Reflector anaranjado

El gobierno de Costa Rica impulsa el proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), cuyos objetivos son brindar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y reducir la brecha digital. El PNAD incluye la infraestructura necesaria, el servicio de conectividad, el equipamiento y el material didáctico requerido.

El proyecto contempla la inclusión del programa de Alfabetización Digital en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y otorgarle financiamiento permanente con presupuesto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Por ello, plantea trasladar recursos del Fonatel al Ministerio de Educación (MEP),para acortar la brecha de acceso entre la población estudiantil.

Algunos proyectos como Hogares Conectados y Espacios Públicos Conectados que actualmente ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), se trasladarían al MEP. Estos programas y proyectos se financian mediante el pago que realizan los operadores que se destina al Fonatel, tal como lo establece la Ley General de Telecomunicaciones de 2008.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) ha manifestado que no hace falta una nueva legislación, sino voluntad política del ente rector para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

El proyecto, que corresponde al expediente legislativo No. 22-206, fue propuesto por la diputada Yorleni León y cuenta con el respaldo del presidente Carlos Alvarado Quesada. Con él, el gobierno busca adecuar el sistema educativo a las circunstancias actuales, impuestas por la pandemia de Covid-19. Por ello, el mayor impacto de esta ley sería la disminución de la brecha digital que existe en Costa Rica, principalmente entre la población escolar.

El miércoles 10 de marzo, la contralora General de la República, Marta Acosta, criticó fuertemente el proyecto. En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, destacó como principales defectos la falta de claridad sobre el costo de oportunidad y el impacto de la iniciativa y la duplicación de funciones con la Sutel.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que congrega a los principales operadores de telecomunicaciones en Costa Rica, también ha externado su desacuerdo. Ha manifestado que no hace falta una nueva legislación, sino voluntad política del ente rector para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

El presidente de Infocom, Mario Montero, explicó que le corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones (Micitt) diseñar políticas públicas en materia de apropiación digital y ejecutarlas a través del Fonatel, para lo que no se requiere una nueva ley.

Mientras que la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, ha respaldado a la diputada León y defendido públicamente su propuesta, pues considera necesario integrar la alfabetización digital al modelo educativo y cree que el proyecto fortalecerá la rectoría del Micitt, al propiciar un extenso diálogo y análisis conjunto con el MEP y la Sutel.

Por lo pronto, queda esperar para ver si el proyecto finalmente se aprueba en la Asamblea pese a la reticencia de los representantes de la industria y algunos órganos costarricenses.

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Reflector anaranjado

La salida de Azteca Comunicaciones de la concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) es inminente, luego de que en sus siete años de existencia el proyecto ha mostrado una subutilización de infraestructura y deficiencias en el modelo de operación.

A mediados de marzo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el proceso para terminar el contrato de Asociación Público-Privada (APP) con la empresa, siguiendo la causal de interés público.

De acuerdo con el cronograma que ha trazado la dependencia, el 17 de mayo llevará a cabo una audiencia pública con Azteca, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y otras partes interesadas para definir los detalles. Hacia el 16 de julio fijará una fecha de culminación.

El antecedente inmediato es que la compañía de capital mexicano presentó un proyecto de adenda en los últimos días de 2019 para poner fin al acuerdo de APP, con el argumento de que no le ha proporcionado los resultados financieros esperados y necesarios para su funcionamiento, y el esquema bajo el cual opera ya no responde a la realidad actual del mercado de banda ancha de fibra.

A partir de ese momento, por más de un año el MTC y Azteca han mantenido negociaciones que no han dado frutos para la satisfacción de ambas partes. Por ello, el Ministerio ahora avanza en la resolución para proteger el interés público de un proyecto que ha sido emblema en la agenda digital del gobierno desde 2014 cuando se realizó la concesión.

Las tensiones entre el Ministerio y el operador se agudizaron luego del fallo de un tribunal arbitral que determinó que Azteca debe adquirir la propiedad de los terrenos e inmuebles sobre los cuales se han construido nodos de la red de fibra, al considerar que esto forma parte de las obligaciones de su contrato de concesión.

La red troncal desfasada
Únicamente se utiliza 3.2 por ciento de la capacidad instalada de la RDNFO, según datos del MTC. Aunque es una infraestructura valiosa y su objetivo de abonar al cierre de la brecha digital es ambicioso, nunca despegó. El proyecto se gestó pensando que brindaría servicios a los operadores de telecomunicaciones, pero muy pronto ellos observaron que les convenía más desplegar fibra propia.

Ahora los resultados muestran que los costos de mantener la red dorsal son superiores a los beneficios. Los ingresos que percibe el Estado sólo alcanzan para cubrir 7.7 por ciento de los gastos, y para Azteca no ha sido un caso de negocios.

Cuando se estaba planteando el proyecto, se había detectado un déficit de infraestructura en el país, lo que representaba una oportunidad latente para dar soluciones de transporte de tráfico. Sin embargo, un diagnóstico del Banco Mundial indica que a partir de 2018 creció la oferta de servicios portadores, cuando se habían tendido unos 45 mil kilómetros de fibra óptica entre varios operadores.

“Aún cuando se diera la salida de Azteca, el gobierno debe plantear un proyecto realista para permitir la operación rentable de la red y así poder encontrar uno o más operadores.”

— Violeta Contreras

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Las barreras que encontró el organismo internacional fueron las limitaciones propias del mercado, lo cual incluye la proliferación de redes de fibra, la integración vertical en el mercado y toma de decisiones no basadas en los costos; así como las restricciones en los incentivos, pues se estructuró una oferta inflexible, la imposibilidad de vender a operadores internacionales o procedimientos engorrosos.

En 2018, el Osiptel también había lanzado una consulta pública con el objetivo de mejorar el modelo de operación de la red. Además de las barreras para el modelo identificadas por el Banco Mundial, el Organismo consideraba también que la proyección de la demanda en el proyecto original pudo haber sido muy optimista. El proyecto original presentado en 2013 no había considerado la competencia de otras redes de fibra, la capacidad de la tecnología 4G y la adopción del Internet móvil.

El MTC ha tratado de abordar algunas de estas limitantes. En septiembre de 2019, publicó una resolución que busca mejorar el modelo de operación de la RDNFO con la modificación del reglamento de la Ley de Promoción de Banda Ancha. Entre los cambios, destaca que se permite a la red considerar la flexión con enlaces internacionales y comercializar servicios a otros proveedores, pero no a usuarios finales.

El proyecto se vio finalmente rebasado por el avance tecnológico que lleva consigo no solo el crecimiento de las capacidades de la tecnología, sino también el abaratamiento de los equipos y la infraestructura que, a su vez, facilita la entrada de nuevos competidores. Aún cuando se diera la salida de Azteca, el gobierno debe plantear un proyecto realista para permitir la operación rentable de la red y así poder encontrar uno o más operadores.

Asimismo, cabe recordar que una de las proyecciones iniciales para aprovechar la capacidad de la RDNFO era la puesta en marcha de la Red Nacional del Estado Peruano o REDNACE, que conectaría a las oficinas públicas del gobierno, además de ofrecer servicios públicos como salud o educación. Tampoco se ha concretado el lanzamiento de la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE) que conectaría las universidades y centros educativos del país

En ese sentido, aparejado a la resolución final sobre el contrato con Azteca, el gobierno debería poner en marcha un plan que le permita el relanzamiento de los proyectos REDNACE y RNIE, de modo que sea atractiva la operación de la red dorsal, además de aprovechar su capacidad para atender las necesidades de conectividad surgidas a partir de la pandemia por Covid-19.

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