La transmisión de partidos de futbol en vivo a través de páginas de Internet ilegales se ha convertido en un ventana para el robo de datos de los usuarios, pues los hackers utilizan esos sitios como plataformas para concretar estafas virtuales y acceder a billeteras virtuales, cuentas bancarias, datos de tarjetas de crédito, cuentas de mensajería instantánea, correos electrónicos e información familiar.

Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza), asociación en América Latina en la lucha contra este delito, alertó sobre las consecuencias de acceder a estos sitios web que afectan a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Cuando los usuarios ingresan a un sitio web para ver “futbol gratis”, deben acceder a varios sitios, dar diferentes pasos previos y clics hasta llegar, al fin, a la pantalla deseada. En el proceso, los sistemas activados por los hackers roban información sensible o acceden al control de teléfonos o computadores.

Las víctimas de este tipo de estafas virtuales provienen de todos los países. Sin embargo, la forma de operar de los cibercriminales varía para atraer a los fanáticos que desconocen las consecuencias.

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Los hackers posicionan los sitios ilegales con términos atractivos para ganar visibilidad en los buscadores de internet como: Futbol gratis, Futbol libre, Cómo ver el partido sin pagar.

En países como Argentina, el Poder Judicial asumió acciones concretas contra todas las prácticas criminales detrás de los ciberataques. Alejandro Musso, fiscal de Cibercrimen en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC), lidera esa cruzada y trabaja para exponer las herramientas que utilizan los hackers para concretar el robo de datos y acceder a cuentas bancarias.

“Los riesgos para el usuario son diversos. Desde una estafa lisa y llana, dado que no existe un producto detrás de la oferta, hasta un producto deficiente. Y existen riesgos inherentes a la deficiencia del producto, entre ellos la posibilidad de descarga de virus informáticos de todo tipo. Sin darse cuenta, los usuarios pueden ser víctimas de virus espías o malware troyanos orientados a la obtención de credenciales bancarias”, señaló Musso.

Generalmente, son los denominados RAT (Remite Access Trojan) con los que se genera una puerta de acceso trasera o backdoor del sistema y se logra tomar el comando y control de los dispositivos. Los ataques más comunes son de los malware Grandoreiro y Mekotio, conocidos troyanos bancarios dedicados a vaciar cuentas”, explicó el fiscal.

Aunque parece algo inofensivo y de fácil acceso, la piratería de contenidos audiovisuales en línea provoca grandes daños a la producción cultural, los consumidores, las economías y a los gobiernos.

El consumo de contenidos ilegales vulnera la seguridad cibernética de las personas que los consumen, pues su información se encuentra expuesta en los sitios web pirata, alertó María José Franco, coordinadora del Grupo de Redacción de la Recomendación de Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) para acciones de lucha contra la piratería de contenidos y señales de TV.

Durante el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD 2021), la también asesora de Dinatel en Uruguay agregó que la piratería en línea afecta la capacidad de los gobiernos para recaudar impuestos, generar empleos y atraer las inversiones en producción audiovisual.

Tener menores inversiones en este sector afecta directamente a la cultura y a las personas que se desempeñan en ella, aseguró Heber Martínez, director de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

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Por eso, se necesita desarrollar una estrategia multilateral y transfronteriza para combatir esta problemática, dado que los contenidos ilegales en línea traspasan las líneas divisorias entre países, dijo Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina.

De acuerdo con un estudio de Ether City para el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), la piratería digital genera pérdidas por unos 733 millones de dólares en ingresos anuales en la región.

Los gobiernos, empresas, organizaciones y actores relacionados en América Latina deben colaborar para detectar y bajar los contenidos audiovisuales que se difunden de manera ilegal en sitios web, redes sociales y otros espacios en línea, coincidieron los especialistas.

Al mismo tiempo, es importante implementar campañas de concientización para que los consumidores comprendan que la piratería les afecta más allá del beneficio inmediato que consiguen al no pagar por determinados contenidos, destacaron.

Los gobiernos de Centroamérica y, en general, de América Latina han actuado de manera parcial o no han actuado en el combate contra la piratería de contenidos, aseguró Irma Salinas, gerente de Asuntos Corporativos de Tigo Honduras.

Durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD 2021), la ejecutiva de Tigo afirmó que en la región hay muchos cableoperadores que ofrecen servicios a menor costo, pero sin tener autorización para ello, ni de la autoridad regulatoria ni de los poseedores de derechos de contenidos.

“Es importante el tema de la piratería, pues en los últimos años en Centroamérica el problema ha ido en aumento y no hay acciones completas realizadas desde las entidades públicas para evitarlo, prevenirlo y controlarlo, generando así una competencia desleal para todas las empresas que operan apegadas al cumplimiento de leyes y regulaciones.

“De acuerdo con un reporte titulado: Dimensión e Impacto de la Piratería Online de Contenidos Audiovisuales en América Latina, el 35 por ciento de los URLs analizados en la región a partir de la búsqueda de tópicos relacionados con contenido audiovisual en línea conducen hacia servicios y contenidos ilegales. Lo mismo ocurre con el 33 por ciento de los resultados en redes sociales y con el 26 por ciento en los market place”, señaló Irma Salinas.

Agregó que la piratería produce pérdidas tanto a los propietarios de los contenidos como a los Estados por la no captación de ingresos tributarios. Señaló que en el caso de Honduras hay un porcentaje alto de cableoperadores, principalmente en las zonas rurales del país, que operan ilegalmente y que no se encuentran registrados con el regulador de las telecomunicaciones, que es la Conatel.

Explicó que dichos operadores pirata no pagan impuestos regulatorios, tampoco realizan pagos por utilización de infraestructuras y servicios relacionados como energía, y ofrecen dentro de sus servicios programación y contenido no autorizado a un bajo costo.

La gerente de Asuntos Corporativos de Tigo Honduras aseveró que cuando se controle y combata la piratería todos ganarán, ya que habrá competencia justa y todos tributarán en iguales condiciones. Además, dijo que lo anterior genera un clima de confianza tanto a los inversionistas locales como a los extranjeros, asimismo, genera oportunidades de inversiones futuras del sector en más y mejores contenidos de alto valor.

“Los riesgos principales se presentan cuando hay un aumento de la piratería, producto de una mayor oferta y a su vez consumo ilegal del contenido, utilizando tecnologías que son cada vez más novedosas. Además, implica altos riesgos que hacen vulnerables a los usuarios de ese contenido ilegal a posibles atentados contra su seguridad, volviéndose la ciberseguridad un elemento importante a tomar en consideración por los usuarios”, agregó la ejecutiva de Tigo.

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Con los servicios OTT (over-the-top) ganando más espacio en el mercado, también han crecido desafíos como la piratería. La semana pasada, la Asociación Brasileña de OTT (Abott’s) emitió un manifiesto proponiendo acciones contra la piratería de contenidos. Algunas de las medidas son cambiar el Marco Civil de Internet, monitorear el tráfico IKS (intercambio de claves de Internet) de fuentes extranjeras y reducir el costo por unidad de contenido.

“La lucha contra la piratería no tiene una solución única y definitiva, […] sino un conjunto de frentes de trabajo y medidas que tenderán a mitigar en gran medida esta práctica, restringiendo y desalentando los distintos eslabones de la cadena, desde los fabricantes de equipos, desarrolladores de ‘tecnologías piratas’ e incluso los consumidores”, dice el documento.

Una de las soluciones sería cambiar el Marco Civil de Internet, “permitiendo a cualquier ISP (ya sea que trabaje o no con contenido audiovisual), al identificar una ilegalidad, presentar una denuncia y bloquear la señal en los equipos de borde (BGP), de modo que la señal pirateada no se transmita dentro de la red manejable del ISP “.

Abott’s también sugiere que las quejas se puedan enviar a una central que pertenece al comité brasileño contra la piratería, compuesto por la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), los órganos de justicia, el Comité Gestor de Internet (CGI.br), el Centro de Información y Coordinación (NIC.br) y asociaciones. “Desde este comité es posible sacar proyectos de ley para combatir la piratería”, según el texto.

Otras sugerencias incluyen monitorear servidores de transmisión en el extranjero para sofocar el tráfico entrante; plazo para que los operadores de TV de paga presenten dictámenes técnicos que demuestren que no existe fuga de señal; y que el CGI.br ayude a combatir la difusión y publicidad de contenido ilegal en Facebook, Instagram y otras redes sociales.

La Asociación también apuesta por acciones regulatorias, legales y policiales para reprimir la actividad, con el fin de cerrar las “puertas” de entrada de equipos pirateados que ingresan a Brasil.

En el caso de transmisiones en las que la señal se envía vía satélite a todo el territorio nacional, “el receptor debe perder su ‘calificación’, o incluso ser incapaz de recibir señales de otro satélite con las llaves de seguridad comúnmente utilizadas en Brasil”.

Para los casos que utilizan streaming a través de Internet, “las IPs que originan el contenido pirateado deben estar bloqueadas […] o en los dispositivos que reciben esta señal (TV Box, Celulares, Tablets, PCs, etc.)”.

Abott’s también apoya el uso de Blockchain para proteger las obras audiovisuales: “una tecnología de grabación distribuida que garantiza la descentralización de la información relacionada con los procesos y transacciones como medida de trazabilidad, protección de la inviolabilidad y seguridad de los datos”.

Según la Asociación, las bases de registros generan un índice compartido y universal, “eliminando intermediarios en el registro y datos distribuidos, evitando fraudes y manipulación de la información reportada a agentes del sector”.

Finalmente, Abott’s defiende la conciencia de los usuarios, ya que muchos desconocen la ilegalidad de la práctica. Además, las personas pueden controlar y robar datos personales con equipos pirateados, “ya que todos los inicios de sesión, contraseñas, tarjetas, tráfico están en la misma red que el equipo pirateado”.

“Uno de los posibles frentes de trabajo sería reducir el costo unitario de programación (contenido), provocando que la ganancia de ingresos se produzca en volumen, incluyendo revertir la tendencia a la baja en el número de abonados de TV de paga en el modelo tradicional”, concluyó la Asociación.

El desarrollo de la televisión digital en Centroamérica podría estancarse si no se combate y detiene la piratería de contenidos audiovisuales en línea, debido a los efectos negativos que esta problemática tiene en las economías y el mercado formal, advirtió Rodolfo Mendoza, director Ejecutivo de Aprodica.

Durante una conferencia de prensa, Mendoza señaló que en la próxima década se espera observar un intenso impulso al ecosistema de tecnologías de televisión por Internet, al cual la pandemia de la Covid-19 le ha dado otro impulso.

Sin embargo, alertó que el progreso de la televisión digital se frenará si las autoridades no abordan la competencia desleal provocada por la piratería de contenidos que afecta a Guatemala y al resto de países centroamericanos.

Aprodica es la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por cable para Centroamérica. Según datos recabados por esta entidad, en Guatemala se pierden 150 millones de quetzales en impuestos (casi 20 millones de dólares) por la transmisión ilegal de contenido por parte de los operadores de cable, y los proveedores que incurren en esta falta ganan 390 millones (unos 50 mdd).

Todavía no existen datos exactos para determinar si la crisis por la enfermedad de SARS-CoV-2 ha acentuado el problema de la piratería. Pero Aprodica ha encontrado que en la actualidad existen entre 10 a 15 empresas que ofrecen contenidos audiovisuales en línea de manera ilegal, mientras previo a la pandemia había de tres a cinco.

Rodolfo Mendoza consideró que falta voluntad política por parte de los gobiernos y reguladores para solucionar la piratería en línea de este tipo de contenidos. Incluso alertó que algunos gobiernos han tejido alianzas con cableros para impulsar sus campañas políticas y, como parte de esos tratos, hacen caso omiso de las actividades ilegales.

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En el caso de Costa Rica, se ha detectado que el año pasado hubo una reducción de suscriptores de TV por cable y satelital, mientras que en años anteriores a la pandemia se había tenido una tendencia de aumento. Osvaldo Madrigal, abogado y consultor independiente, dijo que esto podría deberse a la piratería de contenido, al incremento de oferta de canales abiertos que causó el apagón analógico y a la aparición de plataformas over-the-top (OTT).

De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), la piratería digital genera una pérdida potencial de 733 millones de dólares en ingresos anuales en la región latinoamericana. El acceso ilícito a contenidos se da de diferentes maneras: por ejemplo, a través de sitios de streaming ilegales o por la transmisión en redes sociales.

Además del impacto negativo que la piratería de contenidos en la línea , también los consumidores están expuestos a riesgos de seguridad, pues suelen facilitar sus datos en páginas o sitios muy poco confiables y no tienen certeza sobre si su información se manejara correctamente, destacó Fernando López, director regional de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones.

Un nuevo informe de la firma de investigación de mercado Parks Associates revela que el valor de los servicios de video pirata a los que acceden los consumidores de televisión de paga y OTT superará los 67 mil millones de dólares en todo el mundo para 2023.

El informe Piratería de video: ecosistema, riesgos e impacto estima que si sólo el 10 por ciento de los suscriptores de TV de paga descontinuaran los servicios a favor del video entregado por piratas, la pérdida de 2023 para esos operadores podría acercarse a 6 mil millones de dólares.

Un informe de Parks Associates de 2019 detalló los ingresos de pérdidas de 9.1 mil millones de dólares de los operadores estadounidenses en el mismo año, de los cuáles 2.5 mil millones de dólares se perdieron debido a la piratería.

En todo América del Norte, la piratería generó pérdidas de 8.4 mil millones de dólares. Los métodos de piratería que Parks destacó en su informe incluyen el robo de contenido de video de la producción, de la distribución, de los dispositivos de consumo con cárcel y del alojamiento de otros piratas.

El informe encuentra que la mayoría de los esfuerzos de antipiratería reconocidos se centran en detectar y reducir el intercambio de credenciales y el abuso de cuentas. El intercambio de credenciales resulta una pérdida significativa en los ingresos para los operadores de la televisión de paga.

La encuesta sobre hogares de banda ancha en Estados Unidos determinó que un 5 por ciento utiliza las credenciales de otra persona para acceder a un servicio de televisión de paga, y el 6 por ciento lo hizo para acceder a un servicio de video en línea.

“Más de 12.5 millones de hogares con televisión de pago accedieron al video pirata en Estados Unidos en 2019, un número bajo en comparación con la región de Asia y el Pacífico, donde hay muchos más usuarios pero menos ARPU”, dijo Elizabeth Parks, presidenta de Parks Associates.

“Los proveedores de video monitorean cuidadosamente esta amenaza y establecen equipos y soluciones dedicados para responder a la piratería”, afirmó.

“El intercambio de credenciales se divide en dos categorías. La mayor parte del intercambio es casual, sin intención de obtener ganancias, pero el mayor riesgo es de los piratas que compran grandes bases de datos a través de la ‘Dark Web’ y utilizan la automatización para descubrir cuentas de usuario”, dijo Steven Hawley, analista colaborador de Parks Associates y director Gerente de Piracy Monitor.