La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado de Chile revisará, en segundo trámite constitucional, el proyecto por el que se prohibe la fabricación, importación, exportación, comercialización, uso y porte de inhibidores de señales de telecomunicaciones, en atención al crecimiento en el uso de este tipo de aparatos para cometer delitos.

“Estos dispositivos han sido encontrados en poder de organizaciones criminales que han sido capturadas recientemente”, señala el texto y agrega que los inhibidores de señales son usados con la finalidad de mantener incomunicada a la persona que es víctima de un delito e impedir que pida auxilio, facilitando con ello su ejecución.

El documento en revisión propone sanciones con penas de hasta tres años a quien fabrique, comercialice, utilice, tenga o porte uno o más inhibidores de señal. Además, implica multas de hasta 100 UTM (hoy 7 mil 237 dólares). Para la importación y exportación, se aplicará también pena de hasta tres años y multa de hasta cinco veces del valor de la mercancía objeto del ilícito.

En tanto, quienes interrumpan redes o servicios esenciales o para la seguridad nacional arriesgan hasta 10 años de cárcel y una multa de hasta 5 mil UTM (361 mil 735 dólares). Lo mismo correrá para quienes interrumpan señales de naves, aeronaves o torres de control de tráfico aéreo.

Estarán exentos quienes entreguen dichos elementos voluntariamente a las fuerzas de seguridad en hasta 120 días de publicada la ley, siempre que no se haya formalizado una investigación penal en su contra.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la creación de una nueva unidad en la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para el análisis de Blockchain y la incautación de criptoactivos ilícitos, llamada Explotación de Activos virtuales, que centralizará la experiencia en criptomonedas de la Agencia y capacitará al resto del FBI.

“Esta unidad del FBI combinará expertos en criptomonedas en un centro neurálgico”, declaró la Fiscal General Adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, quien detalló que esta acción forma parte de un enfoque más amplio dedicado a la interrupción de las redes criminales internacionales en vez de sólo su enjuiciamiento.

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En un discurso de la Conferencia de Seguridad Cibernética de Munich, Monaco anunció que Eun Young Choi, una fiscal experimentado en delitos informáticos, dirigirá el nuevo equipo de cumplimiento de criptomonedas del Departamento.

La creación de esta nueva unidad del FBI se produce tras la mayor incautación financiera jamás realizada por el Departamento de Justicia, que ocurrió a principios de febrero, en la que acusó a un matrimonio de Nueva York de supuestamente lavar Bitcoins ahora valuados en más de 4.5 mil millones de dólares que fueron robados durante el hackeo de 2016 de la plataforma digital de exchange Bitfinex.

Durante la administración Biden, los reguladores estadounidenses han intensificado su escrutinio de la industria cripto a raíz de una serie de ciberataques de alto perfil el año pasado en la red de tuberías de combustible más grande de EE. UU. y el proveedor de carne de res más grande del mundo.

Los grupos de ransomware a menudo exigen sus tarifas en Bitcoin y, en algunos casos, el FBI ha podido rastrear y recuperar parte del rescate.

Organizaciones criminales provenientes de América Latina usan las criptomonedas para lavar dinero en Estados Unidos, revela un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) del país norteamericano. 

En el reporte Estrategias usadas por grupos criminales y terroristas y los esfuerzos federales para combatirlos, publicado en diciembre de 2021, la dependencia estadounidense define al lavado de dinero como “el proceso de transformar ganancias ilícitas en fondos aparentemente legítimos”, y ocurre mediante tres etapas: la colocación, las capas y la integración.

Y detalla que las agencias federales de Estados han detectado diversas estrategias que utilizan las organizaciones criminales y terroristas para lavar las ganancias del tráfico en Estados Unidos. Algunas de ellas están basadas en efectivo y otras en medios distintos al dinero físico.

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A estas últimas es a las que pertenecen los activos virtuales. La agencia señala que los criptoactivos pueden ser usados como medios de pago por bienes ilícitos y para lavar el producto de actividades de tráfico.  

En 2020, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que las monedas virtuales fueron más utilizadas por los lavadores internacionales de dinero para transferir ganancias a través de las fronteras en nombre de las organizaciones criminales. 

La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de Estados Unidos reportó que específicamente hay pruebas de organizaciones criminales mexicanas y colombianas que utilizan monedas virtuales para transferir ganancias a nivel internacional.

La agencia estadounidense detalló que ciertas monedas virtuales tienen funciones diseñadas para hacer anónimas las transacciones y, adicionalmente, pueden ejecutarse a través de servicios privados conocidos como mixers o tumblers para aumentar el anonimato.

Y, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), muchas organizaciones utilizan las redes profesionales más grandes para esquemas basados en criptomonedas porque estas transacciones requieren habilidades técnicas y software especializado.

De igual forma, la GOA incluyó al envío o recepción frecuente de fondos mediante criptoactivos hacia o desde direcciones de Internet asociadas con actividades ilícitas como un indicador de riesgo de trata de personas en la lista que remitió a las instituciones financieras.