Reflector anaranjado

El gobierno de Costa Rica impulsa el proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), cuyos objetivos son brindar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y reducir la brecha digital. El PNAD incluye la infraestructura necesaria, el servicio de conectividad, el equipamiento y el material didáctico requerido.

El proyecto contempla la inclusión del programa de Alfabetización Digital en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y otorgarle financiamiento permanente con presupuesto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Por ello, plantea trasladar recursos del Fonatel al Ministerio de Educación (MEP),para acortar la brecha de acceso entre la población estudiantil.

Algunos proyectos como Hogares Conectados y Espacios Públicos Conectados que actualmente ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), se trasladarían al MEP. Estos programas y proyectos se financian mediante el pago que realizan los operadores que se destina al Fonatel, tal como lo establece la Ley General de Telecomunicaciones de 2008.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) ha manifestado que no hace falta una nueva legislación, sino voluntad política del ente rector para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

El proyecto, que corresponde al expediente legislativo No. 22-206, fue propuesto por la diputada Yorleni León y cuenta con el respaldo del presidente Carlos Alvarado Quesada. Con él, el gobierno busca adecuar el sistema educativo a las circunstancias actuales, impuestas por la pandemia de Covid-19. Por ello, el mayor impacto de esta ley sería la disminución de la brecha digital que existe en Costa Rica, principalmente entre la población escolar.

El miércoles 10 de marzo, la contralora General de la República, Marta Acosta, criticó fuertemente el proyecto. En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, destacó como principales defectos la falta de claridad sobre el costo de oportunidad y el impacto de la iniciativa y la duplicación de funciones con la Sutel.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que congrega a los principales operadores de telecomunicaciones en Costa Rica, también ha externado su desacuerdo. Ha manifestado que no hace falta una nueva legislación, sino voluntad política del ente rector para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

El presidente de Infocom, Mario Montero, explicó que le corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones (Micitt) diseñar políticas públicas en materia de apropiación digital y ejecutarlas a través del Fonatel, para lo que no se requiere una nueva ley.

Mientras que la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, ha respaldado a la diputada León y defendido públicamente su propuesta, pues considera necesario integrar la alfabetización digital al modelo educativo y cree que el proyecto fortalecerá la rectoría del Micitt, al propiciar un extenso diálogo y análisis conjunto con el MEP y la Sutel.

Por lo pronto, queda esperar para ver si el proyecto finalmente se aprueba en la Asamblea pese a la reticencia de los representantes de la industria y algunos órganos costarricenses.

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Reflector rojo

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que propuso el diputado de Morena, Mario Delgado, y que se aprobó en el Senado de México, raya en la fantasía: costará muy caro no sólo en lo económico sino en la privacidad de los más de 124 millones de usuarios que hay en México.

Resulta una iniciativa fantasiosa pues pensar que con el registro se terminará el delito de extorsión telefónica es simplemente eso, una fantasía. Y es que creer que los extorsionadores y delincuentes van a acudir a un Centro de Atención a Clientes de las compañías telefónicas para registrar sus datos y poder utilizar la línea para cometer delitos, es simplemente ridículo. 

La industria, académicos y representantes de la sociedad civil han expuesto a los legisladores todas y cada una de las razones de por qué resulta inviable y de consecuencias catastróficas para los usuarios, pues además atenta contra derechos constitucionales como lo es el de comunicarse y acceso a las tecnologías, ya que en caso de no hacer el registro, se suspenderá la línea. 

Las sesiones en las cuales se aprobó el dictamen fueron decepcionantes y hasta frustrantes, pues no existió discusión. Algunos senadores de oposición expresaron argumentos en contra de la propuesta que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para poder crear el registro; sin embargo, los legisladores de la bancada en el poder, que son mayoría, han hecho caso omiso. Sin debatir y sin entender el tema, simplemente votaron a favor. 

Con la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, los suscriptores quedan expuestos: la base de datos almacenará su nombre, dirección, credencial con fotografía y hasta sus datos biométricos.

En la discusión que subió al Pleno del Senado la oposición planteó reservas en algunos artículos del dictamen para eliminar obligaciones, sobre todo la que tiene que ver con la recopilación de datos biométricos y el acceso a éstos por parte de cualquier autoridad sin orden judicial. 

Sin embargo, ninguna de las reservas fue discutida porque la mayoría votó para que éstas no se debatieran y el dictamen pasó tal y como se propuso. 

“Serán los propios operadores telefónicos los encargados de recopilar los datos, pero quien lo resguardará y administrará será el Instituto Federal de Telecomunicaciones.”

— Alejandro González

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Está comprobado con una experiencia pasada, la del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) en 2009, que una base de datos de estas características podría terminar en las manos equivocadas, pues la del Renaut fue encontrada a la venta por 500 pesos en el mercado negro mexicano. 

Los argumentos no bastaron para los legisladores que votaron a favor, incluso hubo alguno que mencionó que habría que intentarlo de nuevo, aunque no dio mayor explicación o propuestas para el manejo adecuado de la base de datos. 

Serán los propios operadores telefónicos los encargados de recopilar los datos, pero quien lo resguardará y administrará será el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Además, el propio órgano regulador de las telecomunicaciones ha señalado que actualmente no tiene la capacidad económica (se prevé que de inicio se requieran 109 millones de pesos para echarlo a andar y 82 millones anuales para mantenerlo) y de personal para hacerse cargo de un padrón tan delicado que requiere una custodia tecnológica de vanguardia y recursos humanos altamente capacitados. 

Una vez que se ha aprobado el dictamen y se publique en el Diario Oficial de la Federación, correrá el plazo de 24 meses para registrar las 124 millones de líneas, más las nuevas que se acumulen. 

Se espera una lluvia de amparo. Por lo pronto, senadores de oposición aseguraron que harán lo conducente para intentar que se declare inconstitucional. 

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