La Nación

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paula Bogantes, calificó como ilegal la propuesta del presidente Rodrigo Chaves de otorgar frecuencias de radio y televisión basadas en criterios religiosos. La discusión surge en el contexto de una subasta pública de frecuencias de radio y TV que está siendo impugnada ante la Sala Constitucional.

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Un nuevo fallo judicial volvió a frenar los intentos de bloquear el reglamento de ciberseguridad 5G en Costa Rica, algo que el gobierno ha tomado como un triunfo que le permitiría avanzar en su implementación.

El Tribunal Contencioso y Administrativo y Civil de Hacienda rechazó una solicitud de medida cautelar interpuesta por el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) y la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (Aprodeco) contra dicha normativa.

La medida cautelar buscaba suspender los artículos 4°, 5°, 6°, 9° y 10° y el transitorio único del reglamento de ciberseguridad 5G, alegando que este afectaría a los trabajadores del ICE y la competencia en el mercado.

Sin embargo, el Tribunal declaró sin lugar la medida cautelar interpuesta. Además, levantó la medida provisional que había dispuesto en febrero de 2024, ordenando que el gobierno suspendiera la ejecución del reglamento.

Esta es la segunda medida cautelar contra el decreto de ciberseguridad 5G que el Tribunal Contencioso y Administrativo y Civil de Hacienda rechaza en los últimos días, luego de que también desestimó la semana pasada un recurso promovido por Huawei.

Dicho reglamento prohíbe la participación de empresas de origen chino, como Huawei, al igual que de otros países, como proveedores en el despliegue de las redes 5G por cuestiones de “seguridad”.

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De acuerdo con el fallo sobre el recurso interpuesto por el FIT y Aprodeco, no se aportó evidencia de que el decreto de ciberseguridad tenga un impacto económico negativo en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), las conclusiones del Tribunal representan un espaldarazo para el gobierno costarricense, que ha defendido férreamente el reglamento de ciberseguridad 5G a pesar de las críticas a nivel nacional e internacional.

Las resoluciones del Tribunal “permiten avanzar en el fortalecimiento de la implementación de la tecnología 5G y superiores mediante el decreto que busca promover el uso seguro de las redes y proteger la privacidad y confidencialidad de los datos y comunicaciones de los usuarios”, fijo la ministra del Micitt, Paula Bogantes.

No obstante, Carlos Stradi Granados, presidente de la Junta Directiva de la Federación del FIT, dijo que el fallo judicial es “meramente un pronunciamiento de primera instancia que no adquiere firmeza jurídica”.

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La resolución definitiva de la medida cautelar aún puede ser revisada por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, señaló Stradi.

El FIT no detendrá sus esfuerzos por frenar el reglamento de ciberseguridad 5G, pues también todavía está tramitando una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto.

Guanacaste, Costa Rica. “El ciberataque de 2022 nos puso de rodillas”, relató Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Esa es la razón por la cual los gobiernos deben comprender la importancia de la ciberseguridad, al tiempo que “Costa Rica quiere ser la Estonia de América Latina en ciberseguridad”.  

En 2022, el país centroamericano sufrió un devastador ciberataque perpetrado por el grupo de ransomware Conti, vinculado a Rusia. El ataque afectó múltiples instituciones gubernamentales, paralizando servicios clave como la recaudación de impuestos y las aduanas, causando una crisis de seguridad informática a nivel nacional. 

El gobierno de Costa Rica declaró estado de emergencia, siendo el primer país en hacerlo debido a un ciberataque, además de que es una nación sin un Ejército para defenderse. Las consecuencias incluyeron la interrupción de operaciones estatales, pérdidas económicas significativas y la exposición de datos sensibles, lo cual subrayó la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales de Costa Rica.

”Si el Presidente de la República no presta atención a la ciberseguridad, va a ser difícil para los ministros prevenir los ataques”, relató Bogantes. 

Cuando ocurrió el ataque, el gobierno sólo tenía tres empleados dedicados a la ciberseguridad. 

La ministra Bogantes relató que de inmediato hubo colaboración internacional y los países aliados estaban preparados para ayudar y contener el ataque. Estados Unidos aportó 35 millones de dólares para restablecer las operaciones.  

Tras la experiencia, Paula Bogantes recomendó involucrar al gobierno al más alto nivel, proteger las infraestructuras y los servicios públicos, promover la colaboración público-privada porque “la tecnología es guiada por la industria privada” y que las instituciones públicas destinen presupuestos para ciberseguridad.

Gracias al apoyo y la colaboración internacional, el gobierno de Costa Rica pudo identificar el ransomware y el origen del ciberataque.  

“Los ataques han aumentado, pero ahora estamos más protegidos”, remató la ministra Bogantes. 

Aunque ICE no participe en la subasta 5G, tiene el espectro idóneo para desplegar la tecnología de quinta generación en Costa Rica, afirmó la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes.

Durante una entrevista en el programa radiofónico Asiento Extra, la ministra advirtió que la empresa estatal de telecomunicaciones puede reacomodar las frecuencias con las que ya cuenta para construir su red 5G.

“Ellos [ICE y su filial Racsa] quedan fuera de la subasta, pero por diferentes decisiones empresariales podrían empezar a hacer despliegue 5G con las frecuencias que ellos tienen.

“Recordemos que Racsa es parte del Grupo ICE, entonces ‘aprovechemos lo que mi hermanito menor tiene’. El ICE puede reacomodar la distribución que le ha dado a ciertas frecuencias, reacomodar la casa para liberar espacio en frecuencias y con esa liberación hacer despliegue 5G”, detalló.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) publicó el cartel de la esperada licitación 5G el 31 de julio. Pero ICE se encontró con que las condiciones le prohíben pujar para conseguir más espectro.

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El pliego de condiciones establece topes de tenencia espectral en los diferentes rangos de frecuencias: bandas bajas, medias y bandas milimétricas.

ICE supera el tope de 336 MHz por operador en las bandas medias, ya que tiene 370 MHz (entre las bandas de 1,800 a 3,500 MHz).

Sólo en la banda de 3.5 GHz, que es una de las que se licitará para 5G, la paraestatal ya cuenta con 100 MHz.

Esa misma cantidad de espectro es lo que aspiran conseguir los operadores privados, como Claro y Liberty, dado que actualmente ellos no cuentan con frecuencias en dicha banda, que ha sido identificada como ideal para el despliegue inicial de 5G.

Incluso, en julio de este año, Racsa comenzó a ofrecer servicios de acceso inalámbrico fijo (FWA) 5G en el país, utilizando la banda de 3.5 GHz.

El resto de operadores, específicamente Liberty y Claro, comenzaron a explorar el desarrollo de esta tecnología. Incluso, Liberty lo llevó al terreno comercial. Pero ninguno tiene el espectro suficiente todavía para realizar un desarrollo más maduro de la tecnología.

Por eso, Paula Bogantes señaló que ICE ya tiene los recursos para implementar 5G sin acceder a la licitación, y eso depende de las decisiones de estrategia empresarial que la empresa tome a nivel interno.

Sin embargo, ICE no está de acuerdo con las condiciones del cartel y recurrió a la Contraloría General de la República para presentar sus objeciones, alegando que determinar la concentración de espectro como requisito de admisibilidad en la subasta carece de sustento legal.

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Además, la paraestatal dijo que, pese a que cuenta en total con 370 MHz en las bandas medias, existen segmentos de espectro que no deben ser considerados como utilizables para el cálculo de concentración de espectro, debido a que se encuentran interferidos.

El viceministro de Telecomunicaciones del Micitt, Hubert Vargas, dijo que ICE podría participar en la licitación de espectro si devuelve algunas frecuencias que ya están en sus manos, pero no puede ser parte del concurso público con todas las asignaciones que ya posee.

Por ahora, está abierto el plazo para que las empresas interesadas presenten sus solicitudes para participar en la subasta 5G ante la Sutel. El cartel dicta que el regulador recibirá ofertas durante 20 días hábiles, los cuales vencerán esta semana.

No obstante, el plazo podría extenderse si la Contraloría lo determina, ya que el órgano ha recibido objeciones al cartel de la licitación por parte de ICE, Claro y Liberty.

La República Andrei Siles

El incremento de los costos a los operadores telefónicos al tener que invertir en equipo nuevo para desplegar sus redes de 5G, según lo dispone el reglamento de ciberseguridad para esta tecnología móvil y superiores, no retrasará su llegada a Costa Rica.

Así lo considera Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, quien además confirmó a LA REPÚBLICA una alianza con Estados Unidos para el desarrollo y operación de un centro de monitoreo más sofisticado que el que se tenía planeado, tras el donativo de $35 millones de este país.

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Womcy, Latinas in Cyber (LAIC) y Women in Security & Resilience Alliance (Wisecra) anunciaron la cuarta edición del Top Women in Cybersecurity – Americas 2023, en el que reconocen la labor en ciberseguridad de 50 mujeres latinoamericanas que viven en la región o son residentes en Estados Unidos.

Se nominaron a 300 mujeres, de las cuales 50 se convirtieron en el Top Women in Cybersecurity Americas 2023, luego de que un panel de jueces, integrado por diez ejecutivos del continente, evaluara el impacto social y profesional de los aportes en ciberseguridad de cada candidata.

La selección de este año tuvo en cuenta la influencia de cada mujer en el reconocimiento y el impacto generado, el crecimiento profesional, el aporte significativo a sus comunidades y ser una persona referente e influyente en la región.

Paula Bogantes Zamora, ministra del Micitt (Ministerio de Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones) de Costa Rica, fue una de las mujeres reconocidas, por su liderazgo e influencia en este tema, convirtiéndose en la primera vez que una funcionaria de Estado recibe este reconocimiento.

“Es un verdadero honor ser parte de este selecto grupo de mujeres que cambian el mundo día a día con su ingenio y capacidad de innovación en un área como la ciberseguridad. Espero que sigamos juntas construyendo espacios ciberseguros para el desarrollo de todos los sectores”, agradeció la ministra.

Como Bogantes, se espera que cada vez más mujeres se sumen a entornos STEM que les permitan imaginar y tener una vida profesional en estas áreas. Sobre esto, Cybersecurity Ventures predice que las mujeres representarán 30 por ciento del total de personas trabajando en el sector para 2025 y alcanzarán 35 por ciento en 2035.

“Womcy está más comprometida que nunca con la promoción de la diversidad en ciberseguridad, la cual ha sido nuestra prioridad desde el lanzamiento, en 2019. Estamos encantadas de expandir esta importante premiación este año y colaborar con Latinas in Cyber para destacar a las mujeres latinas en las Américas”, señaló Leticia Gammill, presidenta y fundadora de Womcy.

Por su parte, Angela Hill, presidenta y fundadora de LAIC, señaló que “la alianza con Womcy tendrá un impacto social transformador para las latinas en las Américas a través de la identificación y nominación de las principales líderes latinas en ciberseguridad”.

El éxito de la subasta de espectro 5G de Brasil se ha ganado los reflectores en América Latina y cada vez más países ven este proceso como un caso de éxito que pueden tomar como modelo a seguir.

Costa Rica quiere ser el siguiente en tomar al modelo brasileño como referencia en la licitación 5G, que se prevé llevar a cabo el próximo año.

Durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23), que se está realizando en Dubái, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paula Bogantes, se reunió con Juscelino Filho, ministro de Comunicaciones de Brasil.

Filho presentó a Bogantes el modelo brasileño de 5G, ya que el gobierno tico se encuentra en el proceso de redacción de las bases para su licitación de espectro 5G y solicitó apoyo a Brasil para construir una subasta exitosa.

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La Superintendencia de Telecomunicaciones está elaborando las condiciones para la subasta con base en los lineamientos de política pública que dio el Ministerio. A mediados de este año, se dio a conocer un primer borrador que contempla asignar las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.3 a 3.5 GHz, 3,600 a 3,625 MHz, 26 y 28 GHz.

Aunque no se ha establecido cuál será el precio de reserva por el espectro 5G, las autoridades aseguran que el concurso priorizará el despliegue de infraestructura para la conectividad por encima de la recaudación,

En un evento realizado en octubre en la Ciudad de México, el viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, Hubert Vargas, dijo que 90 por ciento de la recaudación en la licitación 5G se destinará a la expansión de cobertura de Internet de banda ancha en localidades rurales.

Y sólo el 10 por ciento restante entrará como ingresos a las arcas públicas. Las declaraciones del viceministro confirman que existe la intención de impulsar una subasta con costos de espectro asequibles.

Aunque esto muestra signos positivos para los operadores interesados en participar en la subasta, un reciente decreto del gobierno que veta a las empresas chinas del despliegue de 5G ha generado incertidumbre en el sector.

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Si se mantiene, esta prohibición podría incrementar los costos para la industria, ya que los equipos chinos son ampliamente usados en las redes, y afectar las condiciones competitivas de la licitación 5G.

El referente brasileño

También por estos días Colombia se encuentra preparando su licitación 5G. De igual forma, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de ese país ha sostenido que Brasil ha sido un caso de referencia durante el proceso.

Brasil concretó su subasta 5G en 2021. El concurso público se caracterizó por alejarse de los fines recaudatorios que tanto han denunciado los operadores de telecomunicaciones, pues afectan su capacidad para invertir y, con ello, la conectividad.

La licitación en el país sudamericano capturó más de 50 mil millones de reales, de los cuales 85 por ciento se están invirtiendo en la implementación de infraestructura móvil y sólo una parte inferior se traduce en ofertas directas para el Estado.

Con este proceso, Brasil logró abrirle la puerta a nuevos competidores en el mercado, asignar la mayor parte de las frecuencias que estaba ofertando (85% del total) e impulsar el desarrollo de 5G.

Incluso, los resultados de la subasta han llevado a Brasil a posicionarse como un líder regional en América Latina y a tener la delantera en el despliegue de redes 5G independientes (que ya no dependen de 4G).

El Mundo Yamileth Angulo

La ministra del Micitt, Paula Bogantes, fue reconocida como una de las 50 mujeres latinoamericanas más influyentes en temas de ciberseguridad, según la organización internacional Women in Cybersecurity (Womcy), en su cuarta edición.

Uno de los socios de Womcy, es la empresa Cisco, como consta en la página de la organización, conocida rival de la empresa Huawei.

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La Embajada de China en Costa Rica acusó que los comentarios recién hechos por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) respecto a la posible vulnerabilidad de equipos para telecomunicaciones “afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales” en el país centroamericano.

Costa Rica publicó recientemente el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que restringe a los operadores a utilizar proveedores de equipo de telecomunicaciones provenientes únicamente de países que se hayan adherido al Convenio de Budapest.

Derivado de ello, proveedores de países como China, Corea del Sur, Taiwán y Singapur no podrían participar en los procesos de despliegue de la nueva red. Adicional a la publicación del controvertido reglamento, Paula Bogantes y Hubert Vargas, ministra y viceministro del Micitt, respectivamente, señalaron directamente a China como un país con mayor riesgo de ciberseguridad. 

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Al respecto, la Embajada china lamentó los comentarios a los que calificó de “absurdos”, por lo que “expresamos nuestra enérgica y vehemente oposición a sus acusaciones irresponsables e infundadas”.

“Las empresas de telecomunicaciones de China llevan años operando en América Latina y el Caribe, incluyendo Costa Rica. No sólo nunca han puesto en peligro la ciberseguridad local, sino que además han promovido notablemente el desarrollo de las telecomunicaciones en la región”, añadió.

La medida implementada por el Micitt fue interpretada por legisladores, la industria y expertos como una forma de que el país cumpla con la política de ‘Red Limpia’ impulsada por los Estados Unidos en la región. Hasta la fecha, ningún país de América Latina se ha sumado a la iniciativa pese a los esfuerzos del gobierno norteamericano.

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En un posicionamiento publicado en el sitio del Ministerio, Bogantes rechazó que la medida implementada por el Reglamento haya estado motivada por cuestiones políticas, y que las decisiones son principalmente técnicas para permitir al país resolver las amenazas de ciberseguridad que se registraron en 2022 e introducir medidas de prevención sobre la red 5G.

Bogantes afirmó que el Reglamento cumple con lo determinado en las leyes costarricenses, convenios firmados con otros países y las mejores prácticas recomendadas por organismos multilaterales como la OCDE y la Unión Europea.

“Lo planteado es respetuoso del principio de neutralidad tecnológica, ya que no exige el uso de una tecnología específica; sino que define parámetros de riesgo para la operación de estas redes y la prestación de estos servicios. En el caso de redes 4G y anteriores dispone la emisión en los próximos meses de lineamientos de buenas prácticas en materia de Ciberseguridad para las redes 4G y generaciones anteriores”, señaló.

Paula Bogantes, titular del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica, fue parte de los especialistas de alto nivel asistentes al LATAM CISO Summit 2023, organizado por Digi Americas Alliance en Madrid, España, desde donde contó algunos detalles sobre lo que se considera el peor ciberataque ocurrido en Costa Rica, ocurrido en abril de 2022.

A continuación la narración de la Ministra costarricense en primera persona.

Durante el ataque estaban dormidos

Yo creo que lo que decía, previo al ataque de ciberseguridad, era un tema que hablaba el Ministerio, pero no se atendí­a con seriedad, puedo decirlo.

Y para pruebas del ciberataque, el MICITT no tení­a el personal para atender operaciones 24-7. Entonces, cuando se iban a dormir a las 4 de la tarde, los funcionarios y los hackers a esa hora también iban a dormir.

El incidente ocurrió a las 2 de la mañana. Es decir, no estaba siendo atendido a las 2 de la mañana. Aquí no solamente era un tema de presupuestos, de falta de personal, de ciberseguridad; no habí­a protocolos, no se habían compartido protocolos con otras instituciones, de qué hacer en caso de un incidente, no había playbooks, no había lineamientos.

Creo que sería incorrecto decir que previo al incidente, el MICITT tenía una polí­tica seria de atención de ciberseguridad, por las razones muy simples.

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No se atendía la ciberseguridad como se debía

Pero se podían hacer esfuerzos paralelos, mover la ley de ciberseguridad para darle entonces al Ministerio el presupuesto, la gobernanza, el personal que requerí­a. Nada de eso se había hecho. Entonces, se hablaba de ciberseguridad, pero no se atendí­a la ciberseguridad como tení­a que atenderse.

Es la realidad, y el ataque vino a poner todos estos temas en la superficie. El ataque afectó a dos instituciones.

“Volvimos al papel”

El primer impacto fueron las dos más grandes, el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución del Estado que supervisa los hospitales públicos del paí­s. Se sabe que Costa Rica tiene un sistema de salud universal. Es decir, todo ciudadano en Costa Rica está cubierto por el servicio de salud del gobierno o estatal.

Más de 70 mil citas tuvieron que ser reprogramadas. Nosotros volvimos al papel cuatro meses después de estar programando citas. Ya tení­amos un problema de listas de espera.

Eso, al día de hoy, las estamos atendiendo. Y más allá de los 25 millones (de dólares) que nos costó recuperar la información y subir los servicios de Hacienda y de la Caja Costarricense del Seguro Social, la pérdida más importante fue la falta de continuidad del servicio a la ciudadanía.

Las pérdidas

Hubo que parar cirugías de personas que llevaban años esperando ser atendidas. La Caja nos informa cómo hubo estudios en oncología que se llevaban meses atendiendo a pacientes para poder definir patologías y demás. Se perdía toda esa información.

¿Qué valor le podemos poner a esa información? En Hacienda tenemos un sistema que se llama TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero), que es lo que usan los exportadores e importadores para el paso de bienes. Se cayó el sistema y hubo que ir (presencialmente). Los importadores tienen que ir a las aduanas a presentar. Eso sólo a un sector le significan 35 millones de dólares en pérdidas.

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Costa Rica declarado en estado de emergencia

Una de las primeras acciones que hizo el presidente Rodrigo Chaves cuando entró en gobierno fue declarar al paí­s en estado de emergencia.

Eso nunca se habí­a dicho en la historia de Costa Rica, no por un ciberataque.

Eso, nuevamente, refuerza el hecho que la seguridad nacional del paí­s estaba comprometida. Entonces, el presidente hace eso. ¿Para qué lo hace? Entre otras razones, porque la industria privada viene a nuestro rescate, así como gobiernos.

Al declarar estado de emergencia, muchos de los protocolos que había que seguir para llegar a la raíz del problema se eliminaron, y las empresas y las agencias de gobierno de Estados Unidos y España, por ejemplo, pudieron tratar de identificar al paciente cero.

Entonces, sí que hubo mucha pérdida.

Lección aprendida

Para mí, la lección aprendida era eso, lograr tener un mapeo de cuáles habí­an sido todas estas medidas que se debieron de haber implementado y que no lo estábamos haciendo.

Ha sido un trabajo arduo de meses en donde hemos estado levantando protocolos. Muchos países nos han ayudado, Chile nos ha ayudado enormemente.

Pero aquí­ volvemos a lo mismo, compartamos información, no tenemos que empezar de cero. La industria privada ha sido fenomenal en esto, nos han ayudado muchí­simo.

Costa Rica no estaba preparada y lamentablemente, por conversaciones que hemos tenido con otros paí­ses vecinos de la región y acuerdos de cooperación que hemos firmado, otros países están en la misma situación en la que estaba Costa Rica previo al ataque.