La Justicia de São Paulo aumentó a siete años y seis meses de prisión en régimen cerrado la pena de un hombre condenado por operar un esquema de piratería audiovisual asociado al lavado de dinero. La decisión es señalada como la mayor condena penal ya aplicada en América Latina en un caso de piratería de contenidos.

La sentencia fue dictada por el juez Vinicius Gonçalves Porto Nascimento, de la 1.ª Vara de Penápolis, y amplía una condena anterior. Según el proceso, el esquema funcionó entre 2017 y 2021, ofreciendo ilegalmente señales de televisión por suscripción a través del sitio controliptv.com.br. La plataforma también ofrecía cerca de 10,000 títulos de películas y series sin autorización de los titulares de derechos.

La Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) actuó como asistente de la acusación en el proceso, presentando informes técnicos que ayudaron a estimar el alcance financiero de la operación.

Además de la distribución clandestina de contenidos, la investigación identificó un sistema estructurado para ocultar ingresos ilícitos que habrían superado los R$ 13 millones (alrededor de US $2.4 millones), mediante el uso de empresas de fachada, la intermediación de terceros y el fraccionamiento de transferencias bancarias para dificultar el rastreo.

El panel de distribución ilegal fue calificado por la Justicia como uno de los más sofisticados identificados en el país, con miles de clientes y mecanismos de cobro orientados a eludir la fiscalización financiera.

El caso se originó en la Fase 2 de la Operación 404, llevada a cabo por el Ministerio de Justicia en noviembre de 2020, cuando se ejecutaron 25 órdenes de allanamiento y confiscación y se bloquearon 252 sitios Web y 65 aplicaciones de streaming ilegal.

De acuerdo con la sentencia, los recursos provenientes de la piratería se utilizaron para la compra de cuatro vehículos de lujo, incluida una Porsche Cayenne GTS registrada a nombre de terceros, además de un inmueble valuado en R$ 1.1 millón (US$ 210 mil). Dos empresas vinculadas al condenado habrían sido utilizadas para mover valores incompatibles con sus actividades formales, lo que caracterizó el lavado de dinero.

El juez aplicó el agravante máximo previsto en la Ley de Lavado de Dinero por reiteración delictiva y mantuvo una multa equivalente a 25 días. Otro acusado también fue condenado a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por ocultar bienes adquiridos con recursos ilícitos.

Los gobiernos de Centroamérica y, en general, de América Latina han actuado de manera parcial o no han actuado en el combate contra la piratería de contenidos, aseguró Irma Salinas, gerente de Asuntos Corporativos de Tigo Honduras.

Durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD 2021), la ejecutiva de Tigo afirmó que en la región hay muchos cableoperadores que ofrecen servicios a menor costo, pero sin tener autorización para ello, ni de la autoridad regulatoria ni de los poseedores de derechos de contenidos.

“Es importante el tema de la piratería, pues en los últimos años en Centroamérica el problema ha ido en aumento y no hay acciones completas realizadas desde las entidades públicas para evitarlo, prevenirlo y controlarlo, generando así una competencia desleal para todas las empresas que operan apegadas al cumplimiento de leyes y regulaciones.

“De acuerdo con un reporte titulado: Dimensión e Impacto de la Piratería Online de Contenidos Audiovisuales en América Latina, el 35 por ciento de los URLs analizados en la región a partir de la búsqueda de tópicos relacionados con contenido audiovisual en línea conducen hacia servicios y contenidos ilegales. Lo mismo ocurre con el 33 por ciento de los resultados en redes sociales y con el 26 por ciento en los market place”, señaló Irma Salinas.

Agregó que la piratería produce pérdidas tanto a los propietarios de los contenidos como a los Estados por la no captación de ingresos tributarios. Señaló que en el caso de Honduras hay un porcentaje alto de cableoperadores, principalmente en las zonas rurales del país, que operan ilegalmente y que no se encuentran registrados con el regulador de las telecomunicaciones, que es la Conatel.

Explicó que dichos operadores pirata no pagan impuestos regulatorios, tampoco realizan pagos por utilización de infraestructuras y servicios relacionados como energía, y ofrecen dentro de sus servicios programación y contenido no autorizado a un bajo costo.

La gerente de Asuntos Corporativos de Tigo Honduras aseveró que cuando se controle y combata la piratería todos ganarán, ya que habrá competencia justa y todos tributarán en iguales condiciones. Además, dijo que lo anterior genera un clima de confianza tanto a los inversionistas locales como a los extranjeros, asimismo, genera oportunidades de inversiones futuras del sector en más y mejores contenidos de alto valor.

“Los riesgos principales se presentan cuando hay un aumento de la piratería, producto de una mayor oferta y a su vez consumo ilegal del contenido, utilizando tecnologías que son cada vez más novedosas. Además, implica altos riesgos que hacen vulnerables a los usuarios de ese contenido ilegal a posibles atentados contra su seguridad, volviéndose la ciberseguridad un elemento importante a tomar en consideración por los usuarios”, agregó la ejecutiva de Tigo.

Diario de Centro América

La creciente problemática de la venta ilegal de señales de televisión por internet en la región, conocida como Piratería IPTV, ha causado pérdidas potenciales de hasta US $733 millones al año al mercado legal, según el reporte Dimensión e impacto de la Piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina, elaborado por la consultora Ether City.

De acuerdo con Rodolfo Mendoza, director ejecutivo de Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por cable para Centroamérica (Aprodica), Guatemala, las formas más comunes de realizar la práctica de Piratería IPTV es la venta domiciliar de servicios con canales sin autorización de programadores, que incluye contenido bajado de internet, sin derechos, así como el uso ilegal de lasfrecuencias, entre otras anomalías.

Los anteriores datos fueron analizados durante el foro Oportunidades y Riesgos de la Televisión Digital en Centroamérica, por representantes de la Cámara de Comercio Americana (AmCham) en Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, la Asociación para la Propiedad Intelectual Justa (APPI), de Honduras, y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), de Costa Rica.

Sin embargo, “si es utilizada correctamente, la televisión digital puede ser una herramienta beneficiosa para el uso personal y familiar, e implica gozar de entretenimiento de alta calidad y expansión del conocimiento, a través de un mayor acceso a temas educativos”, refirió Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala.