Brasil atraviesa un momento histórico en la transición de las telecomunicaciones: los tradicionales orelhões –llamados así por su formato que recuerda a una gran oreja (orejón)–, oficialmente denominados Teléfonos de Uso Público (TUP), están siendo retirados de forma gradual de las calles brasileñas a partir de 2026, en un proceso que marca el fin de una era iniciada en 1972 con la popularización de estos equipos.

El cambio se produce tras la finalización de los contratos de concesión de la telefonía fija en 2025, que vinculaban a operadoras como Oi, Claro, Vivo (Telefónica), Algar y Sercomtel a la obligación de instalar y mantener los teléfonos públicos como parte de las metas de universalización del servicio de voz.

Con la adaptación de estos contratos al régimen de autorización, previsto en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), las empresas dejan de estar obligadas a mantener estos equipos, lo que abrió el camino para la retirada de los teléfonos públicos.

Según datos oficiales, en diciembre de 2025 había cerca de 38,454 teléfonos públicos en el país, cifra que ya representa menos de la mitad de los aproximadamente 84,938 registrados en diciembre de 2024 y muy por debajo de los más de 200,000 existentes en 2020. La fuerte caída acompaña la sustitución del servicio por la telefonía móvil e Internet, con un uso que se ha reducido de forma drástica en los últimos años.

Aunque la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) no cuenta con un cronograma ni un mapa específico de las localidades, la información disponible indica que la retirada de los equipos no será inmediata ni simultánea en todo el país: alrededor de 9,000 teléfonos públicos deberán permanecer en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2028, especialmente en áreas rurales o en municipios donde no existe cobertura mínima de telefonía móvil ni una alternativa de comunicación de voz disponible.

La medida refleja la priorización de inversiones por parte de las operadoras en el mercado móvil 4G y 5G, además de la banda ancha, tecnologías más alineadas con las necesidades actuales de los usuarios. La permanencia de estos teléfonos, asociados a un modelo antiguo de telecomunicaciones, se ha vuelto cada vez más insostenible ante la obsolescencia tecnológica.

De este modo, el proceso marca el fin de un ícono cultural de la comunicación en Brasil, pero también un movimiento esperado en consonancia con la evolución de las redes de comunicación y de la propia regulación del sector.

O país vive um momento histórico na transição das telecomunicações: os tradicionais orelhões, oficialmente chamados de Telefones de Uso Público (TUP), estão sendo gradualmente removidos das ruas brasileiras a partir de 2026, em um processo que marca o fim de uma era que começou em 1972 com a popularização desses aparelhos.

A mudança acontece após o término dos contratos de concessão da telefonia fixa em 2025, que vinculavam operadoras como Oi, Claro, Vivo (Telefônica), Algar e Sercomtel à obrigação de instalar e manter os orelhões como parte das metas de universalização do serviço de voz.

Com a adaptação desses contratos ao regime de autorização, previsto na Lei Geral de Telecomunicações (LGT), as empresas não são mais obrigadas a manter esses equipamentos, o que abriu caminho para a remoção dos telefones públicos.

Segundo dados oficiais, em dezembro de 2025 havia cerca de 38,454 orelhões no país, número que já representa menos da metade dos cerca de 84,938 registrados em dezembro de 2024 e muito abaixo dos mais de 200 mil que existiam em 2020. A queda acentuada acompanha a substituição do serviço por telefonia móvel e internet, com a utilização dos aparelhos tendo caído drasticamente nos últimos anos.

Embora a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não tenha um cronograma ou mapa específico das localidades, informações relatam que a retirada dos aparelhos não será imediata, nem de uma só vez: aproximadamente 9 mil orelhões devem permanecer em operação até 31 de dezembro de 2028, especialmente em áreas rurais ou em cidades onde não há cobertura mínima de celular ou alternativa de comunicação de voz disponível.

A medida reflete a priorização de investimentos pelas operadoras no mercado móvel 4G e 5G, além de banda larga; tecnologias mais alinhadas às necessidades atuais dos usuários. A manutenção desses telefones ao modelo antigo de telecomunicações se tornou cada vez mais insustentável diante da obsolescência tecnológica.

Dessa forma, o processo marca o fim de um ícone cultural da comunicação no Brasil, mas também um movimento esperado com a evolução das redes de comunicação e da própria regulação do setor.

El consejo directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó el reglamento para la adecuación de las Concesiones del Servicio de Telefonía Fija Conmutada (STFC) para Autorizaciones, y también determinó cómo los operadores que decidan migrar sus contratos podrán reemplazar las líneas fijas existentes.

El consejero Emmanoel Campelo explicó que el cambio se decidió porque desde hace años existe una pérdida constante de interés de los consumidores por la telefonía fija, especialmente por el aumento del interés en servicios más modernos, como la banda ancha fija y el servicio móvil.

Los cambios comenzarán en 2021, después de que se haya procesado la adaptación a autorización. Según el documento aprobado, en municipios competitivos y potencialmente competitivos no habrá obligación de mantener una sola línea telefónica.

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En municipios donde no hay competencia en telefonía fija o poca competencia, la línea telefónica puede ser reemplazada por telefonía celular. Pero el operador deberá mantener una oferta equivalente al actual plan básico de telefonía fija.

Concesiones

Los cerca de 213 mil teléfonos fijos públicos que existen en Brasil (conocidos como orelhões) deberán mantenerse al menos hasta 2025, cuando terminarían legalmente los actuales contratos de concesión, vendidos en 1998.

Los operadores concesionarios son aquellos que se crearon en las privatizaciones de telefonía fija de empresas estatales de telecomunicaciones y tienen metas de universalización, estando obligados a ampliar la cobertura del servicio. Se trata de Oi (excepto en São Paulo), Vivo (sólo en São Paulo), Algar y Sercomtel.

Las empresas bajo el régimen de autorización no tienen que cumplir con los criterios de cobertura y pueden brindar el servicio de telefonía fija donde lo prefieran. Varios operadores operan con este modelo, como Claro/NET y TIM.

Europapress EP

El fabricante surcoreano de pantallas LG Display, la segunda mayor compañía del sector, registró pérdidas de 550.000 millones de wones (417 millones de euros) en el segundo trimestre, elevando así en un 82,7% sus ‘números rojos’ del mismo periodo del año anterior debido a la bajada de los precios de los paneles en un contexto marcado por la guerra comercial entre EEUU y China.

La cifra de negocio de LG Display entre abril y junio alcanzó los 5,35 billones de wones (4.056 millones de euros), lo que representa una caída interanual del 5% “debido a la creciente preocupación macroeconómica e incertidumbres como la guerra comercial entre EEUU y China”, que debilitó la demanda y provocó una bajada de los precios de los paneles.

Leer más: https://www.europapress.es/economia/noticia-lg-display-amplia-827-perdidas-segundo-trimestre-guerra-comercial-20190723105124.html

Datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil muestran que las concesionarias de telefonía fija han deshabilitado 610 mil Teléfonos de Uso Público (TUP) de diciembre de 2018 a mayo de 2019, lo que implica una reducción de 73.6 por ciento en el periodo.

La consultora Telco citando datos de Anatel, indicó que Brasil contabilizaba 219 mil teléfonos públicos fijos en mayo, en contraste con los 828.7 mil en diciembre de 2018.

Oi, la concesionaria con mayor área de cobertura en el país, fue el operador que más terminales desinstaló en el periodo, con 489 mil. La segunda empresa que más se desconectó fue Vivo, con 114 mil desactivaciones; mientras que Algar apagó 6 mil teléfonos públicos, también conocidos como orelhões.

Por su parte, Sercomtel y Embratel se mantuvieron estables en sus 3 mil y 2 mil  teléfonos activos, respectivamente.

Sin obligación

El cierre de los teléfonos se da después del decreto del entonces presidente Michel Temer, mantenido por el gobierno actual de Jair Bolsonaro, el cual eliminó de los concesionarios la obligación de invertir en los teléfonos públicos. El texto prevé el intercambio de terminales para otras obligaciones, como la instalación de antenas móviles de 4G en regiones que carecen de telefonía.

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Según el decreto, están prohibidas las desconexiones en localidades sin alternativa de telecomunicaciones más allá del teléfono público. En otras áreas, los operadores deben mejorar su cobertura utilizando el móvil para ofrecer servicios fijos.

Según la Plan General de Metas para la Universalización (PGMU), esto se puede hacer de manera escalonada: un 10 por ciento de las localidades deben recibir cobertura antes del 31 de diciembre de 2019; 25 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2020; 45 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2021; 70 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2022; y 100 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2023.

Anatel validó mil 214 ciudades sin atención de 4G, e identificó otras 259 localidades que no disponen de la tecnología. Entre las ciudades con obligación de cobertura 4G se encuentran: Santa Cruz do Deserto, Barreiras, Itamotinga, Cauassu, Carnaubinha y Anapurus.