Reforma Jorge F. Negrete P.

Esta semana se celebra la “Semana de los Derechos Digitales en el Senado de la República”, liderada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Felicidades. Pocos temas son tan relevantes para nuestra sociedad como comprender el concepto de derechos digitales. Si no se racionaliza, corremos el riesgo de quedar atrapados en la moda frívola de la nomenclatura, sin realizar un cambio. 

La moda de la nomenclatura en América Latina llevó a tomar como referencia la Carta de Derechos Digitales de la Comunidad Europea y España. Una carta fundada bajo la realidad del bienestar europeo y la necesidad de liderazgo de España ante Europa y América Latina. De hecho, España incorporó la visión hispana de la Carta de Derechos Digitales a la agenda de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de la SEGIB. Pero hay que decirlo claramente, la interpretación de la función de estas cartas tiene orígenes y razones distintas en su concepción y efectos, en Europa y en América Latina.

En Europa, un Estado de bienestar y presiones geopolíticas-tecnológicas que incluyen interpretaciones distintas sobre la libertad de expresión entre Europa y EUA, han condicionado la tutela y selección de derechos fundamentales en esas cartas.

Sostengo que la imitación a España desorienta y frivoliza la verdadera razón de una comprensión de derechos digitales. Una buena interpretación de los derechos digitales en México permitiría comprender las áreas de oportunidad de la iniciativa de ley de telecomunicaciones que se debate en el Senado ahora mismo y trabajar sobre la revisión de todo el marco jurídico alrededor de nuestra sociedad digital.

Los derechos digitales nacen con el auspicio de América Latina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2012, cuando se reconoce el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. México lo incorporó en el artículo 6º de la Constitución.

Cuando se habilita el derecho de acceso a Internet con infraestructura digital, se habilitan todos los derechos fundamentales en los términos del artículo 1º de la Constitución. Nace la persona digital, siempre conectada en todas partes. El siguiente derecho es la identidad digital, un derecho habilitante al universo y sociedad digital, identificado ya en su agenda por “Pepe Merino”. Entre estos dos habilitan educación, salud, acceso a la cultura, a la seguridad pública, el trabajo etc.

El Constitucionalismo Digital es una dimensión de análisis e interpretación de la relación Constitución y tecnología digital indisoluble. La infraestructura digital habilita la existencia de una sociedad digital, el ejercicio de todos los derechos fundamentales en esta dimensión jurídico-digital y el nacimiento del constitucionalismo digital. Éste procura el acceso a estos derechos, los tutela, garantiza y protege en el territorio de la tecnología digital.  

Por lo tanto, cualquier acción de poder público (poderes del Estado), o poder privado, que atente, limite total o parcialmente, conculque, suspenda, cancele u opere en contra de los derechos fundamentales en esta dimensión, viola contundentemente el Estado de derecho, la Constitución y la ley.

La ausencia de política pública para habilitar derechos humanos en el mundo digital, ¿va en contra del Constitucionalismo Digital? Sí. La política pública que conculca y limita derechos fundamentales vía el registro público de usuarios de servicios digitales, ¿también? Sí. La falta de atención al consumidor digital, ¿es una violación al Constitucionalismo Digital? Sí. La resolución de competencia económica que cancele o suspenda derechos fundamentales ¿va en contra del Constitucionalismo digital? Sí. Los altos precios del espectro, ¿son una forma conculcar todos los derechos fundamentales en el mundo digital? Sí.

El constitucionalismo digital nace. Es la base y condición para la imaginación, diseño de política pública, legislación y regulación de una sociedad con derechos digitales.

Presidente de Digital Policy Group.

X / @fernegretep

La pandemia de Covid-19 nos obligó a trasladar nuestra vida cada vez más hacia el mundo digital. Tan sólo en México más del 70 por ciento de la población es usuaria de Internet, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Sin embargo, en el país aún existe una brecha alarmante de conectividad y de acceso a dispositivos entre las personas que viven en ciudades (78.3%) y las que residen en zonas rurales (50.4%).

Esta situación se repite alrededor del mundo, ya que existen desigualdades en cuanto al ámbito digital. Para enfrentar este desafío, países como España, el bloque de la Unión Europea y Francia han avanzado en la regulación y creación de leyes que establecen un catálogo de derechos digitales para proteger los mismos derechos del mundo físico en los espacios de Internet.

En México ya hay avances en el reconocimiento de los derechos digitales, como el derecho al acceso a Internet o al teletrabajo; sin embargo, tanto a nivel nacional como en América Latina aún no existe una carta o reglamento que reconozca dichos derechos.

Primero es necesario entender qué es una persona digital. Se puede explicar como “aquel ser humano que utiliza las TICs y participa en la comunidad digital con un rol social”.

Esta persona interactúa con otras personas a través de un entorno digital y de esta interacción se crea un perfil digital. El perfil conforma toda la información vinculada a una persona, que se genera tanto pública como anónimamente en Internet. Este rastro incluye diversos datos personales como imágenes, comentarios, enlaces, perfiles de redes sociales, contenidos, contactos, direcciones de correo electrónico y mensajería instantánea y más.

Con esta definición, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) elaboró una carta que tiene como objetivo difundir los derechos que tiene cualquier persona usuaria de Internet para ayudar a los entes públicos y organizaciones civiles en la creación de políticas públicas y leyes que tengan como finalidad proteger la convivencia armónica en los entornos digitales.

De acuerdo con esta carta, algunos de los principios mínimos que deben regir en los entornos digitales es la universalidad o el reconocimiento de todos los derechos humanos, accesibilidad asegurando el acceso a personas con discapacidad, diseño universal, equidad, igualdad de género y de oportunidades, entre otros.

En cuanto a los derechos digitales, se dividen en ocho apartados y cada uno establece varios derechos que se deben garantizar a las personas:

1. Igualdad digital: incluye el derecho al acceso universal a Internet, la no discriminación, acceso a contenidos educativos y el derecho a la neutralidad de Internet.

2. Libertades en el entorno digital: incluye el derecho a la identidad, a la pseudonimidad que establece la intimidad, derecho a no ser localizados o perfilados, libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la herencia digital y al ocio en el ciberespacio; además del derecho al uso de las redes sociales.

3. Seguridad y protección de datos personales: incluye el derecho a la privacidad, a la transmisión, recepción y tratamiento seguro de la información, a la ciberseguridad y a la portabilidad.

4. Participación, democracia y buen gobierno digital: derecho a recibir información veraz, participación ciudadana por medios digitales, derechos digitales frente a la administración pública, derecho a reunión, asociación y participación.

5. Derechos laborales: que incluye el derecho al teletrabajo, a la desconexión digital y la privacidad en el uso de cámaras de vigilancia.

6. Derechos a personas en situación de vulnerabilidad y de atención prioritaria: que incluye derechos a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y pueblos originarios.

7. Neuroderechos: que abarca el derecho a la preservación de la identidad personal, privacidad de datos neuronales, no interferencia en la libertad de decisión y equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral.
8. Defensa de las víctimas del delito cibernético y violencia digital: que incluye el derecho a contar con un recurso efectivo para su defensa y acceso a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.