El Economista Jorge Bravo

Vivimos tiempos de disculpas públicas. Morena y la Cuarta Transformación se disculpan con los mexicanos por no proteger los datos personales, la vigilancia, el espionaje y el control político. 

En esta era de contrición forzada, la más reciente es la que el Tribunal Electoral ha impuesto a la ciudadana Karla Estrella: ofrecer una disculpa pública por 30 días a la diputada del PT, Karina Barrera. ¿La ofensa? Haber minimizado sus capacidades y trayectoria políticas.

Es un acto que, en su desproporción, roza lo absurdo. La propia presidenta Sheinbaum ha calificado la sanción de “exceso”. Una asimetría total entre una ciudadana sin fuero ni recursos públicos y una legisladora respaldada por el poder. La presidenta dijo que “el poder es humildad, no es soberbia”.

Mientras se exige a una ciudadana una disculpa a ese “dato protegido” que es la legisladora del PT, el Estado se ha dedicado, con una celeridad asombrosa, a desproteger los datos de millones de mexicanos. El contraste no es una ironía; es una bofetada a la noción misma de privacidad y transparencia.

La Cuarta Transformación es humilde y se disculpa por extinguir el INAI, ese molesto organismo autónomo que se atrevía a pedir cuentas. Sus funciones fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un movimiento que representa la eliminación de un contrapeso crucial.

Morena se disculpa argumentando que el INAI recibía preguntas irrelevantes. El desmantelamiento del INAI no es una reorganización burocrática, es una piedra angular de la agenda más amplia de opacidad y vigilancia. Al absorber el organismo de transparencia autónomo, el gobierno elimina eficazmente el principal mecanismo de supervisión y rendición de cuentas de su propia recopilación de datos y gestión de la información pública.

La 4T se disculpa por las caídas de Compranet, la plataforma que debía transparentar los contratos del gobierno federal. La disculpa más genuina viene con la Ley de Obras Públicas, que permite a las Fuerzas Armadas clasificar sus proyectos estratégicos como “seguridad nacional” para sortear las solicitudes de transparencia. Millones de pesos en obras se vuelven un “dato protegido” para el escrutinio público.

En cuanto a la Plataforma Nacional de Transparencia, la disculpa de la 4T es porque los usuarios enfrentan dificultades para descargar información, el buscador temático no funciona y se han añadido filtros que la hacen poco intuitiva y confusa para nuevos suscriptores o para acceder a información histórica. Usted disculpe porque el derecho a la información en un privilegio para los ya iniciados.

La disfunción de Compranet y la PNT, junto con la clasificación deliberada de obras públicas como “seguridad nacional”, es una estrategia coordinada de obstrucción deliberada a la transparencia. No se trata de fallas técnicas, sino de un diseño intencional para hacer que la información pública sea inaccesible o difícil de obtener, un estado de opacidad de facto. Lo sentimos mucho.

La 4T se disculpa por las “leyes censura” en diversos estados, intentos de coartar la libertad de expresión. Esto se complementa con los ataques a comunicadores y medios en varias entidades. Los esfuerzos legislativos para controlar el contenido digital y el discurso público, combinados con la infraestructura de vigilancia más amplia, representan una erosión significativa de las libertades fundamentales de expresión e información.

Esto crea un efecto amedrentador sobre la disidencia y el periodismo independiente. Transforman el espacio digital para el libre intercambio de opiniones en una herramienta potencial para el control estatal y la censura, un asalto directo a los principios democráticos.

La 4T se disculpa por las violaciones a los derechos fundamentales. La más flagrante son los casos documentados de espionaje con el software Pegasus por parte del Ejército contra defensores de derechos humanos y periodistas. Una disculpa porque la vigilancia ilegal es una práctica continua.

Las nuevas leyes aprobadas en un periodo extraordinario de sesiones, con sus términos vagos e imprecisos y la ausencia de mecanismos judiciales en la vigilancia, no hacen más que facilitar y legitimar estas prácticas. Crean un fallo sistémico en la protección de los derechos fundamentales que amerita una disculpa. El “Estado de derecho” se retuerce para servir al poder estatal en lugar de proteger a los ciudadanos, una deriva hacia el autoritarismo.

La 4T ha construido el sistema de vigilancia más sofisticado en la historia de México. Lo ha hecho con la complicidad de un marco legal que legitima el espionaje masivo. Mientras los ciudadanos deben ofrecer disculpas por criticar a los poderosos, el Estado se disculpa por no proteger mejor los datos que ahora tiene derecho a conocer, almacenar y analizar.

La ironía es que en un país donde se castiga judicialmente a quien critica a funcionarios públicos, el gobierno tiene derecho a conocer hasta el último detalle de la vida privada de cada ciudadano. Los datos del poder están protegidos; los datos de los ciudadanos son patrimonio nacional.

Te ofrezco una disculpa, ciudadano mexicano, por vivir en un país donde la privacidad es un lujo que ya no te puedes permitir. Lamento haberte convertido en un dato NO protegido en manos de quienes prometieron transformar tu vida, pero no aclararon que sería convirtiéndote en una carpeta digital eternamente monitoreada.

La verdadera disculpa que merece México es por haber permitido que la vigilancia digital se vistiera de modernización tecnológica y que el control social se disfrazara de seguridad pública. Los ciudadanos seguimos siendo datos no protegidos en un sistema que cada día nos conoce mejor, pero que nunca nos rendirá cuentas de lo que hace con esa información.

Nuestra identidad, comunicaciones, movimientos, finanzas, compras, salud y hasta nuestro derecho de exigir transparencia y expresarnos libremente están expuestos o centralizados bajo el control de un andamiaje legal sin contrapesos. Todo apunta a la consolidación de un poder que no teme mirar en cada rincón de nuestra vida digital. Las preguntas son: ¿quién se disculpará con los ciudadanos cuando este sistema esté completo? ¿Quién por haber transformado la promesa de un México más justo en un México vigilado, donde el dato NO protegido es la nueva normalidad y la libertad la excepción?

En un hito en la lucha por la privacidad digital, WhatsApp, una empresa de Meta, venció en los tribunales a NSO Group, la polémica firma israelí detrás del software espía Pegasus.

Un jurado federal en Estados Unidos falló a favor de WhatsApp en su demanda por ciberespionaje contra NSO Group, lo que obliga a esta última a pagar unos 168 millones de dólares en daños y perjuicios.

Después de seis años de litigio, la decisión no sólo marca una victoria legal contra el desarrollador de spyware ilegal, sino que también expone las entrañas de una industria de vigilancia que ha operado bajo el radar durante demasiado tiempo. 

Por primera vez, ejecutivos de una empresa de spyware subieron al estrado judicial y admitieron que Pegasus puede acceder a “todo tipo de datos del usuario en el teléfono”, incluidos mensajes, ubicaciones, correos, micrófono y cámara, sin que las personas tengan la menor idea.

Te puede interesar: Confirman que gobierno de López Obrador espió a 456 personas con Pegasus en 2019

En 2019, WhatsApp demandó a NSO Group, luego de que sus ingenieros detectaran un ataque sigiloso que explotaba una vulnerabilidad en su sistema de llamadas.

Bastaba con recibir una llamada perdida para que Pegasus se instalara silenciosamente en el dispositivo de la persona usuaria. Ni contraseña, ni clics, ni notificaciones: sólo un agujero negro en la seguridad.

Con la colaboración del grupo de investigación Citizen Lab, WhatsApp identificó a más de mil personas afectadas, por lo que decidió emprender una batalla legal contra NSO Group.

El software espía Pegasus ha sido utilizado por gobiernos y otros actores para espiar a periodistas, activistas, diplomáticos y defensores de derechos humanos de todo el mundo.

WhatsApp destacó que el juicio reveló que esta aplicación no era el único objetivo para el espionaje. NSO admitió que invierte decenas de millones de dólares al año en desarrollar métodos de instalación de malware, a través de mensajería instantánea, navegadores y sistemas operativos.

Te recomendamos: Ciberseguridad y cibervigilancia ilegal: spyware Pegasus y la seguridad nacional

“Pegasus ha utilizado muchos otros métodos de instalación de spyware para explotar las tecnologías de otras empresas y manipular los dispositivos de los usuarios para que descarguen código malicioso y comprometan sus teléfonos”, dijo WhatsApp.

El fallo a favor de WhatsApp para obtener una compensación se da luego de que una jueza del distrito de Oakland, California, concedió en diciembre del año pasado la solicitud de sentencia sumaria de WhatsApp contra NSO Group.

La jueza determinó que NSO violó la Ley de Abuso y Fraude Informático de Estados Unidos, y una ley similar de California con su programa de espionaje Pegasus.

WhatsApp señaló que esta victoria legal es sólo el inicio. La empresa planea buscar una orden judicial que impida a NSO atacar su plataforma de nuevo.

Asimismo, prometió donar parte de los fondos recuperados a organizaciones que defienden los derechos digitales.

El gobierno encabezado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, espió con el software Pegasus a 456 personas, aseguró la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). 

La organización aseguró que documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del software, confirman que el gobierno mexicano espió a ciudadanos durante el citado sexenio. 

“Durante la audiencia ante el juez, los representantes de NSO Group también afirmaron que México es uno de sus clientes involucrados en este caso, lo que confirma la abrumadora evidencia del despliegue de este spyware durante el sexenio anterior. 

“Esta información inédita muestra, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus que ha sido sistemáticamente negado por el gobierno mexicano”, dice R3D en un comunicado. 

Como parte de las pruebas para el juicio, detalla el reporte de R3D, WhatsApp aportó un listado que expone el país de 

origen de mil 233 víctimas de Pegasus. 

De acuerdo con los datos, México fue la nación con más víctimas en esa ocasión con 456, seguido de la India con 100 y Bahréin con 82. 

Además, agrega R3D, estos ataques estarían vinculados con la explotación de una vulnerabilidad en WhatsApp que fue usada en contra de personas usuarias del sistema operativo Android. 

La Red en Defensa de los Derechos Digitales recordó que en 2022, la investigación denominada Ejército Espía reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suscribió un contrato por un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” con Comercializadora Antsua, empresa con derechos exclusivos para vender Pegasus, con fecha 12 de abril de 2019. 

A la fecha, agregó R3D, la Sedena se niega a entregar la información sobre dichos contratos, pese a la decisión 

inatacable del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahora extinto. 

“A la luz de esta nueva evidencia, resulta alarmante la dimensión del espionaje militar durante el sexenio de López Obrador. Cabe destacar que las 456 víctimas identificadas por WhatsApp corresponden únicamente a un periodo de dos meses (abril-mayo de 2019), lo que sugiere la verdadera escala de la vigilancia ilegal en México y la gravedad del encubrimiento de estos abusos por parte del gobierno mexicano”, añadió R3D. 

El Economista

Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, informaron que, a pesar de que la denuncia fue presentada, hasta el momento no se han tomado medidas significativas para investigar y sancionar los actos de espionaje que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior luego de un año desde que se hizo público un ataque digital contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), mediante el uso del software espía Pegasus.

En un comunicado indicaron que esta impunidad en el abuso de esta tecnología ocurre en un contexto en el que se han documentado al menos 5 casos similares desde 2018, sumándose a decenas de casos ocurridos en el pasado.

Leer más…

Hipertextual-Luis Miranda

WhatsApp se ha apuntado una victoria en su batalla contra el Grupo NSO, el conocido creador de spyware. Un tribunal ordenó a la empresa de origen israelí que entregue el código fuente de Pegasus y otras herramientas que se utilizaron para espiar miles de móviles de periodistas, políticos y activistas de derechos humanos.

De acuerdo con The Guardian, la jueza Phyllis J. Hamilton, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó al Grupo NSO que proporcione a WhatsApp todo el código de Pegasus y otros productos de vigilancia. La empresa está obligada a entregar “todo el software espía relevante” que se empleó para efectuar los ataques ocurridos entre 2018 y 2020. Sumado a eso, NSO deberá explicar la funcionalidad completa de sus herramientas.

La decisión llega a cuatro años de que WhatsApp acusara a los creadores de Pegasus por infectar con spyware a más de 1.400 teléfonos móviles. La compañía, propiedad de Meta, interpuso una demanda contra el Grupo NSO en un Tribunal de Distrito de Estados Unidos. WhatsApp argumentó que la empresa israelí no pudo romper el cifrado de extremo a extremo, por lo que desarrolló un programa malicioso para acceder de forma ilegal a los mensajes de los usuarios.

Leer más.

El Economista Rolando Ramos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por nueve votos contra dos el sentido de dos resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por las que desde noviembre de 2021 ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar información relacionada con el procedimiento de contratación del software de espionaje telefónico Pegasus.

Bajo la ponencia de Alberto Pérez Dayán se resolvió que el sujeto obligado debe entregar al solicitante, tal como ordenó en su momento el ente autónomo, la versión pública de la información sobre la referida contratación a partir de los Reportes de Operaciones que presentan las Entidades Financieras y los Avisos de quienes realizan Actividades Vulnerables, diagnósticos y del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

Leer más: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Instan-a-abrir-contratos-de-Pegasus-20240206-0158.html

El Economista Jorge Bravo

Está documentado que el gobierno de México espía a sus ciudadanos y que ha utilizado el software Pegasus, desarrollado por NSO Group, para husmear ilícitamente en actividades de periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

Un reciente reportaje de The New York Times corroboró que las Fuerzas Armadas espiaron a un defensor de derechos humanos y a periodistas que investigaban denuncias de que soldados habían acribillado a personas inocentes.

El diario estadounidense se ha hecho eco de indagaciones y revelaciones de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación mexicanos que destaparon cómo Pegasus estaba ligado a hackeos y la vigilancia a periodistas, defensores, empresarios e incluso jefes de Estado.

El software Pegasus tiene la capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles y acceder a información privada como mensajes, llamadas y correos electrónicos. Su uso por parte de gobiernos y agencias de inteligencia ha generado preocupación en todo el mundo, especialmente cuando se utiliza para espiar a comunicadores y activistas que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

El sistema de NSO Group fue adquirido por el gobierno de México en 2014 por 32 millones de dólares. El caso Pegasus fue destapado en 2017 y ha generado una cascada de reacciones y revelaciones que no se detienen. La investigación periodística ha revelado que al menos 15 mil personas estuvieron en la mira del software espía.

En México, la situación es doblemente escalofriante porque somos uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La utilización de Pegasus por parte de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador para espiar a periodistas y activistas es una violación flagrante de la libertad de expresión y la privacidad.

En lugar de garantizar un entorno seguro y libre para la libertad de expresión y el trabajo periodístico, el gobierno utiliza herramientas cibernéticas de vigilancia para indagar ilegalmente en sus actividades.

Totalmente exhibido y documentado, el presidente AMLO ha negado reiteradamente que su gobierno espíe y le llama inteligencia. El Secretario de la Defensa Nacional, Lus Crescencio Sandoval, no ha querido responder a los cuestionamientos que lo vinculan directamente con el uso de Pegasus y la vigilancia sobre personas críticas al régimen.

La diferencia entre espionaje e inteligencia de Estado radica en la legalidad y legitimidad de la recolección de información llevada a cabo por un gobierno o una agencia de inteligencia.

La inteligencia es una actividad legítima y legal que implica la recolección, análisis y utilización de información para proteger los intereses nacionales de un país. Puede incluir la obtención de información sobre amenazas a la seguridad nacional, actividades terroristas, delitos cibernéticos u otras actividades ilícitas que puedan representar un riesgo potencial para el Estado.

El espionaje ilegal consiste en el monitoreo, la obtención de información sin autorización, sin orden judicial, violando las leyes y regulaciones establecidas. Incluye el acceso no autorizado a sistemas informáticos, interceptación de comunicaciones privadas, robo de información, soborno y extorsión, entre otros métodos ilegales.

La inteligencia de Estado debe llevarse a cabo dentro de los marcos legales establecidos, respetando los derechos humanos y las libertades civiles, incluida la privacidad de las personas. Los gobiernos y agencias de inteligencia están sujetos a normas que rigen su actuar y deben operar de manera transparente y bajo supervisión y rendición de cuentas.

La empresa isreaelí NSO Group ha sido criticada por grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, que la acusa de vender su tecnología a gobiernos que la utilizan contra disidentes políticos y como herramienta de represión. La organización Forbidden Stories identificó clientes de NSO en 11 países: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajstán, Marruecos, Ruanda, Togo y, desde luego, México.

Diecisiete periodistas de siete países, objetivos del llamado Programa Pegasus, presentaron, junto con la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), una denuncia contra la empresa NSO Group. En Estados Unidos, periodistas de El Faro también presentaron una demanda contra el desarrollador de Pegasus.

No es el primer caso de espionaje por parte del gobierno mexicano. Durante la administración de Enrique Peña Nieto se descubrió la utilización de otro software espía llamado FinFisher, también para espiar a periodistas y activistas políticos.

La reticencia, el negacionismo, el victimismo y la falta de acción por parte de AMLO para investigar, prevenir y erradicar el uso de software espía por parte de su gobierno causa perplejidad e indignación. Muestra una clara falta de compromiso con los derechos humanos y la democracia. El gobierno de López Obrador debe rendir cuentas por este escándalo y tomar medidas inmediatas para garantizar que los derechos humanos y las libertades civiles sean respetados y protegidos en el país.

Desde ya el espionaje cibernético constituye violaciones graves a los derechos humanos protegidos por la Constitución y tratados internacionales, como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

El primer daño colateral es sobre la reputación del gobierno y el país a nivel nacional e internacional, con un evidente deterioro en la confianza de instituciones como el Ejército y la procuración de justicia, que no ha actuado para castigar a los responsables. Ningún gobierno que espía a quienes ejercen la libertad de expresión y defienden derechos fundamentales se puede llamar humanista.

Twitter: @beltmondi

Aunque el Gobierno de México prometió no realizar prácticas de espionaje, el país es el cliente VIP al ser el que más utiliza el software espía Pegasus.

Así lo revela un reportaje de The New York Times (NYT), el cual afirma que fue en marzo de 2011 cuando en una reunión en un cabaret se cerró la negociación entre los empresarios israelíes de NSO Group que venden Pegasus y un general del Ejército mexicano encargado de las negociaciones.

“Ningún lugar ha tenido más experiencia con las capacidades y los peligros de esta tecnología que México, el país que inauguró su difusión por todo el mundo.

“Una investigación de The New York Times basada en entrevistas, documentos y pruebas forenses de teléfonos hackeados muestra los intercambios secretos que hicieron que México fuese el primer cliente de Pegasus, y también revela que el país se convirtió en el usuario más prolífico del programa espía más conocido del mundo”, asevera la investigación del diario neoyorquino.

Relacionado: Inteligencia Artificial ha hecho más fácil y barato rastrear datos de personas vulnerables: Chelsea Manning

El New York Times describe en su reportaje cómo en México se comenzó a utilizar el software Pegasus para espiar a civiles, entre ellos periodistas y activistas. Sin embargo, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no realizar este tipo de actividad, el periódico estadounidense asevera que en el país continúan dichas prácticas en meses recientes.

El reportaje advierte la capacidad de espionaje que tiene el software Pegasus, ya que puede vigilar absolutamente cada actividad que realizan los usuarios de los teléfonos infectados y, además, lo hace en tiempo real.

“El programa se ha usado para luchar contra la delincuencia, ayudando a desarticular redes de abusos a menores y a detener a figuras célebres, como Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo.

“Pero, una y otra vez, Pegasus también ha sido usado de manera ilegal por gobiernos con el fin de espiar y reprimir a defensores de los derechos humanos, activistas de la democracia, periodistas y otros ciudadanos que desafían la corrupción y los abusos”, señala The New York Times.

Asimismo, añade que desde el 2021, el gobierno estadounidense puso en su lista negra a la empresa israelí NSO Group, quien desarrolla este software espía, mientras que el Ministerio de Defensa de Israel dijo que prohibiría las ventas a naciones donde hubiera riesgo de violaciones de los derechos humanos.

Te puede interesar: Estados Unidos nunca dio pruebas al IFT sobre presunto espionaje chino: Adolfo Cuevas

Sin embargo, el NYT demuestra con su investigación que el gobierno israelí no ha cumplido con ello, pues en México, en donde se han documentado los actos de espionaje, siguen operando con Pegasus.

El periódico estadounidense agrega que buscó al Ministerio de Defensa israelí para consultarle sobre el uso de Pegasus en la actualidad en México; sin embargo, no quiso hacer comentarios.

“La Secretaría de la Defensa Nacional de México no quiso hablar sobre el reciente hackeo, pero dijo que seguía la postura del gobierno, que afirma que los procedimientos de recopilación de información de inteligencia ‘de ninguna manera están dirigidos’ a invadir la vida privada de personalidades políticas, cívicas y de los medios de comunicación.

“Se trata de la segunda oleada de ataques contra el teléfono de Santiago Aguirre, uno de los defensores de los derechos humanos. Él también había sido objetivo de Pegasus durante el gobierno anterior, de acuerdo con Citizen Lab”, agrega The New York Times.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación por la adquisición del software espía “Pegasus” por parte de la que era Procuraduría General de la República (PGR), así como la intervención ilegal de las comunicaciones de periodistas en México.

De acuerdo con la FGR, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se adquirió el software “Pegasus” por una cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos. Indicó que no existía una justificación para celebrar dichos contratos.

“En dicha investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás “Z”, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento”, detalló la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, también abrió una carpeta de investigación por el delito de intervención de comunicaciones privadas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.

Infografía | High Risk: un sexenio de ciberataques en México

“En este caso (hay) un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, esta Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos ‘N’, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones”, señaló la FGR.

Asimismo, agregó que solicitó la aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se cometa en contra de la libertad de expresión. Añadió que el primero de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Además, señaló que el 6 de noviembre de 2021, el Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.

“En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema ‘Pegasus’ mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”, detalló.

La FGR dijo que conforme se obtenga más información se dará a conocer.

El Economista Maritza Pérez

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que sus acciones de inteligencia no son para espiar a periodistas y activistas, al tiempo que negó el uso durante este de gobierno del software Pegasus, aunque reconoció su compra.

Luego de que se filtrara información oficial que señala el espionaje de activistas y periodistas por parte de las Fuerzas Armadas, la Sedena emitió un comunicado en el cual las rechazó.

“Al respecto, esta Secretaría con estricto apego al Estado de derecho ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”, aseveró.

De acuerdo con la Sedena, las acciones por las cuales se le acusa espionaje, en realidad se tratan de labores de inteligencia y destacó que se realizan contra el crimen organizado.

En este contexto, dijo, como todas las Fuerzas Armadas del mundo, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cuentan con un sistema de inteligencia militar con recursos humanos y herramientas tecnológicas, como los sistemas de vigilancia aérea, de encriptación, de imágenes satelitales (localización de plantíos de enervantes y afectaciones del Plan DN-III-E), entre otros, que permiten dar cumplimiento a sus misiones primigenias de defensa nacional y seguridad interior y otras de carácter social, estipuladas en nuestro marco legal.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que sí posee el software Pegasus para intervenir teléfonos celulares, pero que únicamente lo utiliza para actividades de inteligencia contra la delincuencia organizada.

“En relación con la contratación del servicio ‘Pegasus’, esta se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante acciones de inteligencia, información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, aseveró.