La quiebra de Oi, decretada por el 7º Juzgado Empresarial de Río de Janeiro el 10 de noviembre de 2025, fue suspendida este viernes (14) por una decisión monocrática de la jueza Mônica Maria Costa, de la Primera Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ). La decisión atiende los recursos presentados por Itaú Unibanco y Bradesco.

La magistrada restableció el proceso de recuperación judicial homologado en 2024 y determinó la reanudación de la conducción del caso por los administradores judiciales ya designados.

Al analizar los recursos, Mônica Maria Costa consideró que existía riesgo de daño grave si se mantenía la quiebra y señaló que la decisión del 7º Juzgado sobre la conversión fue dictada sin el debido esclarecimiento de cuestiones sensibles relacionadas con la actuación de PIMCO, la gestora estadounidense que asumió un rol relevante en la estructura financiera de la operadora en los últimos años.

En su recurso, Bradesco argumentó que la declaración de quiebra interrumpió negociaciones en curso con Anatel y con el TCU (Tribunal de Cuentas de La Unión) para la elaboración de un nuevo plan de reestructuración, y que la liquidación inmediata de la operadora podría generar perjuicios más amplios debido a la dimensión de los servicios de telecomunicaciones que la empresa presta al sector público y al privado.

Según información de la recuperación judicial de febrero de 2023, Oi debía cerca de R$ 2,000 millones al Itaú y R$ 34,4 millones al Bradesco. La operadora mantiene contratos con empresas como Petrobras, Eletrobras, Caixa, Santander, Americanas, Magazine Luiza y con aproximadamente 13,000 loterías, además de prestar servicios de conectividad a los propios bancos.

La desembargadora determinó la investigación formal de posibles irregularidades relacionadas con la controladora, incluidas sospechas de decisiones administrativas que habrían contribuido al agravamiento de la situación financiera de la empresa.

La decisión también restablece el plan de recuperación aprobado en la asamblea de acreedores en abril de 2024, manteniendo la administración judicial a cargo de las firmas Wald y Preserva-Ação, con el gestor judicial Bruno Rezende.

El entendimiento de la relatora aún deberá ser analizado por el colegiado de la Primera Cámara, pero, hasta que eso ocurra, Oi vuelve al régimen de recuperación judicial.

V.tal, Serede y Tahto

La suspensión de la quiebra repercute directamente en otros litigios relacionados con el grupo. V.tal, empresa de infraestructura de la que Oi aún es accionista minoritaria, también recurrió la decisión del 7º Juzgado, alegando que la quiebra produce efectos indebidos sobre garantías y actos societarios ya homologados.

Subsidiarias como Serede y Tahto vienen siendo tratadas por la propia Primera Cámara en decisiones anteriores que ampliaron los plazos de protección frente a ejecuciones de acreedores. Serede, incluso, ya comenzó a realizar los pagos atrasados a trabajadores de Oi.

El decreto de quiebra de Oi por la 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro, este lunes (10), trae algunos desdoblamientos como el alejamiento de los efectos de la quiebra sobre sus subsidiarias Serede y Tahto, que tuvieron el procesamiento de la recuperación judicial; también existe la posibilidad de volver a discutir el acuerdo firmado entre Oi, Anatel, el gobierno federal y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para el fin de la concesión de telefonía fija.

En la decisión, la jueza Simone Gastesi Chevrand señaló que el acuerdo define la destinación de eventuales valores obtenidos por Oi en el arbitraje contra la agencia reguladora (una disputa estimada en US$ 11,300 millones), priorizando multas a la Unión, deudas con V.tal e inversiones públicas antes de cualquier repase a la masa concursal.

Para la magistrada, el arreglo colocó “el mayor activo de Oi” en un modelo que no beneficiaría a la empresa, pudiendo configurar renuncia de crédito relevante. Aunque el acuerdo sigue vigente, ella afirmó que su validez podrá ser rediscutida dentro del proceso de quiebra.

La decisión también mantuvo la indisponibilidad de los valores provenientes de la venta de activos realizada en la segunda recuperación judicial de Oi, incluyendo la venta de Oi Fibra/NIO y los créditos ligados al arbitraje. Recursos presentados por Anatel, V.tal y el BID contra este bloqueo ya habían sido rechazados.

Continuidad de los servicios

Además de la continuidad provisoria de los servicios de Oi, la jueza constató que Tahto y Serede son empresas financieramente autónomas, con flujo de caja positivo, aunque juntas sumen más de R$ 1,600 millones en deudas declaradas. Según la magistrada, la quiebra de la controladora “no impacta en absoluto la recuperación de las subsidiarias”.

Serede, responsable por actividades de instalación y mantenimiento de redes, declaró que el 60% de su facturación proviene de contratos con empresas fuera del Grupo Oi, entre ellas NIO Fibra, que heredó la infraestructura de banda ancha tras la venta de la antigua Oi Fibra. El desempeño independiente fue uno de los principales fundamentos para descartar el riesgo de paralización de sus operaciones.

Tahto, empresa de atención y BPO, también presentó una cartera de clientes diversificada, incluyendo la asociación con la multinacional Intelcia, lo que refuerza su sostenibilidad financiera fuera del grupo económico.

Con el otorgamiento de la recuperación judicial, quedan suspendidas por 180 días todas las acciones y ejecuciones contra Serede y Tahto. También está prohibido el corte de servicios esenciales o el vencimiento anticipado de deudas, garantizando la continuidad operativa. Tatiana Binato de Castro, de Preserva Administração Judicial, fue nombrada por la jueza como administradora judicial y gestora provisional de las compañías.

Castro será responsable por la gestión y eventual venta de más de 7,000 inmuebles liberados con el fin de la concesión, que antes eran bienes reversibles (propiedad de la Unión).

La jueza Simone Gastesi Chevrand, de la 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro, decretó este lunes 10 la conversión del proceso de recuperación judicial del Grupo Oi en quiebra. La decisión alcanza a Oi S.A., Portugal Telecom International Finance y Oi Brasil Holdings.

A pesar de la quiebra, la sentencia determina la continuidad provisoria de las actividades de la operadora, bajo la administración del gestor judicial, garantizando la prestación de los servicios hasta la transferencia a nuevos agentes.

La jueza aplicó el artículo 99, inciso XI, de la Ley 11.101/2005, permitiendo que la empresa siga operando temporalmente para evitar la interrupción de servicios esenciales.

Para ello, determinó el apartamiento de cláusulas de rescisión automática (ipso facto) en los contratos de la compañía, impidiendo que los proveedores suspendan o rompan servicios de forma unilateral durante el período de transición.

La decisión se produce tras la recomendación formal del gestor judicial, Bruno Rezende, presentada el pasado viernes 7, indicando insolvencia irreversible e incapacidad para mantener el flujo de caja mínimo necesario para la operación.

La posición se justifica por la amplitud y criticidad de las operaciones, que incluyen más de 4,600 contratos con el poder público, además de la presencia de la empresa en 7,400 localidades donde es la única operadora disponible.

La compañía también provee conectividad a aproximadamente 13,000 casas lotéricas de Caixa, que en muchas localidades funcionan como única infraestructura bancaria disponible para la población; y servicios al CINDACTA, responsable del control del espacio aéreo, ya transferido a Claro.

En hecho relevante divulgado el 7 de noviembre, Oi confirmó al mercado que, tras la decisión judicial del 31 de octubre que mantuvo el arresto de recursos, solicitó al juzgado el reconocimiento de la posible quiebra, debido a la imposibilidad de cumplir el plan de recuperación judicial y al agotamiento de la capacidad de generación de caja.

Según argumentó Rezende, la diferencia entre ingresos netos y costos llegó a -135% en octubre, comprometiendo la manutención mínima de las operaciones.

Indicios de fraude

Paralelamente, avanza en el Tribunal Regional del Trabajo de la 1ª Región un proceso de responsabilización patrimonial. En decisión del 7 de noviembre, la Justicia del Trabajo determinó el arresto de notas de crédito de PIMCO, señalada como controladora de Oi, al considerar que existen indicios de abuso de poder y vaciamiento patrimonial.

La decisión menciona elementos identificados por la Justicia empresarial, como la contratación de servicios jurídicos de alto costo, el pago de bonificaciones incompatibles con la crisis y la presentación de información patrimonial inconsistente, evaluados como señales de gestión fraudulenta. La medida impide la negociación de dichos títulos hasta nueva deliberación judicial.

La acción de la Justicia del Trabajo también abre camino para la desconsideración de la personalidad jurídica, permitiendo el direccionamiento de ejecuciones contra socios y administradores en caso de comprobarse dolo, culpa o abuso de poder.

La decisión destaca que el grupo Oi constituyó deudas extraconcursales a favor de su propia controladora, lo que podría caracterizar favorecimiento indebido y perjuicio a acreedores laborales y financieros.

Situación de los trabajadores

La crisis ya repercute directamente en la cadena de prestadores de servicios. Trabajadores de Serede, subsidiaria integral de Oi responsable de servicios de campo y mantenimiento de red, denunciaron retrasos en el pago de salarios y beneficios, afirmando que no pueden ser “chivos expiatorios” de la mala gestión del grupo, según manifestaciones recientes.

La propia Oi reconoce que no cuenta con recursos para honrar obligaciones operativas básicas, incluida la nómina, escenario asociado al incremento del pasivo extraconcursal y a disputas con proveedores, según consta en documentos judiciales analizados.

Serede ya enfrentaba disputas laborales, y decisiones recientes de la Justicia del Trabajo indican el redireccionamiento de ejecuciones hacia socios y administradores, dado que la empresa fue incluida en el proceso de recuperación judicial y existen dificultades para ejecutar su patrimonio.