Teletime

A Algar anunciou o lançamento de uma solução que permite que provedores de Internet (ISPs) passem a atuar como operadoras móveis virtuais (MVNOs). A plataforma foi batizada de “Telco in a Box” e é voltada para operação white label.

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La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) designó a Mony de Swaan Addati como su nuevo presidente, en un momento en el que los OMV buscan fortalecer su peso dentro del mercado y quieren tener mayor influencia regulatoria y competitiva.

El excomisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) asumirá el liderazgo de un organismo que agrupa a 23 Operadores Móviles Virtuales (OMV), los cuales atienden alrededor de 1 millón de usuarios en el país.

De Swaan sustituye a Rocío Villanueva, fundadora de la asociación, quien permanecerá en el Consejo mientras enfoca su agenda en nuevos proyectos, incluidos esfuerzos de inclusión y desarrollo de los operadores.

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El experto es considerado una figura clave en la evolución del sector, particularmente por su papel en el diseño de la Red Compartida operada por Altán Redes, un proyecto de infraestructura mayorista sobre la que operan más de 100 OMVs en México.

A diferencia de otros líderes del ecosistema, el nuevo presidente no proviene de la operación directa de un OMV, sino del ámbito regulatorio y de política pública. Esta perspectiva, según la propia asociación, será clave para fortalecer la representación del gremio frente a autoridades y actores del mercado.

Mientras tanto, Luz Guerrero será la nueva directora ejecutiva de la organización. Guerrero es abogada constitucional, especializada en telecomunicaciones y competencia económica. Fue subdirectora de Uniformidad de Criterios y Apoyo Jurídico del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Panorama de los OMV en México 

El relevo ocurre en un contexto de crecimiento estructural de los Operadores Móviles Virtuales. Actualmente, este segmento representa alrededor del 15% del mercado móvil mexicano, impulsado por modelos de negocio más flexibles y segmentados.

Los OMV han ganado terreno como alternativas de bajo costo y alta especialización, en un entorno competitivo marcado por la eficiencia, segmentación y propuestas de valor diferenciadas.
Sin embargo, este sector también enfrenta desafíos crecientes. Entre ellos, la presión competitiva de actores como el brazo telco de la CFE y la dependencia estructural de redes mayoristas como la de Altán.

El Economista Jorge Bravo

El convenio que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) firmaron rumbo a la revisión bienal de las medidas de preponderancia confirma una mala costumbre del regulador.  

En vez de cerrar un capítulo que ya cumplió su función, se insiste en reanimarlo. La revisión se presenta como técnica, pero en el fondo sigue siendo una ceremonia para sostener un régimen excepcional que nació como salida política a un tema de competencia y terminó convertido en un corsé regulatorio.

La comunicación oficial coloca el tema en el centro de la agenda regulatoria. El nuevo diseño institucional hace que esta sea la primera revisión bajo la lógica post-IFT, con la CNA tomando parte por primera vez tras la reforma de 2025 y la extinción del IFT.  

La preponderancia nació en la reforma constitucional de 2013, no como una categoría de derecho comparado, sino como un atajo para intervenir por sector y no por servicio o mercado.

El texto constitucional ordenó al IFT declarar agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión e imponer medidas para frenar afectaciones a la competencia. 

También dejó claro que esas obligaciones perderían vigencia cuando existieran condiciones de competencia efectiva, nunca analizada. Ese dato importa porque desmonta el relato de permanencia. La preponderancia no fue diseñada como una condena eterna, sino como una medida transitoria ligada a una realidad de mercado que ya no es la misma.

El problema es que México convirtió una válvula de emergencia en política pública de largo plazo. No conozco otro caso regulatorio equivalente en el cual se haya creado, por mandato constitucional, una figura de esta naturaleza para prejuzgar empresas por su tamaño y no por una investigación de poder sustancial de mercado. 

Esa es la gran falla de origen. La preponderancia no analiza la conducta y luego actúa. Primero etiqueta, inmediatamente después castiga. Al hacerlo, desplaza la verdadera herramienta de competencia, la investigación de poder sustancial de mercado, el análisis de barreras y la imposición de remedios proporcionales.  

La OCDE ha sido más sensata que el diseño mexicano. En su revisión de 2017 reconoció que, después de la reforma de 2013, el marco regulatorio había endurecido y ampliado las medidas asimétricas. También subrayó que el objetivo de una buena política es reducir la regulación cuando el mercado ya no la necesita. Esa clave se ha ignorado.

La asimetría no es un estado natural del sector. Debe ser revisada, acotada y retirada cuando las condiciones competitivas cambian. Convertirla en ritual bienal es confundir disciplina regulatoria con inercia burocrática.  

El mercado fijo ya desmintió la lógica pétrea de la preponderancia. Las estadísticas mostraron a finales de 2024 que la participación del agente económico preponderante cayó a 39% en banda ancha fija, desde 73% en 2013, y a 35% en telefonía fija, desde 72%. El mercado ya no se parece al de hace 12 años. 

Hay más accesos, más operadores y una estructura más abierta. Seguir tratando a Telmex como si siguiera parado sobre el mismo dominio original es una negación de la evidencia. Si la regulación no sabe leer la nueva foto, entonces ya no regula el mercado, sino su recuerdo.  

En el segmento móvil el cuadro tampoco justifica la rigidez preponderante. En diciembre de 2024, el IFT reportó 24.2 millones de líneas OMV, con un crecimiento anual de 37.1%. El problema es que ese dinamismo convive con una asimetría regulatoria desigual. Al término de 2024 Telcel tenía una participación de mercado de 55% en telefonía móvil y de 60% en banda ancha móvil. 

Altán Redes, además, opera con el Estado como socio mayoritario desde 2022. ¿Cómo sostener un mercado distorsionado por la preponderancia de uno y tolerar que otros jugadores relevantes o ligados al Estado no carguen con el mismo escrutinio? Eso no es política de competencia, es arbitraje selectivo.  

La ironía del momento es que Telefónica, una de las voces que en su trayectoria buscó alivio regulatorio frente al dominante, acaba de acordar la venta de su operación en México a Melisa Acquisition. 

El hecho habla de un mercado que ya no premia al que pide favores regulatorios, sino al que sabe retirarse. También desnuda que la preponderancia no construyó un terreno parejo. Habilitó una cancha con reglas móviles, donde la certidumbre depende del umbral político del momento y no de una lógica de competencia.  

A causa de la preponderancia México sigue rezagado en desempeño. Datos de Speedtest muestran que Chile y Brasil encabezan la región en velocidades de conectividad, mientras México permanece detrás, con 104 Mbps en banda ancha fija y 44 Mbps en móvil. 

La discusión de fondo no debe ser cómo conservar una figura excepcional, sino cómo liberar inversión, despliegue, innovación y transformación digital. 

La preponderancia no acelera redes, no amplía cobertura y no mejora calidad por decreto. Lo que sí hace es prolongar la incertidumbre, elevar el costo regulatorio y mantener viva una ficción. La CRT y la CNA tienen margen para corregir el rumbo. El mercado ya cambió. La regulación debe hacerlo también.

X: @beltmondi

Cinco días

La empresa de energía renovables Audax ha firmado una alianza estratégica con MasOrange para comercializar servicios de línea móvil, conexión a Internet por fibra y teléfono fijo en España. La energética, controlada por el empresario José Elías, entra así en el negocio de las telecomunicaciones como operador móvil virtual (OMV), aquellos que no disponen de red propia y deben alquilarla a otro operador.

Leer más: https://cincodias.elpais.com/companias/2026-04-07/audax-sella-una-alianza-con-masorange-y-entra-en-el-negocio-de-telecomunicaciones.html

Tras firmar un contrato con Surf Telecom, el holding Waiken ILW anunció el lanzamiento operativo de servicios 4G y 5G bajo la marca SKY Móvil en Brasil para el 6 de abril. El OMV integrará un paquete de TV de paga, streaming y banda ancha por fibra junto con Zaaz Telecom. Según el holding, la inversión supera los US$ 200 millones.

El servicio móvil llegará primero a los clientes pospago de SKY en São Paulo y Río de Janeiro. Hasta finales de abril, la oferta se extenderá a los abonados de TV y clientes de ZAAZ y, finalmente, al mercado general durante mayo de 2026.

Waiken ILW controla Sky Brasil y ZAAZ Telecom en el país y afirmó que tiene a Brasil como foco de sus inversiones y crecimiento, aunque prevé avanzar con modelos similares en otros países de América Latina. Actualmente, el holding también ofrece servicios móviles en Colombia bajo la marca DirecTV.

En Brasil, Sky Móvil llega con ofertas de planes de 6, 15, 30 y 50 GB de navegación y precios que van desde R$ 29.90 (US$ 5.72) hasta R$ 89.90 (US$ 17.19), además de una promoción de 50% de descuento durante tres meses para nuevos abonados. A partir del plan de 15 GB, se incluyen llamadas y SMS ilimitados, así como WhatsApp y Waze con zero rating.

“Celebramos nuestra entrada en un mercado altamente competitivo, con 270 millones de líneas activas”, declaró Darío Werthein, presidente de Waiken ILW, en un comunicado. “Hemos desarrollado un servicio accesible y diferenciado que integra el valor de SKY, SKY+ y la conectividad de ZAAZ”, concluyó.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Panamá propuso la incorporación de operadores móviles virtuales (OMV) como una medida para fortalecer la competencia en el mercado de telefonía móvil en el país, que actualmente está  concentrado en dos actores +Móvil, operado por Cable & Wireless Panamá, y Tigo, de Millicom.

La recomendación fue presentada ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en el marco de la Ley 45 de 2007, que promueve la libre competencia y la protección de los consumidores. 

A través de un video, publicado en las redes oficiales de Acodeco, el director nacional de Libre Competencia de la entidad, Diego Morrales, explicó que “además de los esfuerzos de la ASEP para contar con un tercer concesionario de telefonía móvil, se contemple la incorporación de operadores móviles virtuales que puedan ofrecer servicios utilizando las redes existentes de las empresas que ya operan en el país”.

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La Asep ha priorizado el ingreso de un tercer operador en Panamá desde la salida de Digicel en 2024. Sin embargo, no ha tenido éxito por lo que persisten las alertas sobre posibles afectaciones a la competencia y al comportamiento de precios en el sector.

Y no se trata de una alerta menor, de hecho, a finales de 2024 Acodeco exigió a los operadores de telecomunicaciones, Tigo y +Móvil, que justificarán de manera técnica el aumento de los precios en los servicios y junto a Asep aseguraron que “el duopolio de las telecomunicaciones en Panamá es coyuntural”. 

Ante la inexistencia de un tercer operador, después de dos años de la partida de Digicel, los OMV resultan ser una opción viable dado que pueden ofrecer servicios de telefonía sin contar con infraestructura propia, ya que utilizan las redes de los operadores existentes mediante acuerdos comerciales. Este modelo permitiría la entrada de nuevos competidores con menores barreras de inversión, al no requerir espectro radioeléctrico ni despliegue de infraestructura propia.

De acuerdo con el comunicado oficial de Acodeco, “la implementación de esta figura podría traducirse en mayor competencia, más innovación en planes y servicios, así como precios más bajos para los consumidores. Además, contribuiría a un uso más eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones ya instalada en el país”.

CNNExpansión

México contará con un nuevo Operador Móvil Virtual (OMV) tras la decisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de otorgar la concesión a la empresa Sueña Inc., que ofrecerá servicios de telefonía e internet móvil a nivel nacional.

Leer más: https://expansion.mx/empresas/2026/02/09/suena-inc-llamadas-datos-y-seguros-en-un-solo-paquete

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales, A.C. (AMOMVAC) realizó una solicitud a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para obtener una prórroga en la implementación de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles.

La organización señaló que se debe contemplar el impacto operativo, económico y social, especialmente en las empresas que atienden a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como son los operadores móviles virtuales (OMVs).

La AMOMVAC detalló que uno de los principales retos identificados por los operadores móviles virtuales es el costo asociado al desarrollo, contratación, adecuación y operación de las plataformas tecnológicas requeridas para el cumplimiento de los lineamientos.

“Trasladar de manera individual a cada operador la obligación de desarrollar, contratar y operar plataformas tecnológicas de vinculación (…) genera costos duplicados, falta de interoperabilidad y riesgos relevantes en materia de protección de datos personales y ciberseguridad, que pueden oscilar entre varios pesos por cada vinculación y multiplicarse con cada portabilidad”, señaló la asociación en un comunicado.

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Además, la AMOMVAC resaltó que existe la preocupación desde la perspectiva de las personas usuarias en el caso de la eventual baja o suspensión de líneas telefónicas de quienes no logren completar su proceso de registro, ya sea por falta de conectividad, ausencia de dispositivos adecuados, barreras de alfabetización digital, condiciones geográficas adversas o dinámicas comunitarias propias.

“En este escenario, resulta necesario cuestionar quién asumirá el costo económico y social derivado de la pérdida de usuarios, así como el impacto que ello tendrá en la continuidad del servicio, la sostenibilidad de los operadores y el derecho de acceso a las telecomunicaciones”, añadió la organización de OMVs.

La AMOMVAC acusó que previo a la emisión de los lineamientos, no se llevó a cabo una participación amplia en las mesas de trabajo, técnicas y representativas del ecosistema OMV.

Peticiones de la AMOMVAC a la CRT

1. Establecer un sistema único, interoperable y centralizado de vinculación de líneas.

2. Implementar un proceso de licitación pública o concurso, mediante el cual se seleccione a uno o más proveedores que ya cuenten con el desarrollo tecnológico necesario, bajo criterios de seguridad, protección de datos, eficiencia operativa y costos homogéneos.

3. Garantizar que el proceso de vinculación sea gratuito, sencillo y se realice una sola vez por usuario, independientemente de posteriores portabilidades, siguiendo precedentes regulatorios existentes en el sector.

AT&T se declara lista para la vinculación de líneas móviles

DPL News consultó a AT&T sobre si había solicitado alguna prórroga, y la compañía contestó que estaba lista para cumplir con el mandato regulatorio.

“En AT&T México estamos listos para cumplir con el requerimiento de vinculación de líneas móviles. Nuestros clientes podrán realizar este proceso en la modalidad presencial en cualquiera de nuestros centros de atención o en la modalidad remota a través de la plataforma que estará habilitada en nuestra página web a partir del 9 de enero”, contestó la compañía.

Expansión

La posibilidad de cambiar de compañía telefónica sin perder el número —la portabilidad numérica— introdujo una mayor movilidad de usuarios en el mercado móvil mexicano, pero no alteró el equilibrio del liderazgo. Desde hace más de una década, millones de clientes han ejercido ese derecho en busca de mejores precios, más datos o un mejor servicio; aun así, América Móvil mantiene a Telcel como el jugador dominante.

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El Economista Jorge Bravo

Imagina que existiera un call center o chatbot de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para resolver las dudas que ya existen entre los usuarios con motivo del nuevo registro obligatorio de líneas móviles. Hay mucho interés, preocupación y cuestionamiento sobre cómo hacer el registro y sus implicaciones para la privacidad de los usuarios, por eso escribo una segunda entrega. 

La regulación obliga a asociar cada número a una persona física o moral y su implementación iniciará el 9 de enero 2026, con consecuencias como la suspensión de la línea si no se realiza al 30 de junio.

La primera inquietud recurrente será qué ocurre si me roban el celular y desde mi línea cometen extorsiones o fraudes. La Ley en materia de telecomunicaciones contempla procedimientos para reportar el robo o extravío del equipo y obliga a los concesionarios a implementar procesos expeditos para acreditar la titularidad y suspender o bloquear líneas a solicitud del usuario.

Además, existe la obligación de intercambiar listas de equipos reportados entre operadores. El registro vincula una línea a una identidad, pero no exonera de la necesidad de denunciar el robo y pedir de inmediato el bloqueo de la línea para evitar responsabilidades indirectas.

Una segunda duda involucra a personas sin documentación oficial, como acta de nacimiento o credencial de elector. La norma establece que la identificación deberá contener CURP o INE para personas físicas, RFC para personas morales y permite la identificación de extranjeros con pasaporte.

Personas en situación de vulnerabilidad acceden a servicios móviles mediante tarjetas de prepago sin tener un trámite de identidad. Condicionar el servicio a documentos oficiales sin ofrecer mecanismos accesibles y gratuitos de regularización genera exclusión digital. Los lineamientos deben prever opciones de identificación alternativas para que el registro no excluya su derecho de acceso a las TIC.

¿Qué sucederá con los migrantes que contraten un servicio en tránsito por México? La regulación contempla la identificación de extranjeros por nombre, país y número de pasaporte. No obstante, la naturaleza transitoria de los migrantes requiere estrategias prácticas. La exigencia documental será viable para quienes dispongan de pasaporte, pero algunos migrantes carecen del documento y eso los coloca en una situación de vulnerabilidad.

Otra interrogante alcanza a las 25 millones de líneas que comercializan los Operadores Móviles Virtuales (OMV). El comercializador suministra servicios mediante la capacidad mayorista de redes de terceros. La vinculación de la línea a un usuario final implica que los OMV tendrán obligación de cumplir los lineamientos de identificación y de colaborar con los operadores (incluido Altán Redes) en la conservación y entrega de datos. La complejidad entre concesionarios y comercializadores exigirá protocolos y fiscalización para evitar vacíos de responsabilidad y suspensión de líneas.

¿Qué ocurrirá con las líneas que no se registren? El precepto establece que, una vez concluida la implementación, toda línea no asociada a un usuario identificado será suspendida y sólo podrá usarse para llamadas a servicios de emergencia y atención ciudadana.

La suspensión afecta el derecho de acceso a Internet, porque muchas personas usan paquetes móviles para conectarse. La regulación debe mitigar ese efecto mediante campañas de comunicación, estímulos como minutos y megas gratuitos, prórrogas de plazos, puntos de registro accesibles y medidas de protección para grupos vulnerables.

¿Pueden las autoridades hacer seguimiento en tiempo real de las líneas telefónicas distinto de la prevención de delitos? El marco legal obliga a los concesionarios a colaborar con la justicia, conservar datos de tráfico y de localización y mantenerlos disponibles en sistemas que permitan su entrega en tiempo real a las autoridades competentes mediante los mecanismos que determine la ley.

Sin embargo, el acceso en tiempo real no es ilimitado ni indiscriminado. La intervención de comunicaciones privadas o el requerimiento de georreferenciación demanda conocimiento del Ministerio Público, autorización judicial fundada y motivada. La Guardia Nacional puede solicitar información y georreferenciación de equipos en tiempo real bajo mandato del Ministerio Público y previa autorización judicial, sujeto a plazos y controles establecidos en la ley.

Un punto crítico concierne a la suplantación de números y la clonación de tarjetas SIM. El registro identifica al suscriptor, pero no elimina técnicas como el spoofing (suplantación de número) ni el uso de servicios de voz sobre Internet que pueden originar llamadas enmascaradas desde plataformas.

La vinculación de la línea ayuda en la investigación y en la atribución probatoria, pero no sustituye inversiones en autenticación, bloqueo de IMSIs (Identidad Internacional de Abonado Móvil) fraudulentos y mejores prácticas de seguridad. En consecuencia, la regulación debe acompañarse de medidas que reduzcan la eficacia de la suplantación y la clonación.

Respecto de quién puede pedir acceso a la base de datos, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia establece que las bases de datos públicas y privadas útiles para tareas de inteligencia deben vincularse y permitir consulta conforme a los mecanismos previstos en la ley.

La entrega y consulta de datos se regirán por procedimientos que involucren al Ministerio Público, a la autoridad judicial y a las instancias del Sistema Nacional, según la naturaleza de la solicitud. La ley prevé mecanismos institucionales de acceso y no una puerta abierta para vigilancia indiscriminada.

La pregunta política es si el gobierno va a espiar y controlar a los usuarios. La respuesta técnica es negativa en el sentido de que la ley exige fundamentos legales, límites temporales, control judicial para intervenciones e incluso destrucción de datos si no aportan información para investigaciones.

No obstante, el riesgo real será la mala implementación y la ausencia de transparencia en los actos de acceso a la información. Para minimizar ese riesgo se requieren informes periódicos de transparencia de la CRT sobre líneas suspendidas, intervenidas, bloqueadas, teléfonos robados, mejoras contra el fraude y la extorsión y sanciones por uso indebido de datos personales.

X: @beltmondi