Mensual como la suma de pagos por tareas, bonos y estímulos, pero excluye explícitamente las propinas del cálculo.

Esta precisión responde a una demanda de los repartidores para que las gratificaciones voluntarias de los usuarios no sean contabilizadas para efectos de retenciones o cálculos de subordinación.

Con este acuerdo, el gobierno está apostando por una formalización más agresiva, obligando a las plataformas a reconocer como trabajadores a un mayor porcentaje de sus conductores o repartidores asociados.

No obstante, aún queda por ver si esta presión sobre el ingreso neto provocará un ajuste en las tarifas al usuario final o una reducción en la oferta de conductores y repartidores, una preocupación constante expresada por plataformas como Uber, DiDi y Rappi a través de Alianza In.

Las disposiciones del acuerdo entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, luego de que finalice el programa piloto de la reforma laboral el 31 de diciembre.

Prensa Senado de Argentina

Tras un cuarto intermedio acordado en el día de ayer, hoy a las 9,30 horas en el Salón Azul, volvió a reunirse la plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presidida por los senadores Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA), respectivamente, para continuar con el tratamiento del proyecto de ley sobre modernización laboral.

Al inicio de las exposiciones, Guillermo Crespo, representante de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), fundamentó su postura contraria a la norma: “Entendemos que el proyecto es absolutamente negativo, no solo para los trabajadores, sino para el resto de la población. Significa un retroceso y una pulverización de los derechos de los trabajadores, quienes son considerados un estorbo para el desarrollo de la economía argentina. Nosotros entendemos que esta no es la realidad, sino que este país se ha construido sobre la base del trabajo de la gente”.

Por su parte, y en coincidencia con Crespo, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) calificó el proyecto como “inconstitucional”. Aseguró que la norma no ofrece beneficios a los trabajadores y, por el contrario, “coloca en estado de indefensión a los más vulnerables”.

Posteriormente, Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), consideró “adecuado” tratar una modernización laboral. No obstante, solicitó a los legisladores rechazar el artículo 35, que hace referencia a los tipos de entidades donde los empleadores pueden acreditar los sueldos y los salarios, para evitar “un cisne negro que afecte el bienestar de los usuarios bancarios y el crédito para las empresas”.

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), coincidió en la necesidad de modernizar el sistema laboral, aunque alertó sobre el impacto del artículo 35 respecto a la acreditación de salarios en billeteras virtuales. Al respecto, señaló que el canal de cobro debe ser “seguro, trazable y protegido”, destacando que el sistema bancario es el que garantiza los derechos laborales, la protección jurídica y la transparencia estatal. A su turno, Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), se manifestó a favor de lo expuesto por sus colegas.

Entre los referentes de las áreas de la cultura y la comunicación, expuso Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual y Frente Federal que rechazó “de plano la totalidad de la ley porque entendemos que es gravoso para el mundo del trabajo”. También, Agustin Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) solicitó no eliminar el Estatuto del Periodista Profesional del proyecto de ley y que los legisladores “defiendan la libertad de expresión”.

Para abordar el capítulo sobre el trabajo en plataformas, fue invitado Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi. Al respecto, señaló: “Este proyecto es una oportunidad para definir un estándar industrial innovador y pionero, garantizando la libertad de los repartidores para disponer de su tiempo, gestionando la cobertura de seguros necesaria y brindando capacitaciones y soporte humano”. Por su parte, Nicolás Debernardi, director de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica de Pedidos Ya, coincidió con la medida y expresó: “Celebramos el proyecto; es esencial que avance su sanción porque despeja las incertidumbres jurídicas con las que venimos lidiando desde hace 15 años en este país”.

Por el lado de los trabajadores de plataformas, Marcelo Pariente reconoció que, si bien las aplicaciones han generado numerosos puestos de trabajo, “este proyecto legaliza la condición de vulnerabilidad y el fraude laboral que enfrentamos hoy”.

Al cierre del encuentro, Patricia Bullrich informó que el tratamiento del proyecto se daría en una sesión prevista para el 10 de febrero, tras un nuevo llamado a extraordinarias. Esto otorgaría un mes y medio adicional para profundizar el debate. “Nos gustaría dejar el instrumento firmado, lo cual no impide que el dictamen pueda ser modificado posteriormente”, aclaró la senadora.

Además, expusieron: Alejandro Sudera, presidente Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Melina Peñarol Méndez, representante del Foro de Abogados Sindicales; Pablo Topet, asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT); Pablo Dono, director de la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC); María Elena López, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM); Pablo Echarri, actor; Diego Boris Macciocco, músico y expresidente del Instituto Nacional de la Música; Pedro Martino, gerente de Asuntos Públicos de UBER; Natalia Videla Peña, representante de la Academia Argentina de Cine y Daniel Pensa, productor de cine.

Portafolio

La reforma laboral ha traído consigo importantes cambios en la dinámica empresarial tradicional, como la reestructuración del valor de las horas extras, los dominicales y festivos, y la reducción de la jornada laboral a 42 horas. Bajo esta nueva realidad, Fenalco estima que el impacto total en los costos para las empresas podría llegar hasta un 34 %. Es por ello, que las organizaciones han comenzado a buscar soluciones que les permitan mantener la eficiencia, la escalabilidad y la sostenibilidad de sus procesos, sin afectar sus finanzas.

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El Financiero

La aplicación de reparto Rappi descarta incrementar sus tarifas por la reforma laboral, al menos hasta que concluya el programa piloto del IMSS. Será hasta diciembre, cuando culmine el ejercicio y la empresa evalúe si mantendrá o elevará los costos de los servicios.

En entrevista con El Economista, Isabella Mariño, directora de asuntos corporativos de Rappi México, indica que gracias a la reforma la compañía ha realizado ajustes en sus políticas, modificando procesos internos y tomado decisiones financieras, con el fin de tener una relación laboral efectiva con los repartidores.

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Tras la implementación de la reforma laboral en materia de plataformas digitales, Uber anunció que sus tarifas de viajes subirán hasta 7% en México según el tipo de producto y ciudad.

La plataforma explicó que el ajuste en su estructura de precios se debe a los costos asociados al nuevo marco regulatorio. La medida, sostuvo, no busca un beneficio corporativo, sino proteger las ganancias actuales de miles de conductores y conductoras en el país.

Para la compañía, se trata de un ajuste necesario de acuerdo con una “realidad que no podemos ignorar” mientras se las operaciones de la plataforma se adaptan para cumplir con nuevas obligaciones.

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Sin embargo, el gobierno rechazó el aumento de los precios de Uber y cuestionó que realmente exista una justificación, debido al poco tiempo de prueba que ha transcurrido.

En un posicionamiento, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) advirtió que todavía no existe estimación precisa sobre el impacto real de la reforma en los costos operativos ni el número exacto de trabajadores de las plataformas que serán formalmente incorporados a la seguridad social.

Aunado a ello, la STPS dijo que Uber estaba rompiendo los compromisos asumidos con el gobierno de México, ya que fue una de las plataformas que aseguró su participación en la prueba piloto del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para evaluar la ejecución y cumplimiento de la reforma laboral.

Costos de la reforma laboral

Desde el 1 de julio, México implementó una reforma pionera que reconoce derechos laborales a conductores y repartidores que trabajan mediante aplicaciones digitales, lo que incluye el acceso a la seguridad social, vacaciones, aguinaldo y participación en utilidades, siempre que sus ingresos mensuales sean iguales o superiores al salario mínimo.

La reforma busca mejorar las condiciones laborales de decenas de miles de personas en el país. Sin embargo, plataformas como Uber han advertido que estas modificaciones tienen implicaciones directas en sus estructuras de costos, que necesariamente se reflejan en los precios al consumidor.

Uber ha expresado públicamente su compromiso con el avance en derechos laborales, pero también ha enfatizado que cualquier transición hacia un nuevo modelo debe ser económicamente viable, tanto para la empresa como para los trabajadores.

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Previo a la aprobación de la reforma laboral, las plataformas digitales advertían que era irreal pensar que se pueden ampliar derechos laborales sin que haya un ajuste en el modelo económico de estas plataformas, cuyo valor se ha basado históricamente en la eficiencia, la escalabilidad y la flexibilidad.

Además, aunque la reforma aplica inicialmente a una fracción de los trabajadores, los cambios técnicos, contables y fiscales afectan de forma transversal a toda la operación, lo que hace inevitable un ajuste estructural.

La reforma reconoció la existencia de una relación laboral subordinada entre conductores y repartidores y las plataformas, y dispuso la creación de un modelo de trabajo discontinuo en el que las empresas como Uber, DiDi y Rappi deben implementar nuevos mecanismos para registrar las horas efectivamente laboradas y, asimismo, brindar prestaciones sociales y el pago de salario en función de las horas trabajadas.

Críticas del gobierno y llamado a Profeco

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social calificó el alza de tarifas por parte de Uber como “unilateral” y “contraria a los compromisos”, afirmando que la empresa se había comprometido a no trasladar los costos a usuarios ni socios durante la etapa piloto.

En respuesta, la STPS, en conjunto con Profeco, anunció que iniciará operativos de vigilancia para verificar si este aumento infringe disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El debate por el ajuste de Uber pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿cómo regular un modelo económico innovador sin asfixiar su capacidad de adaptación?

Más allá del caso puntual, el desafío está en diseñar una ruta de transición laboral que combine responsabilidad social con sostenibilidad económica, y que permita al sector de plataformas seguir generando empleo, movilidad y acceso a servicios.

Ciudad de México. Uber Eats quiere fortalecer su presencia en México y mejorar su plataforma que conecta a usuarios finales, restaurantes, establecimientos, supermercados y repartidores.

“México es el país de mayor crecimiento para Uber Eats a nivel global”, aseguró Daniel Colunga, director General de Uber Eats en la nación. Por ello, agregó, la compañía seguirá fortaleciendo su plataforma para brindar más valor a clientes, repartidores y establecimientos asociados.

Precisamente, este miércoles 2 de julio, la plataforma lanzó nuevas funcionalidades que se integran a su plataforma de delivery para ampliar la oferta de valor: Uber Teens, Sube tu foto, Precios de Tienda, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de registrar la membresía de Costco en la app.

En ese contexto, Daniel Colunga afirmó que con estas actualizaciones Uber Eats busca seguir mejorando los servicios de la plataforma, ampliar las opciones disponibles para los usuarios y ayudar a los comercios y restaurantes a crecer.

México es el segundo país donde la empresa lanza estas funcionalidades después de Estados Unidos.

De acuerdo con datos de Statista Market Insights, el valor del mercado de entregas de comida a domicilio en México fue de 2,530 millones de dólares en 2024, lo que implica que el país es el segundo mercado más importante en este negocio en América Latina después de Brasil.

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Uber, positivo ante piloto de reforma laboral

El director General de Uber Eats reafirmó la relevancia de México para la empresa en un momento en el que las plataformas digitales tienen que adaptarse a un nuevo marco laboral en el país, luego de la aprobación de una reforma laboral en la materia el año pasado.

La reforma establece obligaciones para las plataformas colaborativas, de entrega de productos y de transporte, a garantizar el acceso a seguridad social a repartidores y conductores si estos generan al menos un salario mínimo.

Recién este 1° de julio, comenzó la prueba piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la afiliación de los trabajadores digitales a las plataformas. El objetivo es que estos puedan tener acceso a la seguridad social, pero seguir disfrutando de la flexibilidad e independencia de esta actividad.

Al respecto, Colunga expuso que “las condiciones que se están estableciendo pueden ser favorables en el ecosistema, así que viene un periodo de mucho aprendizaje, de confirmar muchas teorías, y después de eso vendrá una definición final”.

Por el momento, agregó, Uber Eats se mantiene positivo sobre “el diálogo que existe hoy en día con las autoridades”. La prueba durará hasta el 31 de diciembre de este año, después de lo cual se decidirá el modelo definitivo para la implementación de la seguridad social para repartidores y conductores.

Uber, DiDi, Rappi, Mensajeros Urbanos y LalaMove, a través de la Alianza In México, dijeron que están listas para iniciar la primera etapa del programa de prueba de seguridad social que durará hasta septiembre.

A partir de este 1° de julio, comienza la prueba piloto del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para la afiliación de los repartidores y conductores de plataformas digitales, la cual durará hasta el 31 de diciembre de este año.

También hicieron un llamado para que el diálogo continúe al concluir la primera etapa, y asegurar que la implementación de la reforma laboral sea exitosa.

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El programa de prueba está diseñado para explorar cómo funcionará el nuevo esquema por el que las plataformas digitales garantizarán los derechos laborales de repartidores y conductores.

La reforma laboral en materia de plataformas, emitida en diciembre de 2024, reconoció la existencia de una relación laboral subordinada entre plataformas y repartidores y conductores durante el tiempo efectivo de trabajo.

Por lo tanto, las plataformas están obligadas a brindar prestaciones sociales a repartidores y conductores que generen al menos un ingreso de salario mínimo. Aquellas personas que no cumplan con ese requisito serán consideradas trabajadores independientes, por lo que no tendrán acceso a la seguridad social pero sí a la protección contra accidentes durante su actividad laboral.

Nuevo esquema laboral para repartidores y conductores

El nuevo esquema laboral que plantea dicha reforma requiere que las plataformas implementen sistemas para registrar el tiempo de trabajo de repartidores y conductores, el cual podrá seguir siendo discontinuo. 

Asimismo, tendrán que realizar el cálculo de cuotas obrero-patronales, es decir, las aportaciones económicas al sistema de seguridad social, y la forma de determinar, retener e informar las respectivas cuotas a los trabajadores digitales, entre otras acciones relacionadas con la implementación de la seguridad social.

Durante el periodo de prueba, se espera que las plataformas y las autoridades colaboren para que posteriormente se preparen iniciativas que definan con mayor detalle los aspectos relativos al cumplimiento de las obligaciones laborales.

Más adelante, las iniciativas tendrán que ser discutidas por el Poder Legislativo antes de que se adopten formalmente.

Como parte del piloto, el IMSS habilitó un micrositio con toda la información necesaria para que repartidores y conductores se enteren de las implicaciones del nuevo esquema, anunció Zoé Robledo, director general del IMSS.

“Esta primera etapa, de julio a septiembre, es clave para asegurar que el piloto funcione para todos los actores del ecosistema: trabajadores, plataformas y autoridades. Estamos comprometidos con aportar datos, escuchar experiencias y proponer ajustes si es necesario”, expuso Guillermo Malpica, director Ejecutivo de Alianza In México.

Este martes, Rappi dio a conocer que está participando activamente en la prueba piloto. “Este piloto de 180 días ―señaló― es un paso fundamental para ajustar y fortalecer la implementación de la reforma, siempre bajo los principios de transparencia, responsabilidad y apertura al diálogo”.

Rappi dijo que participó en las mesas de trabajo convocadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS que derivaron en la reforma laboral. Y en los últimos meses, trabajó en las adaptaciones internas necesarias para cumplir con la reforma a la Ley Federal del Trabajo y prepararse para la prueba.

Isabella Mariño Rivera, directora de Asuntos Públicos de Rappi México, destacó que “México está marcando un precedente global al proponer soluciones innovadoras que reconocen la naturaleza flexible del trabajo en plataformas digitales y lo integran a esquemas de protección social”.