El Financiero Caarlos Cordero

La Red Educativa del Bicentenario seguirá a la velocidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para dar conectividad de banda ancha a 4.423 centros educativos.

La Sutel es la unidad ejecutora encargada de la instalación, a través de diferentes proveedores, de 2.375 escuelas y colegios. La otra unidad ejecutora, la Fundación Omar Dengo (FOD), fue separada del proyecto por orden de la Contraloría General de la República que consideró que los convenios establecidos no dan sustento legal para que sea la encargada de la conectividad de los otros 2.048 centros educativos.

“En acatamiento inmediato de la orden emitida por la Contraloría en octubre de 2021, el MEP remitió al ente contralor, y en el plazo debido, el plan de acción que detalla las actividades que deben ser ejecutadas para planificar la ruta que debe tomar”, dijo Paula Villalta, viceministra de planificación institucional y coordinación regional del MEP.

Para la entidad esto implicará determinar la unidad ejecutora e iniciar los procesos de contratación de operadores que deberán realizar las instalaciones de redes internas y de los enlaces de banda ancha en cada centro educativo.

En el caso de la Sutel apenas lleva, a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), menos de la quinta parte de las conexiones establecidas actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 (PNDT).

De acuerdo a Sutel, la meta establecida el 29 de febrero del 2021 por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en el PNDT es de 516 escuelas y colegios, “proceso que culminará en 2022″.

Este 17 de diciembre, Sutel comunicó que ha conectado 95 escuelas y colegios a banda ancha entre 15 y 500 Mbps, de los cuales cinco aún están en proceso de aceptación por parte del MEP.

La Superintendencia agregó que desde la asignación de la meta inició acciones y firmó contratos con cuatro operadores de telecomunicaciones para proveer Internet de banda ancha a los primeros 673 centros educativos. Aseguró que actualmente se realizan trabajos simultáneos en 458 centros educativos que se encuentran en diferentes fases de ejecución.

“El Consejo Directivo de la Sutel, en coordinación con los operadores contratados, realiza un esfuerzo adicional para avanzar al máximo con la meta asignada y lograr el mayor avance antes del inicio del ciclo lectivo el 17 de febrero del 2022″, prometió la entidad en el comunicado enviado.

Nuevo proceso

El MEP recibió la orden de la Contraloría de separar a la FOD del proyecto de la Red del Bicentenario hace dos meses, pero el Ministerio y la Fundación presentaron recursos que fueron resueltos el pasado 14 de diciembre. La Contraloría mantuvo su decisión.

Villalta indicó que la gran mayoría de centros educativos que iban a ser atendidos por la FOD ya disponen de conectividad, muchos incluso con fibra óptica, lo que hará factible mantener, garantizar y mejorar (en los casos en que sea posible) el servicio. Para cumplir con lo que se propuso en el proyecto, sin embargo, el MEP deberá desarrollar los estudios “pertinentes”.

La funcionaria reiteró que lamenta la decisión de la Contraloría y que el proyecto planificado con la Fundación era la mejor alternativa en tiempo y forma, pues incluso ya había iniciado y estaba muy cerca de comenzar las instalaciones.

“La situación actual implicará mayores plazos para alcanzar los mismos objetivos, lo que tendrá repercusiones sobre las amplias brechas de acceso a conectividad en el sistema educativo”, acusó Villalta.

El MEP mantiene que, luego de 10 años de intentos fallidos por iniciar una red educativa, se había conseguido finalmente arrancar con dos unidades ejecutoras (Sutel-Fonatel y FOD).

“Que una de estas unidades ejecutoras no pueda continuar participando, dada la orden emitida por la Contraloría, afecta enormemente a los estudiantes y personal docente, quienes no lograrán contar con estos servicios de conectividad en el corto plazo”, dijo Villalta. “Deberán esperar un poco más de tiempo para tener una solución concreta e integral a sus problemas de conectividad; condición agravada por la situación vivida actualmente con motivo de la pandemia”.

La viceministra respondió que las acciones para que el MEP se haga cargo de la Red directamente, siguiendo la orden de la Contraloría, ya se comunicaron a el órgano contralor a comienzos de noviembre pasado. “Todas tienen plazos para su ejecución, por lo que desde ese momento todas se vienen desarrollando según el calendario de trabajo definido en el plan de trabajo solicitado por el ente contralor”, indicó Villalta.

La FOD también lamentó la resolución emitida por la Contralora y acusó que los principales afectados serán más de 700.000 estudiantes —el 73% de la población estudiantil del sistema público— “a quienes se les están negando las condiciones adecuadas para el aprendizaje híbrido que imponen las circunstancias actuales”.

La Fundación afirmó que la decisión marca un retroceso educativo de al menos dos años, en un contexto de “apagón educativo” y una década de atraso del proyecto de la Red Educativa.

“La gravedad de las consecuencias de esta resolución es realmente preocupante frente a la ausencia de propuestas integrales que atiendan las necesidades de los estudiantes y los requerimientos del propio MEP, así como de capacidades demostradas de ejecución de una iniciativa compleja como esta”, manifestó Marcelo Carvajal, gerente general de la FOD.

Carvajal agregó que el modelo técnico de la Red del Bicentenario —basado en las mejores prácticas internacionales, planteado por el MEP y desarrollado junto a la FOD— nunca estuvo bajo cuestionamiento y que la FOD está especializada en la incorporación de las tecnologías para aprender y mejorar la gestión educativa.

CRHOY Alexánder Ramírez

La Contraloría General de la República (CGR) despedazó la defensa del Ministerio de Educación Pública (MEP) para mantener a la Fundación Omar Dengo en la Red Educativa del Bicentenario, proyecto estrella del gobierno de Carlos Alvarado.

La entidad fiscalizadora rechazó este martes los recursos de apelación presentados por la exministra del MEP, Giselle Cruz, y el presidente de la Junta Directiva de la Fundación Omar Dengo, Gabriel Macaya, contra la decisión de dejar por fuera a esta última entidad del proyecto, cuyo propósito es conectar a más de 4 mil centros educativos con banda ancha.

También descalificó alegatos en una línea similar hechos por el actual jerarca del MEP, Steven González.

En términos generales, la CGR ha mantenido la tesis de que el MEP no puede transferirle competencias constitucionales y legales a un ente privado para el desarrollo de proyectos de interés público, como la Red Educativa del Bicentenario.

Uno a uno, la contralora general de la República, Marta Acosta, se trajo abajo los argumentos del MEP para mantener a la Fundación Omar Dengo en el proyecto que ha despertado dudas.

Aquí encontrará un resumen de las principales razones técnicas y legales en las que se basó la Contraloría para rechazar los recursos:

• Hay incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales del MEP para el desarrollo de la Red Educativa del Bicentenario.
• La Red Educativa del Bicentenario no es simplemente un servicio complementario para brindar calidad en la conectividad y mejorar la implementación de tecnologías digitales, sino que va más allá de eso porque se trata de un proyecto de alcance nacional.
• No es de recibo que se pretenda hacer creer que luego de trasladarle las competencias a la Fundación Omar Dengo, el MEP realizara un análisis de la factibilidad técnica y legal porque debió haberse efectuado antes de tomar la decisión.
• Tampoco se puede aceptar el argumento de contratar un proveedor externo que brinde los servicios porque lo procedente es que el MEP active los procedimientos de la contratación administrativa.
• La CGR reprocha que los datos sobre los fondos económicos para el proyecto los maneje la Fundación Omar Dengo y no el MEP.
• No es de recibo que la Red Educativa del Bicentenario se considere un proyecto para la adecuada implementación del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie).
• La Contraloría no ve pertinente referirse a la totalidad de argumentos planteados, sino solo a aquellos que guarden relación directa con la medida cautelar de dejar por fuera a la Fundación Omar Dengo del proyecto.
• El MEP alega que los estudios complementarios que realizó evidencian que tuvo una participación activa en la gestión y desarrollo del proyecto, pero a criterio de la Contraloría, no logró demostrarlo.
• Sobre el argumento de la falta de capacidad del MEP para asumir la Red Educativa del Bicentenario y la forma de llevar el servicio a la ciudadanía, la CGR aclaró que no puede coadministrar en la toma de decisiones, pero sí recordó que con respecto a la decisión de utilizar a la Fundación Omar Dengo no se hizo un estudio para demostrar que tenía la capacidad de asumir el proyecto.

En su pronunciamiento, la Contralora General de la República reconoció la importancia de la Red Educativa del Bicentenario y la participación de entes privados en la articulación de soluciones para cubrir necesidades de interés público.

“No obstante, la posibilidad de contar con la participación de privados no puede conducir a renunciar a las potestades y competencias públicas y a un vaciamiento del aparato estatal casi por una inoperancia de hecho. El MEP tiene a cargo grandes desafíos y responsabilidades, como también una importante dotación de recursos económicos y la planilla más grande del Estado. Por eso, es inadmisible que tratándose de la Red Educativa del Bicentenario prácticamente se abdique de las competencias aludiendo a una imposibilidad de llevar adelante el proyecto”, reprendió Acosta.

En agosto de 2018, el MEP -con el beneplácito del presidente Carlos Alvarado– eligió a dedo a la Fundación Omar Dengo para la ejecución del proyecto y alegó que no tenía la capacidad y los recursos para hacerlo.

El Gobierno se comprometió a girarle a ese ente privado $7,4 millones anuales. De ese monto, la Fundación podía dejarse un 10% para gastos administrativos.

CRHoy Erck Murillo

La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) le hizo un llamado al Gobierno para que defina de manera urgente la ruta a seguir por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la Red del Bicentenario.

La petición se hizo tras la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de suspender inmediatamente la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la Fundación Omar Dengo (FOD) para la implementación de la Red Educativa del Bicentenario.

El 8 de octubre pasado la Contraloría informó que había detectado “serias deficiencias” en la adjudicación de Red del Bicentenario, relacionados con incumplimientos legales y técnicos con el traslado de competencias esenciales del MEP a FOD.

La Red Educativa del Bicentenario tiene como objetivo brindar conectividad a Internet de banda ancha o mejorar la existente en 2.048 escuelas y colegios públicos de todos los cantones.

“En estos momentos el principal foco de interés y preocupación de Camtic son todos aquellos estudiantes y educadores en condiciones de vulnerabilidad, quienes se están viendo afectados negativamente ante la falta de decisiones, y verán cada día más limitadas las oportunidades en un mundo cada vez más competitivo, todo esto en detrimento de la calidad de vida.

No es el momento de buscar culpables, es el momento de tomar decisiones en materia de conectividad y alfabetización digital, por lo que el Gobierno de la República debe emitir la política pública necesaria en el tema de alfabetización digital y la conectividad de las escuelas; para mañana será tarde”, señaló Paul Fervoy, presidente de Camtic.

“Si bien es cierto el MEP impugnó la orden de la CGR y ésta se encuentra conociendo dichos recursos, es importante que el Poder Ejecutivo adopte a la brevedad posible las medidas necesarias a efecto de retomar y asumir directamente las competencias esenciales y los deberes públicos vinculados a esa Red conforme al marco legal aplicable”, añadieron en un comunicado.

El Financiero Carlos Cordero

El proyecto de conexiones de banda ancha para los centros educativos en Costa Rica venía desde la administración anterior, pero el actual gobierno quiso hacerlo suyo y lo rebautizó. Una sucesión de decisiones desde el inicio de la Administración Alvarado tendría la iniciativa prácticamente varada, bajo cuestionamiento político y de la Contraloría General de la República.

El 12 de octubre pasado la Contraloría ordenó a la Fundación Omar Dengo (FOD) hacerse a un lado del proyecto de la Red Educativa del Bicentenario (REB) y que su parte la asuma directamente el Ministerio de Educación Pública (MEP). El Ministerio presentó un recurso contra esa orden.

“Para que este país salga adelante se requieren alianzas público-privadas. En el marco de este proyecto y de su objetivo hay un convenio que encaja”, sostuvo Paula Villalta, viceministra de planificación institucional y coordinación regional del MEP.

La Contraloría tiene un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de su presentación, para resolver, tiempo en el cual la FOD no puede ejecutar ninguna acción.

El proyecto de la REB tiene como meta brindar enlaces de banda ancha a casi 4.500 escuelas y colegios, así como instalar una red local en los centros educativos que permita aprovechar velocidades que alcanzarían hasta 500 Mbps.

Para el proyecto hay dos unidades ejecutoras: la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que debe brindar conectividad a 2.375 centros educativos (53% del total), y la FOD, a cargo de 2.139 escuelas y colegios con un total de 700.000 estudiantes.

La Sutel indicó a principios de octubre que ya tenía 41 centros educativos conectados y trabaja en otros 228. Estas instalaciones se realizan con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

La meta aquí es conectar, a través de operadores con los que se amplió contratos, 516 escuelas y colegios para el final del presente año. La Sutel inició su participación hasta que el Micitt realizó en febrero de 2021 la modificación del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), un requerimiento legal para permitirlo.

Con la FOD la intención del gobierno era que desde marzo del 2021 se iniciaran las instalaciones. La Fundación impulsó sin éxito una licitación para contratar un operador —que realizará las instalaciones en 150 días a un ritmo de 300 centros educativos por mes— en dos ocasiones, la segunda anulada parcialmente pocos días antes que la Contraloría emitiera su orden de apartarse.

Más allá de las inconsistencias halladas en este proyecto, el diputado Pedro Múñoz considera que se debe pedir cuentas sobre los resultados de los proyectos y los recursos transferidos a la FOD desde hace varias décadas, financiados mediante el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del MEP.

La Administración Alvarado también apoya un proyecto de ley de alfabetización digital que trasladaría recursos de Fonatel al Pronie y de esa forma la FOD se haría cargo del mismo. La industria de telecomunicaciones y la Contraloría cuestionan esta iniciativa gubernamental como innecesaria debido a que ya existen programas, recursos y entidades que pueden cumplir ese mismo fin.

Cuello de botella

Cuando las autoridades decidieron que los centros educativos debían tener Internet en 2004, se contrató el servicio al único operador existente en ese momento, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). A esta altura, ya el Pronie tenía casi 15 años de estar a cargo de la FOD gracias a un convenio firmado en 1989.

En 2013 el MEP y el ICE suscribieron una adenda para aumentar los anchos de banda en los centros educativos incluidos en el contrato original de una década atrás. Aún así, la velocidad de los enlaces seguía siendo un problema.

En 2017, por ejemplo, las velocidades de los enlaces era de 6 a 10 Mbps por centro educativo y solo tenían conexión 2.757 escuelas y colegios.

Para atender la situación, el MEP y Sutel elaboraron una propuesta técnica y un convenio a principios de 2018 con el propósito de desplegar una red educativa. Solo se requería que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) diera la orden a Sutel, para utilizar recursos de Fonatel, con la modificación al PNDT.

En ese momento Carlos Alvarado, como presidente electo, manifestó su interés que el proyecto lo realizara la FOD y en mayo se establece un equipo de trabajo del MEP, FOD, “actores del sector privado” y el Micitt, sin incluir a Sutel.

El proyecto se anunció en agosto de 2018 como Red Educativa Nacional de Banca Ancha o del Bicentenario (REB). Seis meses después la FOD publicó un concurso para contratar una empresa que diseñara las redes de los centros educativos.

El diseño fue presentado por la FOD al MEP, al Micitt y a un asesor presidencial en julio de 2019. La FOD propuso, además, que la red se implementara con un modelo llave en mano mediante una compañía integradora.

Al mes siguiente la dirección jurídica del mismo MEP advirtió que el convenio con la FOD solo tiene alcance para las propuestas pedagógicas, pese a que ese acuerdo se había actualizado en 2017.

A finales de ese mes de agosto de 2019, la FOD envía un borrador de convenio para poder ser unidad ejecutora de la REB y tres meses después insistió en que se requería un convenio sobre los niveles mínimos esperados, las responsabilidades “como se conversó en agosto” y el documento legal para las transferencias de recursos.

En noviembre el MEP invitó a la FOD a hacerse cargo de la gestión del proyecto. Además, se comunicó con la FOD pues debían ponerse de acuerdo sobre los mensajes clave para una reunión con el Presidente Alvarado, quien deseaba conocer los detalles del plan de trabajo. La participación de la FOD es un hecho, aunque el anexo 2 del convenio entre ambas entidades se firmó hasta principios de 2020.

A inicios del segundo semestre del 2020, la FOD inició la licitación de la REB. Adjudica, en primera instancia, al consorcio del ICE y el fabricante chino Huawei en diciembre. De inmediato Ufinet y Millicom, que también participaron en el concurso, apelaron. En marzo de 2021 la Contraloría anuló esta adjudicación.

La segunda adjudicación, a Ufinet, fue apelada por sus competidores.

Alertas

En todo el proceso varias situaciones llamaron la atención de la Contraloría. Por ejemplo, que la declaración de intenciones inicialmente firmada entre ambas entidades no daba sustento legal para trasladar la REB a la FOD y que, incluso después de la firma del anexo 2 del convenio MEP-FOD, tampoco se realizó un concurso público para su elección, pues la Contraloría sostiene que la Fundación es una entidad privada.

Fue llamativo también para la Contraloría que fuera la FOD la que indicara al MEP qué tipo de convenio se requería, el diseño de las redes en los centros educativos, y la definición y la adjudicación del cartel, cuando —para el órgano contralor— eso debería ser responsabilidad del MEP.

La contabilidad de los gastos incurridos hasta el momento es otra señal a la cual la Contraloría le puso atención.

En la orden emitida el 14 de octubre para que la FOD se apartara del proyecto, la Contraloría cuestionó que en la propuesta elaborada por la Fundación se incluyen costos por administración de la REB estimados en 8,26% del monto total, sin detallar su desglose. Eso sería $4,5 millones durante toda la ejecución del proyecto. También, que la FOD requeriría casi $1,2 millones para pago de remuneraciones de personal técnico.

En la orden de la Contraloría también se indica que, entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021, el MEP transfirió ¢12.512 millones a la FOD “para ese propósito”, que se compone de: ¢101,5 millones para pagos de salarios de 13 plazas contratadas por la Fundación, ¢4.404 millones para gastos y costos operativos, ¢591 millones para costos de conectividad y ¢7.414 millones para implementar la REB.

La Viceministra Villalta respondió a EF que podría tratarse en realidad de los ¢12.505 millones del presupuesto asignados en este 2021 a los programas del Pronie y que se transfieren a la FOD.

En 2020 también se habrían transferido ¢19.633 millones a la FOD. Villalta indicó que corresponden a recursos para los programas y las acciones que mantuvo la Fundación pese al cierre de centros educativos durante este año por la pandemia.

La funcionaria sostuvo que para la REB el anexo 2 y la Ley de Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa (Nº 8207), de enero de 2002 da suficiente sustento legal para elegir a la FOD.

La misma FOD emitió un comunicado en el que acusa a la Contraloría de “imprecisiones y omisiones importantes”, reitera que el convenio y la Ley Nº 8207 faculta su nombramiento como unidad ejecutora, que la REB forma parte del Pronie, que el MEP mantiene la supervisión y que la misma Contraloría mantiene los controles sobre los presupuestos de la FOD desde hace tres décadas.

“Consideramos que la Contraloría tiene poca claridad sobre la naturaleza de este proyecto”, acusa la FOB en el comunicado.

El Financiero Carlos Cordero

La Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) asumir directamente la Red Educativa del Bicentenario y que la Fundación Omar Dengo (FOD) suspenda cualquier actuación relacionada con este proyecto.

“Se advierte que, independientemente de las acciones que se ejecuten, el MEP deberá garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las opciones que actualmente utiliza el MEP, las cuales, según lo indicado por la Administración, permiten la conexión de 4.821 centros educativos”, indica la resolución DFOE-CAP-ORD-00001-2021 con fecha del 11 de octubre y elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría.

La Contraloría respondió también el 12 de octubre una denuncia ciudadana que cuestionaba las relaciones entre el MEP y la FOD en la que se indica que “producto de las revisiones y análisis ejecutados, se detectaron incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales del MEP para el desarrollo de la citada Red a la FOD”.

Con el proyecto de la Red del Bicentenario se conectan a 2.375 centros educativos a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y otras 2.139 por medio del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del MEP, cuya ejecución está a cargo de la FOD y para lo cual se estableció un anexo 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la FOD.

La Contraloría aclaró que la orden no se refiere a las actuaciones de Fonatel, a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), ya que su participación fue oficializada y formalizada en una meta dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). El PNDT es establecido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y por su medio se indican los proyectos de Sutel y Fonatel en brecha digital.

El pasado 6 de octubre la Contraloría anuló la adjudicación que realizó la FOD a favor de Ufinet para este proyecto. Adicionalmente la Contraloría ha advertido que varios proyectos de alfabetización de ley que se han planteado en la Asamblea Legislativa para desviar recursos de Fonatel hacia Pronie, cuya ejecución estaría a cargo de la FOD, son innecesarios.

Sutel, por su parte, comunicó el pasado 8 de octubre que a través de Fonatel ya se han conectado 41 escuelas y colegios públicos con enlaces de hasta 500 Mbps, como parte de lo que le corresponde de la Red Educativa del Bicentenario. De esos centros educativos, 18 habrían sido recibidas a satisfacción por el MEP y las restantes están en proceso de revisión.

Tres mandatos

La Contraloría ordenó al MEP “adoptar, a la brevedad posible, las medidas necesarias a efecto de retomar y asumir directamente las competencias esenciales y los deberes públicos vinculados a la Red Educativa del Bicentenario”. Asimismo, que en un plazo de 24 horas a la Fundación Omar Dengo suspenda cualquier actuación relacionada con el proyecto y otorga cinco días hábiles para entregar una certificación en la que haga constar las acciones adoptadas en cumplimiento de lo ordenado.

En la orden la Contraloría recordó las responsabilidades del MEP en el área educativa y en la contratación de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información requeridos, para lo cual cuenta con un órgano técnico responsable, la Dirección de Informática de Gestión, que a su vez tiene una unidad (el Departamento de Adquisición Tecnológica) encargado de la actualización de equipos y comunicaciones. Además, recordó que la misma Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP señaló en 2019 que en las adquisiciones se deben seguir las normas de contratación administrativa.

Pese a eso la Contraloría acusa una nula participación del Ministerio en la planificación, dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones, indicadores de desempeño y demás aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto de la Red del Bicentenario. “Estas actividades y responsabilidades se transfieren a la Fundación como si fuere el propio MEP”, indica la Contraloría.

El documento indica que cuando el MEP identificó la necesidad de mejorar la conectividad de los centros educativos se suscribió una carta de entendimiento con la FOD y que la FOD participa en el Consejo Asesor y el Comité Técnico del proyecto, obviando que la misma Procuraduría General de la República ha sostenido que las fundaciones son personas jurídicas privadas.

Se agrega que la FOD contrató una empresa para obtener el diseño de la Red, adoptado por el Consejo Técnico y fue designada por el MEP para el desarrollo del proyecto en diciembre de 2019. Eso quedó oficializado en el anexo 2 añadido al convenio del MEP y la FOD y en las 19 funciones ahí incluidas, que van desde la planificación hasta la confección de los carteles de licitación, pago a proveedores, supervisión de obras y servicios, y el establecimiento de planes de mejora.

La Contraloría insistió que las responsabilidades asignadas a la FOD corresponden a diferentes instancias del MEP. “El MEP, al haber asignado a la FOD responsabilidades que corresponden a sus unidades institucionales, genera un vaciamiento de las competencias dadas por el legislador e incluso el constituyente a dicho Ministerio”, dice la Contraloría.

“Si bien es el MEP quien aporta los recursos públicos para el desarrollo del proyecto, no ha sido el actor que definió los elementos básicos de la conceptualización y desarrollo de la Red”, reitera el documento. “El MEP ha transferido la función de determinar cómo satisfacer las necesidades educativas a su cargo, relacionadas con la incorporación de las tecnologías de información en un sujeto de Derecho privado”.

Más allá de lo establecido

La Contraloría también indicó que la Ley Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa (N° 8207) del 3 de enero de 2002 facultó al MEP a trasladar fondos a la FOD para el Pronie, pero no establece la transferencia de las competencias y deberes del MEP “dado que el ejercicio de las competencias de la Administración Pública constituyen un deber público”. “Considerar otra cosa, resultaría una lectura contraria al ordenamiento jurídico”, recalcó la Contraloría.

El documento también indica que no se realizó un análisis que motive la decisión tomada por ese Ministerio, respecto a la inclusión de la Red del Bicentenario como parte del Pronie ni un análisis de factibilidad para tener la certeza sobre la idoneidad o capacidad técnica de la FOD para la ejecución del proyecto. “El MEP además de transferir indebidamente a un sujeto privado sus competencias, tampoco acreditó que este cuenta con la capacidad técnica para el desarrollo de las actividades encargadas”, recalcó la Contraloría.

El documento indica que para la ejecución de la Red del Bicentenario la FOD requirió la contratación de personal técnico para ocupar 13 plazas para la atención exclusiva del proyecto “con cargo a los recursos públicos transferidos por el MEP” y un proceso licitatorio para adjudicar a un operador la ejecución del proyecto. De hecho, la FOD eligió en un primer concurso al consorcio del ICE-Huawei y luego a Ufinet el contrato por 7,3 millones, ambas adjudicaciones anuladas por la Contraloría.

La Contraloría también cuestionó algunas cifras de costos. En primer lugar, que el MEP aprobó una propuesta de la FOD que incorpora gastos de administración del 8,26% del monto total “sin detallarse el desglose de este rubro o definirse parámetros para su ejecución”. En segundo lugar, gastos administrativos por $4,5 millones durante la ejecución del proyecto. En tercer lugar, que en los cinco años se requeriría casi $1,2 millones para pago de remuneraciones al personal técnico.

“Lo anterior evidencia que la transferencia indebida de las competencias del MEP a la Fundación representa costos que se estiman en un total aproximado de $5,683,058 por el plazo estimado del proyecto (5 años), el cual podría incrementar, dada la posibilidad de prórroga concebida en el artículo 15 del Anexo N° 2″, indica la Contraloría.

Otro cuestionamiento es que, aunque la instalación de las conexiones no realizó nunca, desde el 1° de enero de 2020 al 31 de agosto del 2021 el MEP habría transferido más de ¢12.512 millones a la FOD para pago de personal técnico, gastos operativos, costos de conectividad e implementación de la Red.

La Contraloría insistió: “Lo anterior se realiza aun cuando el MEP cuenta con la estructura organizacional que gestiona los servicios de conectividad, tecnología e internet para los centros educativos y sus dependencias administrativas en diversas zonas del país, actualmente contratados y en operación”.

El Financiero Carlos Cordero

La Contraloría General de la República declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el consorcio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la firma Huawei contra la adjudicación que realizó la Fundación Omar Dengo (FOD) a favor de la firma Ufinet de Red del Bicentenario.

A la FOD, con recursos del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del Ministerio de Educación Pública (MEP), le corresponde brindar conectividad a 2.048 centros educativos de los 4.415 en total. El resto son responsabilidad de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La resolución de la Contraloría ordena a la FOD efectuar el análisis de las cartas de experiencia presentadas tanto por el Consorcio ICE-Huawei como por la empresa Ufinet, en igualdad de condiciones y determinando previamente la forma en que el requisito cartelario debe ser efectivamente aplicado.

La FOD había adjudicado la licitación a Ufinet, para la instalación de conexiones de banda ancha en centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), por un monto de $7,3 millones.

La Contraloría también tramitó otro recurso de apelación en contra de esa adjudicación presentado por la firma Millicom Cable Costa Rica S.A. (Tigo), el cual fue declarado sin lugar.

“Con la declaratoria parcial del recurso del Consorcio ICE-HUAWEI, se dispuso anular el acto de adjudicación dadas las serias deficiencias detectadas en la adjudicación”, indicó la Contraloría.

Según el comunicado, esas deficiencias se producen especialmente en el análisis efectuado por la FOD de los proyectos aportados por los oferentes como experiencia previa, según lo requerido por el cartel de la contratación.

La Contraloría habría considerado que existen ambigüedades importantes derivadas desde el mismo cartel, en cuanto al tipo y cantidad de actividades que para un mismo proyecto debía ser acreditado como experiencia por cada oferente.

La FOD había adjudicado la Red del Bicentenario el 27 de julio anterior, luego que tuvo que reiniciar el proceso inicialmente concedido al consorcio del ICE y Huawei.

La Sutel, a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), debe conectar 2.375 centros educativos. Según el MEP la FOD se comprometió con entregar 1.500 centros educativos y Sutel con 516 al finalizar este año.

El Financiero Carlos Cordero Pérez.

A mitad de este año 2021 en el cual Costa Rica cumple el bicentenario de su independencia, avanza a medias la red de banda ancha que lo conmemora y con la que se quiere conectar a 4.423 centros educativos.

La Fundación Omar Dengo (FOD), que en el segundo semestre de 2020 lanzó la licitación para la elección del proveedor, se encuentra analizando otra vez las ofertas presentadas en un nuevo proceso después la anulación de la primera adjudicación por la Contraloría General de la República en marzo pasado. “Nuestra proyección es iniciar con los primeros centros educativos durante el segundo semestre del 2021”, dijo Marcelo Carvajal, gerente general de la FOD.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que pudo empezar sus tareas cuando el Poder Ejecutivo incluyó la meta en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) a finales de febrero anterior, ya incorporó a los programas de reducción de brecha digital los 516 centros educativos que se le exigió conectar durante este 2021.

“Siendo que la meta en el eje Fonatel fue definida por el Micitt el 26 de febrero de 2021, la Sutel ha avanzado en un 15% de los procesos de planificación y ejecución de lo programado para este año”, indicó Federico Chacón, presidente del Consejo de la Superintendencia.

A la FOD le corresponde conectar 2.048 centros en 82 cantones, utilizando recursos del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del Ministerio de Educación Pública (MEP). El resto de los centros educativos (2.375) está a cargo de Sutel, para lo cual se utilizan recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que ya brinda conectividad a 1.445 centros a través del Programa de Comunidades Conectadas. Reinicio

Tras la resolución de la Contraloría el 10 de marzo anterior que anulaba la primera adjudicación, la FOD inició el nuevo proceso de licitación once días después, publicando el nuevo cartel. La fecha de cierre concluyó el pasado 27 de mayo y se recibieron ofertas de Unifet, Tigo y el consorcio ICE-Huawei. Las propuestas están en análisis exhaustivo para verificar y validar que cumplan los requisitos técnicos y de admisibilidad establecidos.

La FOD busca agilizar la implementación del proyecto. Para ello incorporó en el cartel de la licitación elementos como la interconexión por zonas geográficas. Además, se incrementó el ritmo de instalación de 200 a 300 centros educativos por mes.

“Se resolverá el rezago en términos de conectividad”, dijo Marcelo Carvajal, gerente general de la FOD

La FOD destacó que el modelo de red permitirá que los centros educativos se conecten entre sí, generando posibilidades de intercambio de conocimiento, ambientes de aprendizaje colaborativo entre estudiantes y profesores de otras zonas del país o fuera del mismo. Además, accederán a una gran variedad de recursos educativos y plataformas de aprendizaje.

“Actualmente, el MEP tiene más de 6.000 conexiones individuales con velocidades de conexión bajas que impiden esa sinergia”, afirmó Carvajal. “Se resolverá el rezago en términos de conectividad”.

El MEP podrá implementar diferentes plataformas tecnológicas para el intercambio de información en tiempo real y la toma de decisiones. Por ejemplo, se podrían contar con sistemas de gestión de aprendizaje, plataformas de capacitación docente, automatización de procesos administrativos y de matrícula, y sería posible abrir el expediente digital para alumnos y profesores, generando sistemas de trazabilidad.

Carvajal indicó que se implementará un modelo de red según las mejores prácticas a nivel internacional: una única red para todos los centros educativos y no miles de conexiones a Internet separadas. Esto permitirá mantener un mayor control y seguridad de los contenidos a los cuales se está accediendo, se aplicará las diferentes políticas de uso en tiempo real de todos los centros educativos, y se podría monitorear toda la red para mejorar significativamente la eficiencia de los recursos. Cerrados

Después que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) incluyó en el PNDT la meta de los centros educativos que debe conectar Sutel, se pasó a la aprobación del presupuesto ($170 millones en total), se adoptaron las decisiones administrativas y se incorporaron en los programas de Fonatel.

Se coordinó también con el MEP la elección de los 516 centros educativos a atender en este 2021 y el cronograma de visitas técnicas, así como se realizaron las actividades de comunicación y sensibilidad sobre el proceso de despliegue de infraestructura con los directores de escuelas y colegios. Esta última tarea es necesaria para lograr la cooperación de las autoridades de cada centro y de su personal.

“Encontramos centros educativos cerrados”, advirtió Federico Chacón, presidente de Sutel

Paralelamente se avanza en diseños, ofertas de operadores, suscripción de contratos y adendas contractuales para la ejecución, buscando aprovechar la infraestructura y servicios desplegados a partir de los programas de Fonatel de Comunidades Conectadas y Espacios Públicos Conectados.

Actualmente la infraestructura y servicios en esos programas son provistos por Coopeguanacaste, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), PC Central, Telecable, Telefónica y Claro. Los centros educativos que no pueden ser atendidos por medio de los programas vigentes requerirán de concursos públicos para su atención.

Será necesario implementar cambios en la infraestructura de Internet en todos los centros educativos asignados para proveer las velocidades requeridas por el MEP, tomando en cuenta el tamaño de cada uno e incluyendo la instalación de red alámbrica interna necesaria y la conectividad inalámbrica en cada campus.

Con el proyecto se pasará de los actuales enlaces de 6 Mbps para cada centro educativo a un modelo escalonado según la cantidad de estudiantes. https://datawrapper.dwcdn.net/JTwVd/1/

Sutel recalcó que el compromiso se mantiene para cumplir en el 100% la conectividad de los centros educativos, pero que actualmente la principal limitación es el adelanto de vacaciones por la emergencia nacional ocasionada por el Covid-19 (del 24 de mayo hasta el 11 de julio del 2021).

“Encontramos centros educativos cerrados y esto impide concretar las visitas técnicas para determinar la factibilidad e iniciar con los procesos de instalación”, advirtió Chafón.