La presión legal para que las empresas de viajes compartidos Uber y Lyft modifiquen su relación laboral con sus conductores aumenta en Estados Unidos.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, y los abogados de la ciudad de Los Ángeles, San Diego y San Francisco anunciaron que presentarán una moción de orden judicial preliminar para exigir que ambas empresas formalicen a los conductores como empleados.

Hace unos días, la Comisión de Servicios Públicos de California dictaminó que los conductores, formalmente empleados, deberían recibir una cobertura de compensación antes del 1 de julio. De no respetar la decisión, las empresas podrían enfrentar consecuencias, que van desde multas, hasta la revocación o suspensión de sus operaciones en el estado.

“Es hora de que Uber y Lyft sean conscientes de sus responsabilidades y de las personas que los hacen exitosos: sus trabajadores. Clasificar erróneamente a sus trabajadores como ‘consultores’ o ‘contratistas independientes’ significa que quieren que ellos paguen la factura de las obligaciones que tiene como empleador, ya sea pagando un salario legal u horas extras, otorgando licencia por enfermedad o proporcionando seguro de desempleo”, agregó el fiscal general Becerra.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de California en Berkeley, citado por Becerra, al no clasificar como empleados a sus conductores, las compañías evaden hasta 413 millones de dólares en contribuciones en un periodo de cinco años.

La moción será presentada ante el Tribunal Superior de San Francisco, el fiscal general y los abogados de la ciudad.