La diaria

A pesar de que los artículos referidos a la portabilidad numérica están entre los 135 de la ley de urgente consideración (LUC) que serán puestos a consulta de la ciudadanía, el gobierno avanzó en las últimas semanas con los trámites referidos al proceso de licitación del administrador de la base de datos (ABD), que finalmente estará en manos del consorcio Cleartech-Cietel.

La recolección de casi 800.000 firmas presentadas ante la Corte Electoral tuvo como uno de los debates este asunto, ya que la LUC incluyó la portabilidad numérica, esto es que el número de celular es propiedad del usuario y no de las compañías telefónicas.

El Frente Amplio (FA) y el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), contrarios a la medida y que impulsan su derogación, señalan que se debe frenar la puesta en marcha del nuevo sistema para evitar consecuencias posteriores en caso de que los artículos sean derogados. Mientras tanto, el gobierno, por intermedio del Comité de Portabilidad Numérica, sostiene que la ley ya está vigente y, por este motivo, debe completar todos los pasos previos para disponer cuanto antes del nuevo mecanismo.

Días atrás, el Comité de Portabilidad Numérica, que integran la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación (Agesic), Antel, AM Wireless Uruguay SA (Claro) y Telefónica Uruguay SA (Movistar), acordó por unanimidad de sus integrantes que se agregara en los contratos a firmar con la empresa encargada de la administración de la base de datos una cláusula que exima al Estado de toda responsabilidad jurídica ante la eventual derogación de la portabilidad numérica. Así lo confirmó a la diaria el titular de Dinatel, Guzmán Acosta y Lara.

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