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De tres meses a cuatro años de prisión serán las sanciones que enfrentarían las personas en la República Dominicana por difundir o poner a disposición material y publicaciones que discriminen a otros ciudadanos, según el proyecto de Ley de contra la Ciberdelincuencia sometido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader.

Según el referido proyecto, serán sometidos a la acción de la justicia quienes difundan publicaciones de carácter discriminatorio por ideología, raza, color de piel, ascendencia u origen nacional o étnico, de género, orientación sexual y religión.

También, las personas que incurran en este delito pueden recibir multas de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Esta ley establece que la difamación cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público. La persecución del delito de difamación se promoverá mediante acción pública a instancia privada o acción penal privada.

En cambio que la injuria pública cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

La pasada semana, el presidente de la República, Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.

El objeto de esa iniciativa legislativa es lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos, por un lado, los cometidos en detrimento de tales sistemas, sus componentes o sus contenidos y, por otro lado, los cometidos mediante el uso de esas tecnologías de la información y comunicación en contra de personas físicas o jurídicas.

El proyecto de ley establece su propio ámbito de aplicación, sus principios rectores y las definiciones que para su aplicación corresponden.

En su parte central, el proyecto tipifica cada uno de los ciberdelitos y los clasifica en ciberdelitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas de información; ciberdelitos contra las personas; ciberdelitos financieros y de sustracción; ciberdelitos contra la propiedad intelectual; ciberdelitos contra las telecomunicaciones; y ciberdelitos contra la nación y ciberterrorismo.

El proyecto de ley también dispone los organismos competentes para la persecución y enjuiciamiento de tales delitos, dentro de los cuales se incluyen el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI).

Por otro lado, el proyecto define las reglas de derecho procesal, las cuales regulan aspectos diversos, tales como las medidas de investigación, la recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes, la competencia jurisdiccional y la acción pública.

También son contempladas de manera particular la sostenibilidad del sistema y la cooperación internacional.

La eventual ley derogaría de manera total la ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente. De esta manera se actualizaría este marco normativo dado que muchas de las nuevas conductas ciberdelictivas que afectan hoy en día a la sociedad no cuentan con una tipificación penal.

Andina

La declaratoria de emergencia por 45 días a Lima y Callao, y de otros espacios que se produzcan en las siguientes semanas, vendrá acompañado de un paquete de proyecto de ley para reducir el robo de celulares y los asaltos en motos lineales, que próximamente serán presentados al Congreso, adelantó este jueves Dimitri Senmache, jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior.

“Vamos a presentar un paquete legislativo, para actualizar algunas penas, para definir ciertos criterios que hay que atacar en el tema de robos de celulares, mercados ilícitos, (robos) en motos lineales, en diferentes casos estamos presentado un paquete legislativo que nos permita actuar de manera eficaz”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

En el caso de los robos de celulares, un delito de gran impacto social, el funcionario adelantó que la idea es que este delito no se cuantifique en función del valor del equipo, para determinar si es una falta o delito, sino en función de la información que contiene el aparato, y que puede servir para la comisión de otros delitos más graves que, como se ha visto, puede llegar a la muerte de su propietario.

Con este cambio, el robo de celulares pasará a considerarse robo agravado o hurto agravado, y de esas maneras sus autores serán detenidos, y no como ahora, que se considera una falta, y salen en libertad.

Otro cambio en la legislación es que el técnico que acondiciona el apara robado, para que pueda ser vendido en el mercado negro, ya no se le considere únicamente como un delito al derecho de propiedad, con penas mínimas, sino como parte de la organización criminal.

Según el Organismo Supervisor Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el último año en el país se roban un promedio de 4,000 celulares por día.

En relación a los asaltos en motos lineales, Senmache adelantó que la propuesta es que el acompañante del piloto de la moto tendrá que sacar una autorización, similar a las que se expedían en la emergencia sanitaria, pero consignando, además de su identidad, el nombre del propietario de la moto y la licencia de su conductor.

Además, se va a realizar toda una reorganización de la base de datos que existen sobre las motos, porque actualmente está desorganizada, en relación con la base de datos de automóviles.

Descarta abusos

De otro lado, Senmache dijo que las operaciones policiales que se realicen durante el estado de emergencia en Lima y Callao, que ayer fue aprobada por el gobierno, serán en puntos específicos, donde la Policía tenga información de que se está cometiendo un delito, y no de manera generalizada en toda la capital, por lo que descartó que esto pueda afectar los derechos de los ciudadanos.

“En principio vamos a llevar a cabo operativos casi quirúrgico (…) En todo momento la dirección de estos operativos va a estar en manos de la Policía Nacional, el orden interno no va hacer cedido a ninguna institución, siempre va a estar en manos de la Policía para evitar que pueda haber cualquier tipo de abusos. Además, está siendo dirigido no en general en todo Lima, (…) sabemos nosotros dónde vamos a empezar a atacar de manera quirúrgica, ciertas zonas, ciertos puntos”, afirmó.

Finalmente, el Senmache no descartó que en las siguientes semanas otras regiones también sean declaradas en emergencia, como Trujillo y Ucayali, una vez que lleguen los informes correspondientes.

Diario Digital

Un tribunal impuso un año de prisión preventiva contra un hombre acusado por el Ministerio Público de ser el cabecilla de una banda de ciber criminalidad que sustrajo un millón 375 mil 200 pesos desde la cuenta bancaria de una empresa.

Ericsson Martínez Vargas y/o Erison Moisés Martínez Heredia realizó la maniobra fraudulenta vulnerando la seguridad bancaria para obtener el acceso a las plataformas digitales de la entidad de intermediación financiera (internet banking).

El imputado encabezaba la red en la que participaban Ruby O’Neal Martínez Gómez, Ana Nuriely Marte Geraldino y Paola Martínez Vargas, liberados bajo fianza por la jueza de instrucción interina Jenny A. Martínez Rivera, el pasado 7 de marzo.

La red criminal incurrió en la actividad criminal denominada “spoofing” al realizar la suplantación de identidad de Yadira Mercedes Santana Ramírez, de Inversiones Mayia. Los imputados estudiaron las redes sociales de la víctima para luego hacerse pasar por la entidad bancaria a través de la falsificación de los datos de una comunicación.

Los fiscales Warlyn Tavares y Ramón Cabrera demostraron ante el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Romaldy Marcelino, que los ciberatacantes consiguieron acceso a cuentas bancarias con el objetivo de realizar “el pitufeo”, consistente en la transferencia a diferentes y numerosas cuentas en montos y partidas pequeñas, con el fin de perder el rastro del destino final de los valores transferidos ilícitamente.

El juez Romaldy Marcelino impuso la medida de coerción al considerar que se trata de una red que atenta contra la seguridad financiera.

El Ministerio Público calificado el hecho, de manera provisional, como una  violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, concomitantemente con los artículo 5, 6, 14, 15, y 17 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

También, como una violación a los artículos 2, numeral 11, artículo 3, numeral , 2, 3, 4, 5, articulo 9, numeral 1, de la ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos.

En ese sentido, plantea que los imputados incurrieron en asociación de malhechores, captación de códigos de acceso, el robo y uso de identidad ajena, el acceso ilícito a sistemas electrónicos, la obtención ilícita de fondos, la estafa a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, y el enriquecimiento ilícito proveniente de delitos electrónicos.

El Universo

Los dispositivos tecnológicos y de comunicación han llegado a ser usados por delincuentes para realizar actividades ilícitas, como el robo de dinero o el daño de sistemas, entre otros.

Según una publicación de la Policía Nacional, desde hace algún tiempo la pornografía infantil, los fraudes informáticos e incluso las actividades terroristas han sido considerados nuevos delitos informáticos.

“Todas las actividades que contemplen grabaciones y fotografías sin consentimiento o autorización legal, suplantación de claves electrónicas, daños o pérdida de información intencional, intervención o violación en la intimidad de las personas, entre otras, son ilícitas”, se indica en el portal de la institución.

Los delitos informáticos han ido en aumento en Ecuador, se indica en un informe publicado por este diario en el 2020. En el 2017 se registraron 8.421 casos; subieron a 9.571 y 10.279 en 2018 y 2019. La tendencia se mantiene.

Hasta mayo de este año se han registrado ya más de 600 denuncias en la Fiscalía por delitos cibernéticos.

Los más recurrentes son las estafas digitales con modalidades como la suplantación de la identidad y la apropiación fraudulenta a través de medios electrónicos.

En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla leyes que sancionan este tipo de delitos con penas de privación de libertad.

Los delitos informáticos con pena de prisión en Ecuador son los siguientes:

– Pornografía infantil (art. 103) – 13 a 16 años de prisión.

– Violación del derecho a la intimidad (art. 178) – de 1 a 3 años de prisión.

– Revelación ilegal de información de bases de datos (art. 229) – de 1 a 3 años de prisión.

– Interceptación de comunicaciones (art. 476) – de 3 a 5 años de prisión.

– Ataque a la integridad de sistemas informáticos (art. 232) – de 3 a 5 años de prisión.

– Delitos contra la información pública reservada legalmente (art. 233) – de 3 a 5 años de prisión.

– Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones (art. 234) – de 3 a 5 años de prisión.

– Pharming y Phishing – de 3 a 5 años de prisión.

– Fraude informático – de 3 a 5 años de prisión.

Recomendaciones

La Policía Nacional del Ecuador plantea algunas recomendaciones para evitar ser víctima de delitos informáticos.

No publique información personal en páginas desconocidas o redes sociales.

No confíe en ofertas y precios muy bajos al comprar cualquier servicio.

Cree contraseñas seguras.

No compartir con otras personas claves de seguridad.

No guardar contraseñas en computadores públicos para evitar las estafas.

Verificar cuentas bancarias en computadores personales.

Tener instalado un buen antivirus.

Conserve los mensajes, correos electrónicos y toda información indebida servirán en caso de que sea necesario denunciar ante las autoridades.

No confiar en correos electrónicos desconocidos.

Supervisar constantemente cuando un menor de edad se encuentra en la red.

Hace unos días los titulares de noticias anunciaban que un tribunal de Corea del Sur arrestó a tres ejecutivos de Samsung Electronics por manipulación de evidencia durante una investigación de presunto fraude contable.

La compañía surcoreana enfrenta nuevamente un escándalo legal, que protagoniza su vicepresidente Kang Kyung-hoon, al recibir una pena de prisión de 16 meses por cargos de actividades antisindicales.

Kang y otros actuaron para obstruir la formación y las actividades de un sindicato independiente en la filial Samsung Everland, un operador de parques de diversiones y parte de Samsung C&T, según informes de los medios locales.

Entre las 12 personas acusadas de Kang, un ex Director Ejecutivo recibió una pena de prisión de 10 meses, mientras que otras recibieron penas de prisión suspendidas o, en un caso, una multa, informó la agencia de noticias Yonhap.

Reuters señala que aunque Corea del Sur tiene poderosos sindicatos automotrices, la tasa general de participación sindical del país es de apenas 10 por ciento en promedio, lo cual la coloca como la segunda más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).