El Economista José Soto

La emisora indígena Radio Tosepan, que transmite para las comunidades náhuat y totonaca de Puebla y Veracruz, está obligada a difundir los spots de los partidos políticos aunque su contenido choque con la cosmovisión indígena, sus formas de gobierno y su autonomía, resolvió este miércoles el Tribunal Electoral federal, la máxima autoridad judicial en la materia.

El Tribunal Electoral en pleno discutió la solicitud de revisión que hizo Radio Tosepan de una decisión de febrero de la autoridad administrativa electoral, el INE, que consideró que la emisora con un título de uso social indígena es similar al resto de las operadoras de radio y televisión y, por lo tanto, debe divulgar por su frecuencia toda la pauta electoral que le envíe el INE, lo que incluye los mensajes político-electorales de los partidos políticos.

“Esta desafortunada sentencia pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”, informó Radio Tosepan Limakxtum A.C., el brazo radiofónico de la cooperativa indígena Tosepan Totataniske, con sede en Cuetzalan, Puebla.

Radio Tosepan, que dirige Bonifacio Iturbide Palomo, invocó un criterio judicial de la Suprema Corte de 2021 que señala que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de un “tipo especial de concesión” del espectro radioeléctrico, por lo que “es inconstitucional” que la operación de sus señales audiovisuales se someta a “reglas que no reconozcan su diferencia” (Tesis: 1a. XXVI/2021 (10a.).

Para las autoridades administrativa (INE) y judicial (Tribunal Electoral), esa tesis de la Suprema Corte no fue relevante y cada una, en su momento procesal, impuso a Radio Tosepan a divulgar en su frecuencia los spots de los partidos políticos. “Ellos están ahí en sus oficinas, muy lejos de la realidad de la comunidad indígena”, dijo Iturbide Palomo en una entrevista en febrero pasado.

“Darles por supuesto la garantía de que estén debidamente informadas las comunidades (indígenas), sin violentar absolutamente el derecho a la transmisión de toda su programación, de toda su cultura, de toda su visión y que se refrende lo que la comunidad quiera”, dijo la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso al manifestar su aprobación del proyecto de sentencia, original del magistrado del tribunal, José Luis Vargas.

El fallo judicial obligará a todas las radios indígenas del país, además de a Radio Tosepan a difundir la propaganda de los partidos, lo que en los hechos significará una cancelación de la autonomía de los pueblos indígenas sobre su derecho a la libre determinación y autonomía previstos en el artículo 2° de la Constitución.

“Para hacer cumplir esta sentencia y la voluntad del INE de imponer la pauta de partidos políticos, hará falta una ley y un reglamento que incluya a las concesiones indígenas y eso tendrá que realizarse a través de una consulta, si no se quiere nuevamente violar la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Así que en el campo de la legislación nacional todavía quedan más batallas que librar”, advirtió Radio Tosepan en su comunicado, publicado tras conocer la decisión del Tribunal.

El Partido Acción Nacional (PAN) dedica tres de 49 páginas de su Plataforma Electoral 2021 al tema de la sociedad de la información y nuevas tecnologías.

En dicho documento, esta organización política afirma que tras la pandemia de Covid-19 han surgido nuevos temas que requieren ser regulados, entre ellos la protección al patrimonio reputacional y el acceso de la niñez a los contenidos digitales.

Señala que también se debe proteger el libre acceso a Internet, para volverlo un servicio permanente y neutral, en el que el Estado carezca de atribuciones para restringir o manipular la información, en favor de sus intereses políticos.

“En Acción Nacional sostenemos que el gobierno debe tomar medidas que favorezcan la disminución de la brecha digital entre los mexicanos, a efecto de que los beneficios de las TIC y de la banda ancha beneficie (SIC) por igual a toda la sociedad.

“También consideramos necesario incrementar la oferta de prestadores de servicios de telefonía celular e Internet, como medida necesaria para abaratar los costos al consumidor, y para permitir el acceso a una mayor cantidad de contenidos, comenzando con los de la información. Lo anterior es una medida fundamental en la democratización del país”, afirma el partido.

Promete atención a la ciberseguridad

En su Plataforma Electoral 2021, el PAN destaca los temas sobre ciberseguridad, los cuales afirma es necesario reforzar con diferentes acciones, entre ellas la de legislar sobre seguridad cibernética, derechos digitales y protección de la identidad de los usuarios.

También advierte la necesidad de mejorar a la policía cibernética federal, homologar con la misma los esfuerzos de las entidades federativas e impulsar su alcance nacional de manera conjunta con la sociedad.

#Elecciones2021MX | ¿Y el plan digital? Pocos candidatos en México tienen una propuesta de conectividad

Además, promete que promoverán la existencia de coordinación entre instancias nacionales dedicadas a la ciberseguridad con instituciones internacionales para combatir de manera eficiente delitos como la pederastia y el uso indebido de imágenes para fines de extorsión, así como garantizar la protección de la privacidad de datos personales.

Propone también que se establezca a la ciberinteligencia y a la ciberseguridad como objetivos de un Estado democrático de derecho, con pleno respeto a las garantías individuales y sociales de los mexicanos.

Cierre de la brecha digital

Aunque en su Plataforma Electoral 2021 el PAN no dice cómo y los planes específicos para cerrar la brecha digital, advierte en algunos puntos la urgencia de llevarlo a cabo.

Señala que garantizará el acceso y cobertura de Internet en toda la república como herramienta indispensable para el desarrollo humano, académico y social, y como medida para acortar las desigualdades.

Asimismo, propone incentivar el acceso a Internet y el acceso a plataformas digitales en todos los niveles de educación de los mexicanos, desde preescolar hasta la educación superior.

Busca también que se impulse el uso transversal de las nuevas tecnologías en todos los cambios del conocimiento y del ejercicio profesional.

Otra propuesta es invertir en Internet gratuito en los espacios públicos, “con plena garantía de que el Estado no pueda acceder a los datos de la ciudadanía, ni utilizarlos en su beneficio en contra de estos”.

Incluso afirma que propondrán una iniciativa de ley para transitar hacia un esquema de habilitación de redes de telecomunicaciones gratuitas para garantizar el acceso a la educación a distancia.

Derogar impuestos a servicios digitales

Una de las propuestas que más llama la atención dentro de la Plataforma Electoral del PAN es la de eliminar impuestos a servicios digitales.

“Derogar cualquier tipo de impuesto en plataformas digitales y reducir impuestos en los dispositivos de transmisión de datos, imágenes y voz para el uso académico, con el fin de favorecer a la sociedad de la información”, propone.

Asimismo, proponen que exista una legislación para que las empresas prestadoras de servicios digitales en México, sin importar que se ubiquen en el extranjero, expidan a los ciudadanos mexicanos factura electrónica para efectos fiscales, por los cobros que hagan de sus servicios a los contribuyentes.

Capacitación digital a docentes

El PAN también incluyó en su plataforma propuestas para realizar reformas que permitan establecer la formación digital como una de las prioridades de la capacitación docente.

Señala que se debe favorecer el acceso del personal docente, así como de los estudiantes, a los dispositivos digitales, como una forma de cerrar las brechas de desigualdad tecnológica en México.

Advierte la necesidad de promover mecanismos que faciliten el uso de las nuevas tecnologías para el acceso a apoyos sociales gubernamentales, con el fin de garantizar el control y buen uso de recursos.

El País-Jorge G. García

NationBuilder se ha convertido en un partido político mundial sin que nadie lo vea en un Parlamento o una papeleta. Esta startup, desarrollada en Los Ángeles por Jim Gilliam en 2009, ofrece una plataforma online con la que organizar campañas electorales. Emmanuel Macron, Boris Johnson, Donald Trump, los brexiters y Jacinda Ardern han contado con su software para alcanzar el poder. Sin importar la ideología, se trata de una herramienta indispensable para aquellos líderes que anhelan movilizar a las bases como punto de partida hacia el éxito. “Las herramientas digitales son esenciales cuando se construye una comunidad, sea en política o fuera de ella, porque necesitas conocer a las personas y asegurarte de tener la capacidad de escalar tu iniciativa”, explica Lea Endres, CEO de NationBuilder.

La propuesta de partida resulta sencilla, sobre todo en una era en la que ningún estratega político renuncia a la segmentación de votantes –ahí quedan los ejemplos de Jair Bolsonaro, Matteo Salvini o Vox–. Desde la pantalla de inicio, los responsables de la campaña pueden crear perfiles tanto de partidarios como de activistas que se suscriben a su web e interactúan en Twitter. Integran esta base de datos con información de las redes sociales y las listas electorales y la amplían con correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas de voz. Incluso permite organizar encuestas según la ubicación de los votantes objetivo. “Las personas deben poseer sus propios datos, por lo que nuestro software incluye herramientas de privacidad avanzadas que priorizan el consentimiento”, asegura Endres.

Por poco más de 25 euros al mes, 180 en el caso de grupos, cualquier particular puede crear una web de campaña donde incluir una interfaz de donación, un programa de email masivo y diferentes soluciones para recopilar una base de datos de simpatizantes. “Mientras alguien podría coordinar a miles de personas, esta infraestructura digital lo ayuda a distribuir el liderazgo y adaptar la experiencia que brinda a cada donante, voluntario o votante potencial”, sostiene Endres, que dirige la startup desde 2017, un año antes de que Gillian falleciera.

En España, solo Ahora Madrid –renombrado Más Madrid el año pasado– ha apostado por NationBuilder. Parte de la responsabilidad de que Manuela Carmena lograra la alcaldía de la capital en mayo de 2015 surgió a más de 9.300 kilómetros de distancia. Endres prefiere no desvelar cómo puso en marcha toda esta estrategia, que, evidentemente, ganó al resto de adversarios. En su opinión, solo representa la trascendencia adquirida por las herramientas digitales para llegar a la sociedad y coordinar a los propios partidos. “Lo mismo da que estés al frente de un partido que ha existido durante décadas o que lo hayas creado de cero, como le sucedió a Carmena”, zanja.

Los éxitos electorales son evidentes a lo largo y ancho del mundo, pero el del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, le emociona especialmente. No duda en comentar que prácticamente fue un hito acerca de cómo las plataformas han revolucionado la velocidad y escala a la que se construyen movimientos. En poco más de medio año, lanzó su candidatura, orquestó un partido, La République En Marche, y se convirtió en nuevo inquilino del palacio del Elíseo. “Su victoria, tanto en las presidenciales como en las legislativas, demuestra lo que es posible cuando se distribuye una infraestructura digital. Y esto irá a más en el futuro, especialmente a medida que las personas reconozcan que usar las redes sociales no es lo mismo que crear una infraestructura organizada duradera”, precisa.

La doble cara de no tener ideología

Para NationBuilder no existe ni derecha ni izquierda. Su agnosticismo ideológico lo mismo le sirve para trabajar con Donald Trump que para GreenPAC, una ONG canadiense que organizó un centenar de debates para elegir a su candidato para los comicios federales de octubre del año pasado. Su mantra particular es dar acceso al poder a comunidades que han estado generalmente sin representación. En su caso, mezclar negocios y política siempre implica ganar. En Reino Unido vistieron tanto el traje Brexiter como el de quienes luchaban por permanecer en la Unión Europea. “Hemos visto a numerosos candidatos ganar procesos históricos. Desde Abdi Warsame, el primer miembro somalí del consejo municipal de Minneapolis, hasta Jagmeet Singh, la primera persona de color en dirigir un partido nacional en Canadá”, enfatiza Endres.

Más espinoso resulta el terreno de la vulneración de la privacidad durante las campañas y las estrategias agresivas. NationBuilder vive de lo digital, donde esta realidad lleva imponiéndose durante los últimos años. La CEO evita la polémica. Para nada quiere una comparación con el escándalo de Cambridge Analytica; ni tampoco con la propaganda microsegmentada, utilizada sobre todo por movimientos populistas. Para ella no dejan de ser unas fisuras de la democracia ante un entorno tan cambiante como el tecnológico. “Las distorsiones de la realidad, las campañas de desinformación y la manipulación de los votantes son antitéticas con el buen liderazgo. Estamos comprometidos en ayudar a los líderes a construir relaciones reales con sus seguidores y a fomentar las mejores prácticas en lo que respecta tanto a la privacidad como al consentimiento”, recalca.

Aunque la herramienta sea única, la legislación de protección de datos difiere casi en cada país. NationBuilder ha tenido que adaptar el producto según quién llamara a su puerta. En Francia, sin ir más lejos, Macron no podrá volver a emplear la función Match del software, que usaba correos de los seguidores para recuperar información pública de sus perfiles de Facebook, Twitter y LinkedIn, tanto por las normas nacionales como por el Reglamento comunitario. “La creación de este tipo de estructuras ha de ser profundamente respetuoso con las personas. Tienes que saber cómo quieren ser contactadas, aprender lo que más les importa e interactuar de una forma que sea trascendente para ellas”, concluye.

UN SOFTWARE PARA COMBATIR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Ante una realidad atropellada por la crisis del coronavirus, NationBuilder ha decidido volcarse en su lucha. Gratuitamente, ha puesto su software a disposición de quien lo necesite para frenar la propagación y reunir recursos vitales en manos de aquellos que más lo necesiten. Como argumenta su CEO, Lea Endres, esto se conseguirá más rápidamente si involucramos online a la mayor cantidad de personas posibles. “Quienes coordinan respuestas de emergencia o servicios esenciales pueden usar nuestra herramienta con el fin de comunicarse con sus comunidades de manera más rápida y eficiente. En Estados Unidos, por ejemplo, las organizaciones locales y estatales están construyendo una base de voluntarios y conectando voluntarios sanitarios con los hospitales”, comenta.

ABC Tecnología- Rodrigo Alonso

La desinformación tiene las patas muy largas, especialmente en campaña electoral. Buena parte de la culpa la tienen las redes sociales, que han contribuido en los últimos años a amplificar mensajes tóxicos que pueden influir en las opiniones políticas de los usuarios. Dentro de este grupo se encuentra Facebook, que lleva años siendo dúramente criticada por su falta de efectividad a la hora de combatir los bulos que circulan por la plataforma. Una exigencia que se extiende a WhatsApp, aplicación de la que es propietaria, y que cada vez gana más protagonismo como medio a través del que se difunde información. La conocida aplicación de chat, para evitar los mismos problemas de la anterior convocatoria electoral del 28-A, va a prohibir tajantemente el envío de mensajes masivos por parte de los grupos políticos.

Desde la anterior campaña electoral en España, celebrada en abril de este año, Facebook exige a los partidos políticos registrarse para que puedan anunciarse en la plataforma, así como comunicar el gasto invertido. Pese a todo, hubo una gran polémica acerca del cierre de cuentas de formaciones como Unidas Podemos, a las que le siguieron otras formaciones como Partido Popular y PSOE. ¿La razón? El «spam» electoral. Sin embargo, desde la compañía prometen que el control sobre las formaciones va a ser «más exhaustivo» de cara a los comicios del próximo 10 de noviembre, especialmente dentro de WhatsApp. Así lo ha dejado claro Ben Supple, Responsable de Elecciones a nivel Global en WhatsApp, en un evento celebrado este jueves al que ha asistido ABC, en el que ha recordado que el empleo de sistemas informáticos, programas o software para automatizar mensajes para enviarlos masivamente implicará el cierre de las cuentas.«Los partidos políticos pueden emplear WhatsApp como herramienta a través de la cual acercarse a los votantes. Sin embargo, desde la compañía controlamos que no se lleve a cabo un uso abusivo del servicio»

Durante el encuentro, Supple se mostró tajante a la hora de afirmar que el empleo de mensajes automatizados y masivos por parte de los partidos políticos no estará permitido durante la campaña. Aferrándose a los términos de uso de la aplicación, en los que esta conducta está terminantemente prohibida, el directivo de la empresa hizo hincapié en que «vigilan» las actuaciones de las formaciones durante los periodos electorales. «Los partidos políticos pueden emplear WhatsApp como herramienta a través de la cual acercarse a los votantes. Sin embargo, desde la compañía controlamos que no se lleve a cabo un uso abusivo del servicio», expresó Supple.

Por otra parte, el directivo hizo hincapié en la importancia de que los partidos empleen la aplicación de una forma eficaz y que se plieguen a las normas de uso de la compañía. De este modo, deberán contar con el consentimiento de los usuarios para añadirlos a los grupos, no podrán emplear las listas de contactos de terceros, ni tampoco abusar de los mensajes.

Desde WhatsApp, también afirman que estarán muy pendientes del «feedback» negativo. Es decir, que los participantes en los grupos comiencen a salir de forma masiva o realicen bloqueos. «El que un montón de gente bloquee una cuenta es un buen ejemplo de que se podría estar llevando a cabo un uso abusivo», dijo el directivo. Cabe recordar que durante la elecciones del pasado mes de abril, Facebook no tomó medidas contra el envío masivo de mensajes por parte de las formaciones políticas hasta pocos días antes de que se produjese la votación. El directivo dejó claro que el spam no tendrá lugar durante la campaña. También recordó que cada mes dos millones de usuarios son eliminados en la plataforma por este tipo de conducta.«La realidad es que los términos y condiciones nunca han admitido este tipo de mensajes masivos que utilizaban los partidos políticos a través de herramientas de terceros. WhatsApp Business está pensado para facilitar el contacto con los clientes»

«La realidad es que los términos y condiciones nunca han admitido este tipo de mensajes masivos que utilizaban los partidos políticos a través de herramientas de terceros. WhatsApp Business está pensado para facilitar el contacto con los clientes, pero no para realizar comunicaciones al nivel que se realizaban, y es lo que llevó al bloqueo original de múltiples cuentas y las quejas que hicieron públicas», explica a ABC Sergio Carrasco, experto en derecho digital. Respecto a los bloqueos a partidos políticos que incumplan esta norma, el experto recuerda que es posible que un determinado caso, por las circunstancias en que se haya usado, puedan saltarse las herramientas de detección, pero eso no implica que el uso sea acorde a las condiciones.

«Basta con ver los términos de muchos de los servicios que venden este tipo de comunicaciones, en que se indica que no son responsables de los posibles bloqueos de cuentas por parte de WhatsApp. Algunos realizaban determinadas actuaciones para evitar la detección automatizada (dividir los envíos por lotes, separar los mensajes en el tiempo), pero los gestores de redes sociales de los partidos estaban en la obligación de conocer las herramientas con las que trabajaban», añade. De hecho -insiste- no basta con que resulte cómodo su uso, sino que en el caso de que queramos acudir a ellas «tendremos que aceptar sus términos y condiciones, más en un ámbito tan concreto como es el potencial spam».

Durante la reunión, Supple puso un ejemplo de lo que sería un buen empleo de la plataforma por parte de los partidos. El directivo mostró el mensaje de un usuario en el que se pregunta acerca acerca de la hora y lugar de un acto. En la respuesta que recibe aparece toda la información necesaria, pero sin hacer empleo de spam o propaganda.

Facebook entiende WhatsApp, sobre todo, como una plataforma destinada a la comunicación entre amigos y familiares. La mayoría de conversaciones que tiene lugar dentro de la aplicación (en torno al 90 por ciento) se producen entre dos únicos usuarios. A su vez, la «app» ha realizado grandes esfuerzos durante los últimos tiempos para combatir el spam. Recientemente implementaba una función que permite a los usuarios seleccionar a los contactos que pueden añadirles a un grupo. También les daba la opción de que «nadie» contase con autorización para ello. Todo con el objetivo de mejorar la experiencia de los que cada día utilizan la «app».

Luchar contra las «fake news»

Los grupos políticos tienen claro desde hace tiempo que explotar las capacidades de las herramientas digitales es muy importante a la hora de dirigir sus mensajes a los ciudadanos. Son pocos los grupos que no cuentan con sus propios departamentos de comunicación y social media para difundir sus propuestas. Formaciones como Podemos o Pacma han sido algunas de las siglas que se dieron de alta en el nuevo servicio de Facebook.

En aras de reducir el impacto de las «fake news», la red social por antonomasia también cuenta con un equipo de verificadores -internos y externos- compuesto por unas 30.000 personas repartidas por todo el mundo. Entre sus obligaciones, se encuentra la de eliminar directamente todo aquel contenido que promocione la violencia o el odio. Pero no solo eso. Facebook también ha empezado a penalizar todo contenido detectado por su Inteligencia Artificial (IA) como sospechoso de contener datos falsos. De esta manera, y aunque este no desaparecerá, pero sí permanecerá «perdido», frenando así su difusión. Según la estimación de la compañía, la existencia de alertas de posible bulo puede reducir hasta un 80% la propagación de los mismos.

El Mundo-Daniel J.Ollero

La modificación del artículo 58 bis de la Ley de Protección de Datos que reforma la Ley Electoral permite a los partidos políticos enviar propaganda a los ciudadanos durante las campañas electorales a través de las nuevas tecnologías: Whatsapp, sms, Internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, etc. Sin embargo, la norma va más allá y abre las puertas, incluso, a la elaboración de bases de datos ideológicas con fines electorales. Una de las razones por las que el Defensor del Pueblo ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, que ha decidido admitirla a trámite.

Desde que fuese aprobada en diciembre del año pasado, la polémica ha sobrevolado a la Ley. A las protestas de colectivos de juristas que alertaban sobre la posible anticonstitucionalidad de la misma se sumaba una ambigüedad en su redacción que llevó (un día antes de la aceptación del recurso) a la Agencia Española de Protección de Datos a publicar una circular en el BOE en la que restringía tímidamente su uso y aplicación.

Sin embargo, salvo que el Constitucional decida suspender cauterlarmente el artículo 58 bis, la ley seguirá en vigor durante las próximas elecciones: generales, autonómicas, municipales y Europeas y solo contará con las limitaciones establecidas por la Agencia Española de Protección de datos.

¿DÓNDE CONSIGUEN LOS PARTIDOS MIS DATOS?

La Ley Orgánica de Protección de Datos estipula que “los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral”.

No se aclara qué páginas webs y qué fuentes de acceso público pueden servir para recabar la información. Sin embargo, los partidos nunca podrán utilizar datos de las instituciones donde tengan presencia. Esto puede constituir un delito de revelación de secretos por funcionarios públicos.

¿VAN A ENVIARME PROPAGANDA ELECTORAL POR WHATSAPP?

Sí, siempre y cuando hayan obtenido tu número de teléfono legalmente. También pueden enviar correos electrónicos. En todo momento, los mensajes deben estar identificados destacando su naturaleza electoral y fuera del periodo de campaña electoral que marca la ley. Una vez vencido este periodo, los partidos deberían eliminar estas bases de datos sobre electores.

¿POR QUÉ SE DUDA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA LEY?

El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que el artículo 58 bis de la ley orgánica electoral podría violar varios derechos de la Constitución, concretamente los artículos 9.3, 16, 18.4, 23.1 y 53.1.

Lo más destacado de estos artículos es el carácter especial de protección que se otorga a cualquier dato personal (que permite identificar a quién pertenece) relativo a opiniones políticas. Y nunca podrían utilizarse sin saber el fin o sin consentimiento del titular, según el recurso presentado.

El Constitucional ha dado traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular en 15 días las alegaciones que consideren oportunas.

Un día antes, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una circular en el BOE restringiendo la aplicación del artículo 58 bis, ante el “debate y (la) preocupación respecto a los límites que deben aplicarse”.

ABC Tecnología-J.M.Sánchez

La próxima convocatoria electoral va a ser una prueba de fuego para una nueva relación entre los partidos políticos y los ciudadanos. La propaganda política clásica, de corte genérico, que entraba por la rendija del buzón ha empezado a mutar en nuevas narrativas para intentar convencer al electorado potencial.

Las circunstancias han cambiado y, quien más y quien menos, dispone de un teléfono móvil, usa alguna aplicación de mensajería de tipo WhatsApp o cuenta con una dirección de correo electrónico. Desde ahora, sin embargo, España ha amparado por ley la recogida online de datos personales.

Con la introducción del polémico artículo 58 bis a partir de la disposición final tercera de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), la reforma de la Ley Electoral (LOREG) deja la puerta abierta, sin embargo, a la posibilidad de que los grupos políticos recopilen datos e, incluso, opiniones de los ciudadanos a través de los diferentes servicios de internet. Un «spam» político en toda regla, según organizaciones de defensa de la privacidad.

Desde la Agencia de Protección de Datos (AEPD) han negado siempre la posibilidad de que los partidos puedan realizar un «perfilado» y «rastreo» ideológico de los españoles. El organismo, encargado de regular este ámbito, aplicará «tolerancia cero» en caso de saltarse la normativa, con lo que, teóricamente, los grupos únicamente podrán enviar «propaganda genérica» a través de las diferentes plataformas digitales.

El matiz se encuentra, precisamente, en eso, en que es teóricamente. La AEPD ha difundido este lunes una circular sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas por los partidos a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo. En el texto, el regulador promete varios supuestos.

Para los expertos, estas medidas representan un loable esfuerzo pero da pie a la interpretación. «En las próximas campañas nos tendremos que ‘conformar’ con la ‘interpretación restrictiva’ y las garantías que establece la AEPD en la circular», valora a este diario Borja Adsuara, jurista experto en derecho digital. «Aunque ésta no tenga el rango normativo que debería, porque, al ser parte del contenido esencial de unos derechos fundamentales, deberían incluirse en la misma ley». A su juicio, el texto es un «aviso a navegantes» y suponen «los criterios que va a utilizar para sancionar» en caso de cometer alguna infracción.

«Libremente expresadas»

El texto, según la AEPD, mantiene en su artículo 5 que únicamente se podrán recopilar las opiniones políticas que hayan sido «libremente expresadas por ellas mismas» en el ejercicio de sus derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española.

No si se extrae la ideología por tratamiento de datos

En ningún caso -insiste la Agencia- podrán tratarse otro tipo de datos personales a partir de los que «aplicando tecnologías como las de tratamiento masivo de datos o las de inteligencia artificial se puede llegar a inferir la ideología política de una persona». Según el texto, las únicas fuentes de las que se pueden obtener los datos personales sobre opiniones políticas son las páginas webs y otras fuentes que «sean de acceso público», entendiendo como tales aquellas cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, y «quedando excluidas las fuentes en las que el acceso esté restringido a un círculo determinado de personas».

Mayor transparencia

Esta circular, que sirve de «mandamiento» informativo para los diferentes partidos, valora también el deber de información, que deberá realizarse de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. «En caso de que se considere que la comunicación individual de la información a los afectados supone un esfuerzo desproporcionado, se ha incluido, además de la obligación de facilitar dicha información en la web del responsable, la de hacerlo en las cuentas que este tenga en redes sociales y servicios equivalentes para cumplir con el principio de transparencia» del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de obligado cumplimiento desde mayo del pasado año.

Defenderse con un derecho de oposición

La LOPD pone el énfasis, en cambio, en la existencia de un derecho de oposición, obligatorio para este ámbito. De ahí que la circular elaborada por la Agencia recoge la obligación de que los datos «dejen de ser tratados para el envío de propaganda electoral mientras el afectado no preste su consentimiento expreso». Por tanto, los grupos políticos deben de ser, teóricamente, transparentes a la hora de informar a los ciudadanos sobre si desean dejar de recibir mensajes políticos. Diferentes grupos y juristas han elaborado sendos formularios, sin embargo, que permiten a los ciudadanos darse de baja de las bases de datos que manejan los políticos.

Destrucción de la información

El texto limita la legitimación a los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales, en el ámbito de la circunscripción correspondiente al proceso electoral en la que se presenten, a la circunstancia de que resulten proclamados. Es decir, teóricamente, las bases de datos de ciudadanos deben de ser eliminadas al término de la convocatoria electoral. «En caso contrario, al no participar en el procedimiento electoral, perderían la legitimación para el tratamiento de los datos y deberán cesar inmediatamente el tratamiento de dichos datos y proceder a su destrucción, salvo que proceda la obligación de bloqueo», añade.