Las aplicaciones de transporte están en alerta ante un nuevo proyecto de ley (347/2026) presentado por el gobierno colombiano que tiene como objeto público fortalecer la capacidad de supervisión del Servicio Público de Transporte y complementarios pero que, en la práctica, “acabaría con las plataformas de movilidad en el país”, tal como advirtió el presidente Ejecutivo de Alianza In Colombia, José Daniel López.

En primer lugar, los servicios con vehículo particular prestados a través de plataformas pasarían de ser actividades no reguladas a definirse como ilegales, término que el borrador propone para las actividades dirigidas a satisfacer la necesidad de traslado de personas y/o carga de vehículos particulares sin el cumplimiento de los requisitos legales y complementarios.

Esto, en palabras de López, es contrario a “lo dicho en sentencias por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”. En un posteo en sus redes sociales, el ejecutivo aportó que la propia CSJ “ha dicho que en estos servicios se materializa el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos”.

El texto, promovido por el Ministerio de Transporte de Colombia, incluso involucra a los usuarios: propone un régimen sancionatorio de hasta 390 UVB (hoy 1,285 dólares) a personas naturales o jurídicas que permitan, autoricen o contraten la prestación de servicios excediendo la capacidad de pasajeros o carga del vehículo y quienes presten el servicio sin contar con las autorizaciones exigidas por la legislación vigente. 

Los conductores se exponen además a la retención de sus vehículos por el plazo de 60 días (primera vez), 90 días (segunda) y 120 días (posteriores).

Otro punto alarmante es el plasmado en el artículo 20, que establece medidas de prevención y de mitigación de riesgo. “La Superintendencia de Transporte, las alcaldías y las áreas metropolitanas podrán ordenar la suspensión preventiva inmediata de la operación de los servicios de las plataformas digitales y/o algunas de sus líneas de servicio, sin necesidad de una decisión administrativa o judicial de fondo. ¡Adiós a la neutralidad de red!”, se quejó López.

Al mismo tiempo, se insta a las alcaldías a intensificar el control en puntos de alta demanda y se prevé sanciones para sitios como aeropuertos que “no desplieguen acciones para controlar en sus instalaciones la promoción y oferta al usuario de servicios informales”.

El artículo 68 del proyecto indica que “los servicios ilegales son un factor con alta potencialidad de afectar el orden público y la convivencia pacífica”; esto como paso previo a poner a disposición de instituciones competentes “las herramientas legales y tecnológicas de punta para contrarrestar este fenómeno”.

Al cierre, además, se genera como obligación del personal de la administración pública desplegar acciones para controlar en sus instalaciones la no promoción y oferta al usuario de servicios informales al tiempo de abstenerse de promocionar, fomentar o incentivar la prestación de servicios informales o ilegales de transporte.

“Desde Alianza In Colombia lamentamos no haber sido tenidos en cuenta en la concertación del proyecto, contrario a lo acordado con el gobierno en 2023, y llamamos al retiro inmediato de esta iniciativa, que socavaría gravemente la actividad económica y las libertades individuales de millones de colombianos”, concluyó López.

Distintas discusiones sobre el tema han arrojado como conclusión que regular bajo estructuras tradicionales actividades propias de la era digital se traduce en una barrera para la innovación. En Colombia, unas 1.2 millones de cuentas de vehículos particulares más 185,000 taxis funcionaron bajo la lógica de plataformas de movilidad en 2024, al tiempo que 21.5 millones de usuarios utilizan estos servicios en el país.

Actualización 03/02/26: Tras la polémica, el Gobierno retiro el proyecto. Contenido disponible aquí.

El Destape

Mientras el Congreso discute la letra chica de la reforma laboral, las empresas de aplicaciones salieron a jugar fuerte a favor de la iniciativa oficial. Gabriel Buenos, director de Políticas Públicas y Asuntos de Gobierno de Rappi para el Cono Sur, pasó por el aire de El Destape 1070 y dejó en claro el apoyo de la compañía al marco regulatorio que propone la gestión de Javier Milei.

En diálogo con el equipo de Palo y Zanahoria, Buenos fue contundente: “El capítulo específico sobre el trabajo en plataformas lo recibimos con buenos ojos. Entendemos que es el reflejo de una mirada que ya existía en el Congreso en la mayoría de los bloques”. Según su visión, incluso el peronismo “cambió su mirada en los últimos años” sobre este modelo de negocio.

Leer más: https://www.eldestapeweb.com/politica/el-destape-1070/rappi-salio-a-bancar-la-reforma-laboral-de-milei-vemos-con-buenos-ojos-el-capitulo-de-plataformas-20251222214538

Fuente: Prensa MinCiencias

El Proyecto de Ley sobre Inteligencia Artificial constituye un paso histórico para el país. Fue elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el acompañamiento del Ministerio TIC, Ministerio de Educación, Departamento Nacional de Planeación, entre otros y recoge aportes de universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil. Su radicación en el Senado, el pasado 28 de julio, contó con el respaldo de congresistas de diferentes partidos, reflejo de la importancia nacional de esta iniciativa.

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Fuente: Prensa MinTIC y MinCiencias

El ministro TIC, Julián Molina, radicó, junto a la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, el proyecto de ley de IA (Inteligencia Artificial), que promueve y regula el desarrollo de tecnología en el país, y garantiza su desarrollo ético y sostenible. Esta iniciativa también busca posicionar a Colombia como líder regional en esta materia, en pro de su bienestar y progreso.

“La inteligencia artificial no es solo importante para el desarrollo económico y social, debe tener unos parámetros para la dignidad humana. Debe estar al servicio de la humanidad y ahí es donde se concentran todos los dispositivos de este proyecto de ley. Buscamos cuidar la innovación, que quienes hagan desarrollo de esta tecnología no limiten su creatividad, y que apalanque el desarrollo económico, así como la libertad digital, que se pueda desarrollar, pero con límites que regulen la protección del ser humano. El límite real es que está al servicio del ser humano”, manifestó el ministro TIC, Julián Molina

Entre los pilares de la ley están el desarrollo ético y sostenible de la IA; su impacto positivo en lo social, económico y ambiental; el fomento a la investigación e innovación en esta tecnología, y el enfoque regulatorio basado en riesgos (prohibidos, altos, limitados y bajos). También define los sectores clave de impacto: salud, educación, agricultura, turismo, seguridad y justicia.

La iniciativa abarca temas clave, como la gobernanza para la IA; el fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación; la formación y apropiación social del conocimiento para la IA, y la promoción de la innovación y transformación laboral en la era de esta tecnología. Además, está alineada con estándares globales, tomando como referencia modelos de la OCDE, Unesco, Unión Europea, Reino Unido y países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Chile.

“Este proyecto de ley es el resultado de un pacto nacional por el conocimiento, donde el saber académico, la acción estatal y la voz ciudadana se reconocen como pilares de nuestra democracia científica. En un mundo en donde la inteligencia artificial se convierte en motor de poder económico, control social y competencia geopolítica, el desarrollo tecnológico debe tener un centro: la dignidad humana.”, dijo la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya.

El proyecto de ley incluye mecanismos para evitar sesgos algorítmicos, discriminación y violaciones a la privacidad. estableciendo responsabilidades penales y civiles por el uso indebido de IA. programas de capacitación, mitigando el impacto de la automatización en el empleo. También busca generar agilidad y eficiencia en la administración pública, la gestión documental y la detección de errores procesales, y mejora la calidad de vida y reducción de desigualdades al garantizar el acceso equitativo a la IA.

Se espera un tránsito ágil por el Congreso, para que este proyecto de ley, en complemento con las inversiones en infraestructura y talento humano que ha realizado el Ministerio TIC, permita seguir consolidando al país como uno de los líderes regionales en la materia, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) del Centro Nacional de IA de Chile.

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)

“La brecha digital y el acceso a internet como un derecho humano”, se denomina el proyecto de ley que está siendo analizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tiene como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a conectividad a todos los ciudadanos, participó de una reunión técnica que estudia esta iniciativa.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado convocó a varias instituciones, entre ellas al MITIC, que estuvo representado por Margarita Rojas, directora general de Inclusión Digital y TIC en la Educación, para analizar los lineamientos del proyecto de ley. La iniciativa plantea el acceso universal a internet como una política de Estado, lo que conlleva un análisis profundo.

El enfoque parte de la necesidad de los tiempos actuales en acceder a tecnología y conectividad, situación que obliga al Estado a proyectar la infraestructura adecuada para posibilitar que el servicio a todo el país.

Durante el encuentro, se discutieron las posibilidades de colaboración con instituciones que poseen infraestructura de red, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), con el fin de aprovechar las redes existentes -como la fibra óptica- para extender la conectividad a las zonas más vulnerables.

Además, los representantes de las diversas instituciones presentaron informes técnicos, los cuales proporcionaron una visión de la situación actual y los desafíos. Se destacó que el análisis exhaustivo del proyecto de ley seguirá su curso a través de las diferentes comisiones legislativas, contemplando la posibilidad de incorporar modificaciones, con el objetivo de perfeccionar la propuesta y asegurar su efectiva aplicación.

Cámara de Representantes

Por medio de la cual se establece los lineamientos y disposiciones necesarias para fomentar la formación de programadores y aumentar la disponibilidad de profesionales en programación, facilitando su incorporación en el mercado laboral colombiano.

El presente proyecto de ley tiene como objetivo establecer los lineamientos y disposiciones necesarias para fomentar la formación de programadores y aumentar la disponibilidad de profesionales en programación, facilitando su incorporación en el mercado laboral.

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Fuente: MinTIC

El ministro TIC, Julián Molina, y la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, socializaron el borrador del proyecto de ley de Inteligencia Artificial ante senadores y representantes que adelantan iniciativas para promover y regular esta tecnología en el país.

“Colombia no puede ser menor a todo lo que se establece internacionalmente en materia de inteligencia artificial. Este borrador recoge muchas de las iniciativas que estaban cursando el Congreso, todas muy buenas, que se analizaron en mesas de trabajo, cuyas conclusiones nutren el proyecto de ley, que es acordado, estudiado, y, sobre todo, concurrente entre Cámara, Senado y Gobierno“, expresó el ministro TIC, Julián Molina.

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Fuente: Prensa Cámara de Senadores de Paraguay

El senador Kemper explicó que el objetivo del proyecto es establecer la obligación para las compañías de telecomunicaciones de almacenar los datos de conexión de los usuarios por un período de entre seis y doce meses. Aclaró que esta medida no implica la retención del contenido de las comunicaciones, sino únicamente la información sobre las conexiones.

El legislador detalló que la iniciativa busca proporcionar una herramienta adicional en los procesos penales relacionados con la lucha contra la pornografía infantil. En ese sentido, señaló que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ya estableció, mediante un decreto vigente desde septiembre de 2024, la obligación para los proveedores de internet de almacenar datos de conexión por al menos seis meses, sin incluir el contenido de las comunicaciones.

Finalmente, el titular de la instancia legislativa informó que los miembros de la comisión acordaron avanzar con el proyecto y aprobaron un dictamen con modificaciones de forma, en base a recomendaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

Participaron de la reunión, de forma virtual, los senadores José Oviedo, Rubén Velázquez y Líder Amarilla.

Fuente: vtv.gov

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión y por unanimidad el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (IA), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y científicas de Venezuela, conforme al artículo 104 del reglamento interior y de debates de la AN. Esta ley cuenta con aproximadamente 57 artículos.

El primer artículo tiene como objetivo regular, promover, proteger, evaluar e impulsar el desarrollo, uso y aplicación de la inteligencia artificial, esto para garantizar el cumplimiento de los principios y derechos éticos y humanistas como el uso sustentable que requieren los sistemas de la IA para el desarrollo social del país.

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N Digital

La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que podría generar importantes cambios en el ámbito de las telecomunicaciones en la República Dominicana. La propuesta, introducida por el diputado Sadoky Duarte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene como objetivo prohibir la suspensión del servicio de internet por atrasos en el pago de las facturas, así como eliminar el cobro por reconexión.

El proyecto se ampara en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor, que defiende el derecho de los usuarios a un trato justo y sin discriminación. De aprobarse esta iniciativa, las empresas de telecomunicaciones ya no podrán interrumpir el servicio de internet a los usuarios por no haber pagado a tiempo, una práctica común que afecta a muchos dominicanos.

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