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El tercer y último día de la audiencia pública del Tribunal Superior Electoral (TSE), este jueves 25 de enero, se dedicó al tema de protección de datos y uso de Inteligencia Artificial en las elecciones de Brasil este 2024. Representantes de Facebook (Meta), Google (Alphabet) y YouTube se presentaron como policías digitales, eximiéndose de la responsabilidad sobre la difusión de propaganda electoral manipulada y noticias falsas (fake news).

Google, que recibió 125.3 millones de reales de campañas en las elecciones presidenciales de 2022, 18 veces más que en las elecciones de 2018, se basó en el régimen legal previsto en la ley electoral en su declaración.

Tais Cristina Tesser, responsable de lo contencioso de Google Brasil, defendió el refuerzo del párrafo que atribuye la responsabilidad por el impulso de las propagandas al anunciante, es decir, partidos, candidatos, coaliciones y federaciones. “Nosotros, en Google y YouTube, estamos atentos a la necesidad de combatir la desinformación”, declaró.

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El borrador de la resolución del TSE sugiere que se prohíba la promoción de contenido difamatorio utilizando palabras clave del adversario, mientras que Google propone que se elimine este párrafo (Art. 28, párrafo 7-A).

Tesser argumentó que “la existencia de anuncios impulsados de esta manera no representa ningún tipo de intervención, confusión o desviación del votante, ya que no afecta los resultados orgánicos del buscador”.

La gestora también destacó que es responsabilidad de los anunciantes detener la publicación de la propaganda, así como la responsabilidad de no impulsar contenido que difunda hechos sabidamente falsos o gravemente descontextualizados.

Contenido manipulado

Alana Ruiz Riso Lobo, responsable de políticas públicas de YouTube, anunció que la plataforma requerirá que los anunciantes revelen cuando creen contenido alterado o sintético que parezca realista, incluso mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

“Los contenidos sintéticos o manipulados que violen nuestras políticas con desinformación, violencia, discurso de acoso, que inciten al público a interferir en el proceso democrático o que cuestionen la integridad del sistema electoral están prohibidos y estarán sujetos a eliminación y otras penalidades“, sentenció.

La representante también sugirió la inclusión de un párrafo en la Resolución que especifique que la responsabilidad de identificar el contenido fabricado o manipulado en la publicidad electoral recae en la persona responsable de su elaboración.

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Acusado mundialmente de parcialidad en las elecciones, especialmente en los Estados Unidos, Facebook, representado por su abogado Rodrigo Ruf Martins, solamente recordó su decisión de prohibir el disparo de publicaciones masivas desde las elecciones de 2020 y sugirió la inclusión de un párrafo para aclarar cómo debe fundamentarse la decisión judicial que ordena la eliminación de contenidos repetitivos e idénticos.

Propone que esta decisión haga referencia a un precedente del TSE que justifique la eliminación de estos contenidos. Además, sugirió mencionar el artículo 38, párrafo cuarto de la resolución de propaganda, estableciendo la obligación de indicar una URL para la eliminación de estos contenidos repetidos.

Al igual que Google, en las elecciones de 2022, Facebook recaudó 123.7 millones de reales, atendiendo a más de 5.4 mil candidaturas, cinco veces más que en las elecciones municipales de 2018.

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En una minuta publicada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, se presentaron modificaciones significativas en las reglas de propaganda electoral en Internet. La resolución, que busca mejorar la transparencia y la integridad del proceso de elecciones, aborda diversos temas relacionados con el uso de tecnologías digitales, el impulso de contenido político-electoral y restricciones específicas para la publicidad en línea.

Entre los cambios propuestos se encuentran:

1. Impulso en la precampaña: La resolución permitirá el impulso de contenido político-electoral durante la precampaña, sujeto a reglas específicas, con la prohibición explícita de pedir votos.

2. Contenido manipulado y fabricado: El uso de contenido fabricado o manipulado, especialmente a través de tecnologías digitales, requerirá información explícita sobre la manipulación, destacando la tecnología utilizada. El incumplimiento de estas reglas acarreará penas de dos meses a un año de prisión o el pago de 120 a 150 días-multa, según lo previsto en el Art. 323 del Código Electoral.

3. Responsabilidad de los proveedores: Los proveedores de aplicaciones de Internet tendrán la responsabilidad de adoptar medidas para evitar la circulación de contenido ilícito que pueda perjudicar la integridad del proceso electoral. Esto incluye el mantenimiento de herramientas de transparencia y la notificación sobre valores y responsables del pago.

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4. Restricciones a la circulación de publicidad electoral: Habrá una prohibición de la circulación pagada o impulsada de publicidad electoral en Internet 48 horas antes y 24 horas después de las elecciones.

5. Lives electorales: La realización de transmisiones en vivo (lives) electorales, incluso sin pedir explícitamente el voto, se considerará un acto de campaña electoral de carácter público. Durante el periodo de elecciones, el uso de transmisiones en vivo para la promoción personal de los candidatos se equiparará a la promoción de la candidatura.

La resolución dependerá de su aprobación y se discutirá en audiencias públicas los días 23, 24 y 25 de enero, centrándose principalmente en el tema del uso de Inteligencia Artificial.

Si se implementa, tendrá un impacto directo en las estrategias de campaña de los candidatos, reforzando la importancia del uso ético y transparente de las tecnologías digitales en el escenario político brasileño.

El Universal

El ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, respondió este martes a los medios de comunicación que acusan al gobierno de Venezuela de usar inteligencia artificial para crear propaganda política.

Ñáñez rechazó el artículo publicado por el diario El País sobre unos supuestos reportajes falsos que se viralizaron en las redes sociales. Según el medio español, los mismos trabajos enfocados en los logros alcanzados por la administración de Nicolás Maduro “eran presentados por avatares”, según señala Venezuela News. 

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo aseguró que esos medios solo intentaban justificar su “ignorancia” acusando al gobierno venezolano de engañar al mundo. 

En este sentido, Ñáñez precisó, “el éxito de la revolución bolivariana en Venezuela no se debe a la inteligencia artificial, sino a la inteligencia de su pueblo”.

La publicación de El País surgieron luego de que el canal VTV transmitiera un reportaje sobre las ganancias que dejó la Serie del Caribe 2023 al país. 

El Diario de Guayana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó las regulaciones establecidas para la difusión de propaganda electoral a través de los diferentes medios de comunicación.

En una publicación realizada en la red social Twitter, el ente electoral indicó que sobre la propaganda en periódicos impresos, los candidatos, candidatas y las organizaciones podrán contratar la difusión de su mensaje de campaña en periódicos impresos de circulación nacional, regional o local.

No obstante, el espacio para este mensaje no podrá ser de media página diaria si se trata de periódicos impresos de tamaño estándar, y en tamaño tabloide hasta una página diaria no acumulable.

Mientas que para la propaganda electoral difundida a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, el CNE lleva un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de cada candidata o candidato para su monitoreo.

Por otra parte, la difusión de campaña electoral a través de operadores de telecomunicación con mensajería de texto, podrá ser hasta un mensaje diario. Los responsables de la contratación también deben cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Las regulaciones establecidas para la campaña electoral, destaca el Poder Electoral en su cuenta de Twitter, están estrictamente enmarcadas en una serie de instrumentos jurídicos que permiten el cumplimento de la fiscalización electoral adoptada por unanimidad por los cinco rectores del Consejo.

La Comisión Europea presentó el Plan de Acción para la Democracia, una iniciativa de la Agenda Digital europea que busca luchar contra la desinformación y proteger la integridad de las elecciones, así como el debate en línea.

El plan plantea imponer más obligaciones a las plataformas digitales como Facebook, Twitter y Google, para que sean responsables de evitar la difusión y amplificación de contenidos falsos o engañosos, publicados con fines políticos o económicos.

La Comisión emitirá una guía para mejorar el Código de Prácticas sobre desinformación en el primer trimestre de 2021 y establecerá un marco más sólido para monitorear su implementación.

El segundo pilar del Plan de Acción para la Democracia establece la introducción de una nueva legislación sobre la transparencia de la publicidad y comunicación política en línea. El objetivo es ayudar a los usuarios para que puedan identificar claramente el contenido político pagado.

La Comisión también planea una revisión de la legislación sobre la financiación de los partidos políticos europeos, especialmente por las preocupaciones de donaciones de origen extranjero.

Por último, el plan busca fortalecer la libertad de expresión y proteger a los periodistas de amenazas tanto físicas como en línea. La Comisión Europea destaca poner mayor atención a las amenazas contra las mujeres periodistas.

Las autoridades europeas planean implementar el Plan de Acción para la Democracia de forma gradual hasta el año 2023, un año antes de las elecciones al Parlamento Europeo.

Como se había anunciado desde finales de 2019, Facebook ha puesto en marcha sus nuevas políticas de contenido para regular la propaganda política. Las nuevas funciones, que también aplicarán en Instagram, tienen como objetivo disminuir la saturación de anuncios, a semanas de arrancar la temporada electoral en Estados Unidos.

La biblioteca de anuncios permite a los usuarios acceder a un archivo público con todos los anuncios de los políticos y las campañas vigentes y pasadas publicadas en Facebook e Instagram. Además, la red social anunció que está trabajando para agregar herramientas de filtrado de contenido que permitirá medir la efectividad de las campañas, detallando datos como tamaño de la audiencia, fechas y regiones alcanzadas.

“Estamos actualizando nuestra biblioteca para aumentar el nivel de transparencia que brinda a las personas y darles más control sobre los anuncios que ven”, destacó Facebook en un comunicado.

Las características de transparencia ampliadas se implementarán en el primer trimestre de 2020 y se aplicarán en primer lugar en EE.UU. desde el inicio del verano, para finalmente expandir las herramientas a más ubicaciones.

Facebook también aprovechó la oportunidad para comparar su iniciativa con otras plataformas de contenido como Twitter y Google. “A diferencia de Google, hemos optado por no limitar la orientación de estos anuncios. Consideramos hacerlo, pero a través de un amplio alcance y consultas escuchamos sobre la importancia de estas herramientas para llegar a audiencias clave.

“En última instancia, no creemos que las decisiones sobre anuncios políticos deberían ser tomadas por compañías privadas de forma individual, por lo que estamos abogando por una regulación que se aplique en toda la industria”, añadió.

El Mundo-Daniel J.Ollero

La modificación del artículo 58 bis de la Ley de Protección de Datos que reforma la Ley Electoral permite a los partidos políticos enviar propaganda a los ciudadanos durante las campañas electorales a través de las nuevas tecnologías: Whatsapp, sms, Internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, etc. Sin embargo, la norma va más allá y abre las puertas, incluso, a la elaboración de bases de datos ideológicas con fines electorales. Una de las razones por las que el Defensor del Pueblo ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, que ha decidido admitirla a trámite.

Desde que fuese aprobada en diciembre del año pasado, la polémica ha sobrevolado a la Ley. A las protestas de colectivos de juristas que alertaban sobre la posible anticonstitucionalidad de la misma se sumaba una ambigüedad en su redacción que llevó (un día antes de la aceptación del recurso) a la Agencia Española de Protección de Datos a publicar una circular en el BOE en la que restringía tímidamente su uso y aplicación.

Sin embargo, salvo que el Constitucional decida suspender cauterlarmente el artículo 58 bis, la ley seguirá en vigor durante las próximas elecciones: generales, autonómicas, municipales y Europeas y solo contará con las limitaciones establecidas por la Agencia Española de Protección de datos.

¿DÓNDE CONSIGUEN LOS PARTIDOS MIS DATOS?

La Ley Orgánica de Protección de Datos estipula que “los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral”.

No se aclara qué páginas webs y qué fuentes de acceso público pueden servir para recabar la información. Sin embargo, los partidos nunca podrán utilizar datos de las instituciones donde tengan presencia. Esto puede constituir un delito de revelación de secretos por funcionarios públicos.

¿VAN A ENVIARME PROPAGANDA ELECTORAL POR WHATSAPP?

Sí, siempre y cuando hayan obtenido tu número de teléfono legalmente. También pueden enviar correos electrónicos. En todo momento, los mensajes deben estar identificados destacando su naturaleza electoral y fuera del periodo de campaña electoral que marca la ley. Una vez vencido este periodo, los partidos deberían eliminar estas bases de datos sobre electores.

¿POR QUÉ SE DUDA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA LEY?

El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que el artículo 58 bis de la ley orgánica electoral podría violar varios derechos de la Constitución, concretamente los artículos 9.3, 16, 18.4, 23.1 y 53.1.

Lo más destacado de estos artículos es el carácter especial de protección que se otorga a cualquier dato personal (que permite identificar a quién pertenece) relativo a opiniones políticas. Y nunca podrían utilizarse sin saber el fin o sin consentimiento del titular, según el recurso presentado.

El Constitucional ha dado traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular en 15 días las alegaciones que consideren oportunas.

Un día antes, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una circular en el BOE restringiendo la aplicación del artículo 58 bis, ante el “debate y (la) preocupación respecto a los límites que deben aplicarse”.