CRHOY

El Poder Judicial emitió una circular el pasado 20 de febrero sobre el uso de la inteligencia artificial para regular su uso laboral en los funcionarios judiciales.

En la misma se establecen una serie de directrices para el uso de estas herramientas tecnológicas, entre ellas que la responsabilidad final sobre el contenido de cualquier resolución, oficio, informe, documento, acusación, dictamen o cualquier otro acto en ejercicio de la función jurisdiccional o administrativa, recae exclusivamente en el funcionario que lo firma.

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El Nuevo Diario

La transformación digital del Poder Judicial dominicano ha optimizado procesos, incrementado la transparencia y reducido la discrecionalidad administrativa, combatiendo la corrupción y la ineficiencia, según Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

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Por primera vez en México habrá una elección del Poder Judicial (jueces y magistrados) el próximo 1 de junio, y especialistas en ciberseguridad ya advirtieron de posibles ataques, tanto a las instituciones involucradas en el proceso como a los propios ciudadanos y ciudadanas.

De acuerdo con la firma de ciberseguridad Netscout Systems, ha habido un incremento del 218 por ciento en ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) contra infraestructuras críticas del país, coincidiendo con la coyuntura electoral.

“El proceso electoral del 1 de junio en México representa un punto de inflexión democrático, y es precisamente en este tipo de coyunturas cuando los ataques DDoS se intensifican.

“Estamos viendo un uso cada vez más estratégico y automatizado de estas amenazas digitales, que ahora pueden ser orquestadas incluso por actores con conocimientos técnicos mínimos gracias a la Inteligencia Artificial y los servicios de DDoS de alquiler”, aseguró Jorge Tsuchiya, director regional para México de Netscout.

Tsuchiya explicó que este tipo de ataques no sólo son utilizados en México, sino a nivel internacional en escenarios de alta tensión política. Ejemplificó con el caso de operaciones militares en Israel, en donde los ataques DDoS se han incrementado hasta 2,844 por ciento; o en Georgia, previo a una votación parlamentaria, que incrementaron 1,489 por ciento.

Phishing para desinformar u obstaculizar votación: Silikn

Los ataques no sólo se presentan a las infraestructuras críticas, sino también a través de redes sociales o correo electrónico con diversas estrategias, como el phishing, para desinformar o inhibir la participación ciudadana, aseguró Víctor Ruíz, director General de la firma de ciberseguridad Silikn.

“Otro riesgo emergente es la circulación de campañas de phishing vinculadas al proceso electoral. Estas podrían tener distintos objetivos, como desinformar a la ciudadanía sobre la ubicación o el horario de sus casillas, para obstaculizar su participación; difundir información falsa sobre supuestas tendencias electorales para influir en la decisión del voto, o incluso propagar noticias falsas sobre la cancelación, posposición o invalidez de la jornada electoral.

“Este tipo de acciones representan una amenaza seria para la integridad del proceso democrático y requieren una respuesta coordinada y oportuna”, comentó Víctor Ruiz.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado simulacros para probar el sistema en su estabilidad y desempeño, uno de ellos a mediados de mayo, cuando la autoridad electoral aseveró que su sistema “demostró ser robusto, seguro y funcional”.

Canal AR

Unitech, la compañía experta en transformación digital cognitiva de poderes judiciales, anunció el despliegue y homologación de su nueva solución IURIX Cloud Native en la nube de AWS para el Poder Judicial de la provincia de San Luis.

IURIX Cloud Native es una nueva y moderna plataforma integral para la gestión integral de la administración judicial, con una arquitectura basada en microservicios utilizando tecnologías de AWS que permiten instanciar, administrar y operar todo el stack tecnológico de manera más ágil. Tiene consumos elásticos en función de la demanda real de cada una de las funciones y permite una actualización constante de cada uno de sus componentes.

La novedad se dio a conocer en el marco del webinar Digi Justice LATAM, organizado el pasado 24 de agosto por Amazon Web Services. Allí, Unitech y el Poder Judicial de San Luis expusieron el despliegue de IURIX Cloud Native en la provincia y destacaron los grandes cambios de paradigma tecnológico que implica, que permiten aumentar drásticamente la seguridad, la disponibilidad y, a su vez, bajar los costos operativos de la implementación de la justicia digital.

Del evento participaron el Lic. Mg. Marcelo Lotufo, Subsecretario de Tecnología en representación del Poder Judicial de San Luis, y el Ing. Lautaro Carmona, Director de Estrategia de Unitech, quienes compartieron sus experiencias respecto de los diversos beneficios que implica abordar la transición hacia tecnologías cloud-native sobre plataformas como AWS.

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El número de proyectos de Inteligencia Artificial (IA) en el Poder Judicial de Brasil aumentó un 171 por ciento en 2022, de 41 el año pasado a 111. Cerca de 63 soluciones ya están en uso o listas para ser utilizadas. La investigación también identificó que el número de agencias que desarrollan este tipo de tecnología aumentó de 32 a 53 de un año a otro.

La encuesta fue realizada por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) entre abril y mayo de este año para el Programa Justicia 4.0, una alianza entre el CNJ, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Federal de Justicia (CJF).

La mayoría de estas iniciativas (65) son de tribunales estatales, 53 de las cuales son nuevas y no fueron mapeadas en la encuesta anterior. A pesar de esto, los tribunales federales tienen el promedio más alto de proyectos de IA por tribunal (2.8), seguidos por los tribunales estatales (2.7).

El Tribunal de Justicia de Rondônia lidera el ranking con 21 proyectos de IA. Una de las iniciativas desarrolladas es Sinapses, que trabaja en la automatización de documentos, la previsión, sugerencia o detección de casos prioritarios y en la interoperabilidad de datos entre distintas organizaciones. Según el Banco de Desarrollo de América Latina, el sistema reduce el tiempo en los procesos judiciales entre un 25 y un 50 por ciento.

Este aumento de la productividad es el principal motivo del uso de herramientas de IA, seguido de la búsqueda de innovación, mejora de la calidad del servicio y reducción de costes. “La automatización de rutinas y tareas burocráticas, que antes presentaban un alto grado de dificultad, se hace posible con el uso de la IA, reduciendo los pasos formales de un proceso judicial y permitiendo que el enfoque se vuelva más humano, orientado al bien para servir las jurisdicciones”, dice Rafael Leite, juez de la CNJ.

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Los organismos estiman que 99 de los 111 proyectos mencionados tienen potencial para beneficiar más de mil juicios. Otras 10 soluciones impactarían en más de 100 procesos y dos herramientas beneficiarían entre 100 y mil procesos.

Un dato interesante es que 60 iniciativas fueron desarrolladas exclusivamente por el equipo técnico de la institución y 35 en colaboración con otras instituciones, como universidades. Además, el 71.2 por ciento de las agencias cuentan con un equipo dedicado al proyecto. Estos números muestran que el Poder Judicial le ha dado más importancia al tema de la modernización.

Proyectos de IA en el Poder Judicial

Una de las soluciones presentadas en la encuesta es Janus, desarrollada por el Tribunal Regional Electoral de Bahía y que ahora también se está desarrollando en los estados de Maranhão, Pernambuco, Piauí y Rio de Janeiro.

La herramienta utiliza bots para realizar tareas repetitivas, lo que puede reducir las tareas humanas hasta en un 40 por ciento, eliminando errores de proceso, y utiliza IA para respaldar el juicio de solicitudes de candidatura y acelerar la rendición de cuentas electoral.

Géminis (o Gemini) es otro proyecto que agrupa casos por similitud temática en las unidades de primer y segundo grado del Tribunal Laboral, agilizando los juicios. La herramienta es coordinada por el Consejo Superior de Justicia Laboral y ya está en uso por cinco tribunales laborales regionales, según la CNJ.

“Fortalecer las capacidades del Poder Judicial a través de herramientas innovadoras que mejoren la eficiencia de los servicios judiciales debe estar en el centro de la agenda institucional cuando buscamos la gobernabilidad ciudadana. Las tecnologías disruptivas y la co-creación con la sociedad son fundamentales para los resultados obtenidos por la Justicia 4.0”, dijo Moema Freire, coordinadora de la unidad de Gobernanza y Justicia del PNUD.

Perú 21

La recopilación de datos e información verificable es uno de los principales recursos del periodismo. Sin embargo, para el Poder Judicial, esta tarea representaría, más bien, un delito. En lo que marca un terrible precedente sobre los límites de la libertad de expresión y de prensa en el país, el periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha, y Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House, fueron condenados a dos años de prisión suspendida tras una querella por difamación agravada del líder de APP, César Acuña.

La decisión fue tomada la mañana de ayer por el juez a cargo del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, Raúl Jesús Vega, quien, según información proporcionada por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), tiene cuatro quejas en trámite ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura Lima (Odecma).

Un día antes de la lectura del fallo, expertos y organismos advirtieron que una sanción contra Acosta vulneraría derechos fundamentales. Ello no fue tomado en cuenta por Jesús, quien consideró que en su libro, “se ha traspasado los límites de la libertad de expresión”, agravando a Acuña con 35 de 55 frases “que se consideran difamatorias”.

En la sentencia indicó que los derechos de honor y de libertad de expresión “tienen el mismo peso, ninguno tiene más preponderancia que el otro”, y que la “dignidad de la persona es el pilar básico”.

En la sentencia indicó que los derechos de honor y de libertad de expresión “tienen el mismo peso, ninguno tiene más preponderancia que el otro”, y que la “dignidad de la persona es el pilar básico”.

Acosta y Pimentel deberán pagar una reparación civil de S/400 mil (Acuña había pedido S/100 millones). Ambos anunciaron que apelarán.

Rechazo masivo al fallo

Tras la lectura de sentencia, Acosta brindó una conferencia de prensa, acompañado de su abogado Roberto Pereira, en Miraflores. Ahí aseguró que, en segunda instancia, rebatirían los argumentos de la defensa del excandidato presidencial.

“Algo tan simple que hacemos los periodistas, como citar, ponerle nombre y apellido a frases, no puede ser considerado un delito (…). No se puede dañar la honra de una persona si estás citando información que es verificable”, dijo Acosta. En tanto, Pereira aseveró que “la sentencia le ha dado una estocada de muerte al periodismo de investigación”.

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), condenó lo sucedido. “Una tremenda preocupación y un rechazo absoluto a una sentencia que trata de dar lecciones sobre cómo encontrar fuentes fidedignas, esa no es tarea de un juez. En otros países, por casos similares, la jurisprudencia internacional ha fallado a favor de la prensa”, refirió a Perú21.

El periodista Luis Jochamowitz denunció abusos por parte de Acuña. “Increíble que pidiera S/100 millones, ¿para qué? Ha sido una decisión grotesca la del juez, ofende al periodismo en su ejercicio. No tiene ningún sentido práctico, ¿el Poder Judicial desde cuándo señala qué se puede citar y qué no? ¿Creen que así van a evitar que se escriban libros?”, manifestó a este medio. También expresaron su rechazo el Consejo de la Prensa Peruana, la ANP, la Defensoría del Pueblo, la Apep y el IPYS.

“Está mal castigar al mensajero”

Análisis por Andrés calderón// Abogado

Me preocupa que se intente silenciar a los medios de comunicación, y a los periodistas, mal utilizando el aparato judicial para tratar de callar la investigación o voces críticas contra quienes detentan el poder en algún momento. Más allá de los nombres, este criterio que se ha dictado hoy (ayer) sería un pésimo precedente para cualquiera que quiera ejercer el periodismo independiente en el Perú.

Lo escrito por Christopher Acosta tiene que ver con lo que dice un personaje público que aspira a la presidencia de la República; por lo tanto, es de relevancia pública que los ciudadanos nos informemos sobre alguien que tiene las pretensiones de gobernar los destinos del país. Se trata de personas que señalan información con nombre y apellido, y está terriblemente mal que castiguen al mensajero, porque el autor del mensaje no es el periodista; él solo está trasladando el mensaje de terceros.

Tenga en cuenta

• El abogado de Acuña intentó que la lectura de sentencia no se transmita por TV.
• “El libro acusa a Acuña de violación, eso es lo más grave. El autor no utilizó un mecanismo de corroboración de versiones que recogió en Internet”, dijo Enrique Ghersi, abogado de Acuña.
• “Los jueces no pueden ejercer el rol de editores periodísticos”, expresó Acosta.

Listín Diario

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) reiteró que ha identificado en el proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, una intención de regular mucho más que las audiencias virtuales y reiteró la importancia de este proyecto de ley en la modernización y la transparencia del sistema judicial.

“Con esta pieza legislativa se procura establecer un procedimiento institucionalizado para que los usuarios de servicios judiciales puedan, de manera virtual, realizar solicitudes, someter documentación y tener acceso a toda la información relacionada con procesos, procedimientos, sentencias públicas, roles de audiencias y todo tipo de documentos que tengan carácter público”, explicó Luis Manuel Pellerano, presidente de la Asociación.

En el marco de la conmemoración del día del Poder Judicial, agregó que la reciente deshabilitación de las gestiones judiciales de servicios por la vía virtual, marcan un retroceso en la modernización del acceso a la justicia, ahorro de recursos, la eficiencia y productividad de los usuarios de servicios judiciales.

Además, la posibilidad de realizar procesos judiciales, tanto administrativos como de celebración de audiencias por vía de medios digitales es uno de los avances más trascendentales de la última década en lo que se refiere a modernización de la administración pública.

Por igual, la República Dominicana se sumaría a otros países de la región que ya utilizan medios digitales de manera masiva y eficiente para la administración de la justicia.

“Como jóvenes empresarios entendemos la importancia que tiene la digitalización para la transformación no solo del Poder Judicial sino de todo el Estado Dominicano. Reconocemos que la transparencia, trazabilidad y acceso que brindan los medios digitales es garantía del fortalecimiento institucional y, en consecuencia, aporta a la estabilidad del clima de negocios y el ecosistema empresarial dominicano. Por estos motivos, animamos al Congreso de la República Dominicana a analizar y aprobar este importante proyecto de ley”, puntualizó.

Mercado

Aunque ya el modelo de firmas electrónicas había sido adoptado por el Estado dominicano como un método válido y legal, a finales del presente año es que el Poder Judicial, junto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), implementa el uso de la firma digital y otras herramientas tecnológicas en el sistema de justicia.

El objeto de este convenio es conectar directamente con el plan estratégico Visión Justicia 20|24, en especial con los ejes I y II que contemplan dos acciones fundamentales: servir a las personas a través de medios digitales y lograr un servicio de justicia eficiente y confiable apoyado en las TICs’, respectivamente.

Con el fin de ejecutar un plan de acción para afianzar las herramientas en el sistema, Indotel y el Consejo del Poder Judicial firmaron un innovador convenio de colaboración y asistencia recíproca entre las dos instituciones.

Indotel ofrecerá de manera adicional al digital signature su respaldo a todos los Servicios Electrónicos de Confianza, incorporando todas las transacciones ofrecidas dentro del sector de la Certificación Digital, las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo, el servicio de Entrega Electrónica, Firmas Longevas.

Como parte de los esfuerzos de mejora continua de la Firma Electrónica y los servicios Electrónicos de Confianza utilizados en las labores administrativas del Poder Judicial, ofrecer orientación legal y técnica en materia de uso de la Firma Electrónica y los servicios Electrónicos de Confianza, las partes se obligan, específicamente, a promover el uso de instrumentos y medios de firma electrónica en los oficiales públicos, además de alentar el uso de instrumentos y medios de firma electrónica en el Registro Inmobiliario.

Plan Estratégico Visión Justicia 20|24

Dada la aspiración de lograr una administración de justicia más transparente, eficiente, eficaz e inclusiva, el Poder Judicial dominicano adoptó el Plan Estratégico Visión Justicia 20|24 en el que se estableció una ruta para una transformación integral apoyada en las tecnologías de la información, con miras a hacer óptimos y eficientes los servicios de administración de justicia en consonancia con lo establecido en sus tres ejes estratégicos.

El acuerdo garantizará servicios electrónicos de confianza, certificación digital, firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempo, servicio de entrega electrónica y firmas longevas.

Acento

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Consejo del Poder Judicial acordaron ejecutar un “plan de acción” para afianzar el uso de la Firma Digital y otras herramientas tecnológicas en el sistema de justicia.

El plan contempla la promoción de las bases generales, colaboración y asistencia recíproca entre las partes, con miras a impulsar, desde sus respectivas competencias, acciones e iniciativas que fortalezcan el proceso de transformación en el uso de las herramientas y medios digitales para la prestación del servicio de justicia.

Las entidades acuerdan igualmente darse apoyo e intercambio de información en el ámbito administrativo.

El convenio de colaboración entre las dos instituciones fue firmado por Julissa Cruz, directora ejecutiva del Indotel y Ángel E. Brito Pujols, director general de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial.

“El acuerdo garantizará servicios electrónicos de confianza, certificación digital, firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempo, servicio de entrega electrónica y firmas longevas”.

Cruz expresó que “este es otro paso más que damos hacía una República Dominicana más digital y moderna. Con este acuerdo buscamos que el Poder Judicial se beneficie de las nuevas herramientas tecnológicas y digitales, y así pueda optimizar y agilizar el tiempo en los procesos”.

Mientras que Brito Pujols aseguró que “este documento que hoy suscribimos es de gran relevancia para nuestra institución, ya que el objeto de este se encuentra conectado directamente con nuestro plan estratégico Visión Justicia 20|24, en especial con los Ejes I y II que contemplan dos acciones fundamentales: ‘servir a las personas a través de medios digitales’ y ‘lograr un servicio de justicia eficiente y confiable apoyado en las TICs’, respectivamente”.

El acuerdo destaca que el Indotel ofrecerá de manera adicional a la firma digital, su respaldo a todos los Servicios Electrónicos de Confianza, incorporando todas las transacciones ofrecidas dentro del sector de la Certificación Digital, las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo, el servicio de Entrega Electrónica, Firmas Longevas, etc.

También, colaborará en la implementación de acciones conjuntas, como parte de los esfuerzos de mejora continua de la Firma Electrónica y los servicios Electrónicos de Confianza utilizados en las labores administrativas del Poder Judicial, ofrecer orientación legal y técnica en materia de uso de la Firma Electrónica y los servicios Electrónicos de Confianza en el Poder Judicial.

Las partes se obligan, específicamente, a promover el uso de instrumentos y medios de firma electrónica en los oficiales públicos, además de alentar el uso de instrumentos y medios de firma electrónica en el Registro Inmobiliario.

Como parte de estos compromisos el Consejo del Poder Judicial dispondrá de los mecanismos correspondientes para el fortalecimiento y mejora de la firma electrónica en el ámbito administrativo del sistema judicial.

El Consejo colaborará en la realización de sesiones para el intercambio de experiencias a través de webinars, seminarios o charlas, ya sea de manera presencial o virtual.

En tanto, el Indotel se compromete a colaborar en la implementación de acciones conjuntas, como parte de los esfuerzos de mejora continua, y de orientación legal y técnica en materia de uso de la Firma Electrónica y los servicios Electrónicos de Confianza en el Poder Judicial.

Por su lado, el Poder Judicial dominicano adoptó el Plan Estratégico Visión Justicia 20|24 en el que se estableció una ruta para una transformación integral apoyada en las tecnologías de la información, con miras a hacer óptimos y eficientes los servicios de administración de justicia en consonancia con lo establecido en sus tres ejes estratégicos: 1) Justicia para todos y todas; 2) Servicio Judicial Oportuno y Eficiente; y 3) Integridad para una Justicia Confiable

El Día

La mayor parte de quienes participaron en la vista pública en el Congreso Nacional sobre la propuesta de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, concordaron que las transformaciones tecnológicas en el sistema de justicia son imprescindibles para adecuarse a los nuevos tiempos que demandan tales herramientas para el acceso y la eficiencia del servicio.

Juristas, académicos, jueces, empresarios y representantes de la sociedad civil aportaron sus ideas y propuestas al proyecto que actualmente se está conociendo en la Cámara de Diputados.

Perla Contreras Mejía, gerente de Asuntos Regulatorios del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y quien habló en representación de César Dargam, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), precisó que para el sector empresarial es de alto interés toda iniciativa que contribuya a la modernización, accesibilidad y celeridad del sistema judicial.

“Consideramos que el uso de recursos digitales ha jugado un rol importante para continuar con la operatividad del Poder Judicial ante la crisis generada por el Covid-19, demostrándose con ello la utilidad de estos”, afirmó Mejía.

También, la representante del CONEP indicó que se debe establecer con mayor claridad y precisión el órgano del Poder Judicial, el cual debe ser responsable de la reglamentación de esta Ley.

En ese sentido, César Moliné, director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), sostuvo que la incorporación de los medios digitales como la Firma Electrónica, en apego a las normas procesales, vigentes y observando los mecanismos que aseguren su integridad, son herramientas que asegurarán la transformación digital en el sector de la justicia.

“Entendemos que los principios planteados por el proyecto de Ley, que hoy se encuentran estudiando, está alineado a los objetivos de transformación digital que ha sido asumido no solo como nuestra estrategia nacional de desarrollo sino como la agenda digital recientemente aprobada por el Poder Ejecutivo”, expresó Moliné.

Mientras que Alberto Ramírez Cabral, rector de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), dijo que las transformaciones de las instituciones son el fruto de las socializaciones en los espacios democráticos en la búsqueda de un mejor futuro.

“El proyecto de ley sobre medios digitales marca un hito de tanta relevancia como lo fue la creación de la real audiencia en el año 1511. Y a propósito, 510 años después estamos aquí para continuar apoyando como universidad esa histórica iniciativa, y decirles a ustedes que esta iniciativa de la honorable Suprema Corte de Justicia, es el mecanismo de garantía ciudadana enmarcada en la nueva tendencia global”, sostuvo Ramírez Cabral.

De igual forma, Fernando Arturo Valencia, juez de Paz del Distrito judicial de La Vega, señaló que la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial es un instrumento neurálgico para seguir fortaleciendo el servicio judicial en la República Dominicana.

“Hoy en día, con la utilización de los medios digitales, las personas pueden tener un acceso efectivo a los servicios de justicia desde cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia, permitiendo obtener una repuesta efectiva y oportuna a sus reclamos”, aseguró el magistrado Valencia.

Además, Abraham Fernández, representante de la firma de abogados Martínez- Peña- Fernández y Asociados, respaldó el proyecto al asegurar que los servicios digitales en el Poder Judicial son sumamente necesarios para garantizar, principalmente el acceso a la justicia, a la vez que eficientiza los procesos y casos y reduce costos a todas las partes envueltas.

“Elementos importantes del proyecto de ley es la opcionalidad que le ofrece al usuario de la virtualidad en los procesos, la firma electrónica que garantiza la seguridad y su uso continuo. Las estadísticas de hace un año y medio de la implementación del servicio judicial están ahí y su factibilidad es innegable”, indicó Fernández.

La propuesta de Ley ha sido socializada con la comunidad jurídica, actores de la sociedad civil y representantes de las academias, quienes han coincidido que la virtualización de la justicia no tiene vuelta atrás y es un aliado imprescindible para la efectiva y eficiente administración de justicia. También valoraron el diálogo propiciado por el Poder Judicial para socializar el proyecto, a los fines de procurar identificar las debilidades del sistema y aunar esfuerzos para enfrentarlas.

Además, la propuesta ha sido socializada con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que está conociendo el proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, así como legisladores del Senado de la República.

Esta iniciativa de ley tiene como propósito establecer los principios y lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el entorno judicial, sin afectar las normas procesales vigentes.