El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil concluyó este 17 de junio la redacción final de la tesis que orientará las directrices para la aplicación de la decisión sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, establecida por la Corte hace un año. Ahora las empresas tendrán 60 días para adaptarse a las nuevas exigencias.

Según el texto aprobado, las plataformas podrán responder civilmente por los daños causados por la publicación de contenidos ilegales de sus usuarios, en caso de fallas en sus mecanismos de prevención y eliminación automática de dichas publicaciones. De esta forma, las empresas serán notificadas por la vía extrajudicial.

La Corte entendió que el artículo 19 del Marco Civil de Internet no es suficiente para garantizar los derechos fundamentales y la preservación de la democracia, lo que abre espacio para una responsabilización más amplia de las empresas.

Entre las determinaciones figuran medidas para impedir la circulación de contenidos relacionados con la explotación sexual infantil, la violencia contra niños y adolescentes y materiales que incentiven conductas perjudiciales para la salud física o mental de los menores. Las plataformas también deberán mantener representación legal en Brasil para atender las determinaciones judiciales.

Los tipos de contenido ilegal que deberán ser retirados tras una notificación extrajudicial incluyen publicaciones que promuevan el terrorismo, actos antidemocráticos, pornografía infantil, trata de personas, discriminación por raza, religión o identidad de género, conductas homofóbicas y transfóbicas, así como violencia contra las mujeres. En caso de omisión, las plataformas podrán ser responsabilizadas por los perjuicios causados.

Con la conclusión del juicio de los recursos presentados por las empresas, el proceso quedó cerrado en el ámbito del STF, sin posibilidad de nuevos cuestionamientos sobre la tesis fijada por la Corte.

Mientras a nivel nacional diversos países avanzan en modernizar su regulación laboral a la luz del impacto de la tecnología en la vida humana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el primer convenio internacional sobre los trabajadores de plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi.

Tras dos años de negociaciones, el convenio busca regular y garantizar el trabajo decente ante la transformación del mundo laboral impulsada por las plataformas, incluyendo a los repartidores y conductores de aplicación.

Aprobado durante la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, se trata del primer marco normativo internacional específico para abordar las condiciones laborales en un ecosistema impulsado por plataformas digitales, sistemas automatizados e Inteligencia Artificial.

La OIT reconoce que estas plataformas han generado nuevas oportunidades para empresas, emprendimientos y trabajadores, y han abierto caminos hacia la formalización laboral.

Sin embargo, también advierte que persisten importantes brechas de trabajo decente, relacionadas con la precariedad, clasificación laboral, protección social y transparencia en la toma de decisiones automatizadas.

“La naturaleza y el crecimiento de la economía de plataformas, en particular de las plataformas digitales de trabajo, están transformando significativamente el mundo del trabajo”, señala el documento.

Uno de los principales cambios que introduce el convenio es el reconocimiento de que las plataformas digitales no sólo funcionan como espacios de intermediación, sino como actores que organizan y facilitan el trabajo mediante tecnologías digitales y sistemas automatizados de toma de decisiones.

Esta premisa es especialmente trascendente, ya que durante los últimos años se ha sostenido un amplio debate sobre si las plataformas son intermediarias que conectan a oferentes y demandantes o, de lo contrario, actores directos que tienen control sobre la experiencia, los precios y las condiciones laborales.

La norma define al trabajador de plataforma como cualquier persona que sea empleada o contratada para realizar actividades organizadas o facilitadas por una plataforma a cambio de una remuneración, sin importar cómo esté clasificada formalmente su relación laboral.

A la luz de este concepto, el convenio establece que los países deberán garantizar una clasificación correcta de la situación laboral, tomando en cuenta principalmente las condiciones reales en las que se realiza el trabajo, la remuneración y otros elementos objetivos de la relación laboral.

Te recomendamos: El desafío de regular un nuevo modelo de trabajo en las plataformas digitales

Algoritmos bajo supervisión: transparencia y revisión humana

El nuevo marco internacional adoptado por la OIT aborda el uso de la Inteligencia Artificial y sistemas automatizados en la gestión laboral.

Las plataformas deberán informar a los trabajadores sobre el uso de algoritmos o sistemas automatizados para supervisar, evaluar o tomar decisiones laborales; así como el impacto que estas herramientas pueden tener sobre sus condiciones de trabajo o acceso a nuevas oportunidades laborales.

Además, cuando una decisión sea generada automáticamente —por ejemplo, la suspensión de una cuenta o la pérdida de acceso a una plataforma—, los trabajadores tendrán derecho a solicitar una explicación escrita y una revisión de la decisión cuando corresponda.

La norma también exige que exista “una intervención humana apropiada” en los procesos donde los sistemas automatizados tomen decisiones relevantes sobre los trabajadores.

Salarios, pagos y seguridad social

El convenio también establece obligaciones para garantizar condiciones económicas más transparentes. Los Estados deberán adoptar medidas para asegurar que los pagos a trabajadores de plataformas se realicen de manera puntual, íntegra y mediante medios legales.

Para quienes tengan una relación laboral reconocida, la remuneración no podrá estar por debajo del salario mínimo aplicable cuando exista una regulación vigente. Además, los trabajadores deberán recibir compensación por gastos asociados a la realización de sus actividades cuando corresponda según la legislación nacional.

En materia de protección social, la OIT establece que los trabajadores de plataformas deberán tener acceso a seguridad social en condiciones equivalentes a otros trabajadores con la misma clasificación laboral.

Relacionado: Regulación fragmentada y reactiva de plataformas en América Latina frena la innovación: DiDi

Protección de datos y derechos digitales

Por otro lado, el convenio incorpora reglas sobre datos personales. Los Estados deberán garantizar que la información recopilada por las plataformas sea utilizada únicamente para fines legítimos, no sea procesada de manera incompatible con los derechos laborales y pueda ser consultada, corregida o eliminada por los trabajadores cuando corresponda.

Esta medida es especialmente relevante ante el creciente uso de sistemas de monitoreo digital que recopilan información sobre productividad, ubicación, desempeño y comportamiento de los trabajadores.

Seguridad laboral, violencia digital y derecho a la desconexión

Aunque las plataformas suelen asociarse con flexibilidad laboral, la OIT considera que los trabajadores de aplicaciones también enfrentan riesgos físicos y digitales, como accidentes, enfermedades y otros daños relacionados con su actividad. Por lo tanto, el convenio obliga a los Estados a establecer medidas para prevenir estos riesgos.

Las y los trabajadores de plataformas digitales también están expuestos a situaciones de violencia y acoso, por lo que se requiere implementar medidas para protegerlos, incluso de aquellas agresiones cometidas en línea o por terceros como los clientes.

Por último, los trabajadores tendrán derecho a retirarse de situaciones laborales que representen un peligro grave e inminente para su salud o vida sin sufrir consecuencias injustificadas.

¿Por qué es relevante el convenio de la OIT?

La regulación del trabajo de plataformas digitales representa un desafío para los países, debido a que muchas plataformas digitales operan más allá de las fronteras nacionales.

Es común que una plataforma tenga su sede en Silicon Valley o Europa, mientras el cliente esté en Japón y el desarrollador o repartidor en América Latina. Al reconocer esta naturaleza transfronteriza, el convenio sienta las bases para una cooperación internacional indispensable que evite la evasión de responsabilidades legales. 

También establece medidas específicas para prevenir abusos contra trabajadores migrantes y refugiados que participen en la economía de plataformas.

Y salvo excepciones muy específicas, las condiciones laborales se regirán por la legislación del país donde se realice efectivamente el trabajo, lo que impide que las plataformas impongan cláusulas para litigar en paraísos fiscales o jurisdicciones extranjeras favorables a la empresa.

¿Cuándo entrará en vigor?

El convenio será obligatorio únicamente para los países miembros de la OIT que decidan ratificarlo, y entrará en vigor 12 meses después de que al menos dos Estados hayan registrado formalmente sus ratificaciones.

La Organización Internacional del Trabajo invitó a sus Estados miembros a ratificar y aplicar el nuevo instrumento mediante mecanismos nacionales y cooperación bilateral, regional e internacional.

La República

La Asociación Privada para la Innovación, Movilidad, Tecnologías y Economías Colaborativas (APRIMOTEC) anunció una nueva etapa para representar a personas que generan ingresos mediante plataformas digitales en Costa Rica.

Lee más…

El Economista

La implementación de la reforma laboral en plataformas digitales detonó un conflicto jurídico entre las empresas tecnológicas y los trabajadores de servicios de reparto. El conflicto es por el cumplimiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), un derecho que algunas empresas han comenzado a ejecutar. No obstante, otras ofrecen razones para no hacerlo en este ejercicio fiscal.

Lee más…

La ofensiva de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil contra los decretos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para regular obligaciones de las plataformas y establecer directrices de protección a las mujeres en el entorno digital tomó forma a través de al menos seis Proyectos de Decreto Legislativo (PDL) destinados a suspender las nuevas reglas.

Cinco de ellos pertenecen al Partido Liberal —hoy principal opositor del Partido de los Trabajadores— y uno al Partido Novo. Entre los textos presentados, llamó la atención el de la diputada Júlia Zanatta, única mujer entre los autores de las propuestas, basando su argumentación en la defensa de la libertad de expresión, de la neutralidad de red y del propio diseño original del Marco Civil de Internet.

En la misma línea, los otros PDL presentados por Rodrigo Valadares, Maurício Marcon, Carlos Jordy, Delegado Caveira y Gilson Marques también alegan que el Ejecutivo excedió su poder reglamentario al crear obligaciones inéditas para los proveedores, ampliar hipótesis de responsabilización y expandir competencias de la Autoridad Nacional de Protección de Dados.

En el caso de Zanatta, la justificación hace una defensa explícita de la concepción original del Marco Civil de Internet y recupera fragmentos del dictamen del entonces diputado Alessandro Molon, relator del proyecto que dio origen a la ley. Actualmente, Molon integra la Alianza por la Infraestructura Digital e Internet Abierta (Dig.ia), entidad que reúne hyperscalers, empresas de Centros de Datos, proveedores de infraestructura y asociaciones del sector.

En la justificación, la diputada cita directamente un fragmento del dictamen presentado por Molon en 2014 para sostener que el Marco Civil fue concebido para evitar la “censura privada” e impedir remociones genéricas de contenido.

El texto reproduce pasajes en los que el entonces relator afirma que la responsabilización de las plataformas dependería, como regla general, de una orden judicial específica, precisamente para preservar la libertad de expresión y evitar bloqueos preventivos de contenidos.

También lee: CEO de Claro Brasil: la neutralidad de la red sólo beneficia a las Big Tech que dominan el mundo digital

La parlamentaria afirma que el decreto del gobierno crea un “microsistema regulatorio de moderación de contenido” sin autorización legislativa específica y “totalmente fuera del alcance” de la neutralidad de red prevista en el Marco Civil.

Según la diputada, el Ejecutivo estaría sustituyendo al Congreso al instituir, mediante decreto, obligaciones de monitoreo, moderación y vigilancia de contenidos. El diputado Maurício Marcon, en su justificación, coincide al defender que la decisión requeriría un amplio debate con la comunidad.

Otro punto que sustenta este argumento en el PDL de Zanatta es la crítica al uso de conceptos considerados vagos, como “falla sistémica”, “riesgos sistémicos” y “circulación masiva”, además de la ampliación de las competencias de la ANPD para actuar sobre moderación de contenido y circulación de información en Internet.

Cabe destacar que el organismo ya es el encargado de supervisar y fiscalizar la Ley General de Protección de Datos (LGPD).

Rodrigo Valadares argumenta que el decreto crea hipótesis autónomas de responsabilización de las plataformas y mecanismos de remoción extrajudicial que alterarían sustancialmente la lógica aprobada por el Congreso en el Marco Civil de Internet.

Por su parte, Maurício Marcon afirma que los decretos instituyen un “verdadero marco regulatorio infralegal” para la moderación de contenido y la responsabilización de intermediarios digitales.

Revisión del Marco Civil de Internet

Sin embargo, la ley ya no se encuentra exactamente como fue establecida por el Congreso en 2014. Desde entonces, el Marco Civil ya pasó por al menos tres modificaciones, siendo la última en 2025, por parte del Supremo Tribunal Federal, al incorporar la responsabilización de las plataformas por las publicaciones de los usuarios y obligar a la pronta remoción en casos de infracciones como incitación al odio, violencia, calumnia, entre otros.

Una revisión más amplia de la ley también viene siendo debatida desde hace años, dadas las nuevas dinámicas del entorno digital.

A pesar de las críticas, los parlamentarios destacan en los textos que no se oponen al combate de delitos digitales ni a la protección de las mujeres en el entorno online, pero sostienen que cambios de esta magnitud deberían pasar por un debate legislativo formal en el Congreso Nacional.

Después de ser presentados, los PDL deberán ser remitidos a las comisiones de la Cámara, incluida la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJC), antes de una eventual votación en el Pleno.

Inforama

El administrador de Transporte Público y Movilidad de la Municipalidad de la Capital, Antonio Ballespín, brindó detalles sobre el funcionamiento de la plataforma “Redes de Transporte SFVC”, el sistema digital impulsado por el municipio para regular el servicio de transporte de pasajeros mediante aplicaciones como Uber, Didi, Cabify y plataformas locales como Ubi y Cata App.

Lee más…

iProfesional

Mientras las plataformas de streaming compiten por sumar series, películas o música, una startup brasileña quiere hacer algo parecido con la lectura. Se trata de Skeelo, una compañía fundada por el emprendedor Rodrigo Meinberg que desembarcó en la Argentina con un modelo poco habitual para el negocio editorial: regalar ebooks y audiolibros a través de empresas de telecomunicaciones, cableoperadores y otros servicios masivos.

Lee más…

Prensa CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) relativo a la seguridad general de los productos (IPN/CNMC/005/26).

La propuesta actualiza la normativa española para adaptarla al Reglamento (UE) 2023/988 y sustituye al Real Decreto 1801/2003. Se centra en los “productos no armonizados”, los que no disponen de una legislación de seguridad sectorial, como los muebles, ropa, calzado, artículos deportivos o utensilios domésticos. 

El proyecto introduce novedades significativas para responder a los cambios tecnológicos y al auge del comercio en línea. Entre ellas destacan:

• La incorporación de riesgos asociados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los productos conectados. 
• Nuevas obligaciones para plataformas digitales, que deberán actuar activamente en la retirada de productos inseguros y en la trazabilidad de los vendedores. 
• El refuerzo de la vigilancia, con inspecciones encubiertas (“mystery shopping”) y la posibilidad de retirar contenidos en entornos digitales. 
• Una mayor trazabilidad, con obligación de conservar la documentación técnica durante diez años. 
• El refuerzo de los derechos del consumidor, que podrá elegir entre reparación, sustitución o reembolso ante productos inseguros.

Valoración de la CNMC

La CNMC valora positivamente la norma, ya que contribuye a mejorar el funcionamiento del mercado interior europeo. En este sentido, destaca que favorece que los precios de los productos reflejen los costes reales al obligar a todos los operadores a asumir los gastos preventivos de seguridad (ensayos, trazabilidad, documentación técnica).

Además, reduce la competencia desleal ya que obliga a todos los operadores (incluidos los de terceros países y de ventas online) a asumir los mismos costes de seguridad, evitando que quienes incumplen las normas obtengan una ventaja injusta.

A pesar de ello, la CNMC advierte sobre el impacto de las cargas administrativas, en especial para las pymes (en la UE soportan actualmente el 59 % de los costes de cumplimiento en seguridad) y recomienda: 

• Apoyo a pymes: introducir medidas específicas que faciliten el cumplimiento de las nuevas obligaciones administrativas y técnicas, como guías interpretativas claras, asesoramiento técnico, acceso simplificado a normas técnicas europeas y posibilidad de facilitar el cumplimiento conjunto de ciertas obligaciones.
• Graduación para plataformas: siguiendo el modelo del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la CNMC aconseja graduar las obligaciones de las plataformas digitales en función de su tamaño e influencia, evitando imponer exigencias inasumibles a los operadores de menor dimensión.

La CNMC puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley  de creación) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las CC.AA., las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2).

Ciudad de México. A un mes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, DiDi busca reforzar las habilidades de quienes estarán en contacto directo con millones de visitantes, nacionales y extranjeros, que visitarán México.

La plataforma digital y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) anunciaron una alianza para ofrecer capacitaciones y certificaciones en inglés especializado para el sector turístico, dirigidas a conductores y repartidores conectados de DiDi.

El acuerdo busca fortalecer las oportunidades laborales y la competitividad de más de 500,000 personas que forman parte del ecosistema de DiDi en México mediante la microcredencial “Habla Mundial, inglés para el turismo”.

También se ofrecen certificaciones enfocadas en Pensamiento Crítico, Calidad en el Servicio al Cliente e Inglés para Negocios, entre otras competencias. Todas estas certificaciones también estarán disponibles mediante la suscripción DiDi Club.

Te recomendamos: Las plataformas digitales jugarán su propio partido en la Copa Mundial

Como parte de la alianza, la comunidad de DiDi tendrá acceso durante 2026 a un descuento de 15% sobre el precio vigente de las microcredenciales del Ceneval. La oferta académica puede consultarse en Ceneval Microcredenciales DiDi.

México se prepara para recibir una derrama económica y turística sin precedentes por el Mundial de 2026. La Secretaría de Turismo estima la llegada de más de 5.5 millones de visitantes internacionales durante la temporada futbolística, lo que incrementará la demanda de servicios de movilidad, hospedaje, logística y atención al cliente en las ciudades sede y sus alrededores.

En ese escenario, las plataformas digitales colaborativas jugarán un papel estratégico como parte de la infraestructura cotidiana que conecta a turistas y habitantes con servicios de transporte, entrega y movilidad urbana.

Por tanto, las y los conductores y repartidores serán uno de los primeros puntos de contacto para visitantes extranjeros, especialmente en trayectos desde aeropuertos, hoteles, centros turísticos y estadios.

“Habla mundial parte de una idea muy concreta: reconocer habilidades que ya existen y que hoy son indispensables en sectores como la movilidad, el turismo y los servicios”, afirmó Carmen Rodríguez Armenta, directora general del Ceneval.

La directiva añadió que la intención es visibilizar y acreditar capacidades relacionadas con la orientación, la comunicación y la atención al cliente para convertirlas en nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

Platzi, una plataforma de educación en línea, será la encargada de la impartición de la capacitación de inglés, la cual estará enfocada en atención turística y comunicación aplicada a contextos reales de servicio. Posteriormente, los participantes podrán obtener una certificación avalada por el Ceneval.

Vicente Roqueñí, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina en DiDi, señaló que la tecnología puede funcionar como un habilitador de oportunidades laborales y desarrollo profesional.

Relacionado: Uber, DiDi e InDrive buscan solución regulatoria en México para operar en aeropuertos de cara al Mundial 2026

“Esta alianza suma un factor clave en el crecimiento de nuestros conductores y repartidores: la adquisición de habilidades para mejorar aún más y romper cualquier barrera frente a ellos”, comentó.

El anuncio también refleja uno de los desafíos estructurales de México frente a eventos internacionales: el bajo dominio del inglés. El Índice de Dominio del Inglés 2025 ubica al país en la última posición de 20 países evaluados en América Latina. A nivel mundial, México se encuentra en la posición 103 de 123 países.

Los bajos niveles de dominio de esta lengua extranjera, según diversos índices internacionales, han limitado la competitividad en sectores vinculados al turismo, servicios y economía digital.

Por ello, la apuesta por microcredenciales y certificaciones especializadas responde no sólo a la coyuntura del Mundial, sino a una tendencia más amplia de profesionalización y empleo impulsada la economía de plataformas y del trabajo flexible.

El Economista

Las plataformas digitales y las redes sociodigitales no solo transformaron la manera en que las personas se comunican y participan en la vida pública, también han abierto nuevas formas de desigualdad y vigilancia, advirtió el antropólogo y teórico cultural Néstor García Canclini durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Leer más: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/plataformas-digitales-generan-nuevas-formas-desigualdad-alerta-experto-unam-20260509-812741.html