En América Latina, la competencia más fuerte para las plataformas de streaming, los operadores de televisión de paga y los productores de contenidos ya no es otro actor del mercado. Proviene de una economía paralela que opera a través de Internet, cruza fronteras y mueve miles de millones de dólares cada año: la piratería.

La piratería audiovisual representa uno de los mayores desafíos para la economía digital de la región. De acuerdo con estimaciones presentadas por WAIKEN ILW, el mercado ilegal genera pérdidas superiores a 12,000 millones de dólares anuales entre el robo de señales de televisión de paga y la distribución ilícita de contenidos vía plataformas digitales.

El holding que controla empresas como DirecTV Latin America, Sky, Zaaz Telecom y Overlabs calcula que la piratería de contenidos audiovisuales ya llega a uno de cada tres hogares conectados, elimina 75,000 empleos formales y compromete las inversiones en la economía latinoamericana.

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Durante su participación en el seminario “Brasil contra la Piratería”, organizado por la Cámara Americana de Comercio en São Paulo, Pedro Betancourt, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de WAIKEN ILW, advirtió que la piratería audiovisual ya tiene una presencia estructural en América Latina.

Según datos expuestos por el ejecutivo, alrededor de 14.4 millones de hogares consumen televisión de paga ilegal, equivalente al 22.1% del mercado regional.

El fenómeno de la piratería adquiere una dimensión aún mayor en el entorno digital: 46.3 millones de hogares con acceso a banda ancha utilizan servicios de streaming ilegales, lo que representa 42.6% de los domicilios conectados.

“Hoy, sin duda, el principal competidor de la cadena audiovisual es la piratería. Esta actividad representa una transferencia directa de riqueza de la economía formal hacia un mercado ilegal”, señaló Betancourt.

El costo oculto: empleos, impuestos e innovación

La piratería de contenidos audiovisuales genera enormes pérdidas para operadores de televisión y plataformas digitales, pero también tiene efectos directos sobre la economía formal de la región.

WAIKEN ILW estima que el mercado ilegal de televisión de paga desvía aproximadamente 2,390 millones de dólares al año, mientras que la piratería en línea concentra cerca de 9,970 millones de dólares, equivalentes al 80% del impacto económico total.

La consecuencia más visible es la destrucción de empleo. El holding calcula que la piratería provoca la desaparición de 75,000 puestos de trabajo formales en la región, incluyendo empleos vinculados a operadores de televisión, plataformas tecnológicas, productoras audiovisuales y cadenas de distribución de contenidos.

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El impacto también alcanza las finanzas públicas. Los gobiernos latinoamericanos dejan de recaudar cerca de 2,500 millones de dólares anuales en impuestos al consumo, recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud o programas de inclusión digital.

A ello se añade un efecto menos visible, pero estratégico para el futuro de la industria: la reducción de ingresos limita la capacidad de inversión en nuevos contenidos, innovación tecnológica y desarrollo de servicios digitales, afectando la competitividad del ecosistema audiovisual regional frente a mercados más maduros.

La piratería ya es una red global

Uno de los elementos que más preocupa a la industria es la sofisticación alcanzada por las redes de distribución ilegal.

De acuerdo con los estudios citados durante el encuentro en Brasil, las operaciones de piratería actuales suelen utilizar infraestructura tecnológica alojada en distintos países, servidores distribuidos internacionalmente, plataformas digitales globales y mecanismos de pago transfronterizos.

Esto genera un escenario complejo para las autoridades. Mientras el consumo ocurre localmente, las ganancias son canalizadas a través de estructuras criminales internacionales que aprovechan vacíos regulatorios y diferencias entre jurisdicciones.

La naturaleza transnacional del problema ha llevado a que organismos públicos y empresas privadas comiencen a impulsar estrategias conjuntas de fiscalización, intercambio de información y bloqueo de operaciones ilegales.

Además de afectar la economía formal, la piratería audiovisual representa riesgos crecientes para los usuarios. Al entrar en sitios ilegales, los consumidores pueden estar expuestos a malware, robo de datos personales y fraudes digitales.

Por ello, Pedro Betancourt hizo un llamado a fortalecer la cooperación entre gobiernos, organismos reguladores, autoridades financieras, fiscalías y empresas tecnológicas.

“La piratería audiovisual ―alertó― ha alcanzado una escala masiva y digitalizada que distorsiona el mercado, pone en riesgo la ciberseguridad de los usuarios y debilita la economía real de los países latinoamericanos”.