La Silla Rota

La nueva regulación para el registro de líneas celulares en México provocará un fenómeno de desplazamiento de delitos: robo de celulares, clonación de líneas telefónicas, mercado negro de chips y suplantación de identidad, consideró la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Pepe Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) expuso que a nivel global en 160 países que han realizado acciones similares no existe evidencia científica que sustente que los registros ayudarán a disminuir el delito.

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Comunicado

En mayo de 2025, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales inició un proceso de transición de liderazgo en la Dirección Ejecutiva, tras finalizar el periodo de nuestro fundador Luis Fernando García al frente de R3D. Después de un exhaustivo proceso de selección realizado por nuestro Consejo Directivo, nos enorgullece comunicarles que Paulina Gutiérrez asumirá el cargo de Directora Ejecutiva a partir del 1 de enero de 2026.

Paulina es abogada mexicana con sólida experiencia en la defensa de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Los últimos 11 años desempeñó distintos roles de liderazgo en ARTICLE 19, tanto en la oficina regional en México (Artículo 19) como en la oficina internacional en Inglaterra, donde estuvo a cargo de definir la dirección de estrategias globales y regionales de incidencia.

A lo largo de su camino profesional se ha enfocado en el desarrollo de estrategias colaborativas orientadas a generar cambios e impacto en las agendas de derechos digitales, libertad de expresión, no discriminación e igualdad de género.

Ha fungido como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y colaborado en calidad de experta ante diferentes organismos de Naciones Unidas y Europa. Ha sido investigadora y consultora en diversas organizaciones de sociedad civil e instituciones filantrópicas enfocadas en fortalecer redes globales y regionales que trabajan en la intersección entre los derechos humanos y el desarrollo de la tecnología.  Fue integrante del Consejo Asesor del Fondo INDELA y es parte de consejos asesores de diversas organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica.

El nombramiento de Paulina al frente de R3D nos llena de alegría. Confiamos en que su liderazgo, capacidad y visión estratégica nos ayuden a seguir consolidando nuestro rol como referente entre las organizaciones de derechos digitales en América Latina y nos lleven por nuevos rumbos para afrontar los desafíos locales y globales en el ecosistema de la sociedad civil.  Paulina se pondrá en contacto a principios de 2026 para continuar y expandir nuestra colaboración durante los siguientes años. 

Asimismo, agradecemos especialmente a José Flores por su labor como director interino durante esta etapa de transición. Pepe continuará aportando a R3D desde un nuevo rol estratégico, impulsando proyectos clave para la organización.

El gobierno encabezado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, espió con el software Pegasus a 456 personas, aseguró la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). 

La organización aseguró que documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del software, confirman que el gobierno mexicano espió a ciudadanos durante el citado sexenio. 

“Durante la audiencia ante el juez, los representantes de NSO Group también afirmaron que México es uno de sus clientes involucrados en este caso, lo que confirma la abrumadora evidencia del despliegue de este spyware durante el sexenio anterior. 

“Esta información inédita muestra, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus que ha sido sistemáticamente negado por el gobierno mexicano”, dice R3D en un comunicado. 

Como parte de las pruebas para el juicio, detalla el reporte de R3D, WhatsApp aportó un listado que expone el país de 

origen de mil 233 víctimas de Pegasus. 

De acuerdo con los datos, México fue la nación con más víctimas en esa ocasión con 456, seguido de la India con 100 y Bahréin con 82. 

Además, agrega R3D, estos ataques estarían vinculados con la explotación de una vulnerabilidad en WhatsApp que fue usada en contra de personas usuarias del sistema operativo Android. 

La Red en Defensa de los Derechos Digitales recordó que en 2022, la investigación denominada Ejército Espía reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suscribió un contrato por un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” con Comercializadora Antsua, empresa con derechos exclusivos para vender Pegasus, con fecha 12 de abril de 2019. 

A la fecha, agregó R3D, la Sedena se niega a entregar la información sobre dichos contratos, pese a la decisión 

inatacable del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahora extinto. 

“A la luz de esta nueva evidencia, resulta alarmante la dimensión del espionaje militar durante el sexenio de López Obrador. Cabe destacar que las 456 víctimas identificadas por WhatsApp corresponden únicamente a un periodo de dos meses (abril-mayo de 2019), lo que sugiere la verdadera escala de la vigilancia ilegal en México y la gravedad del encubrimiento de estos abusos por parte del gobierno mexicano”, añadió R3D. 

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) aseveró que las nuevas leyes en materia de transparencia y protección de datos personales aprobadas el 20 de marzo de 2025 por la Cámara de Diputados, representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de acceso a la información y la protección de los mismos.

La organización señaló que las modificaciones a la Ley de Transparencia eliminan garantías para la protección y el ejercicio del derecho de acceso a la información y el principio de transparencia.

Esto implica “una regresión en los avances normativos de ambos principios constitucionales que es incompatible con el principio de progresividad establecido en el artículo 1o constitucional”, advirtió R3D.

La organización señala que, en primer lugar, se eliminan las facultades de las autoridades de transparencia (federal y locales) de interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuando advirtieran legislaciones o actos ejecutivos que afectaran los principios constitucionales contenidos en la ley.

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Además, se incluyen figuras legales que podrán usarse para restringir el acceso a la información de interés público que son vagas y ambiguas, las cuales podrán ser usadas para restringir información protegida por el derecho de acceso y que no cumplen con los criterios que toda limitación a derechos debe cumplir (que sean claras y precisas, necesarias y proporcionales).

Asimismo, advierten que la propuesta de ley elimina criterios que fortalecían la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información.

Especifica que la propuesta elimina la obligación de los sujetos obligados de “elaborar y reponer” información que debiera estar en su poder y suma el principio de “Documentación”, que explícitamente limita la obligación de generar información.

Por otro lado, elimina criterios interpretativos que protegían el derecho de acceso a la información al señalar que las excepciones de acceso debían cumplir con criterios de legitimidad y necesidad en una sociedad democrática.

R3D advierte que la propuesta crea un órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”, que no cuenta con autonomía y elimina requisitos para la integración de las autoridades que afectan la imparcialidad y profesionalización de las autoridades de transparencia.

Los principales retrocesos a la transparencia

• Se eliminan las facultades de las autoridades de transparencia de interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
• Se incluyen figuras legales que podrán usarse para restringir el acceso a la información de interés público que son vagas y ambiguas.
• La propuesta de ley elimina criterios que fortalecían la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información.
• La propuesta crea un órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo” que no cuenta con autonomía.
• La ley reduce el número de entidades que deben cumplir con las normas de protección de datos.
• Elimina la obligación de que los avisos de privacidad simplificados informen sobre los datos que serán tratados, incluyendo los datos sensibles.

Aunque tiene un potencial amplio para generar valor social, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) ejerce prácticas monopólicas que pueden afectar la prestación de servicios de Internet y telefonía de manera sostenible y asequible en zonas rurales o apartadas de México.

Un estudio de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad (Redes A. C.) y la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte que con el Programa de Conectividad para el Bienestar existe un grave riesgo de que los logros de cobertura se pierdan o se vuelvan insostenibles, como ha sucedido con múltiples programas gubernamentales.

Mediante el Programa de Conectividad para el Bienestar, CFE Telecomunicaciones brinda tarjetas SIM con acceso a Internet gratuito, gracias a un subsidio otorgado por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel).

Las asociaciones civiles señalan que la participación de CFE TEIT en el mercado minorista, como proveedor del servicio, no encuentra una justificación lógica e incluso puede considerarse una práctica monopólica de acuerdo con la ley.

De existir un subsidio a la demanda, este no debería ser exclusivo de una empresa (en este caso, CFE TEIT), sino dirigirse al usuario, dándole la libertad de elegir entre varios proveedores, detalla el informe La Política Pública de Conectividad en México.

Según las asociaciones, el subsidio no se justifica porque existen tarifas asequibles para la población en línea de pobreza.

En lugar de otorgar subsidios o de que el Estado participe de los ingresos que genera el mercado minorista sin necesidad de inversión, dado que es el principal proveedor de servicios mayoristas, R3D y Redes A.C. recomiendan incorporar a pequeños operadores, operadores móviles virtuales (OMV) y redes comunitarias en el programa de cobertura social.

Actualmente, México no cuenta con una política de fomento a estos operadores, ni existe una política para el desarrollo de contenidos y aplicaciones relevantes en el ámbito local.

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“La existencia de un programa de cobertura que integre a los pequeños operadores y operadores sociales en la cobertura, a través de apoyos al despliegue de infraestructura, reducirá en gran medida los costos de despliegue y mantenimiento de las redes, así como el incremento en la disponibilidad de estas, al reducir el tiempo de atención a fallas”, expone el estudio.

De acuerdo con las organizaciones, México tiene una gran oportunidad para propiciar el desarrollo de empresas comunitarias y locales de telecomunicaciones a través de servicios de transporte de alta velocidad o la provisión de servicios de telefonía e Internet a través de los OMV.

Sin embargo, las prácticas monopólicas de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos desplazan a estos pequeños proveedores.

La empresa pública de telecomunicaciones podría, en su lugar, colaborar con estos operadores para mejorar la prestación de Internet en zonas rurales; por ejemplo, con su red de transporte que permitiría sustituir el uso de satélite como backhaul, indica el estudio.

Áreas de oportunidad para mejorar la conectividad rural

Por otro lado, Redes A.C. y R3D consideran que, en el sexenio de gobierno anterior, hubo un aumento importante en la cobertura de Internet, debido principalmente a una clara planeación con metas anuales; una regulación que permite a las redes comunitarias y pequeños operadores participar sin restricciones en la atención de zonas apartadas; cambios en los compromisos de la Red Compartida; al igual que un incremento en la oferta de acceso a fibra y satélites de órbita baja a costos accesibles.

Sin embargo, el estudio también advierte que existen varias áreas de mejora. Una de ellas es la medición de la calidad de los servicios con el fin de establecer metas de mejora que aumenten la disponibilidad de la red.

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En la actualidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se encarga de diseñar los esquemas de revisión, los cuales, según las asociación “son anacrónicos”, dado que ya existen herramientas más avanzadas que podrían arrojar resultados más precisos.

La evaluación de la calidad también es un problema al referirse a la Red Compartida. R3D y Redes A.C. exponen que hay múltiples “localidades rurales que ni siquiera pueden considerarse cubiertas al no cumplir con los parámetros mínimos de velocidad de Internet”, por lo que Promtel debería implementar un monitoreo estricto en estas zonas.

Otro punto en el que se necesita profundizar, según las asociaciones, es la disponibilidad y homologación de información sobre la cobertura del programa de Internet en sitios públicos, y contar con un registro transparente y accesible respecto a la infraestructura activa y pasiva.

El Economista

La intervención y vigilancia de las comunicaciones en México sigue siendo un problema crítico, marcado por la opacidad, la impunidad y el uso de tecnologías altamente invasivas para espiar a ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos. 

El informe El Estado de la Vigilancia, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), documenta la continuación de estas prácticas en México a lo largo de diversas administraciones y pone en evidencia la falta de controles democráticos efectivos sobre estas actividades.

Leer más; https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/incertidumbre-domina-vigilancia-mexico-20250205-745047.html

Cinco días
El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Telefónica el despliegue de la red de transporte de telecomunicaciones conocida como I3D (Infraestructura Integral de Información para la Defensa), con lo que la compañía que preside José María Álvarez-Pallete suma un nuevo contrato con el Gobierno, en pleno proceso de regreso del Estado al capital de la empresa a través de la adquisición de hasta un 10% del capital del operador a través de la SEPI.
Leer más: https://cincodias.elpais.com/economia/2024-04-13/el-gobierno-adjudica-a-telefonica-el-despliegue-de-la-red-de-telecomunicaciones-de-defensa-i3d.html

“¡Buenos días! Y si no los veo, buenas tardes y buenas noches”, saluda Truman Burbank dando inicio a la icónica The Truman Show. Todavía no percibe que toda su vida es transmitida en vivo las 24 horas a través de miles de cámaras escondidas dentro de una ciudad, su ciudad, que en realidad es un set de grabación, responsable del programa más visto de todos los tiempos.

En la ficción y en la realidad han ocurrido desde 1998 —año de estreno del film— hasta ahora más cambios tecnológicos y culturales que los que podrían mencionarse en un único texto, pero se intentará abordar uno en particular: la evolución de la vigilancia masiva, sus casos más resonantes y la lucha para que la tecnología no sea aliada de malas prácticas que pongan en riesgo los derechos básicos de las personas.

Vigilancia masiva

La vigilancia masiva consiste en el monitoreo, en el seguimiento a gran escala de la población, a través de la recolección de datos con uso de la tecnología; también se puede dar a través del seguimiento de las comunicaciones de las personas.

Hay distintos formatos en los cuales puede incorporarse, pero todos ellos tienen el potencial de atentar contra los derechos humanos, ya sea a partir de algo básico como el desconocimiento de las personas de las tareas realizadas en su entorno, por el uso indiscriminado de datos sin autorización e incluso por errores producto de arbitrariedades o malas interpretaciones de la realidad.

Todos estos puntos contrastan con la premisa de quienes justifican iniciativas de este tipo: el concepto de seguridad nacional y los mecanismos para defenderla deben contemplar, sin atenuantes, el resguardo de los derechos de las personas.

“Nuestra postura es que se desactiven estos sistemas”, respondió a DPL News la abogada y especialista en la materia, Francia Pietrasanta, quien desempeña funciones como oficial jurídica en Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Desde 2014, R3D, como se le conoce a la organización, desarrolla y aplica estrategias de investigación, incidencia y comunicación y litigio estratégico para “asegurar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la no discriminación, el acceso a las tecnologías de la información, al conocimiento y a la cultura libre”.

Funciona en México y, al mismo tiempo, presenta acuerdos de escala internacional y participa de foros de interés en todo el mundo.

Reconocimiento facial

Una cámara en la vía pública puede ser utilizada por los gobiernos como forma de control, sí, aunque su impacto en los derechos de las personas tiene, en general, un potencial menor que en las alternativas de reconocimiento facial.

Estas otras “ponen en riesgo muchos derechos a la vez”, indicó Pietrasanta, y detalló algunos: “derechos digitales, a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, incluso al debido proceso por su uso para detenciones arbitrarias resultado de sesgos, tanto en quienes crean los sistemas como por bases de datos entrenadas con cierto tipo de rostros”.

Entonces, ¿qué es el reconocimiento facial? Se trata de una tecnología de identificación biométrica que, a partir de ciertos rasgos característicos del rostro, busca establecer la identidad de una persona.

Es menos precisa que otras, como la lectura de huellas dactilares, pero no requiere contacto físico, lo que permite su despliegue, por ejemplo, en el espacio público con fines de vigilancia a gran escala y sin que quienes están siendo sujetos a su escrutinio sean necesariamente conscientes de ellos, inicia el documento Reconocimiento facial en América Latina, presentado por la organización de derechos digitales AlSur, de la que R3D es parte.

El mecanismo depende de tres sistemas: una forma de capturar imágenes, un software para analizarlas y una base de datos para hacer la comparación. En sus tres componentes hay peligro de arbitrariedad.

El informe mapea 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial en nueve países de América Latina. Del total, 22 se encontraban activos al momento de la publicación (2021), cinco fueron desactivados por orden judicial o fallas y el resto estaban en etapas de piloto o proceso de implementación. “El 60 por ciento de ellos no tiene base legal específica que la avale”, expuso Pietrasanta.

Algo más: la mayoría del porcentaje restante está compuesto por normativas que no refieren específicamente la utilización de reconocimiento facial o datos biométricos, sino que se trata de una “interpretación amplia de normativas referidas al uso de otro tipo de tecnologías que se quieren analogar al reconocimiento facial con argumentos dudosos o facultades específicas que podrían cumplirse mediante la utilización de reconocimiento facial”, analiza el reporte.

Entre las propuestas de reconocimiento facial que han sido incorporadas en América Latina, figuran en el informe un sistema puesto en marcha para el Tigre NeoCenter, en la localidad homónima de Buenos Aires, en Argentina; otro para el metro de São Paulo, en Brasil; un sistema para la televigilancia de la municipalidad de San Joaquín, en Chile; pruebas de implementación de cámaras de reconocimiento facial en Bogotá, Colombia, y la contratación de la china Dahua para la implementación de un sistema de videovigilancia en el estado de Coahuila, en México.

Fuera de la región, en tanto, Pietrasanta consideró que “Estados Unidos es un ejemplo para decir que esto no sirve, porque se produjeron casos de personas afrodescendientes utilizando sistemas arbitrarios”.

También mencionó como caso de análisis el del Reino Unido y, principalmente, China, donde “incluso se condiciona el acceso a servicios públicos a la entrega de datos biométricos”, como reconocimiento facial, huella dactilar y otros.

En ninguno de estos casos, claro, la responsabilidad no es de la tecnología sino de cómo se utiliza: “No estamos en contra de la tecnología. Tiene que servir para eficientizar tareas, no para amplificar y hacer perpetuas las brechas que han existido siempre”, cerró.

El cifrado en Internet contribuye a salvaguardar la vida de millones de personas alrededor del mundo que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, ya que garantiza la privacidad, así como el anonimato de usuarios que necesitan proteger su identidad por temor a poner en riesgo sus vidas.

Para conversar sobre este asunto, en un Twitter Space se dieron cita expertos de Iberoamérica que se oponen a eliminar y modificar las leyes de cifrado con fines de ‘Inteligencia’, como lo llaman los gobiernos en el mundo.

Vladimir Cortés, miembro de Artículo 19, una organización que promueve y defiende el derecho de libertad de expresión en Centroamérica y México, hizo un llamado sobre los riesgos que supone eliminar el cifrado.

“Debilitar, reducir o modificar el cifrado puede suponer un riesgo para las personas que usan esta opción para proteger sus comunicaciones y su propia identidad. Un ejemplo claro es la situación de las personas miembros de la comunidad LGBTIQ+ en territorios como Irán, quienes encuentran en el cifrado una opción para proteger su identidad, dado que sus vidas pueden correr riesgo y los gobiernos los persiguen a causa de su diversidad sexual”, explicó Cortés.

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Karla Prudencio Ruiz, miembro de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseguró la necesidad de “que la sociedad mundial y desde la comunidad activista por los derechos digitales se lleven a cabo actividades para contribuir a la protección de los derechos humanos en entornos digitales”.

Explicó que “en México, como en otros países del mundo, se le ha llamado ‘inteligencia’ o ‘persecución al crimen organizado’ a tácticas que realmente responden al espionaje, y parte de la contribución que se realiza desde las dinámicas de activismo responden a evitar que estas iniciativas prosperen, ya que son utilizadas para espiar comunidades LGBTIQ+”.

El cifrado no sólo permite que las personas se comuniquen entre sí, también faculta que generen y compartan sus propias historias desde una perspectiva en donde cada individuo crea su propia narrativa, permitiendo que personas aliadas conozcan las realidades diversas que suelen depender de las condiciones socioeconómicas de cada quién.

Así, el cifrado protege tanto a individuos como a las luchas sociales desde las miradas diversas, que con su presencia en Internet amplían las realidades del mundo, pero desde allí mismo resisten para crear nuevos entornos en donde cada persona existe con libertad.

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Para los expertos, garantizar que esta diversidad exista, se mantenga y se amplíe en los entornos digitales depende, en gran medida, de la educación para los usuarios.

“La educación, las conversaciones, los espacios como estos en donde los usuarios reconocen las opciones que tienen y la forma en la que pueden usar el cifrado, son vitales para amplificar la voz de la comunidad LGBTIQ+”, coincidieron los participantes.

“Tenemos un camino largo por recorrer y mientras se avanza en los procesos de educación sobre estas dinámicas, es necesario que las organizaciones pensemos en qué hace falta para que los espacios que nos pensamos como espacios de libertad y seguros, vuelvan a serlo, y plantearnos opciones para lograrlo”, concluyó Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos en Fundación Karisma.

Reforma Luis Pablo Segundo

La Ley Federal de Ciberseguridad que se presentó a la Cámara de Diputados, pero que no alcanzó a ser votada, entregaría a las fuerzas militares el control total de las operaciones, estrategias y acciones en materia digital, alertaron expertos.

“La iniciativa de la Ley de Ciberseguridad (…) amenaza gravemente los derechos humanos en el entorno digital, promueve la militarización y posee serias deficiencias que la convierten en inviable y peligrosa”, denunció la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Acusó que la ley cuenta con un profundo desconocimiento de las nociones básicas de derechos humanos en el entorno digital, del funcionamiento de las tecnologías y la economía digital.

“Su mala técnica legislativa produce desde la invasión de competencias de órganos constitucionales autónomos, hasta resultados inviables o imposibles”, añadió.

Para Verónica Becerra, cofundadora de Offhack, empresa especializada en el tema, la iniciativa está viendo a la ciberseguridad en un entorno no digital.

“Nos hacen pensar sobre la militarización, lo cual sería un error grave ya que cae en algo inconstitucional e incluso pone en riesgo los derechos humanos”, apuntó.

Alertó que el “control excesivo disfrazado de protección habla de la poca transparencia en caso de algún incidente de ciberseguridad”.

Esta ley no solo crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, también da relevancia a la reciente Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información (COTICSI), además de reforzar las facultades de dependencias, como las Secretarías de Defensa Nacional y Seguridad Pública.

Afilan ‘dientes’

La iniciativa de Ley Federal en Ciberseguridad contempla dotar de mayores actividades a dependencias de gobierno, especialmente a las dedicadas a la seguridad.

– La Secretaria de la Defensa Nacional y Marina podrán monitorear actividades en la red.

– Se desconoce las salvaguardas y bajo que lineamientos operarían.

– Se profundizan las tareas de videovigilancia, espionaje e intervención de comunicaciones.

– Éstas mismas dependencias podrán realizar operaciones militares en el ciberespacio.

Fuentes: R3D